En derechos humanos, el Estado no debe precipitar a México al abismo
Desde su creación en 1961, Amnistía Internacional presenta cada año un informe en el que advierte sobre las acciones de los gobiernos que representan riesgos o que de plano violan los derechos humanos de las personas alrededor del mundo. Este 28 de marzo de 2023 nuestro movimiento presentó el Informe 2022/23 Amnistía Internacional La situación de los derechos humanos en el mundo.
El acto fue encabezado por nuestra secretaria general, Agnès Callamard, en una conferencia de medios realizada en el Palacio de Chaillot, en París, justo donde hace 75 años fue proclamada la Declaración Universal de Derechos Humanos. De esta forma Amnistía Internacional conmemoró la creación de dicho documento fundacional que es la guía de acción para nuestro trabajo por la libertad y la igualdad de todas las personas en todos los lugares del mundo.
Nuestro informe es una amplia y documentada investigación en la que intervinieron las diversas secciones de nuestro movimiento ubicadas en 156 países. Desde este espacio invito a las personas lectoras a que conozcan el documento, donde podrán constatar cómo, en el año 2022, estallaron nuevos conflictos en el mundo, otros seguían prolongándose y algunos más que estaban latentes se reanudaron.
Las violaciones del derecho internacional humanitario provocaron terribles tragedias humanas, mientras que la respuesta de la comunidad internacional fue débil, con gravísimas consecuencias para las personas que huían de combates o patrones de violaciones atroces a sus derechos, algunos de los cuales constituyen crímenes de lesa humanidad.
Entre estas violaciones destacó la represión a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica –incluidas las protestas–, cuya peor parte soportan con frecuencia quienes defienden los derechos humanos. La violencia de género contra las mujeres, las niñas y las personas LGBTI sigue siendo un problema global de derechos humanos, aun cuando se tomaron algunas medidas legislativas para mejorar su protección.
Las crisis económicas asociadas a la pandemia por COVID, así como una deuda insostenible, los conflictos y el cambio climático, provocaron un aumento vertiginoso del costo de la vida y de la inseguridad alimentaria. Las dificultades afectaron desproporcionadamente a los grupos de población más marginados, y provocaron un aumento de la desigualdad en todo el mundo.
La represión de la disidencia abonó el terreno para el conflicto. Las confrontaciones bélicas y los golpes de Estado se desencadenaron y detonaron en la imposición de restricciones a la sociedad civil. La violencia sexual contra las mujeres y las niñas estuvo brutalmente presente en los conflictos armados. Éstos, las crisis políticas, el aumento del costo de la vida, las restricciones al derecho al aborto, la violencia contra las mujeres y la discriminación fueron importantes catalizadores de las protestas.
En determinados patrones de violaciones de derechos humanos, la investigación de Amnistía Internacional sacó a la luz pruebas de los daños cada vez más graves que provoca el modelo de negocio de las grandes empresas tecnológicas, subrayando la necesidad acuciante de tomar medidas más audaces para abordar la crisis climática y la degradación ambiental.
¿En qué punto nos encontramos en México?
En el capítulo sobre México de nuestro informe global –que se puede ver en nuestro canal de youtube–, hacemos un balance de una amplia gama de derechos humanos que incluye la libertad de expresión y de reunión; la violencia contra las mujeres y las niñas; el uso excesivo de la fuerza; las desapariciones forzadas; la detención y reclusión arbitraria de personas; la tortura y otros malos tratos; la situación de las personas defensoras de derechos humanos; los derechos de las personas de la comunidad LGBTI; los derechos sexuales y reproductivos; la actuación deficiente contra la crisis climática y la degradación ambiental; los derechos de las personas refugiadas y migrantes, y los derechos de los pueblos originarios.
Todos estos temas corren al parejo de la vida cotidiana del país aunque el Estado mexicano se niegue a reconocerlos. De manera breve refiero aquí algunos de ellos. En materia de libertad de expresión, el año 2022 fue el más letal para las personas periodistas: 17 de ellas fueron asesinadas y en 12 casos se confirmó que los homicidios estuvieron relacionados con su trabajo. El gobierno mexicano, lejos de procurar la protección, seguridad e integridad de las personas periodistas, emitió comentarios que les descalifican y acusan de “conservadores” y “oponentes”.
