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Se estima que hay alrededor de 370 millones de personas indígenas en el mundo distribuidas en 70 países, <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn1" name="_ftnref1">1</a> quienes habitan cerca de una cuarta parte del territorio mundial donde se concentra el 80 % de la biodiversidad del planeta. Esto no es una casualidad, los pueblos indígenas conciben a la naturaleza como parte integral de la vida y el bienestar colectivo de sus comunidades.
Por ello, en el contexto actual de la implementación del Plan México que contempla la ejecución de 2 mil proyectos de empresas específicas que buscan instalarse en el país, en algunos casos en territorios indígenas, es necesario garantizar que el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas reconocido en nuestra Constitución Política no quede restringido a la imitación de los modelos de desarrollo de los países occidentales, y considere otros modelos de desarrollo alternativos.
No es reciente la tensión existente entre los planes de desarrollo construidos al margen de los pueblos indígenas frente a su derecho a la libre determinación en un contexto de serias afectaciones al medio ambiente, desigualdades sociales o la redistribución de la riqueza, donde amplios sectores de la población y comunidades enteras no tienen posibilidad del ejercicio pleno de sus derechos humanos y colectivos, y en donde el modelo de desarrollo dominante ha provocado una devastación ambiental.
En México hay por lo menos 70 Regiones de Emergencia Sanitaria y Ambiental (RESA), definidas por un grupo multidisciplinario en donde intervienen Conahcyt, Semarnat, y secretarías de salud del país.  En estas regiones de emergencia sanitaria hay múltiples enfermedades degenerativas, que no son infecciosas o relacionadas con la pobreza, sino que son claramente de origen ambiental; se consideran así cuando en ella se superponen diferentes procesos de contaminación: industriales, extractivos, agroindustriales o urbanos.
La actual devastación ambiental por la aplicación de un modelo de desarrollo que en muchos casos violenta derechos humanos, exige que en el diseño e implementación del Plan México previamente se renueven los ordenamientos legales e instituciones que constituyen el derecho ambiental y sanitario, corrigiendo la grave desregulación ambiental en nuestro país y, con ello, se garantice el derecho de los pueblos indígenas a definir sus planes de desarrollo y se evite la impunidad con que operan empresas que han causado desastres ambientales. Un claro ejemplo es la minera Buena Vista del Cobre de Grupo México, que a más de una década del derrame de 40 millones de litros de residuos tóxicos en la cuenca del río Sonora no han remediado los graves daños ocasionados en las comunidades afectadas.
De igual forma, el Estado Mexicano debe generar y documentar de manera sistemática y rigurosa información en materia ambiental y sanitaria, así como garantizar el acceso público a dicha información. Finalmente, es indispensable que se implementen políticas públicas ambientales que consideren la interdependencia entre el derecho a la libre determinación y autonomía de pueblos y comunidades indígenas con su derecho al territorio, así como el derecho de toda persona a un ambiente sano para su desarrollo y bienestar con el derecho a la vida y protección de la salud.
* Maira Olivo es coordinadora del programa de <a href="https://fundar.org.mx/tierra-y-territorio/" target="_blank" rel="noopener">Territorio, Derechos y Desarrollo</a> de <a href="https://x.com/FundarMexico" target="_blank" rel="noopener">@FundarMexico</a>.
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<a style="color: #0000ff;" href="#_ftnref1" name="_ftn1">1</a> Primer informe sobre la situación de los pueblos indígenas del mundo, elaborado por siete expertos independientes y producido por la Secretaría del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas.

Prevenir devastación ambiental en territorios indígenas, obligación del Plan México

Dicen que “el diablo está en los detalles” y tal parece que así va a pasar en México con la reforma a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información. Dicha reforma aprobada en el Pleno de la Cámara de Senadores y próxima a aprobarse en la Cámara de Diputados contiene retrocesos que preocupan. Por ejemplo, mantiene la prohibición de que se reserve información sobre casos de corrupción; sin embargo, establece que estos tendrán que estar “acreditados” para poderla otorgar. Este cambio no es menor, al agregar la palabra “acreditados” implicará que, para que se pueda dar a conocer información sobre actos de corrupción, primero una autoridad competente tendrá que determinar la existencia de estos actos y esto podría tomar mucho tiempo, incluso años. En el inter, la ciudadanía se quedará sin la posibilidad de acceder a esta información, que reviste de mucha importancia.
Esto representa un retroceso respecto al marco legal anterior. La Ley General de Transparencia, que había sido aprobada en 2015, permitía conocer información relacionada con actos de corrupción, incluso antes de que llegara a manos de una persona juzgadora. Con ello, buscaba generar presión para que las autoridades encargadas de resolver estos asuntos agilizaran los procesos y su resolución, para que se fincaran responsabilidades y sanciones. También tenía el propósito de que las instituciones rindieran cuentas sobre su actuar con el fin de que la ciudadanía pudiera conocer si realmente estaban avanzando las investigaciones para esclarecer los hechos y si las acciones encaminadas a resolverlos habían sido efectivas.
Esto ante un contexto de impunidad y corrupción imperante, pues México se encuentra en el ranking de países con altos índices de impunidad en el continente americano, ocupando el lugar 60 de 69 países en el Índice Global de Impunidad 2020. Y de acuerdo con datos de Impunidad Cero, en México no se denuncia el 94 % de los delitos que se cometen y menos de 1 % son resueltos.
La Ley anterior también permitía que el INAI, como órgano constitucional y garante, jugara un papel relevante al contar con una facultad, que le daba la posibilidad de determinar, &#8220;a primera vista&#8221;, la existencia de posibles actos de corrupción para brindar información de relevancia para la sociedad, sin la necesidad de ser avalados por una persona juzgadora o alguna otra autoridad. Esta facultad fue fundamental para la apertura de datos en casos de corrupción, donde se han identificado sobornos millonarios y la participación de personas funcionarias públicas del más alto nivel.
El caso Odebrecht, en el que se malversaron recursos por 10.5 millones de dólares en México, es uno de ellos. Si bien la Fiscalía General de la República prometió resolverlo en 60 días, han pasado más de 3,285 y aún no existe una sentencia firme para todas las personas involucradas y las instituciones continúan deslindándose de sus responsabilidades. Por ejemplo, la FGR acusa al Poder Judicial de poner &#8220;trampas procesales&#8221; que han impedido avances en el caso.
Precisamente cuando se dio a conocer que el escándalo de Odebrecht estaba siendo investigado en México, la demanda de información por parte de la ciudadanía aumentó 452 % de 2016 a 2017. Los datos requeridos se centraban en: 1) en el número de personas servidoras públicas y privadas que estaban siendo investigadas, 2) la versión pública de las denuncias presentadas en contra de la empresa y 3) los contratos de Pemex con las filiales de Odebrecht, entre otras. Gracias al papel del INAI y el periodismo de investigación se pudo dar seguimiento a los avances del caso y al trabajo de las instituciones, sin tener que esperar años a que alguna autoridad determinara la existencia de actos de corrupción.
Por ello, esta disposición altamente regresiva tendrá como consecuencia que se perpetúe la opacidad sobre asuntos de alto interés público y por ende se profundice la impunidad y corrupción en nuestro país. Por lo tanto, las nuevas instituciones que se responsabilicen de las tareas de transparencia tendrán que estudiar y valorar qué información sobre corrupción es de alto interés para la ciudadanía y debe ser publicitada.
La legitimidad y confianza en las instituciones no sólo se consigue en las urnas, sino con las acciones que garanticen la progresividad de los derechos humanos de las personas y el del acceso a la información no es la excepción.
* María Guevara y Anaid García son parte del equipo de <a href="https://fundar.org.mx/anticorrupcion/" target="_blank" rel="noopener">Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción</a> de <a href="https://x.com/FundarMexico" target="_blank" rel="noopener">@FundarMexico</a>.
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¿La reforma de transparencia abre la puerta a la opacidad en casos de corrupción?

