
Estamos a unos meses de que arranque la Copa Mundial de la FIFA 2026, que por primera vez en la historia tendrá tres sedes: Canadá, Estados Unidos y México. Respecto a nuestro país, el mayor torneo de fútbol del planeta será recibido en un contexto nacional de inseguridad, principalmente en algunos territorios donde el pulso local es convulso y sumamente delicado por la violencia extrema que se vive en la cotidianidad.
Solo por mencionar algunas estampas de la violencia en el pasado reciente, apenas el pasado domingo 22 de febrero en Tapalpa, Jalisco, la Secretaría de la Defensa Nacional anunció que fue detenido y muerto el líder y fundador de uno de los grupos criminales más influyentes y extendidos en el territorio nacional, incluso con presencia multinacional, como resultado de un operativo llevado a cabo por fuerzas federales con trabajo de inteligencia militar en colaboración y cooperación con Estados Unidos, que proporcionó información.
Este hecho histórico generó una jornada violenta 1 en al menos quince estados del país como parte de la reacción del grupo criminal que vio caer a su líder. Sin embargo, es muy probable que tal acontecimiento desate en Jalisco un contexto de violencia derivado del reacomodo interno por el liderazgo, situación que pone a la región en una crítica condición de inseguridad, pero también pone en duda si existirán las condiciones de seguridad necesarias para albergar un evento de talla mundial.
En esta línea, y como parte del contexto local, recordemos los hallazgos que a finales del año pasado dieron a conocer colectivos de búsqueda de Jalisco (primer lugar a nivel nacional con 16,079 casos registrados de personas desaparecidas 2), de al menos 456 bolsas con restos humanos (cuerpos completos, seccionados y fragmentos). Tales hallazgos se localizaron 3 en un perímetro entre 13 y 19 kilómetros del Estadio Akron, en Zapopan, sede propuesta para varios partidos del Mundial. En ese mismo estado, en marzo del año pasado, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco dio a conocer la barbarie de los crímenes que se llevaban a cabo en el Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, sitio que operaba como campo de reclutamiento y entrenamiento forzado.
En Sinaloa -estado que desde la detención del líder de otro de los cárteles más consolidados de México, ocurrida el 25 de julio de 2024 en El Paso, Texas, dos facciones de ese cartel se disputan el liderazgo de la organización- se ha generado y prolongado en el tiempo un contexto local hiperviolento en el que han ocurrido varios hechos criminales. Uno de ellos sucedió el 23 de enero 4 en La Concordia, con la desaparición colectiva de diez trabajadores mineros de la empresa minera canadiense Vizsla Silver Corp. El lunes 9 de febrero cinco de las víctimas fueron identificadas. 5 Se encontraron en una fosa localizada en el poblado El Verde, aproximadamente a 40 kilómetros del lugar de desaparición.
El 3 de febrero en plena zona hotelera de Mazatlán, integrantes de una familia del Estado de México que estaban vacacionando fueron secuestrados por un grupo criminal. Hasta la fecha, los hermanos Omar Alexis (30 años), Javier (25 años) y Gregorio Ramírez Sabino (18 años), y su cuñado Óscar García Hernández (30 años), siguen sin ser localizados. A este hecho se suma el asesinato de Ricardo Mizael López Cebreros, adolescente de 16 años, el 11 de febrero en Culiacán, cuando fue atacado por hombres armados al salir a comprar alimento para unos gatitos que había rescatado.
El 25 de enero en Loma de Flores, Salamanca, Guanajuato, hombres armados abrieron fuego contra personas que estaban reunidas tras un partido de fútbol amateur. La masacre dejó 11 personas muertas, jóvenes entre 18 y 30 años. Al día siguiente, las autoridades Federales anunciaron la detención de integrantes del cártel dominante en la región. Este acto criminal se enmarca en un contexto local de violencia generada por la disputa territorial entre dos grandes grupos criminales.
Si bien cada uno de los hechos referidos tiene su especificidad en las investigaciones respecto a perpetradores y razones de los móviles, lo que queda claro es la influencia en la vida pública de los grupos criminales organizados y el uso excesivo que hacen de la violencia en sus expresiones más crueles (desapariciones, reclutamiento forzado, masacres, secuestro, extorsiones y desplazamiento forzado), como el método eficaz para sostener, junto con la impunidad y la corrupción, las ganancias económicas y el control territorial que generan los negocios ilícitos, incluyendo no solo las drogas, sino la explotación de los recursos minerales y la capitalización de la vida misma.
