Mujeres de Eloxochitlán llevan exigencias a la nueva Corte; 14 liberaciones siguen esperando
Para entender mejor
Después de una batalla jurídica de 11 años contra la criminalización de sus compañeros, las mujeres de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca, donde más de 50 personas han sido acusadas por delitos fabricados —21 de ellas llegaron a prisión—, llevaron a la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación la exigencia de hacer llegar la justicia a las comunidades originarias.
Tras varias acciones durante los primeros días de diciembre, dentro y fuera del recinto, Argelia Betanzos Zepeda, abogada mazateca de la comunidad, evalúa que hasta el momento han ganado el 75 % de liberaciones ante las acusaciones de los delitos de más alto impacto, que son las del homicidio de Manuel Zepeda Lagunas, hijo del expresidente municipal de la comunidad, Manuel Zepeda Cortés, y de tentativa de homicidio de la diputada local Elisa Zepeda Lagunas.
“Esas son las que pesaban más, porque han estado acompañadas de un cerco mediático. La diputada y su equipo pretendieron realizar un litigio mediático, que es cuando las personas de poder —las que pueden sobre todo influir en medios masivos o lugares de poder, como perfiles de diputación— colocan su propia narrativa usando elementos, imágenes, material de características muy amarillistas, y que por colocarlo ahí, nadie lo cuestiona”, sostiene en entrevista Betanzos.
Al mismo tiempo, esa estrategia se caracteriza por estar alejada de la realidad jurídica y de los hechos que realmente sucedieron. Por el contrario, lo que se busca es sacar provecho personal, empresarial o económico, explica la mujer mazateca. Eso es lo que han sufrido las mujeres de Eloxochitlán, pues acusan que Zepeda Lagunas, incluso previo a la reunión con el ministro presidente, pretendió impedirla con la amplificación de ese cerco.
Constituido por imágenes que califican de inciertas, e incluso infografías expresamente elaboradas, las Mujeres Mazatecas por la Libertad recuerdan que esos cercos los han vencido ya varias veces. Es material que, además, carecerá de toda credibilidad cuando se presente a juicio, asegura Betanzos, y pese a ese embate, consiguieron el diálogo con el ministro presidente de la Corte, Hugo Aguilar.
Le explicaron los datos que evidencian los triunfos de su lucha, pero al mismo tiempo, “el camino tan escabroso que tuvimos que recorrer” para lograr cada libertad firme, que ya no tiene marcha atrás. Para ganar cada una de ellas se enfrentaron a que primero les fueran negadas, por lo que recurrieron tanto a los tribunales de Oaxaca como a amparos federales.
Betanzos recuerda que los primeros amparos no se ganaron ni siquiera en Oaxaca, sino en Xalapa, Veracruz, a partir de 2015. Con esos antecedentes fue como finalmente lograron el 75 % de las liberaciones. Al ministro le hicieron énfasis en que ninguna libertad les fue otorgada a la primera, sino que cada una implicó una batalla jurídica intensa que pasó por todas las instancias.
“Le dimos a entender al ministro (Hugo Aguilar) que ya es insostenible una persecución de parte del gobierno de Oaxaca, o de parte de su Poder Judicial, ante una lucha que ha demostrado tener razón en todas las instancias y que lo ha hecho aun en medio de presiones mediáticas, como las que echan a andar Elisa Zepeda y personas feministas, como Anabel López Sánchez, que es una funcionaria directora general en la Secretaría de las Mujeres a nivel federal”, acusó.
14 liberaciones siguen a la espera
Para Argelia Betanzos fue un gran logro exhibir ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación un camino de lucha con el que puede concluirse que la razón les asiste y que el Poder Judicial de la Federación tiene que activarse en su totalidad para hacer llegar la justicia a la comunidad originaria de Eloxochitlán, así como ejecutar las liberaciones que aún esperan.