&#8220;Ahora que abrazo la tierra soy la semilla que rompe concreto&#8230; Ahora que viajo en el viento esparzo mi lucha en los cuatro vientos&#8221;.
Berta Cáceres
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Desde Sonora hasta Oaxaca se extiende con el viento el silencio por la partida de dos grandes que hicieron de su voz un arma contra la impunidad, y de su cuerpo el escudo con el que defendieron la tierra y la vida.
El pasado 16 de febrero Martha Patricia, activista del Comité de Cuenca del Río Sonora, falleció en Hermosillo, allá donde con su firme y contundente discurso se convirtió en representante de los habitantes de ocho poblados afectados por el derrame de desechos tóxicos provocado por la mina de Grupo México en agosto de 2014, en lo que ella misma calificó como una “negligencia criminal”; denunciando no sólo la irresponsabilidad de la empresa, sino también la impunidad y pasividad de las autoridades para atender la emergencia, así como el resarcimiento a las personas afectadas por la contaminación. Martha Patricia, como miles de habitantes, padeció los efectos de la contaminación y, tras años de lucha, falleció a causa de las altas concentraciones de plomo en su sangre, resultado de aquel derrame.
Ahora, marzo inicia con el asesinato del compañero Cristino Castro, quién fue brutalmente privado de su vida debido a su lucha en contra de la invasión de tierras sobre la playa y la tala ilegal de manglares en la comunidad de Barra de la Cruz, municipio de Santiago Astata, en Oaxaca. “Tino”, como solían decirle sus compañeros en el béisbol y en la Asamblea, fue un férreo defensor contra el despojo del territorio frente a proyectos de desarrollo inmobiliarios y la destrucción de espacios naturales de alto valor ecológico en la zona para beneficiar al turismo.
Pese a haberse aprobado el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, a la Participación Pública y a la Justicia en Asuntos Ambientales -también llamado Acuerdo de Escazú, el primer instrumento regional de carácter vinculante en la materia- el Estado Mexicano ha hecho poco o nada por construir una política pública congruente con el mandato internacional, y con ello ha fallado en brindar protección y garantía de seguridad a las y los defensores del ambiente y el territorio.
Lo anterior deja en evidencia que la idea hegemónica de “desarrollo” se ha vuelto incompatible con la vida y la sostenibilidad de ésta en el planeta, pero también una amenaza directa a la integridad y la vida para aquellas y aquellos que se atreven a defenderlas. Tan sólo en 2023 se registraron 20 asesinatos perpetrados contra personas defensoras, según el <a href="https://cemdadefensores.org.mx/wp-content/uploads/2024/04/CEMDA_INFORME2023_DIGITAL.pdf" target="_blank" rel="noopener">Informe Sobre la Situación de las Personas y Comunidades Defensoras de los Derechos Humanos Ambientales</a><a href="#_ftn1" name="_ftnref1">,</a> 1 elaborado por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A. C.
Y es que no basta con sostener un discurso sobre la justicia social y la protección ambiental, cuando en el diseño de la política pública persiste una clara ponderación a continuar la tendencia extractivista y de megaproyectos que en más de treinta años han favorecido el despojo y consentido la destrucción ambiental en el país. En este sentido, el reciente anuncio del <a href="https://www.planmexico.gob.mx/" target="_blank" rel="noopener">Plan México</a>, <a href="#_ftn2" name="_ftnref2">2</a> con ambiciosas metas de relocalización de empresas y construcción de 100 parques industriales, además del análisis presupuestario para 2025, nos dan algunas luces sobre el grado de interés del Estado por atender las necesidades de protección ambiental.
En el Presupuesto de Egresos de la Federación 2025, la función Protección Ambiental <a href="https://fundar.org.mx/publicaciones/analisis-del-paquete-economico-2025-nuevas-propuestas-menos-presupuesto/" target="_blank" rel="noopener">recibió con un total de 17, 081 millones de pesos, una reducción del 5.6% respecto al presupuesto aprobado en 2024</a>. <a href="#_ftn3" name="_ftnref3">3</a> Del monto total de Gasto para la protección ambiental, la subfunción encargada de la política para reducir la contaminación recibió un presupuesto igual a cero. <a href="#_ftn4" name="_ftnref4">4</a>
Es decir, que todas aquellas actividades esenciales para la administración, supervisión, inspección, gestión o apoyo de actividades relacionadas con la reducción y el control de la contaminación como son la protección del aire y del clima, la protección del suelo y de las aguas subterráneas, la reducción de los ruidos y las vibraciones y la protección contra la radiación –la mayoría, resultado de actividades industriales–, no fueron consideradas dentro del paquete presupuestario. Este vacío que provoca la falta de presupuesto se torna un agujero negro en cuanto contextualizamos la información:
En México, <a href="https://www.gob.mx/semarnat/prensa/secretaria-barcena-impulsa-el-uso-de-informacion-geoespacial-para-una-mejor-toma-de-decisiones-en-politicas-ambientales?idiom=es-MX" target="_blank" rel="noopener">70 % de los ríos se encuentran contaminados,</a> <a href="#_ftn5" name="_ftnref5">5</a> en su mayoría por las descargas industriales, que desde hace más de diez años se sabe que estas contaminan en un 340 % más que las aguas residuales municipales, <a href="#_ftn6" name="_ftnref6">6</a> por lo que, además de las afectaciones a los ecosistemas que dependen de los ríos, se debe enfatizar en los daños inmediatos a la salud de las personas, como en el caso de Martha Patricia.
Es en este escenario, en el que las y los defensores ambientales y de derechos humanos han tratado de cubrir con la organización comunitaria, con su voz, sus cuerpos y sus propias vidas los enormes huecos en la política pública que mantiene en la realidad, más allá del discurso, una clara preferencia del modelo de desarrollo hegemónico, el cual se ha vuelto totalmente incompatible con la vida, no sólo por la amenaza que representan las actividades industriales y los intereses económicos sin responsabilidad ambiental y social del entorno donde se desarrollan, sino porque también atentan contra la vida de toda persona que se oponga a la destrucción de su territorio.
Tino y Martha Patricia, como miles más, han sido mártires de una apuesta mercantilizadora de la vida, y el testimonio de su lucha, junto a la de Samir, Beti Cariño, Eugui, Paulina, e Isaac en los últimos años, no debe ser una estadística más; ahora son símbolo de resistencia, son semilla y son viento que guía a nuevos horizontes de vida y justicia para los pueblos que defienden la Tierra.
* Charlie es investigador en el programa de <a href="https://fundar.org.mx/tierra-y-territorio/" target="_blank" rel="noopener">Territorio, Derechos y Desarrollo</a> de <a href="https://x.com/FundarMexico" target="_blank" rel="noopener">@FundarMexico</a>.
 
<a href="#_ftnref1" name="_ftn1">1</a> Disponible <a href="https://cemdadefensores.org.mx/wp-content/uploads/2024/04/CEMDA_INFORME2023_DIGITAL.pdf" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
<a href="#_ftnref2" name="_ftn2">2</a> Disponible <a href="https://www.planmexico.gob.mx/" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
<a href="#_ftnref3" name="_ftn3">3</a> Benumea, I. Castaño, P. (et al.). (2024). Nuevas propuestas, menos presupuestos. Análisis del Paquete Económico 2025. Colección ppef 2025, Fundar, Centro de Análisis e Investigación, pp. Ciudad de México, p.89
<a href="#_ftnref4" name="_ftn4">4</a> Ídem
<a href="#_ftnref5" name="_ftn5">5</a> Disponible <a href="https://www.gob.mx/semarnat/prensa/secretaria-barcena-impulsa-el-uso-de-informacion-geoespacial-para-una-mejor-toma-de-decisiones-en-politicas-ambientales?idiom=es-MX" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
<a href="#_ftnref6" name="_ftn6">6</a> Disponible <a href="https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/topics/policy-sub-issues/water-governance/oecd_water-governance-indicator-framework_en.pdf/_jcr_content/renditions/original./oecd_water-governance-indicator-framework_en.pdf" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.