El gobierno mexicano continuó estigmatizando a las feministas, y en algunos estados las fuerzas de seguridad reprimieron con violencia a mujeres que protestaban contra la inacción del Estado en materia de violencia de género. Pero la violencia también provino desde el Ejecutivo cuando éste afirmó, el 7 de marzo de 2022, que las movilizaciones feministas no tenían por objeto la defensa de las mujeres, sino ir en contra de la política de su gobierno.
Las protestas feministas, como lo he dicho reiteradamente en este espacio, tienen una causa legítima: durante el año 2022, fueron asesinadas en el país 3,170 mujeres, 968 de los casos se investigaron como feminicidios, lo que equivale a un promedio de 2.65 por día. Los estados con más feminicidios fueron el Estado de México (140), Nuevo León (102) y Ciudad de México (74).
Con frecuencia las fuerzas militares mexicanas no protegen el derecho a la vida y la seguridad de las personas. Durante los 16 años que los militares han participado en las operaciones de seguridad pública se han incrementado significativamente los homicidios, feminicidios y desapariciones de personas.
La Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) figuraron entre las 10 instituciones federales con más denuncias por violaciones a derechos humanos. En el año 2022, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recibió 476 quejas contra la GN y 404 contra la Sedena en relación con múltiples crímenes de derecho internacional y violaciones a derechos humanos que incluyen tortura, homicidios, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias.
Los ejemplos son dolorosos y por supuesto que no pueden ni deben ser olvidados. La GN ha sido responsable de la muerte de estudiantes, niñas y mujeres en Guanajuato y Tamaulipas. A su vez, el ejército ha participado en actividades ilícitas, como el espionaje de periodistas y personas activistas defensoras de derechos humanos, como sucedió a Raymundo Ramos presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo. Además, en la revisión final del presente texto conocimos que integrantes del Centro Prodh, organización defensora de derechos humanos, fueron espiados con el malware Pegasus en 2017 y en 2022.
Con este terrible telón de fondo, en septiembre del año pasado el Congreso de la Unión aprobó la incorporación de la GN a la Sedena –aunque una jueza federal suspendió esa decisión en octubre– y también aprobó la extensión de la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública hasta 2028. Estas decisiones fueron promovidas por el gobierno y aprobadas a golpe de tambor por el Congreso de la Unión sin la participación ni consulta de organizaciones de la sociedad civil, la academia, ni de las víctimas de las violaciones a derechos humanos que han cometido las Fuerzas Armadas.
Hoy, al momento de cerrar el presente texto, vemos con optimismo la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que declara inconstitucional que la Sedena tome el control de la militarizada GN.
La decisión es trascendente puesto que las fuerzas militares no deben participar en tareas de seguridad pública, como lo establece el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que incluye las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), en específico la del caso Alvarado Espinoza y otros Vs. México, de 2018.
La crisis estructural de derechos humanos no tiene fin. Las desapariciones forzadas continúan imparables en nuestro país. En 2022, se registraron 10,262 personas desaparecidas, de tal forma que en México hay 111,932 personas desaparecidas en el periodo de 1964 a 2022. A esto se suman los ataques, amenazas y asesinatos de madres buscadoras como ocurrió con Rosario Lilián Rodríguez Barraza, Blanca Esmeralda Gallardo y María del Carmen Vázquez, en los estados de Sinaloa, Puebla y Guanajuato, respectivamente.
En materia de migración, nuestro informe destaca que el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) forman parte de las 10 autoridades con mayor número de quejas interpuestas por violaciones a los derechos humanos. Y como si no bastaran esas denuncias justamente dos días antes de presentar el capítulo México de nuestro informe, la noche del lunes 27 de marzo, conocimos la aterradora y dolorosa noticia del incendio en instalaciones del INM en Ciudad Juárez, Chihuahua, en el que murieron 39 personas migrantes de diferentes nacionalidades.
Lo hemos dicho hasta la saciedad, México no es un país seguro para quienes vivimos aquí y mucho menos para las personas migrantes. El Estado mexicano debe asumir su responsabilidad por los hechos ocurridos en dichas instalaciones, pero además contar con políticas públicas adecuadas para atender a las casi 300 mil personas migrantes que cada año transitan por el país. Pero la indolencia de las autoridades ha sido más fuerte que el deber ético de realizar un trabajo serio y responsable en la materia.