En relación con los delitos de más alto impacto, siguen pendientes 14 liberaciones de personas que hoy están exiliadas. Antes no pasaron por la prisión, y nunca tuvieron derecho a la defensa, pero la mayoría ganaron un amparo desde 2015. Sin embargo, el juez de la región de Huautla de Jiménez, en Oaxaca, lejos de acatarlo, reiteró las órdenes de persecución.
“Esa reiteración es la que mantiene a nuestros compañeros en el exilio, y ellos están ahorita luchando para ganar su libertad a través de otro amparo que se tramita en Boca del Río. Una de las exigencias que estamos planteando, aquí no vamos a decir a Hugo Aguilar, sino al Poder Judicial de la Federación, al que pertenecen los jueces de Boca del Río, es que prioricen el estudio de fondo, que resuelvan el amparo y que no antepongan pretextos administrativos”, pide.
Al juez quinto específicamente le solicitan que aplique el principio propersona, que consiste en escoger las leyes –de todo el universo de normas mexicanas e internacionales—más favorables a la persona que pide justicia y le asiste la razón, y lo mismo al contrario.
“Él podría dejar de aplicar leyes que perjudican, entonces al juez de distrito le estamos pidiendo dos cosas: que aplique el derecho más amplio propersona, y que inaplique las leyes que puedan perjudicar a los compañeros con el objetivo de que la justicia y la libertad, en este caso el amparo y la protección de la justicia federal, llegue a los 14 compañeros que desde hace 10 años no han regresado a casa”, remarca la mujer de Eloxochitlán.
La justificación moral, social y jurídica, continúa, es que las acusaciones que existen contra ellos son las mismas respecto de las cuales se han ganado el 75 % de liberaciones. Es decir, quienes fueron acusados por lo mismo que se acusa a los 14 faltantes ya demostraron que el caso es fabricado y que no hay elementos para encontrar culpable a ninguna de las personas acusadas.
“¿Por qué someter a otro calvario, a tortura institucional, a estos 14 que faltan, cuando ya sus compañeras y compañeros que han dado la batalla desde la cárcel, o también desde el exilio, pero ganaron sus libertades, son la mejor voz hacia ese Poder Judicial de la Federación para decir ‘ya termina, no tienes por qué someter al calvario institucional a nuestros compañeros’?”, cuestiona.
Otro proceso, además del de delitos de alto impacto, es de daños por incendio y robo, que ya se había ganado en 2024 porque solo se acusó inicialmente a seis personas, pero el 31 de marzo de 2025 el Estado oaxaqueño reactivó más de 200 órdenes de aprehensión que afectan a 48 personas. A cada una se le giraron cinco órdenes de aprehensión: cuatro de daño por incendio y una por robo.
Sigue leyendo: Mujeres luchan desde hace más de 10 años por persecución contra sus familiares y la defensa del territorio en Eloxochitlán, Oaxaca
Para las mujeres de Eloxochitlán ese fue un mensaje muy duro cuando creían que ya estaban por terminar la batalla. Betanzos lo califica como un mensaje de desarticulación de fondo, de etnocidio incluso. En este proceso, se encuentran todavía a la espera de la resolución de un amparo masivo radicado en Boca del Río, Veracruz.
“Vale el esfuerzo anotarlo como otro reclamo al Poder Judicial de la Federación: que implemente las medidas legales para obligar al juez local de Huautla de Jiménez a cumplir con el envío de los papeles que faltan, que es el aviso formal a la parte acusadora de que los compañeros interpusieron un amparo. El juez de Huautla, teniendo todo el contacto con la parte acusadora, no ha podido demostrarle al juez de Boca del Río que ya les dio aviso, y sin esa demostración, no llega la audiencia, ya se cambió cuatro veces de fecha, la próxima es en enero”, señala.
Por eso, Betanzos lanza un reclamo más al Poder Judicial de la Federación: que cumpla con sus obligaciones de ley para que tenga lugar la audiencia de las 40 personas afectadas con esas más de 200 órdenes de aprehensión. Ante el panorama presentado al ministro presidente, relata que recibieron una respuesta favorable y percibieron la convicción de que el PJF debe hacer llegar la justicia a las comunidades originarias.