El alto costo de priorizar el desarrollo sobre la vida

La XVI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, que se celebrará en México en agosto de este año, marca un momento clave en la lucha por la igualdad de género y los derechos de las mujeres. Este evento, organizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en conjunto con ONU Mujeres, es el principal foro intergubernamental de la región para debatir y promover políticas de género, y reúne a representantes de gobiernos, organismos internacionales, academia y sociedad civil para analizar avances, desafíos y estrategias en la implementación de compromisos internacionales en materia de igualdad y derechos para las mujeres.
La Conferencia Regional no solo aborda los desafíos actuales, sino que también conmemora el 30 aniversario de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, un hito en la agenda feminista global. La coincidencia de esta conferencia con el hecho de que México tenga una mujer presidenta refuerza la importancia de tomar el liderazgo de mujeres para la construcción de políticas públicas con perspectiva de género y en la promoción de una sociedad más equitativa.
El tema central de la conferencia, &#8220;Las transformaciones en los ámbitos político, económico, social, cultural y ambiental para impulsar la sociedad del cuidado y la igualdad de género&#8221;, pone sobre la mesa la necesidad de replantear las estructuras tradicionales para avanzar en un modelo más justo e inclusivo. Durante la 66ª Reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia, celebrada el pasado 4 y 5 de diciembre en Santiago de Chile, <a href="https://www.youtube.com/watch?v=Rkx8q4e9394&amp;t=919s" target="_blank" rel="noopener">la actual Secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, destacó la importancia de la construcción de una sociedad de cuidados con una visión estatal planificada.</a> Propuso un sistema progresivo que articule las diversas áreas del Estado y la sociedad, recuperando las raíces comunitarias como eje fundamental para mejorar las condiciones de vida de las mujeres. <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn1" name="_ftnref1">1</a> En este sentido, la participación activa del gobierno y de la sociedad civil en esta transformación es esencial para garantizar un cambio estructural sostenido.
Que México sea el anfitrión de este evento subraya su papel central en la discusión regional sobre los derechos de las mujeres. Sin embargo, más allá de los espacios institucionales, es fundamental que un gobierno liderado por una mujer reafirme su compromiso con las experiencias de todas las mujeres, incluyendo aquellas que históricamente han sido marginadas o excluidas de estos espacios. La construcción de una sociedad del cuidado no puede limitarse a debates académicos o gubernamentales; debe convertirse en una prioridad transversal que impacte la vida cotidiana de todas las mujeres, independientemente de su origen, condición social o participación en la esfera pública.
Por ello, es imperativo que este tema no se diluya una vez concluida la conferencia el 15 de agosto. En el marco del Día Internacional de las Mujeres, es fundamental colocar el tema de los cuidados en el centro de los debates, de las políticas públicas y las políticas de asignación de recursos, reconociendo su papel clave no solo en la reducción de desigualdades y la garantía de derechos, sino en la reconfiguración del orden social de género que plantee opciones más justas para la repartición de las cargas de trabajo y el tiempo de las mujeres.
La sociedad civil, las organizaciones feministas y la ciudadanía en general debemos coorganizarnos, incluso como parte de un planteamiento de corresponsabilidad desde el paradigma de los cuidados, para que la agenda de la sociedad del cuidado y la igualdad de género se mantenga como una prioridad durante los seis años de gobierno. Solo con un esfuerzo colectivo podremos garantizar que estas transformaciones sean duraderas y efectivas en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria para todas.
* Karen Valadez es <a href="https://fundar.org.mx/genero/" target="_blank" rel="noopener">oficial de género</a> en <a href="https://x.com/FundarMexico" target="_blank" rel="noopener">@FundarMexico</a>.
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<a href="#_ftnref1" name="_ftn1">1</a> La participación completa de la Secretaria de las Mujeres, puede consultarse en <a href="https://www.youtube.com/watch?v=Rkx8q4e9394&amp;t=919s" target="_blank" rel="noopener">este enlace</a>.

Los cuidados, un gran reto de la agenda feminista regional

El jueves pasado, la presidenta de la República envió al Senado el paquete de reformas a las leyes secundarias en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, como parte del proceso de armonización legislativa derivado de la reforma constitucional de simplificación orgánica aprobada en noviembre del año pasado, por medio de la cual se elimina al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Una reforma que se insistió es regresiva al echar por la borda el andamiaje jurídico e institucional de apertura gubernamental y rendición de cuentas que se había construido a lo largo de más de veinte años en el país, mucho por las luchas ciudadanas, y que colocó a México en un referente en el continente.
Uno de los elementos más cuestionables de la reforma constitucional es la eliminación del carácter autónomo del órgano garante en materia de transparencia, pues al trasladar muchas de sus funciones a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y al órgano desconcentrado que se creará (Transparencia para el pueblo) hay un potencial conflicto de interés al ser parte del propio Poder Ejecutivo, lo que no da ninguna garantía de independencia. Basta imaginar que alguna dependencia del Ejecutivo se niegue a otorgar la información, por ejemplo, el Ejército o la propia oficina de la presidencia, para corroborar los obstáculos que se tendrán para sancionarla, pues sería una agencia del mismo poder o su superior jerárquico ordenando la apertura.
Por ello, resulta preocupante que en el paquete de leyes secundarias se pierdan un conjunto de funciones clave que tenía el INAI, tales como:
a) La posibilidad de resolver y tomar decisiones de manera colegiada, pues ahora será un órgano unipersonal (Transparencia para el pueblo) y designado directamente por el Ejecutivo.
b) La oportunidad de determinar prima facie la existencia de violaciones graves a derechos humanos y posibles actos de corrupción para ordenar la apertura de información de interés público. En el marco legal propuesto se limita la excepción de la reserva sólo a casos acreditados, lo cual contradice el principio de máxima publicidad, donde la reserva de información debe ser de manera excepcional y sólo podrá hacerse temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional.
c) Los mecanismos sencillos de inconformidad y la definitividad de las resoluciones que emitía el INAI. Pues ahora las y los ciudadanos tendremos que acudir a mecanismos jurisdiccionales, que se sabe son costosos, largos y poco accesibles, para inconformarnos respecto al derecho a saber, lo cual nos deja en un estado de mayor desprotección ante negativas de información. Al respecto, se crearán juzgados especializados de acceso a la información que entrarán en vigor después de 180 días que la legislación propuesta esté vigente.
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<li>Las facultades como órgano de control constitucional para presentar acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales para proteger los estándares de derecho en la legislación secundaria u otras normas que contravengan los principios rectores de acceso a la información y protección de datos personales se eliminan.</li>
<li>La vigilancia y gestión de la Plataforma Nacional de Transparencia, la herramienta ciudadana para acceder a la información donde 723 entidades públicas a nivel federal y más de siete mil en todo el país divulgan información, queda a cargo de la Secretaría Anticorrupción y no del órgano (Transparencia para el pueblo) que se crea en suplencia del INAI, lo cual desde el punto de vista competencial resulta cuestionable que una secretaría del ejecutivo federal sea la que administre y supervise el funcionamiento de dicha plataforma.</li>
<li>La facultad de atracción para que se pudieran recibir recursos de revisión de los estados que por su trascendencia e interés público así lo ameriten y, con ello, establecer estándares de derecho, ahora se limita a asuntos relativos a recursos federales.</li>
</ul>
Aunado a lo anterior, llama la atención el incremento del número de causales para reservar la información, lo cual contraviene los principios sobre clasificación y desclasificación de la información que establecen la reserva de manera excepcional, bajo prueba de daño caso por caso y priorizando la máxima publicidad y el interés público.
En un <a href="https://x.com/designaciones/status/1849611405017874868" target="_blank" rel="noopener">conversatorio</a> realizado el año pasado, Edison Lanza, exrelator de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), refirió que una iniciativa que en esencia es regresiva difícilmente podría atenuarse. En este sentido, varias organizaciones, entre ellas Article 19 México y Centroamérica, Fundar, Centro de Análisis e Investigación y el Observatorio de Designaciones Públicas, participaremos en una audiencia temática ante la CIDH el próximo 5 de marzo con el objetivo de que se valoren estas reformas y la situación de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales a la luz de los estándares más altos de protección de derechos humanos, pues permanece la duda de si la apuesta es por la transparencia, o por la opacidad.
#SinCuotasNiCuates
#LoQueDejamosDeSaber
* Marcia Itzel Checa Gutiérrez es coordinadora general del Observatorio de Designaciones Públicas (<a href="https://x.com/designaciones" target="_blank" rel="noopener">@designaciones</a>), un proyecto impulsado por Article 19 México y Centroamérica y Fundar, Centro de Análisis e Investigación, que tiene el objetivo de promover estándares de transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas en los procesos de designación de altas responsabilidades públicas y generar una deliberación pública sobre la idoneidad de los perfiles como una vía para contribuir al fortalecimiento de las instituciones y la garantía de los derechos humanos de todas las personas.

¿Transparencia u opacidad para el pueblo?

