Industriales y transportistas de carga alertan por afectaciones ante amago de nuevos bloqueos carreteros
Ante el amago de grupos de transportistas y agricultores de reanudar los bloqueos en carreteras de diversos puntos del país en vísperas del inicio del periodo vacacional del fin de año, industriales y transportistas de carga advirtieron de afectaciones al comercio y al turismo.
La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) manifestó su preocupación y externó que los bloqueos constituyen una afectación directa a la sociedad, a la economía nacional y al derecho constitucional al libre tránsito.
“Los grupos que promuevan y ejecuten dichos bloqueos deberán asumir la responsabilidad por las consecuencias económicas, sociales y de seguridad que de ellos se deriven, incluyendo retrasos logísticos, pérdidas millonarias, desabasto de bienes esenciales y daños a la actividad productiva”, señaló en un comunicado.
Asimismo, alertó que la paralización de las vías de comunicación provocará un escenario de caos generalizado, con impactos negativos en la seguridad vial, el turismo, el comercio, los servicios y en millones de familias que se verán impedidas de llegar a sus destinos.
La Canacar destacó que el autotransporte de carga es un eslabón estratégico para el funcionamiento del país, ya que por este medio se distribuye la mayor parte de los alimentos, medicamentos, combustibles e insumos industriales, por lo que cualquier interrupción deliberada a su operación compromete de manera inmediata la estabilidad de la cadena de suministro, más aún durante una temporada de alta demanda.
“Hacemos un llamado puntual a las autoridades competentes para salvaguardar el Estado de Derecho, así como a los grupos inconformes para que se conduzcan por la vía del diálogo institucional y la legalidad. Las carreteras deben ser espacios de movilidad, desarrollo y seguridad, no de presión ni confrontación. México requiere certidumbre, coordinación y respeto a la ley, en beneficio de toda la población”, indicó.
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“Bloqueos no son solución”
En tanto, la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) reconoció que los distintos sectores tienen el derecho legítimo a manifestarse y a expresar sus demandas, sin embargo, señaló que los bloqueos de carreteras no constituyen una solución, ya que generan impactos negativos.
“El cierre de vías de comunicación provoca severas afectaciones al transporte de mercancías, interrumpe cadenas de suministro, incrementa costos logísticos y pone en riesgo el abasto oportuno de bienes esenciales, además de perjudicar a miles de ciudadanas y ciudadanos que ven imposibilitado su traslado a centros de trabajo, servicios de salud, escuelas o destinos personales”.
Estas afectaciones, advirtió, tienen un impacto directo en el empleo, la competitividad y la estabilidad de la actividad económica, así como en el bienestar de la población en general.
Para la Concamin, el diálogo abierto, institucional y permanente es el camino más efectivo para atender las preocupaciones de los sectores productivos y sociales, y para construir acuerdos que permitan avanzar sin generar perjuicios colaterales.
A lo largo del año, campesinos y transportistas han encabezado bloqueos carreteros en el país y aduanas ante la falta de acuerdos con la Secretaría de Gobernación para dar solución a sus demandas respecto a seguridad para operadores, precios justos para el campo y la modificación de la Ley General de Aguas.
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El acuerdo regula cómo ambas naciones deben repartirse el agua de los ríos Bravo y Colorado, que forman parte del límite territorial entre ambas.
La disputa sobre la implementación de un tratado firmado en 1944 que regula cómo Estados Unidos y México deben repartirse el agua de los ríos Bravo y Colorado, vuelve a intensificarse.
El presidente Donald Trump anunció este lunes que dio luz verde a la documentación para imponer un arancel del 5% a los productos procedentes de México si el país vecino “continúa incumpliendo” el tratado.
En un mensaje publicado en su red Truth Social, el mandatario subrayó que México debe más de 986 millones de metros cúbicos de agua a EE.UU. y estableció el 31 de diciembre como el plazo para que México entregue más de 246 millones de metros cúbicos de agua.
“Cuanto más tarde México en liberar el agua, más perjudicados resultarán nuestros agricultores”, advirtió Trump, instando al gobierno de Claudia Sheinbaum a “solucionar ya” la cuestión.
La implementación del tratado ha generado en el pasado fuertes protestas de agricultores mexicanos, según los cuales la extracción de agua para EE.U. en tiempos de sequía amenaza seriamente su medio de vida.
En abril, Trump ya había amenazado a México con aranceles e incluso sanciones por el tema del agua.