Por otro lado, indica que de manera expresa los ministros podrán referirse al caso de Miguel Peralta, el único que ya pasó por la Suprema Corte y está a la espera de resolución en el Primer Tribunal Colegiado Penal de Oaxaca. Con ello, el ministro Hugo Aguilar tuvo claro que la Corte ya tiene un antecedente de la lucha de Eloxochitlán, y manifestó disposición a que en el marco de la ley, el caso se examine escrupulosamente.
Gráfica de Mujeres con Rabia, una exposición viva
Como Animal Político adelantó en octubre pasado, la gráfica producida en talleres de grabado en el contexto de la lucha de Mujeres Mazatecas por la Libertad, en conjunto con la artista plástica Mine Ante, está en exposición —mientras la lucha por la libertad persiste— desde el 10 de diciembre en el Museo Nacional de la Estampa, en avenida Hidalgo 39, hasta abril de 2026.
A partir de cuestionarse cómo evitar que su comunidad fuera asolada nuevamente, una de las principales respuestas que encontraron las mujeres de Eloxochitlán fue que la constancia de su lucha, “de la voz que clama por libertad y autonomía”, esté siempre en algún sitio. Ese es el papel que ha jugado la gráfica en el camino del litigio jurídico. Para ellas, es una expresión más de su batalla y ha partido desde la propia esencia de esa lucha.
Betanzos explica que en este momento, justo a la entrada del recinto puede apreciarse la instalación de los cuatro pendones de grabados en manta de las Mujeres Mazatecas por la Libertad. Alrededor, están dispuestos elementos característicos: un cesto artesanal, un huipil y algunas fotografías.
Además, hay una sala, entrando hacia la izquierda, en donde se reproducen todo el día una serie de videos de la lucha por la libertad en Eloxochitlán. Argelia lo resalta como un espacio muy importante a visitar para entender esa lucha, intercalada con momentos en los que construyeron la Gráfica Íchijín Tsen, que significa “mujeres con rabia”, así como un video de la colectiva Malacate, de San Cristóbal de las Casas, que colaboró bordando algunos de los grabados de las mazatecas.
“En palabras del curador Demián Flores, un artista oaxaqueño, la instalación de mujeres mazatecas Gráfica Íchijín Tsen es una instalación viva; eso es relevante porque entre todas las obras, a la nuestra la catalogan así, como una exposición viva”, subraya Betanzos.
Relacionado
Hasta 7 naciones o territorios en el Caribe están dando apoyo logístico al ejército estadounidense en su despliegue militar.
La creciente campaña de presión militar del presidente estadounidense Donald Trump sobre Nicolás Maduro en Venezuela cuenta con la oposición de muchos líderes latinoamericanos, pero el apoyo logístico de varias naciones en el Caribe.
En el arco geográfico que va de República Dominicana a Trinidad y Tobago han surgido distintos aliados a la “Operación Lanza del Sur” de Estados Unidos con roles disímiles.
El enorme despliegue de fuerzas militares de la primera potencia del mundo necesita todo tipo de asistencia: pistas de aterrizaje, puntos de abastecimiento, radares en puestos avanzados, maniobras o campamentos para sus soldados. También misiones de reconocimiento o espacio para almacenar equipos.
En agosto de este año, Trump ordenó el envío de tres buques de guerra de la Armada al Caribe Sur para interceptar embarcaciones sospechosas de transportar drogas que salían de Venezuela. Hasta la fecha Estados Unidos realizó más de 20 ataques contra estos botes en aguas internacionales, que causaron la muerte de más de 80 personas.
Desde entonces, el despliegue acumula en aguas de la región al menos 12 buques de guerra, un submarino nuclear, aviones, helicópteros y drones, además dos portaviones: el USS Gerald R. Ford y el Iwo Jima. Se cree que el número de efectivos militares supera ya los 15.000.
