Pueblos originarios, una prioridad en los 100 primeros días de Sheinbaum
La presidenta Claudia Sheinbuam arribó a sus 100 días de gobierno con un alto índice de popularidad en las encuestas, cercano al 80 por ciento. Entre los resultados que destacan en este período está todo lo relacionado con el avance en la agenda de derechos de los pueblos indígenas y afromexicano, comenzando por la aprobación de la reforma constitucional que los reconoce como “sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio”, cuestión que por sí misma reconfigura la estructura federal del Estado mexicano, añadiendo un cuarto nivel de gobierno y replanteando el tipo de relación de las autoridades con los pueblos y las comunidades bajo principios de igualdad y respeto y no de tutelaje y subordinación.
La mandataria no se ha contentado solo con presumir la aprobación formal de la reforma, sino que ha venido dando pasos concretos para que el reconocimiento como “sujetos de derecho público” no quede en letra muerta y puedan las comunidades recibir y administrar sus propios presupuestos de forma autónoma. Muestra de ello fue el paquete económico enviado por el Ejecutivo Federal para 2025 y aprobado por el Congreso, desde Fundar identificamos, algunos cambios importantes: 1
- Nuevas disposiciones para la participación efectiva y directa de los pueblos y comunidades respecto a los recursos contemplados en el Anexo 10 Erogaciones para el Desarrollo Integral, Intercultural y Sostenible de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas.
- Potencial asignación de recursos a ejercerse libremente y de manera autónoma por los pueblos y comunidades como sujetos de derecho público.
En el caso del Anexo 10 el presupuesto para este año ascendió a un total de 219,732 millones de pesos, un aumento real de 37.39 respecto al presupuesto aprobado en 2024, que fue de 153,343 millones de pesos. Pero no solo se trata de un aumento significativo, sino que la visión asistencialista con el que operaba este anexo cambió al incorporarse como requisito obligatorio la participación de los pueblos y las comunidades en la operación de los programas, así como la asistencia técnica del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) en la elaboración de los criterios para su diseño, que se venía haciendo de forma discrecional por cada dependencia de la Administración Pública Federal.
Sobre la asignación de recursos a pueblos y comunidades para su ejercicio libre y autónomo, de acuerdo con nuestro análisis, se estableció que el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) –parte del ramo 33 destinado a entidades y municipios – “debe garantizar la entrega de por lo menos el 10 por ciento de los recursos […] a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas con la finalidad de hacer efectivos sus derechos reconocidos en el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos”. En 2025, el FAIS tendrá 123,742.8 millones de pesos, del cual el 10 por ciento constituye una bolsa de 12,374 millones de pesos.
Solo queda destrabar el control que aún tienen las entidades y municipios sobre el Fondo, al ser recursos que se le siguen asignado de forma directa y son estas quienes se encargan de su distribución a las comunidades. No obstante, el haber etiquetado un porcentaje importante a este objetivo es fundamental; esperemos ahora que la legislación reglamentaria de la reforma, la cual ya inició su proceso de construcción y será sometida a consulta el próximo mes de febrero, pueda establecer límites para evitar la intermediación de las autoridades estatales y municipales en la repartición del recurso, lo cual ha traído un sin número de conflictos en entidades como Oaxaca.
Otra acción relevante en estos 100 días fue la firma del Decreto Presidencial por el que se le reconoció la Propiedad Comunal Tradicional de sus tierras a las comunidades Rarámuri de Guasachique (1,485 hectáreas) y Bosques de San Elías Repechique (693 hectáreas), en el marco del Plan de Justicia de los Pueblos de la Sierra Tarahumara. En el caso de Repechique, se les restituyó por ahora un 6 por ciento de las 11 mil hectáreas que llevan exigiendo tras una larga batalla legal por recuperar su territorio ancestral. 2
Además, este 10 de enero la presidenta anunció en su conferencia matutina un programa de “Apoyo Financiero A Mujeres Indígenas y Afromexicanas Artesanas”, el cual contará con un monto de 500 millones de pesos (mdp) en 2025, para otorgar 12 mil apoyos individuales de hasta 50 mil pesos y mil para colectivos o sociedades de hasta 300 mil pesos, con “la finalidad de fomentar el desarrollo sostenible y sustentable de las actividades productivas de las mujeres indígenas y afromexicanas artesanas que tengan 18 años y más, que enfrentan dificultades para el desarrollo de sus actividades productivas”. 3
Sin lugar a duda, son algunos pasos positivos en un contexto donde son muchos los pendientes y las urgencias, como es dar una atención prioritaria a las familias jornaleras indígenas, en especial las mujeres, que viven junto a sus hijas e hijos -una violación sistemática a sus derechos sociales en los campos agrícolas- o proteger la vida de las personas defensoras indígenas, que son frecuentemente asesinadas y agredidas por defender sus territorios.