“México está incumpliendo su obligación. Esto …perjudica gravemente a los agricultores del sur de Texas”, escribió entonces Trump en su plataforma Truth Social.
“El mes pasado detuve los envíos de agua a Tijuana hasta que México cumpla con el Tratado de Aguas de 1944… y seguiremos intensificando las consecuencias, incluyendo aranceles y, quizás, incluso sanciones, hasta que México cumpla con el tratado y le dé a Texas el agua que le corresponde”, agregó.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió en ese momento a Trump con un mensaje en su cuenta oficial de X.
“El día de ayer fue enviada al subsecretario del Departamento de Estado de Estados Unidos una propuesta integral para atender el envío de agua a Texas dentro del tratado de 1944, que incluye acciones de muy corto plazo. Han sido tres años de sequía y, en la medida de la disponibilidad de agua, México ha estado cumpliendo”.
“He instruido a los secretarios de Agricultura y Desarrollo Rural y Relaciones Exteriores, así como a la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales que de inmediato hagan contacto con la Secretaría de Agricultura y el Departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos. Estoy segura que, como en otros temas, se llegará a un acuerdo”, dijo la mandataria en abril.
¿Qué dice el tratado?
De alguna manera, se podría decir que el llamado Tratado de la Distribución de las Aguas Internacionales firmado por México y EE.UU. en 1944 tiene su origen en otro acuerdo alcanzado casi un siglo antes de esa fecha.
El Tratado de Paz, Amistad, Límites y Arreglo Definitivo (más conocido como Tratado de Guadalupe Hidalgo), firmado en 1848 al final de la guerra entre ambos países iniciada por la disputa de Texas, fue el que estableció que México cedería a EE.UU. más de la mitad de su territorio en aquel entonces.
Pero además, también fijó la frontera entre ambos países en el río Bravo -conocido como río Grande por los estadounidenses- y cuyas aguas han sido centro de conflicto en Chihuahua.
La ubicación estratégica del río hacía necesario un plan de distribución entre ambos actores. Tras años de negociación y varias propuestas fallidas, México y EE.UU. firmaron en Washington el tratado vigente en la actualidad.
Según el acuerdo, México se queda con dos tercios de la corriente principal del Bravo y cede a su vecino el resto, que no podrá ser menor de unos 432 millones de metros cúbicos (Mm3) anuales.
Como contraparte, EE.UU. cede a México cada año 1.850 Mm3 del río Colorado, que en su mayoría se encuentra en suelo estadounidense pero que también pasa por la frontera entre ambos países hasta desembocar en el golfo de California, entre los estados mexicanos de Baja California y Sonora.
El acuerdo también establece que la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), un organismo binacional, es el encargado de resolver las posibles diferencias en materia de límites.
El pacto estipula que EE.UU. cumplirá con su entrega de agua cada año, mientras que México podrá hacerlo en períodos de cinco años.
“Es de los mejores acuerdos que se han logrado en la historia con relación a EE.UU.”, afirmó en 2020 el expresidente Andrés Manuel López Obrador.
¿Debería reformarse el tratado?
Reformar o actualizar las condiciones de un tratado que fue firmado hace 76 años podría ser una de las opciones para tratar de solucionar conflictos.
Pero algunos analistas consideran que tanto los litros de agua acordados como la posibilidad de entregar su parte cada cinco años en lugar de anualmente son ventajas que México no debería perder.
Para los agricultores del lado mexicano de la frontera, lo que está en juego en tiempos de sequía agravada por el cambio climático, es algo mucho más inmediato que los vaivenes diplomáticos entre ambos países.
Los enfrentamientos de 2020 entre agricultores y la Guardia Nacional en Chihuahua tuvieron lugar tras la decisión del gobierno de extraer agua de la presa de la Boquilla para cumplir el tratado con EE.UU.
En ese entonces, el vocero de los agricultores, Salvador Alcantar, presidente de la Asociación de Usuarios de Riego de Chihuahua (Aurech), señaló que estaba en riesgo el futuro de unas 20.000 familias que viven del campo en la región.
Alcantar compartió con BBC Mundo uno de sus mayores temores:
“En 1995 no se abrieron las presas para sembrar y hubo una migración masiva desde nuestros municipios. Los hombres en edad productiva se marcharon para dar sustento a la familia, fue una desintegración familiar fuerte que aún estamos sufriendo”, recuerda.
“Y ese es el problema social que podemos volver a ver si no sembramos el año próximo”.
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