Como parte del Plan México, el gobierno federal <a href="https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5747410&amp;fecha=21/01/2025#gsc.tab=0" target="_blank" rel="noopener">creó un programa de estímulos fiscales</a> para incentivar la inversión en nuestro país, y fortalecer la capacitación laboral y el desarrollo tecnológico. Para la administración federal, estos estímulos significan una estrategia clave para redirigir el rumbo de la economía nacional, especialmente en un contexto de crecientes amenazas arancelarias y medidas proteccionistas por parte del gobierno estadounidense. Sin embargo, en la búsqueda de estos objetivos, el gobierno federal no debería perder de vista sus responsabilidades, como el combate de la desigualdad, la protección del medio ambiente y la transparencia.
<h2>¿Cómo funcionarán?</h2>
A grandes rasgos, los estímulos consisten en permitir que los gastos realizados por las empresas en activos físicos, capacitación laboral o innovación tecnológica sean asumidos parcialmente por la Federación, lo que provocará que las empresas reduzcan el pago del Impuesto sobre la Renta (ISR) en el corto plazo. Para la Federación, la expectativa es que, con el paso del tiempo, las empresas beneficiadas aumenten sus ingresos, o contraten y capaciten a más personas trabajadoras, lo que permitirá que el gobierno recupere su &#8220;inversión inicial&#8221; en el mediano plazo.
Estos estímulos fiscales son limitados, es decir, la federación solo podrá distribuir 30 mil millones de pesos hasta el último día de la administración de Claudia Sheinbaum. La asignación de estos recursos será decidida por un Comité de Evaluación, integrado por la Secretaría de Economía, el Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización, y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que tendrá voto de calidad y presidirá sus labores. Cabe agregar que las reglas definitivas de estos estímulos deberán ser creadas por el Comité de Evaluación a más tardar el 22 de marzo de 2025. <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn1" name="_ftnref1">1</a> 
Para entender mejor su funcionamiento, tomemos en cuenta el siguiente ejemplo. Hace un par de semanas, <a href="https://www.dw.com/es/volkswagen-y-sindicatos-acuerdan-evitar-cierre-de-f%C3%A1bricas-y-despidos-en-alemania/a-71126723" target="_blank" rel="noopener">Volkswagen Alemania</a> llegó a un acuerdo con su sindicato para evitar el cierre de fábricas y el despido masivo de personas trabajadoras. Dentro de este acuerdo, para 2027 la empresa trasladará a México la fabricación de uno de sus automóviles más vendidos. En caso de concretar la relocalización de sus actividades, y si el Comité de Evaluación así lo decide, los gastos en nueva maquinaria podrían deducirse inmediatamente hasta un 62 % del ISR, lo que en el corto plazo reduciría su carga fiscal y le proporcionaría mayor liquidez. A cambio de este beneficio fiscal, en teoría, la empresa aumentaría la producción de automóviles, obteniendo mayores ingresos, y por lo tanto pagaría más impuestos en México.
<h2>Riesgos para la desigualdad</h2>
Al asignar estos estímulos, el Comité de Evaluación debería garantizar que las grandes empresas nacionales y extranjeras, que ya reciben algún tipo de apoyo del Estado mexicano, no obtengan beneficios adicionales sin justificación. Puesto que los estímulos del Plan México coexistirán con otro tipo de beneficios fiscales que ofrecen las leyes tributarias, será fundamental evaluar cada caso detalladamente para determinar si las grandes empresas realmente necesitan más apoyos para invertir, capacitar a su personal o desarrollar nuevas patentes. Asimismo, el Comité de Evaluación debería actuar bajo una perspectiva de género para garantizar que los estímulos fiscales, por ejemplo, no se concentren en empresas mayoritariamente dirigidas por hombres, o con baja participación laboral de las mujeres, si no que contribuyan a impulsar una mejoría en sus condiciones de empleo.
<h2>Riesgos para el medio ambiente</h2>
Dentro de los sectores que potencialmente podrían favorecerse con estos estímulos se encuentran la minería e hidrocarburos, sectores altamente contaminantes y extractivos. Al respecto, #<a href="https://mx.boell.org/es/2025/01/23/prohibir-la-mineria-cielo-abierto-y-el-fracking-pide-colectiva-cambiemosla-ya-presidenta" target="_blank" rel="noopener">CambiemoslaYa</a> ha advertido sobre las implicaciones para los derechos humanos y el medio ambiente que podría significar el Plan México, y ha llamado a acelerar la prohibición a nivel constitucional del fracking y la minería a cielo abierto. Desde una perspectiva fiscal, históricamente el sector minero se ha destacado por pagar pocos impuestos y recurrir a esquemas de evasión fiscal, por lo que el Comité de Evaluación debería asegurarse de no sostener a este tipo de industrias.
También será fundamental que los estímulos fiscales se otorguen a aquellas empresas que efectivamente cumplan con las prácticas de ambiente, sociedad y gobernanza a las que hace referencia la Meta 10 del Plan México, por lo que las autoridades ambientales también deberían formar parte del Comité de Evaluación de los estímulos fiscales. El Plan México podría convertirse en una nueva forma de extractivismo si no se tienen normativas y leyes ambientales vinculantes que protejan los ecosistemas y a las comunidades donde se asiente la reubicación de industrias.
<h2>Riesgos para la transparencia</h2>
Los estímulos fiscales serán otorgados a las empresas que cumplan ciertos requisitos, entre ellos, que estén al día en sus obligaciones fiscales, no haber aplicado a un programa de condonación de impuestos, y presentar un plan convincente en materia de inversión, capacitación o innovación. No obstante, el proceso de aplicación y asignación de los estímulos deberá ser totalmente transparente, lo que incluye poder conocer qué contribuyentes se beneficiarán de estos apoyos. Para lograrlo es necesario reformar la figura del secreto fiscal, contemplada en el artículo 69 del Código Fiscal de le Federación, para que así la sociedad pueda conocer los costos y resultados del Plan México.
Al formar parte de una estrategia de industrialización más amplia, los estímulos fiscales del Plan México podrían ser un parteaguas respecto a la manera en que el gobierno federal utiliza la legislación tributaria para impulsar la economía nacional. Sin embargo, la urgencia por alcanzar este destino no debería pasar por alto lo realmente importante: reducir las desigualdades poniendo en el centro a las personas y el medio ambiente.
* Iván Benumea es coordinador del programa de <a href="https://fundar.org.mx/justicia-fiscal/" target="_blank" rel="noopener">Justicia Fiscal</a> de <a href="https://x.com/FundarMexico" target="_blank" rel="noopener">@FundarMexico</a>.
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<a href="#_ftnref1" name="_ftn1">1</a> <a href="https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5747410&amp;fecha=21/01/2025#gsc.tab=0" target="_blank" rel="noopener">DECRETO</a> por el que se otorgan estímulos fiscales para apoyar la estrategia nacional denominada &#8220;Plan México&#8221;, para fomentar nuevas inversiones, que incentiven programas de capacitación dual e impulsen la innovación.