No obstante, la señal que parece mandarnos la titular del Ejecutivo es que dará prioridad a la agenda indígena y no se contentará solo con el gesto simbólico de tener a los pueblos originarios en sus actos públicos o para recibir el bastón de mando o arrodillarse ante una líder indígena y declarar este 2025 como el año de la mujer indígena. Al parecer, lo simbólico vendrá acompañado esta vez de acciones concretas para hacer justicia a los pueblos y erradicar las condiciones de discriminación que han padecido por siglos. Ojalá no sean solo los 100 primeros días y siga materializando esta voluntad a lo largo de todo su sexenio.
* Edmundo del Pozo es coordinador del programa de Territorio, Derechos y Desarrollo de @FundarMexico.
1 Fundar: “Análisis del Paquete Económico 2025”, apartado Pueblos Indígenas y Presupuesto, pp. 32-36.
2 “Para resarcir la justicia, tenemos que regresarles la tierra a los pueblos: Sheinbaum” / “El largo recorrido de la comunidad rarámuri de Repechique para lograr el reconocimiento de su territorio en el norte de México”.
Yoon es investigado por insurrección por haber declarado la ley marcial el pasado 3 de diciembre, una medida que provocó una grave crisis política en Corea del Sur.
El destituido presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, fue arrestado por las autoridades del país asiático en la mañana de este miércoles luego de varias horas de tensión en los alrededores de su residencia.
Yoon, quien está siendo investigado por insurrección y abuso de poder, es el primer presidente surcoreano en la historia en ser detenido durante su mandato. Su destitución aún debe ser confirmada por la Corte Constitucional surcoreana.
La operación se extendió durante casi seis horas, desde las 4:20 am (hora local) hasta pasadas las 10:00 am.
Los más de mil agentes de policía que llegaron a la residencia presidencial fueron recibidos por multitudes tanto a favor como en contra de Yoon, y tuvieron que superar varias barreras en su camino hacia la puerta de la residencia del mandatario.
El 3 de enero, más de 150 agentes de policía lo intentaron durante horas, pero fueron superados en número: primero por una multitud de seguidores del presidente, y luego por un muro humano de escoltas de seguridad dentro de la propiedad.
Yoon Suk-yeol fue destituido por el Parlamento el 14 de diciembre, después de que declarara la ley marcial en el país y desatara una caótica jornada en Seúl.
Tras una votación de los legisladores, quedó formalmente despojado de sus poderes y a la espera de un juicio.
Sin embargo, Yoon había permanecido hasta este miércoles refugiado en la residencia presidencial, protegido por la guardia presidencial, y se había negado a cooperar con las autoridades, ignorando todas las citaciones para ser interrogado.
El lunes 13 de enero comenzó el juicio de destitución en su contra, pero terminó a los cuatro minutos, porque Yoon no se estaba presente.
Por ello, los fiscales habían expresado que no les quedaba más remedio que detenerlo.
Tras consumarse la detención este miércoles, se hizo pública una declaración grabada en video del destituido presidente, en la que dice que aceptó comparecer ante la Oficina de Investigación de la Corrupción (OIC), a pesar de que considera que se está llevando a cabo una “investigación ilegal” en su contra.
En el video dice que lo hace para evitar “cualquier desagradable derramamiento de sangre”.
También, afirma que el Estado de derecho en el país se ha roto, y que ni el organismo que lo investiga, ni el tribunales que dictó la orden de detención, tienen potestad para hacerlo.
Los seguidores de Yoon permanecieron fuera de la residencia presidencial a lo largo de la mañana del miércoles expresando su apoyo al presidente destituido y tratando de evitar su arresto.
Quién es Yoon y por qué lo arrestaron
Yoon, un fiscal estrella convertido en político, llegó al poder tras ganar popularidad entre los votantes conservadores gracias a una plataforma antifeminista y una postura de línea dura respecto a Corea del Norte.
Pero tras llegar a la presidencia en 2022, se vio envuelto en escándalos personales y enfrentó a una oposición cada vez más poderosa.
A medida que se acumulaban sus problemas políticos, Yoon declaró la ley marcial el 3 de diciembre, con lo cual sumió a Corea del Sur, un país con una democracia estable desde hace 40 años, en el caos político.
Su apuesta resultó ser un fracaso, que desembocó en su destitución por parte del Parlamento e investigaciones penales.
Desde su destitución, Yoon ha resistido los intentos arrestarlo, lo que ha sumido al país en una mayor agitación política.
Aunque está suspendido, Yoon permanecerá en el cargo hasta que el Tribunal Constitucional de Corea del Sur confirme su destitución.
Cuando Yoon hizo su breve declaración de ley marcial en diciembre, citó amenazas de “fuerzas antiestatales” y de Corea del Norte para justificar medida.
Pero pronto quedó claro que su decisión no había sido impulsada por amenazas externas, sino por sus propios problemas políticos internos.
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