También queda claro, por un lado, el carácter generalizado de la inseguridad, donde la población en su conjunto somos víctimas potenciales de algún delito o crimen. Y, por otro lado, que todavía no alcanzamos a dimensionar la magnitud de las afectaciones sufridas en las comunidades, ni a imaginar la tarea titánica que conllevará reparar las huellas traumáticas que quedarán en el cuerpo social como una impronta que atravesará las generaciones venideras.
Ante este complejo escenario, y en vísperas del ambiente festivo que desata la pasión por el futbol, es necesario ir poniendo el foco de atención en algunas aristas en torno a tal evento, donde estarán en juego y en tensión varios elementos entre la agenda político-económica y la agenda de las víctimas.
Desde la cancha del gobierno Federal, y bajo la narrativa nacionalista de fomentar la cultura asociando el futbol con la identidad, la historia y la cohesión e inclusión social, en la mañanera del 18 de noviembre de 2025 6 la presidenta Claudia Sheinbaum anunció el “Mundial Social 2026”, que consistirá en una serie de actividades y estrategias en torno al gran evento, tales como la construcción de canchas deportivas en todo el país, “mundialitos” o torneos para NNA, juventudes, adultos mayores y personas con discapacidad, y la organización de espacios para que puedan verse los partidos de manera directa.
En términos económicos, Mikel Arriola, 7 Comisionado de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), declaró en una reunión con la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) que el Mundial dejará una derrama económica superior a los 3 millones de dólares en el país con la llegada de 5.5 millones de turistas que se espera lleguen a presenciar el torneo.
En contraste, para las víctimas el Mundial representa algunos riesgos, pero también, aprovechando que los ojos del mundo estarán puestos en nuestro país, la oportunidad para movilizarse y visibilizar a nivel internacional la gravedad de la crisis de desaparición y forense en el país. Entre algunos de los riesgos está que su labor de búsqueda se vea afectada al quedar detenida por la organización del evento y durante el mismo; que los espacios de memoria en los estados sede no sean respetados, y que no se les permita llevar a cabo diversas acciones que colectivos y familiares de víctimas realicen.
Así lo deja ver el testimonio de José Raúl Servín García, integrante del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, quien en una entrevista 8 expresó la preocupación de que algunas búsquedas que siguen procesando en la cercanía del estadio puedan quedar detenidas por los preparativos del Mundial. También comentó que los colectivos de búsqueda en Jalisco tienen la preocupación de que, en aras de remodelar y dejar “bonita” la ciudad, el gobierno intervenga la Glorieta de los y las desaparecidas, punto de memoria y encuentro de todos los colectivos.
Es decir, que borren las fichas con los rostros de las personas desaparecidas. Recordemos que los intentos por parte de autoridades de “limpiar” o “higienizar” los espacios públicos que han tomado las familias de las víctimas no son novedad, y que esto también ha ocurrido en la Glorieta de las y los desaparecidos en la Ciudad de México.
En relación con la toma de calles (espacio de disputa y vivienda de lo colectivo), como vía de exigencia tanto en Monterrey, Guadalajara como Ciudad de México al ser ciudades sede, se esperan movilizaciones, actividades de protesta pacífica por parte de colectivos y familiares de víctimas, acciones legítimas como las que han realizado las víctimas de algunos de los hechos violentos señalados al inicio y que vale la pena mencionar, pues son parte del contexto donde, si bien hay violencia, también hay capacidad de agencia.
Integrantes del gremio minero, familiares de las víctimas de La Concordia y personas solidarias se movilizaron en los estados de Sinaloa, Hidalgo, Zacatecas, Chihuahua, Durango, Sonora, Guanajuato y San Luis Potosí, en solidaridad y para exigir justicia y seguridad. Por su parte, familiares y amigos de la familia desaparecida en Mazatlán se manifestaron afuera del Palacio de Gobierno del Estado de México y de Palacio Nacional para pedir la intervención de la gobernadora y la presidenta.