Los riesgos de los estímulos fiscales del Plan México

El 25 de agosto de 2024 se <a href="https://fundar.org.mx/verdad-y-justicia-la-deuda-de-50-anos-del-estado-mexicano-con-rosendo-radilla-y-las-victimas-del-terrorismo-de-estado/" target="_blank" rel="noopener">cumplieron 50 años de la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco</a> a manos del Ejército mexicano. Su desaparición forzada fue parte de los planes de operación militar que implicaron diversas violaciones graves a derechos humanos en contra de personas que el Estado consideraba simpatizantes de grupos sociales y universitarios y que, por lo tanto, bajo la bandera del comunismo tenían intereses insurrectos al Estado.
A pesar de que este caso tiene una sentencia desde 2009 emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), en la que se declara la responsabilidad internacional del Estado Mexicano por la desaparición forzada de Rosendo Radilla, y la en la cual ordenó la investigación inmediata y el enjuiciamiento de los responsables, hasta el día de hoy, más de 50 años después, no se ha sometido a un juicio penal a ningún responsable de estas atrocidades.
Frente a la impunidad continuada en el caso de Rosendo y de las miles de víctimas más de esta política de Estado, en el marco de los 50 años de su desaparición, la jueza de Distrito Karla Macías emitió una sentencia histórica en la que declaraba que la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco formó parte de un contexto de represión estatal que calificó como Terrorismo de Estado. <a href="#_ftn1" name="_ftnref1">1</a> En esta resolución, la jueza ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) llevar a juicio a los responsables de la implementación de los planes de operación militar que dieron como resultado diversos crímenes de lesa humanidad, como desaparición forzada, ejecución extrajudicial y casos de tortura; al mismo tiempo, ordenó la instalación de diversos espacios de memoria en honor a la víctimas del terrorismo de Estado.
Aunque esta decisión ha sido trascendental y causa de celebración para la familia Radilla y otras víctimas de la represión del Estado de la década de los setenta, todas las autoridades que fueron señaladas para cumplir con esta resolución la impugnaron a través de ocho recursos de revisión, demostrando que el Estado mexicano no está dispuesto a sancionar los crímenes que cometieron los militares durante el antiguo régimen priista.
Los recursos fueron presentados por: 1) la Fiscalía General del Estado de Guerrero, 2) la Fiscalía Especial de Amparo, 3) la Secretaría de la Defensa Nacional, 4) la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, 5) la Secretaría de Gobernación, 6) el Archivo General de la Nación, 7) el Ministerio Público adscrito al Juzgado Noveno de Distrito en Guanajuato y, 8) el Ministerio Público de la Federación que actualmente dirige la investigación del caso Radilla, adscrito al Equipo Especial de Investigación y Litigación en Materia de Derechos Humanos de la FGR.
Ante esta ola defensiva del Estado y la admisión de las ocho impugnaciones, desde Fundar presentamos un recurso de reclamación cuyo principal argumento fue que, de las ocho autoridades recurrentes, sólo eran admisibles dos recursos de revisión, el del Ministerio Público adscrito al Juzgado Noveno de Distrito y el del Ministerio Público adscrito al Equipo Especial de Investigación y Litigación de la FGR, ya que son reconocidas como partes en el juicio de acuerdo con la Ley de Amparo, y que las otros seis impugnaciones no eran jurídicamente viables ya que las presentaron autoridades que fueron señaladas únicamente para cumplir con la sentencia de amparo. Admitir dichos recursos va en contra de la Ley de Amparo y de jurisprudencia <a href="#_ftn2" name="_ftnref2">2</a> que ha señalado que las autoridades vinculadas para cumplir de manera eficaz con una sentencia no tienen la facultad para interponer recursos de revisión, pues no son autoridades responsables; considerar lo contrario retrasaría de manera injustificada la justicia en un caso que ha esperado por más de cinco décadas.
Finalmente, el pasado 10 de febrero el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal con sede en Guanajuato resolvió el recurso de reclamación 13/2024, en el que deja insubsistentes las seis impugnaciones alegadas y ordena el envío de los dos recursos de revisión subsistentes a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), dejando a este máximo tribunal la tarea de resolver si confirman o no la determinación de la jueza de Amparo, que ordena entre otras cosas: a) acumular las averiguaciones previas de los casos que se dieron en el mismo contexto de represión estatal, b) judicializar los casos por el delito de terrorismo de Estado, c) establecer un plan de búsqueda para las personas desaparecidas en la época, y d) instalar sitios de memoria en los cuarteles militares que fueron utilizados para cometer violaciones graves a derechos humanos.
En este contexto, la SCJN conocerá nuevamente del caso Rosendo Radilla Pacheco, la cual en 2011 resolvió que la sentencia de la CoIDH era de cumplimiento obligatorio para el Estado mexicano, <a href="#_ftn3" name="_ftnref3">3</a> marcando un hito jurídico de obligatoriedad para todas las resoluciones internacionales en las que México fuera declarado responsable de cometer actos violatorios de derechos humanos. Ahora en esta ocasión, la SCJN podría reafirmar sus recientes criterios en los que ha declarado que la represión del Estado cometida en la década de los setenta constituye crímenes de lesa humanidad y tendrán la oportunidad de declarar que dichas prácticas son una forma de terrorismo de Estado y, por lo tanto, debe ser juzgado en esa magnitud.
* Natalia Pérez Cordero es investigadora en el <a href="https://fundar.org.mx/derechos-humanos/" target="_blank" rel="noopener">programa de Derechos Humanos y Lucha contra la Impunidad</a> de @FundarMexico.
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<a href="#_ftnref1" name="_ftn1">1</a> Para más información consultar “De desaparición forzada a terrorismo de Estado: la jueza del caso Rosendo Radilla da un vuelco a las investigaciones de la Guerra Sucia”, disponible <a href="https://elpais.com/mexico/2024-08-23/de-desaparicion-forzada-a-terrorismo-de-estado-la-jueza-del-caso-rosendo-radilla-da-un-vuelco-a-las-investigaciones-de-la-guerra-sucia.html" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
<a href="#_ftnref2" name="_ftn2">2</a> Cfr. Registro digital: 2020877, Instancia: Segunda Sala, Décima Época, Materia(s): Común, Tesis: 2a./J. 137/2019 (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 71, Octubre de 2019, Tomo II, página 1570, Tipo: Jurisprudencia. De rubro: AUTORIDAD VINCULADA AL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO. NO SE DEBE EQUIPARAR CON LA FIGURA DE AUTORIDAD RESPONSABLE, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO DE REVISIÓN, PUES SE RIGE BAJO LAS REGLAS DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA”
<a href="#_ftnref3" name="_ftn3">3</a> Comunicado Caso Radilla: Resolución histórica de la SCJN, 18 de julio de 2011. Disponible <a href="https://cmdpdh.org/2011/07/18/caso-radilla-resolucion-historica-de-la-scjn/" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.

Rosendo Radilla Pacheco: una vez más a la SCJN

El 2024 terminó y con él muchas discusiones de la agenda pública que concretaron la primera etapa de la cuarta transformación, como las reformas judicial y de los organismos autónomos, y la eliminación del INAI. Aunque las discusiones parecieran haber quedado atrás, hoy nos alcanzan sus efectos, particularmente en la agenda de transparencia y rendición de cuentas. Y es que, en el último mes, las dudas y preguntas que nos hacemos organizaciones civiles y personas periodistas son las mismas: ahora ¿cómo se va a garantizar el derecho a la información? ¿A quién debo dirigir mis solicitudes? ¿Qué va a pasar con las solicitudes que están en proceso? ¿Va a desaparecer la información que resguarda la Plataforma Nacional de Transparencia? ¿Con quién me acercaré a reclamar si reservan la información que requerimos? Todas tienen un común denominador: la incertidumbre.
Aunque se ha dicho que no va a faltar la transparencia, que la información de la Plataforma Nacional será bien resguardada, que sólo se va a reducir el trabajo colegiado del INAI a cada entidad federativa y que se garantizará ampliamente el derecho a la información, lo cierto es que no hay nada escrito, público ni concreto. Lo poco que sabemos son rasgos generales que no resuelven las dudas de cómo se implementarán estos nuevos cambios que generaron tanta polémica en su momento. Por ejemplo:
<ul>
<li>Según los transitorios de la <a href="https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5745905&amp;fecha=20/12/2024#gsc.tab=0" target="_blank" rel="noopener">reforma constitucional</a>, el congreso federal y los congresos estatales tendrán 90 días, es decir, hasta el 20 de marzo de 2025, <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn1" name="_ftnref1">1</a> para adecuar la eliminación de los órganos de transparencia en las leyes secundarias, como la Ley General de Transparencia, las leyes estatales de transparencia, la Ley General de protección de datos personales, la Ley General de Archivos, entre otras. Este parece un escenario poco real considerando que el Congreso tiene la tarea de adecuar al menos 73 ordenamientos jurídicos de las distintas reformas constitucionales que se dieron en 2024.</li>
<li>Será la recién creada Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno la que asumirá las funciones del INAI. Sin embargo, en su reglamento interno, <a href="https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5746534&amp;fecha=31/12/2024#gsc.tab=0" target="_blank" rel="noopener">publicado apenas el 31 de diciembre de 202</a>4, sólo se contempla una dirección general que ejercerá las atribuciones como si se tratase de una unidad de transparencia, <a href="#_ftn2" name="_ftnref2">2</a> algo que todas las entidades públicas ya tienen de por sí para que se dé tramite a las solicitudes de información.</li>
<li>Desde presidencia se ha señalado que se creará un órgano desconcentrado que se llamará Transparencia para el Pueblo, <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn3" name="_ftnref3">3</a> pero esto tendrá que establecerse en la adecuación de las leyes secundarias, además su alcance sólo permeará al Ejecutivo Federal y la administración pública.</li>
<li>Se ha señalado que se garantizarán mecanismos de impugnación a través de las instancias correspondientes. Pero no se considera que estos mecanismos son judiciales, como el amparo, y requerirán requisitos específicos para que proceda, lo cual podría implicar mayor especialización, tiempo y recursos de las y los ciudadanos para poder activarlos.</li>
<li>Que la Plataforma Nacional resguardará los datos y se transferirá a la Secretaría Anticorrupción. Sin embargo, aún no inicia el proceso de adecuación de reformas a las leyes secundarias ni se ha publicado si existe algún protocolo que garantice la seguridad en el respaldo de la Plataforma que proteja a los archivos de posibles ciberataques.</li>
</ul>
Estos son sólo ejemplos de las muchas preguntas que siguen vigentes y que, a la fecha, ni la información proporcionada el pasado <a href="https://www.youtube.com/live/NEz8bossZs4?feature=shared">31 de enero en la mañanera del pueblo</a> ha podido esclarecer. Garantizar un derecho humano no puede depender sólo de la confianza y las buenas intenciones del gobierno, requiere de una ruta clara que contemple las etapas y el seguimiento de cómo se van a implementar todos los cambios y cuidar de no generar más retrocesos ni afectaciones en nuestro derecho a saber.
Por ello, el cambio en la política de transparencia que hoy enfrentamos debe ser una oportunidad para que el gobierno aproveche para corregir las deficiencias que llevaron a la eliminación de los organismos garantes y retomar las experiencias de quienes, por años, han utilizado este derecho para así, fortalecer el derecho a saber, para que realmente sea cercano a las comunidades y no sólo para los grupos de “elite”, que permita a las organizaciones seguir monitoreando la toma de decisiones, y a las y los ciudadanos acceder a otros derechos a partir del acceso a la información, así como a a las y los periodistas seguir generando indicios que den cuenta  de posibles casos de corrupción y violaciones a derechos humanos. Estamos en el momento propicio para realmente transformar la transparencia y el acceso a la información como un derecho que demande la toma de decisiones en favor de la garantía de los derechos humanos.
* Sarahí Salvatierra es coordinadora del programa de <a href="https://fundar.org.mx/anticorrupcion/" target="_blank" rel="noopener">Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción</a> de <a href="https://x.com/FundarMexico" target="_blank" rel="noopener">@FundarMexico</a>.
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<a href="#_ftnref1" name="_ftn1">1</a> DOF. Reforma constitucional en materia de simplificación orgánica.  20 de diciembre de 2024. Disponible <a href="https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5745905&amp;fecha=20/12/2024#gsc.tab=0" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
<a href="#_ftnref2" name="_ftn2">2</a> DOF. Decreto por el que se expide el Reglamento Interior de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. 31 de diciembre de 2024. Disponible <a href="https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5746534&amp;fecha=31/12/2024#gsc.tab=0" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
<a href="#_ftnref3" name="_ftn3">3</a> <a href="https://www.youtube.com/live/NEz8bossZs4" target="_blank" rel="noopener">Mañanera del pueblo de 31 de enero de 2025</a>.