Lo que viene
Iniciamos 2023 con fuertes retos en materia de derechos humanos: miles de personas en este país continúan siendo víctimas de la violencia del Estado y grupos criminales; en cientos de comunidades las personas siguen defendiendo sus territorios y el medio ambiente; la violencia de género y los feminicidios no cesan y las mujeres protestamos en las calles frente a la indolencia del Estado, en tanto, éste sigue dando más y más poder a las Fuerzas Armadas.
Este año vamos a celebrar el 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, un documento que surgió de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial. Este debe ser un año decisivo para la defensa de los derechos humanos en todo el mundo y en México, en particular, puede ser un año para empezar a construir una verdadera transformación que se oriente a que todas las personas podamos ejercer todos nuestros derechos todos los días.
Parafraseando a nuestra secretaria general: “cualquier ambición menor por parte de nuestras autoridades, sería una traición capaz de precipitar a México al abismo”.
* Edith Olivares Ferreto (@EdithFerreto) es directora ejecutiva de Amnistía Internacional México (@amnistiamexico).
Según expertos, el Clan del Golfo es la organización criminal más poderosa de Colombia y dominan rentas ilegales como la extorsión, el narcotráfico, la migración y la minería ilegal.
Nuevo capítulo en la campaña de Estados Unidos contra el narcotráfico y el crimen organizado en América Latina.
El Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), más conocido como Clan del Golfo, fue designado como organización terrorista extranjera por el Departamento de Estado estadounidense.
“Es una organización violenta y poderosa con miles de miembros. Su principal fuente de ingresos es el tráfico de cocaína, que utiliza para financiar sus actividades violentas”, según un comunicado de la oficina liderada por Marco Rubio.
Surgido de remanentes del paramilitarismo de los años 90, el EGC, que defiende tener motivos políticos, es considerado el grupo criminal más poderoso de Colombia.
Es la cuarta agrupación armada colombiana que EE.UU. incluye en su lista de organizaciones terroristas extranjeras, uniéndose así al Ejército de Liberación Nacional (ELN), las FARC-EP y la Segunda Marquetalia, disidencias de las FARC que se desmovilizaron tras el acuerdo de paz de 2016.
La decisión de Washington ocurre en un momento de alta tensión en América Latina.
Desde septiembre, militares estadounidenses han atacado a decenas de supuestas embarcaciones narco en el Caribe y Pacífico sudamericanos donde han muerto al menos 95 personas.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reiterado que la campaña contra el narcotráfico pronto incluirá acciones terrestres en Venezuela.
Trump acusa a su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, de liderar una organización criminal llamada Cartel de los Soles, algo que Maduro niega.
El estadounidense tampoco ha descartado que los ataques se extiendan a territorio colombiano, donde más cocaína se produce en el mundo, generando fuertes críticas del presidente Gustavo Petro, al que EE.UU. sancionó recientemente por presuntos vínculos con el narcotráfico.
El Clan del Golfo, por su parte, se encuentra en negociaciones con el gobierno de Petro como parte de la estrategia de “paz total”.
La designación del grupo como organización terrorista por parte de EE.UU. parece poner todo este contexto en vilo.
Quiénes son y cómo surgió el Clan del Golfo
La extensa región del Urabá, fronteriza con Panamá y alrededor de un golfo con salida al Caribe, fue dominada en los 90 por las guerrillas del Ejército Popular de Liberación (EPL) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Luego entraron las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), el ejército paramilitar que enfrentaba a la insurgencia.
El EPL y las AUC marcaron el origen de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, o Clan del Golfo, puesto que exmiembros de ambos bandos, en teoría opuestos y desmovilizados, se articularon en una nueva agrupación que, bajo la mirada de analistas y el Estado, adquirió un corte más criminal que político.
Las AGC, hoy llamadas EGC, crecieron en poder y control territorial.
Una investigación de la Fundación Pares en Colombia estima que el grupo está presente en 302 de los alrededor de 1.100 municipios del país.
Según expertos, es esa la clave por la cual hoy dominan rentas ilegales como la extorsión, el narcotráfico, la migración y la minería ilegal.
Víctor Barrera, investigador del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) en Bogotá, señaló que el grupo “tiene una gran capacidad de movilidad en el territorio, porque operan a través de la subcontratación de servicios específicos según lo demande la situación”.
Este sistema, similar al de franquicias empresariales y con integrantes asalariados, dificulta saber su extensión y les facilita encontrar reemplazo rápido a los líderes que son capturados o dados de baja.