“En general, es probable que los aliados en el Caribe proporcionen vigilancia, logística o apoyo de contingencia, siendo la República Dominicana la nación que más explícitamente lo está haciendo”, le dice a BBC Mundo Evan Ellis, profesor e investigador de estudios latinoamericanos en el Instituto de Estudios Estratégicos de la Escuela de Guerra del Ejército de Estados Unidos.
“Pero todos evitarán ser puntos de lanzamiento de ataques ofensivos, a menos que las circunstancias cambien”, añade.
Washington asegura que su objetivo es frenar el tráfico de drogas hacia EE.UU., pero tanto Caracas como numerosos observadores creen que lo que se pretende es forzar un cambio de gobierno en Venezuela.
De hecho, la mayor parte del tráfico de drogas que los carteles latinoamericanos envían al norte el pasa por el Océano Pacífico oriental -el 74% de los envíos según la DEA- y no es ahí donde se concentran ahora mismo las operaciones militares.
“El hecho de que la administración Trump presente las operaciones antidroga como un acto de autodefensa nacional marca un giro profundo en la política exterior estadounidense”, afirma Björn Beam, responsable de Investigación Tecnológica y analista geopolítico senior de la firma Arcano Research.
Beam explica que al declarar un “conflicto armado” contra actores no estatales que operan desde territorio venezolano, Washington ha difuminado la frontera entre la lucha contra el terrorismo y el cambio de régimen.
“El resultado es una operación jurídicamente flexible, que podría evolucionar desde ataques limitados en el mar hasta acciones selectivas en tierra, todo ello sin necesidad de contar con la aprobación del Congreso”, añade.
Hasta el momento, además de Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses, República Dominicana y Trinidad y Tobago le han dado acceso a EE.UU. a sus infraestructuras, pero hay más.
Estas son hasta la fecha las islas y territorios que están dando cobertura al ejército estadounidense:
Aruba, Curazao y Bonaire
Aruba, Curazao y Bonaire están a 80 kilómetros de Venezuela. Son territorios de ultramar que pertenecen a los Países Bajos y aunque poseen un estatus especial y de autogobierno, su uso para cualquier ataque requeriría, en teoría, autorización del país europeo.
Estados Unidos tiene una base de operaciones avanzada en Curazao y una más pequeña en Aruba. Su misión, según fuentes oficiales, es la detección y monitoreo aéreo de presuntas actividades de narcotráfico aéreo y marítimo.
En sus conversaciones con diplomáticos y altos rangos del ejército, Ellis nota nerviosismo.
“Creo que parte de su preocupación radica en que si Venezuela percibe que apoyan militarmente a Estados Unidos, podría dirigir operaciones contra ellos. Aunque probablemente Maduro no sería tan insensato, hay inquietud ante un posible escenario como este”, dice el experto militar.
Hace tan solo unas semanas, el portal de monitoreo aéreo Flightradar24 documentó la presencia de bombarderos estadounidenses sobrevolando el espacio aéreo entre Aruba y Curazao.
Trinidad y Tobago
A 11 kilómetros de la costa este venezolana, estas islas son las más cercanas a Venezuela y por lo tanto las más expuestas. Durante mucho tiempo han sido uno de los países más perjudicados por el flujo de migrantes venezolanos y las actividades de diferentes grupos criminales.
El gobierno de Kamala Prisad-Bisisier -que asumió en mayo- ha mostrado posiciones muy proestadounidenses desde el principio. En sus primeros meses al frente del país, se reunió con el jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, para estrechar lazos y favorecer el intercambio de datos de inteligencia militar.
Recientemente el gobierno de Trinidad y Tobago recibió buques de guerra estadounidenses y facilitó entrenamiento de fuerzas especiales de Estados Unidos. Prisad-Bisisier confirmó que infantes de marina estadounidenses operan en el aeropuerto de Tobago, trabajando en una pista, en una carretera y que están instalando y modernizando un radar. Además, varios aviones militares han usado la isla para reabastecerse de combustible.