Las claridades que no deben faltar en la nueva ruta por la transparencia

Este viernes 31 de enero, los Comités de Evaluación (CE) establecidos en la reforma judicial deben enviar las listas de las personas mejor evaluadas a cada uno de los tres poderes para su “visto bueno”. Después de ello, mediante insaculación (tómbola) se ajustarán los listados al número de postulaciones por cada responsabilidad, atendiendo su especialidad y observando la paridad de género. Sin embargo, los trabajos de evaluación realizados por los tres comités son sumamente dispares entre sí y cada día el proceso de elección judicial se desprestigia más.
Antes de entrar en materia, vale recordar que la reforma judicial estableció que los Comités de Evaluación, integrados por órganos ciudadanos y externos, definirían las listas de personas que se elegirán para ocupar alguna responsabilidad judicial el próximo primero de junio. Así, cada poder de la unión conformó su propio comité: el del Poder Judicial destacó por una integración más independiente, mientras que los otros dos (el del Legislativo y Ejecutivo) se caracterizan por contar con perfiles cercanos al gobierno o al partido mayoritario.
Cada comité definió su propia <a href="https://x.com/designaciones/status/1878847191512719425" target="_blank" rel="noopener">metodología de evaluación, </a><a href="#_ftn1" name="_ftnref1">1</a> lo que ha generado serias inequidades en el proceso debido a la falta de criterios homogéneos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado un conjunto de estándares de transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas para las designaciones judiciales, asegurando que estas decisiones se sustenten en criterios objetivos. Sin embargo, estos principios han brillado por su ausencia en la mayoría de los ejercicios realizados por estos comités.
Por ejemplo, el Comité del Poder Ejecutivo no ha transparentado sus trabajos, y se desconoce si ha realizado las entrevistas y cómo se han desarrollado, a pesar de haberlas establecido en su metodología. Una metodología, por cierto, laxa y poco seria, toda vez que no establece porcentajes o puntuaciones ni señala en qué consistirá la evaluación concretamente. Es decir, la selección de los perfiles que considere idóneos será totalmente discrecional y opaca.
Por su parte, el Comité del Poder Legislativo sí definió porcentajes para evaluar los distintos criterios de los perfiles, pero no un instrumento de evaluación que permita conocer cómo conceptualiza cada criterio y, por lo tanto, identificar por qué a cada aspirante le darían determinado puntaje. Esto aunado a la imposibilidad material de llevar a cabo <a href="https://x.com/designaciones/status/1882534694329475370" target="_blank" rel="noopener">entrevistas a profundidad</a> a las poco más de 7,000 personas anunciadas en los tan acotados plazos legales, y mucho menos con la rigurosidad que amerita garantizar los perfiles más idóneos para tan importantes encomiendas públicas. <a href="#_ftn2" name="_ftnref2">2</a>
Por último, si bien el Comité del Poder Judicial definió, de manera más detallada que los otros dos comités, varios elementos para evaluar de forma diferenciada los perfiles, el pasado 27 de enero sus cinco integrantes renunciaron ante la imposibilidad jurídica de cumplir con su mandato. Esto ocurrió debido al acatamiento de la suspensión definitiva 1074/2024 que otorgó el Juzgado Primero de Michoacán, en contraposición con la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial que le ordena al Senado de la República hacer una insaculación (tómbola) de las 3,814 personas inscritas en el Comité del Poder Judicial para obtener las listas que se enviarán al pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ante esta determinación, la presidencia de la Mesa Directiva del Senado informó que la insaculación (tómbola) se realizará este jueves 30 de enero. Lo anterior es grave por varias razones:
<ul>
<li>Por la falta de rigurosidad, seriedad y objetividad que ha prevalecido en esta etapa de evaluación y que no asegura que las listas se integren con los perfiles más idóneos.</li>
<li>Por todas las limitaciones de transparencia al no haberse publicado información sustantiva de cómo avanza cada fase ni mucho menos el total de expedientes de las más de 20,000 personas inscritas en los tres CE y que están siendo evaluadas.</li>
<li>Por los obstáculos para realizar un ejercicio de escrutinio ciudadano sobre lo que está sucediendo producto de la opacidad, de plazos extremadamente reducidos y del volumen de responsabilidades a decidir.</li>
<li>Por las interpretaciones legales a modo que se han utilizado para materializar una reforma que lo que menos atiende es a la justicia en este país.</li>
</ul>
Así, la promesa de transformación de la justicia no será por méritos ni por la independencia de los perfiles, sino un ejercicio deficiente, apresurado y a los designios de los resultados de la tómbola. Las víctimas de este país no merecen esto.
#SinCuotasNiCuates
* Marcia Itzel Checa Gutiérrez es coordinadora general del Observatorio de Designaciones Públicas (<a href="https://x.com/designaciones" target="_blank" rel="noopener">@designaciones</a>), un proyecto impulsado por Article 19 México y Centroamérica y Fundar, Centro de Análisis e Investigación, que tiene el objetivo de promover estándares de transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas en los procesos de designación de altas responsabilidades públicas y generar una deliberación pública sobre la idoneidad de los perfiles como una vía para contribuir al fortalecimiento de las instituciones y la garantía de los derechos humanos de todas las personas.
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<a href="#_ftnref1" name="_ftn1">1</a> Ver <a href="https://x.com/designaciones/status/1878847191512719425" target="_blank" rel="noopener">aquí</a>.
<a href="#_ftnref2" name="_ftn2">2</a> Ver los <a href="https://x.com/designaciones/status/1882534694329475370" target="_blank" rel="noopener">cálculos del tiempo</a> que les tomaría realizar entrevistas de 30 minutos de duración.