“Hoy se estima que el EGC tiene alrededor de 9.000 miembros, según cifras oficiales, aunque se está llevando a cabo un nuevo conteo en que seguramente aumentará el dato”, le dice a BBC Mundo Gerson Arias, investigador asociado en la Fundación Ideas para la Paz (FIP).
Arias señala que una tercera parte del grupo actúa como ejército, mientras que el resto son redes de apoyo, “milicias y redes de inteligencia”, que en el interior de la organización como “puntos urbanos, rurales o militares”.
Los tentáculos del Clan también han sido detectados en países como Brasil, Argentina, Perú, España y Honduras, donde algunos de sus miembros han sido capturados.
Quiénes lideran la organización
Durante 15 años, desde comienzos de los 2000, la organización fue controlada por los hermanos Dairo Antonio (Otoniel) y Juan de Dios Úsuga.
Al grupo también se le solía llamar Clan Úsuga.
Otoniel se convirtió en líder máximo cuando su hermano murió a manos de la Policía Nacional durante un asalto a una “narcofiesta” de fin de año, el 1 de enero de 2012.
Otoniel fue el criminal más buscado de Colombia hasta su captura y extradición a EE.UU. en 2021. Hoy cumple 45 años de condena en una prisión estadounidense.
Tras su caída, los nombres de sus sucesores aparecieron rápido en medios colombianos.
Uno de ellos, Wílmer Giraldo, alias Siopas, fue asesinado en 2023 presuntamente por miembros de su propia organización.
Otro, Jesús Ávila, conocido como “Chiquito Malo”, comanda al EGC y es uno de los hombres más buscados del país sudamericano.
Crecimiento reciente
Los analistas de Pares indican que el modelo de operación del EGC, flexible y basado en acuerdos con estructuras locales legales e ilegales, les permite crecer sin necesidad de confrontaciones abiertas.
En los últimos años, los también conocidos como “Urabeños” ampliaron su presencia en otros territorios como el Bajo Cauca, Córdoba, norte del Chocó y parte del Magdalena Medio.
“Este crecimiento se apoyó en la capacidad de absorber bandas locales, presionar a autoridades municipales y ocupar espacios donde la Fuerza Pública no logró mantener una presencia suficiente y permanente”, dice un informe de Pares.
El grupo también ha destacado por su flexibilidad y diversificación económicas.
Durante los cierres de la pandemia en 2020 y 2021 ofrecían bienes y servicios y cuando explotó el éxodo migratorio por el Darién se aliaron con comunidades locales para sacar cuantiosas rentas del fenómeno.
Al igual que otros grupos armados en Colombia, el EGC aprovechó con éxito los espacios dejados por la desmovilización de las Farc.
Entre 2022 y 2025, Pares señala que los gaitanistas crecieron a menor ritmo, aunque reportes de su expansión a zonas mineras en el sur del departamento de Bolívar muestran una búsqueda de incrementar más su presencia territorial.
Negociaciones con el gobierno de Petro
Cuando Petro llegó al gobierno en agosto de 2022, prometió negociar con varios grupos armados en su búsqueda de la paz total.
Su iniciativa de también conversar con el EGC generó críticas en el país, ya que expertos y opositores políticos dudan sobre cómo una organización, considerada como criminal por el Estado colombiano, renunciará a las armas y las rentas millonarias que deja su control territorial.
El EGC se considera a sí mismo como grupo político y reclama recibir un trato similar al de las guerrillas y los paramilitares en las negociaciones de paz.
Recientemente, en una reunión en Doha, Qatar, representantes del EGC y el gobierno colombiano firmaron un acuerdo para trabajar progresivamente hacia un posible desarme y la pacificación de territorios.
El tiempo corre en contra de Petro, quien terminará su mandato en agosto de este año.
Las acciones de EE.UU., que no parece cedar en su ofensiva contra el narcotráfico en América Latina, añaden más incertidumbre si cabe a unas negociaciones de paz en Colombia que no dan los resultados esperados.
Y, a la vez, alimentan el temor de que se produzcan ataques en territorio colombiano, como ha advertido Trump.
Ya lo dijo el Departamento de Estado en su anuncio: “EE.UU. seguirá usando todas las herramientas disponibles para proteger nuestra nación y detener las campañas de violencia y terror cometidas por carteles internacionales y organizaciones criminales transnacionales”.
Petro consideraría cualquier amenaza contra la soberanía colombiana como una “declaración de guerra”, según ha expresado.
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