El gobierno justifica el proyecto como parte de la seguridad nacional y la lucha contra el narcotráfico en sus aguas.
“Han apoyado mucho la operación de las fuerzas estadounidenses y ven con buenos ojos la presencia de infantes de marina en el territorio, pero han dejado muy claro que, a menos que Venezuela los ataque, no se lanzarán operaciones ofensivas estadounidenses desde su territorio. Esa es la línea trazada”, explica Ellis.
República Dominicana
Es otro de los países que se ha visto gravemente afectado por el flujo de drogas, el crimen organizado y la migración en la región y es el que más abiertamente ofreció apoyo logístico a la “Operación Lanza del Sur”.
Desde la primera administración de Trump, el gobierno de Luis Abinader siempre ha estado muy alineado con Washington. República Dominicana se beneficia enormemente del turismo que llega desde Estados Unidos y del acceso al mercado estadounidense a través del Tratado de Libre Comercio CAFTA-DR.
“Esta lucha contra el narcotráfico constituye una prioridad para su administración [la de Trump], por tratarse de una amenaza que afecta la estabilidad nacional y regional”, afirmó Abinader.
“Esta lucha es esencial para proteger a nuestras familias y para preservar la estabilidad. Ningún país puede ni debe enfrentarla sin aliados”, añadió.
En medio de la escalada con Venezuela, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, visitó República Dominicana y firmó una serie de acuerdos, que incluían el uso militar de zonas restringidas de la Base Aérea de San Isidro y del Aeropuerto Internacional de Las Américas.
Además, República Dominicana permite el reabastecimiento de combustible a naves estadounidenses, traslado de equipos y de personal técnico a través de su territorio.
“A Abinader le interesa la cooperación de Trump para contener el problema de Haití, pero la estrategia de las autoridades de República Dominicana de posicionarse como un aliado clave de Washington responde a la ambición de tener un papel más importante en los asuntos regionales”, estima el profesor de la Escuela de Guerra del Ejército de Estados Unidos.
“Por ejemplo, recientemente, el país solicitó integrarse como miembro asociado de Caricom, un espacio clave para el comercio y la cooperación de las naciones del Caribe, lo que aumentaría considerablemente su cooperación en temas como el intercambio de información de inteligencia contra el crimen organizado”, dice Ellis.
El apoyo a las operaciones de Estados Unidos se presenta como temporal, técnico y limitado, enfocado en reforzar vigilancia aérea y marítima contra el crimen organizado transnacional.
Granada
La distancia entre la isla de Granada y Venezuela es de aproximadamente 145 km en línea recta a través del mar Caribe.
EE.UU. solicitó instalar equipos de radar y personal técnico de forma temporal en el Aeropuerto Internacional Maurice Bishop. Ellis señala que esta solicitud se remonta al mandato de Biden o incluso antes, pero al parecer está siendo efectiva ahora.
“Como parte de la lucha contra el narcotráfico, Granada necesita un radar para su aeropuerto que le dé visibilidad sobre vuelos con posibles cargamentos. El ejército estadounidense estaba de visita, pero no ha trascendido públicamente si era para la instalación o se llevaron a cabo conversaciones técnicas que ayuden a instalarlo”, afirma Ellis.
Washington es uno de los principales socios comerciales de Granada. El país se beneficia de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe (ICC), que otorga entrada libre de aranceles a muchos de sus productos.
Granada y Estados Unidos han firmado varios tratados para facilitar la cooperación policial y el intercambio de información y el ejército de EE.UU. ha proporcionado capacitación y equipo a las fuerzas de seguridad granadinas.
Puerto Rico e Islas Vírgenes de EE.UU.