¡Tómbola! Transformación sin justicia

En México, la creciente preocupación por la degradación ambiental y los efectos del cambio climático han generado una necesidad urgente de contar con sistemas eficaces para evaluar, gestionar y monitorear los impactos de las actividades industriales. Sin embargo, la legislación ambiental no ha evolucionado al ritmo necesario para abordar los desafíos actuales. A pesar de la existencia de normas y leyes, como la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, estas no han sido suficientemente actualizadas para reflejar los avances científicos y tecnológicos en la comprensión de los procesos industriales que afectan al medio ambiente, y tampoco existen indicadores precisos que las industrias deberían implementar en sus procesos productivos ni mucho menos la claridad de quién sería la instancia que vigilará que estos indicadores se cumplan.
Por ello, una forma de abordar los problemas de la política industrial sostenible podría ser la revisión de las leyes ambientales para que existan datos que posibiliten evaluar los impactos que las industrias generan y sus repercusiones en el ambiente. Por ejemplo, los indicadores ambientales que son herramientas que permiten medir, monitorear y evaluar el desempeño ambiental de las industrias, ofreciendo una visión clara de cómo sus actividades impactan los recursos naturales, la biodiversidad y la salud pública. Esto es relevante porque la meta 10 del Plan México propuesto por la presidenta Claudia Sheinbaum, y que refleja su visión sobre el desarrollo del país, hace referencia a la sostenibilidad ambiental de las industrias y plantea como objetivo promover inversiones con prácticas que incluyan al ambiente, la sociedad y la gobernanza (ASG). Algunas de las acciones mencionadas en el Plan incluyen el reúso de agua, inversión en energía con capacidad de almacenamiento, sistemas de manejo de residuos sólidos y acciones de impacto comunitario.
La necesidad de estos indicadores es especialmente urgente en México por varias razones. Una de ellas es la evolución de las industrias del sector energético y minero, y sus impactos ambientales negativos como la contaminación del aire, agua, suelo, deforestación y pérdida de biodiversidad, por mencionar algunos. Además, debido a la falta de una legislación ambiental rigurosa los megaproyectos de energía se han aprobado a través de instrumentos de política pública como la evaluación de impacto ambiental y de impacto social <a href="https://fundar.org.mx/publicaciones/evaluaciones-de-impacto-ambiental/" target="_blank" rel="noopener">con serias deficiencias ampliamente documentadas</a>.
Aunque la legislación ambiental en México establece ciertos límites para las emisiones contaminantes y la gestión de residuos, estas leyes no se han actualizado de manera adecuada para reflejar las nuevas realidades ambientales, sociales, económicas y tecnológicas. La ley ambiental aún se basa en paradigmas y datos de décadas pasadas, lo que limita su efectividad para enfrentar problemas contemporáneos como la contaminación de micro plásticos, las emisiones de gases de efecto invernadero o la gestión de residuos electrónicos, y no incluye la emergencia climática por la que atraviesa el mundo. Por ello, los indicadores ambientales pueden servir como una herramienta que complemente y actualice el marco normativo, permitiendo una regulación más precisa y adaptada a los desafíos actuales. Además, pueden ayudar a la industria a cumplir con estándares internacionales, a mejorar su competitividad a nivel global y ayudar a la resiliencia de los procesos productivos.
De igual manera, la falta de transparencia y la debilidad en la rendición de cuentas es otro de los mayores retos en la gestión ambiental en México. En muchos casos, las empresas no informan de manera veraz sobre sus impactos ambientales o manipulan los datos para cumplir con los requisitos mínimos. Por ejemplo, ha habido derrames de petróleo en donde no hay mecanismos de reparación del daño, tampoco es transparente qué origina estos derrames, ni existen consecuencias claras para las industrias que ponen en riesgo nuestro derecho a un medio ambiente sano. Por eso es necesario implementar herramientas estandarizadas y basadas en datos verificables para contribuir a mejorar la transparencia y facilitar el acceso público a la información sobre el desempeño ambiental de las industrias mexicanas.
Esta administración tiene un desafío importante pues es prioridad regular y construir rutas hacia una política industrial sostenible y armoniosa con el medio ambiente y con un enfoque de derechos humanos y derechos colectivos. Nos toca exigir que esta ruta de acción sea con instrumentos de política pública que sean vinculantes y adecuadas a la crisis climática, que sean transparentes y medibles para su monitoreo porque retrasar esto puede tener consecuencias irreparables. Es ahora o nunca.
* Ariana Escalante Kantún es investigadora en el programa de Justicia Fiscal de <a href="https://x.com/FundarMexico" target="_blank" rel="noopener">@FundarMexico</a>.

Una política industrial sostenible: que se mida y sea transparente

La presidenta Claudia Sheinbuam arribó a sus 100 días de gobierno con un alto índice de popularidad en las encuestas, cercano al 80 por ciento. Entre los resultados que destacan en este período está todo lo relacionado con el avance en la agenda de derechos de los pueblos indígenas y afromexicano, comenzando por la aprobación de la reforma constitucional que los reconoce como “sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio”, cuestión que por sí misma reconfigura la estructura federal del Estado mexicano, añadiendo un cuarto nivel de gobierno y replanteando el tipo de relación de las autoridades con los pueblos y las comunidades bajo principios de igualdad y respeto y no de tutelaje y subordinación.
La mandataria no se ha contentado solo con presumir la aprobación formal de la reforma, sino que ha venido dando pasos concretos para que el reconocimiento como “sujetos de derecho público” no quede en letra muerta y puedan las comunidades recibir y administrar sus propios presupuestos de forma autónoma. Muestra de ello fue el <a href="https://fundar.org.mx/wp-content/uploads/2024/11/Nuevas-propuestas-menos-presupuesto.-Analisis-del-Paquete-Economico-2025.pdf" target="_blank" rel="noopener">paquete económico</a> enviado por el Ejecutivo Federal para 2025 y aprobado por el Congreso, desde Fundar identificamos, algunos <a href="https://fundar.org.mx/wp-content/uploads/2024/11/Nuevas-propuestas-menos-presupuesto.-Analisis-del-Paquete-Economico-2025.pdf" target="_blank" rel="noopener">cambios importantes</a>: <a href="#_ftn1" name="_ftnref1">1</a>
<ul>
<li>Nuevas disposiciones para la participación efectiva y directa de los pueblos y comunidades respecto a los recursos contemplados en el Anexo 10 Erogaciones para el Desarrollo Integral, Intercultural y Sostenible de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas.</li>
<li>Potencial asignación de recursos a ejercerse libremente y de manera autónoma por los pueblos y comunidades como sujetos de derecho público.</li>
</ul>
En el caso del Anexo 10 el presupuesto para este año ascendió a un total de 219,732 millones de pesos, un aumento real de 37.39 respecto al presupuesto aprobado en 2024, que fue de 153,343 millones de pesos. Pero no solo se trata de un aumento significativo, sino que la visión asistencialista con el que operaba este anexo cambió al incorporarse como requisito obligatorio la participación de los pueblos y las comunidades en la operación de los programas, así como la asistencia técnica del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) en la elaboración de los criterios para su diseño, que se venía haciendo de forma discrecional por cada dependencia de la Administración Pública Federal.
Sobre la asignación de recursos a pueblos y comunidades para su ejercicio libre y autónomo, de acuerdo con nuestro análisis, se estableció que el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) –parte del ramo 33 destinado a entidades y municipios – “debe garantizar la entrega de por lo menos el 10 por ciento de los recursos […]  a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas con la finalidad de hacer efectivos sus derechos reconocidos en el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos”. En 2025, el FAIS tendrá 123,742.8 millones de pesos, del cual el 10 por ciento constituye una bolsa de 12,374 millones de pesos.
Solo queda destrabar el control que aún tienen las entidades y municipios sobre el Fondo, al ser recursos que se le siguen asignado de forma directa y son estas quienes se encargan de su distribución a las comunidades. No obstante, el haber etiquetado un porcentaje importante a este objetivo es fundamental; esperemos ahora que la legislación reglamentaria de la reforma, la cual ya inició su proceso de construcción y será sometida a consulta el próximo mes de febrero, pueda establecer límites para evitar la intermediación de las autoridades estatales y municipales en la repartición del recurso, lo cual ha traído un sin número de conflictos en entidades como Oaxaca.
Otra acción relevante en estos 100 días fue la firma del Decreto Presidencial por el que se le <a href="https://es.mongabay.com/2024/03/comunidad-raramuri-de-repechique-logra-reconocimiento-de-su-territorio-mexico/" target="_blank" rel="noopener">reconoció la Propiedad Comunal Tradicional de sus tierras a las comunidades Rarámuri de Guasachique</a> (1,485 hectáreas) y Bosques de San Elías Repechique (693 hectáreas), en el marco del Plan de Justicia de los Pueblos de la Sierra Tarahumara. En el caso de Repechique, se les restituyó por ahora un 6 por ciento de las 11 mil hectáreas que llevan exigiendo tras una larga batalla legal por recuperar su territorio ancestral. <a href="#_ftn2" name="_ftnref2">2</a>
Además, este 10 de enero la presidenta anunció en su conferencia matutina un programa de “Apoyo Financiero A Mujeres Indígenas y Afromexicanas Artesanas”, el cual <a href="https://www.gob.mx/presidencia/prensa/presidenta-claudia-sheinbaum-presenta-apoyo-financiero-a-mujeres-indigenas-y-afromexicanas-artesanas?idiom=es-MX" target="_blank" rel="noopener">contará con un monto de 500 millones de pesos (mdp) en 2025</a>, para otorgar 12 mil apoyos individuales de hasta 50 mil pesos y mil para colectivos o sociedades de hasta 300 mil pesos, con “la finalidad de fomentar el desarrollo sostenible y sustentable de las actividades productivas de las mujeres indígenas y afromexicanas artesanas que tengan 18 años y más, que enfrentan dificultades para el desarrollo de sus actividades productivas”. <a href="#_ftn3" name="_ftnref3">3</a>
Sin lugar a duda, son algunos pasos positivos en un contexto donde son muchos los pendientes y las urgencias, como es dar una atención prioritaria a las familias jornaleras indígenas, en especial las mujeres, que viven junto a sus hijas e hijos -una violación sistemática a sus derechos sociales en los campos agrícolas- o proteger la vida de las personas defensoras indígenas, que son frecuentemente asesinadas y agredidas por defender sus territorios.
No obstante, la señal que parece mandarnos la titular del Ejecutivo es que dará prioridad a la agenda indígena y no se contentará solo con el gesto simbólico de tener a los pueblos originarios en sus actos públicos o para recibir el bastón de mando o arrodillarse ante una líder indígena y declarar este 2025 como el año de la mujer indígena.  Al parecer, lo simbólico vendrá acompañado esta vez de acciones concretas para hacer justicia a los pueblos y erradicar las condiciones de discriminación que han padecido por siglos. Ojalá no sean solo los 100 primeros días y siga materializando esta voluntad a lo largo de todo su sexenio.
* Edmundo del Pozo es coordinador del programa de <a href="https://fundar.org.mx/tierra-y-territorio/">Territorio, Derechos y Desarrollo</a> de <a href="https://x.com/FundarMexico" target="_blank" rel="noopener">@FundarMexico</a>.
&nbsp;
<a href="#_ftnref1" name="_ftn1">1</a> Fundar: “<a href="https://fundar.org.mx/wp-content/uploads/2024/11/Nuevas-propuestas-menos-presupuesto.-Analisis-del-Paquete-Economico-2025.pdf" target="_blank" rel="noopener">Análisis del Paquete Económico 2025</a>”, apartado Pueblos Indígenas y Presupuesto, pp. 32-36.
<a href="#_ftnref2" name="_ftn2">2</a> &#8220;<a href="https://piedepagina.mx/para-resarcir-la-justicia-tenemos-que-regresarle-la-tierra-a-los-pueblos-y-comunidades-indigenas" target="_blank" rel="noopener">Para resarcir la justicia, tenemos que regresarles la tierra a los pueblos: Sheinbaum</a>&#8221; / &#8220;<a href="https://es.mongabay.com/2024/03/comunidad-raramuri-de-repechique-logra-reconocimiento-de-su-territorio-mexico/" target="_blank" rel="noopener">El largo recorrido de la comunidad rarámuri de Repechique</a> para lograr el reconocimiento de su territorio en el norte de México&#8221;.
<a href="#_ftnref3" name="_ftn3">3</a> &#8220;<a href="https://www.gob.mx/presidencia/prensa/presidenta-claudia-sheinbaum-presenta-apoyo-financiero-a-mujeres-indigenas-y-afromexicanas-artesanas?idiom=es-MX" target="_blank" rel="noopener">Presidenta Claudia Sheinbaum presenta apoyo financiero a mujeres indígenas y afromexicanas artesanas&#8221;</a>.

Pueblos originarios, una prioridad en los 100 primeros días de Sheinbaum

Este 15 de diciembre concluye formalmente el primer periodo ordinario de sesiones de la LXVI Legislatura. En materia de designaciones de altas responsabilidades públicas el saldo es la desintegración. El Congreso, en línea con la estrategia de debilitamiento institucional emprendida por el proyecto de la “cuarta transformación”, no resolvió ninguna designación del paquete rezagado desde la Legislatura pasada ni mucho menos atendió las que fueron surgiendo ante la conclusión de varias responsabilidades. El Senado solamente tuvo a bien hacer una: ratificar para un segundo periodo a la cuestionada presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
¿Cuáles son las designaciones rezagadas? Son 26 y comprenden: cinco del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (1 desde 2016, 3 de 2023 y 1 a partir de este año); tres del Instituto Federal de Telecomunicaciones (1 desde 2020 y 2 de 2021); nueve de la Comisión de Selección del Sistema Nacional Anticorrupción; tres del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (2 vacantes desde 2022 y otra a partir de 2023); dos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (desde octubre de 2023); una de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (2024); dos de la Comisión Reguladora de Energía (2024) y una del Comité de Participación Ciudadana (también de 2024).
A este paquete se suman las 6 vacantes ocurridas entre el primero de septiembre y 15 de diciembre: dos en el Tribunal Electoral, que concluyeron su responsabilidad el 31 de octubre; tres en el Consejo de la Judicatura Federal y una en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, vigente a partir del primero de diciembre.
Sin embargo, la mayoría de estas vacantes (17 en total) ya no se renovarán debido a dos reformas de gran envergadura: la de simplificación orgánica que desaparece estos órganos autónomos y semiautónomos bajo el argumento de la austeridad presupuestal, y la judicial que plantea que las responsabilidades judiciales serán elegidas por voto popular, como una vía para dotarlas de legitimidad de origen. Las elecciones judiciales se realizarán el primero de junio de 2025 y las siguientes en 2027.
A esto se suman las 10 designaciones relativas al Sistema Nacional Anticorrupción que están en riesgo por otra de las reformas presentadas el 5 de febrero en materia de simplificación administrativa, pero que no cuenta (aún) con dictamen.
Esta situación confirma una tendencia de debilitamiento institucional y erosión democrática. Desde el Observatorio de Designaciones Públicas reiteradamente insistimos en que estas omisiones de designar por parte del Ejecutivo Federal y el Senado de la República fueron deliberadas y se circunscriben en esta transformación hacia un régimen que tiene como sello la reconcentración del poder, la eliminación de los controles y contrapesos, y las designaciones con base en la lealtad en lugar de los méritos. 
No es menor que en este periodo solamente se haya resuelto la designación de la CNDH, pese a la cantidad de cuestionamientos a la actual gestión, la parcialidad en su actuación y contar con la más baja evaluación.
Con todo y este escenario poco esperanzador, es importante seguir exigiendo que los procesos de designación de altas responsabilidades públicas garanticen perfiles idóneos y se den en un marco de transparencia, apertura y rendición de cuentas. Esto contrasta profundamente con lo que está ocurriendo, por ejemplo, con los trabajos de los Comités de Evaluación instalados por la reforma judicial, <a href="https://x.com/designaciones/status/1866210042870976732" target="_blank" rel="noopener">los cuales deberán de publicar la lista de las personas que cumplen con los requisitos este 15 de diciembre</a> y, sin embargo, hasta la fecha, dos de ellos no han publicado una lista confiable del total de registros ni mucho menos de sus expedientes. Aproximadamente hablamos de 33 220 personas registradas. Las responsabilidades que se elegirán a través de voto popular son:
<ul>
<li>5 ministras y 4 ministros de la Suprema Corte;</li>
<li>3 magistradas y 2 magistrados del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, toda vez que el Consejo de la Judicatura Federal desaparece;</li>
<li>1 magistrada y 1 magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral;</li>
<li>10 magistradas y 5 magistrados de las Salas Regionales del Tribunal Electoral;</li>
<li>464 magistradas y magistrados de Tribunales Colegiados de Circuito y de Tribunales Colegiados de Apelación; y</li>
<li>386 juezas y jueces de distrito.</li>
</ul>
Todas ellas, responsabilidades de suma relevancia para garantizar el derecho de acceso a la justicia que tenemos todas las personas y que por lo mismo deberían de definirse con toda la seriedad y rigurosidad posible, tal y como se vendió desde la narrativa oficial.
El 2025 será un año clave. Hay que recordar que no solamente la desintegración de órganos vulnera derechos, también lo hace colocar perfiles no adecuados que por la misma razón incumplen cabalmente con sus encomiendas. Además de este voluminoso paquete de responsabilidades judiciales, el Ejecutivo y el Senado deben resolver las 5 responsabilidades pendientes que hay en la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa, así como las que concluirán el próximo 31 de diciembre en el Banco de México y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, más las correspondientes a 2025, como la de la Auditoría Superior de la Federación. Esperamos que el saldo sea una integración idónea y que no se siga profundizando la desintegración institucional.
#SinCuotasNiCuates
* Marcia Itzel Checa Gutiérrez es coordinadora general del Observatorio de Designaciones Públicas (<a href="https://x.com/designaciones" target="_blank" rel="noopener">@designaciones</a>), un proyecto impulsado por Article 19 México y Centroamérica y Fundar, Centro de Análisis e Investigación, que tiene el objetivo de promover estándares de transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas en los procesos de designación de altas responsabilidades públicas y generar una deliberación pública sobre la idoneidad de los perfiles como una vía para contribuir al fortalecimiento de las instituciones.

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