Los dos territorios estadounidenses, que se encuentran aproximadamente a 800 kilómetros de Venezuela, se están utilizando para albergar personal militar y brindar apoyo logístico a las operaciones.
Según una investigación gráfica realizada por la agencia Reuters, la estación naval estadounidense Roosevelt Road -una antigua base de la Guerra Fría clausurada en 2004- se encuentra en proceso de modernización, con la repavimentación y la ampliación de las pistas, en las que ya están operando aeronaves de gran tamaño, como el gigantesco Boeing C-17 Globemaster, usado por las fuerzas estadounidenses para el transporte rápido de tropas y de suministros.
Además, la Administración Federal de Aviación (FAA) anunció una zona de vuelo restringida que afectará el espacio aéreo frente a la costa sureste de Puerto Rico desde el 1 de noviembre de 2025 hasta el 31 de marzo de 2026.
Esto facilitaría las operaciones militares de alta intensidad cerca del Aeropuerto José Aponte de la Torre. Allí han sido desplegados los cazas F-35 de última generación movilizados por el Pentágono y se han visto operaciones de aviones de combate y transporte.
En estas instalaciones se queda la mayor parte del personal terrestre.
También hay registro de aviones militares en el Aeropuerto Henry E. Rohlsen de Islas Vírgenes, que funciona como plataforma operativa y logística para despliegues regionales.
En Saint Croix, la mayor de las Islas Vírgenes estadounidenses, se aloja personal militar adicional en el “Man Camp” de Port Hamilton Refining and Transportation (PHRT).
Y el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) reportó que la Base Naval que Estados Unidos tiene en la Bahía de Guantánamo (Cuba) ha aumentado el número del personal militar estacionado permanentemente.
¿Desde donde se lanzaría?
Todo este progresivo aumento de fuerzas lleva a una pregunta. Si hay una operación de Estados Unidos, ¿cuál es el punto en el que se lanzararía?
“Cualquier operación se lanzaría desde múltiples puntos. Personalmente, creo que podríamos ver ataques terrestres limitados antes de una operación de derribo importante”, cree Ellis.
“Si hubiera ataques terrestres limitados, probablemente provendrían de misiles estadounidenses, tal vez los misiles Tomahawk. Porque Venezuela aún tiene algunas defensas aéreas bajo su control. No son las mejores, pero los sistemas rusos S-300, por ejemplo, representan una amenaza para las aeronaves de Estados Unidos”, añade.
Por eso, cree el experto, no se lanzarían los F-18 de los portaaviones mientras esas defensas aéreas siguieran funcionando.
“Quizás podríamos ver el despliegue militar de algunas Fuerzas de Operaciones Especiales en el terreno, pero si tuviera que adivinar, diría que los ataques iniciales serían con misiles, simplemente porque es la forma más segura de hacerlo”.
“También se podrían lanzar misiles desde submarinos, ya que con un submarino se puede llegar relativamente cerca. Pero si se realizara una operación mayor, probablemente se necesitarían múltiples bases”.
Según el CSIS, las fuerzas estadounidenses comprometidas actualmente son insuficientes para un desembarco anfibio o una invasión terrestre. Esto requeriría al menos 50.000 soldados. “Sin embargo, los recursos aéreos y navales acumulados en los últimos tres meses han proporcionado suficiente potencia de fuego al Caribe para lanzar ataques aéreos y con misiles contra Venezuela”, explican los expertos del think tank.
Mapas por Caroline Souza y diseño de imagen por Daniel Arce, del Equipo de periodismo visual de BBC Mundo
Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.
Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.
Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.
- Cuál es la capacidad militar de Venezuela y cómo puede responder a un eventual ataque de EE.UU.
- Así es el USS Gerald Ford, el buque de guerra más grande del mundo que EE.UU. envió a las costas del Caribe y que costó US$13.000 millones
- “EE.UU. pretende apoderarse de las vastas reservas de petróleo de Venezuela”: la carta que Maduro le envió a la OPEP denunciando la amenaza militar de Washington