Asimismo, Berenice López Cebreros, madre de Ricardo Mizael, convocó el pasado domingo 22 de febrero a la marcha “con los niños no”, para exigir paz y justicia. De igual manera, el domingo 15 de febrero, familiares de personas desaparecidas en el estado de Sinaloa se integraron en el primer desfile del Carnaval en Mazatlán, donde algunas personas asistentes, lejos de incomodarse por su presencia en el jolgorio, les expresaron su apoyo.
Ante la inseguridad y violencia que se vive en varias regiones del país, y que se puede profundizar después de los eventos del domingo pasado en Jalisco, no tenemos nitidez del panorama para los próximos meses. No obstante, cabe mencionar que si bien los intereses político-económicos (incluyendo la relación de seguridad entre México y Estados Unidos) de un evento de tal magnitud como lo es el Mundial son importantes, no deben ser en detrimento de las víctimas ni de la situación que experimentan sus familiares y el país entero. Tampoco se pueden barrer los crímenes por debajo de la alfombra y hacer que “no pasa nada” en casa. Antes bien, el Mundial debería fomentar la coexistencia entre el derecho al deporte y el derecho a la seguridad, a la búsqueda, a la memoria.
Así como el futbol es un fenómeno de carácter global, también lo es el crimen de desaparición de personas. Que la fraternidad del deporte y el respeto por el sufrimiento social nos permita construir un tiempo-espacio en torno al Mundial, donde la alegría de la fiesta del futbol no opaque o anule el dolor y el luto de quienes no tienen nada que celebrar. Porque el juego terminará, las personas visitantes regresarán a casa y nosotres seguiremos en una tragedia persistente, porque la seguridad, la protección y el cuidado de la vida, no son cosa de juego.
*Alejandra Ramírez es investigadora en el Programa de Derechos Humanos y Lucha contra la Impunidad de @FundarMexico.
1 Entre narco bloqueos, balaceras incendio de comercios y quema de automóviles, autobuses y tráileres.
2 Cifra tomada del Registro Estatal de Personas Desaparecidas (actualizado el 31 de enero del 2026). Esta cifra contrasta con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), donde se refieren los siguientes datos: el Estado de México encabeza la lista con 14, 705 casos, seguido de Tamaulipas con 13, 676 y Jalisco con 12, 590 casos. Es decir, entre ambos registros (local y Federal), existe una diferencia de 2,403 registros.
3 Los puntos de dichos hallazgos fueron Las Agujas, Arrollo Hondo y Nextipac.
4 Cabe señalar que el mismo día 23, también fue desaparecido Juan Pablo Osorio Sánchez, un ingeniero civil de 26 años originario de Tlaxiaco, Oaxaca, mientras esperaba sobre la carretera a que un carro de su trabajo pasara por él, sigue sin ser localizado.
5 Los mineros identificados son: José Manuel Castañeda, geólogo de 43 años originario Guerrero; Antonio Jiménez Nevárez, ingeniero y coordinador de seguridad, de 43 años, originario de Sonora; Jesús Antonio de la O Valdez, de 36 años e ingeniero en Ecología, originario de Chihuahua; los ingenieros, José Ángel Hernández Vélez, de 37 años e Ignacio Aurelio Salazar Flores, de 40 años, ambos originarios de Zacatecas.

El exmandatario alega ser inocente, mientras a las afueras de la Corte se congregaron manifestantes a su favor y una fuerte presencia policial.
Prisión de por vida.
Esa es la sentencia que un tribunal dictó contra el expresidente Yoon Suk-yeol, quien fue declarado culpable de abuso de poder y de planificar una insurrección en Corea del Sur.
En diciembre de 2024, el exmandatario declaró la ley marcial e intentó usar a las fuerzas armadas para ejercer control en el país.
Su intento de golpe duró sólo seis horas, pero puso a prueba la democracia y causó una crisis política, con su partido siendo derrotado en las elecciones siguientes.
En enero, los fiscales dijeron que “la ley marcial de emergencia, inconstitucional e ilegal de Yoon, socavó el funcionamiento de la Asamblea Nacional y la Comisión Electoral… destruyendo de hecho el orden constitucional liberal democrático”.
La pena máxima por organizar una insurrección en Corea del Sur es la condena a muerte o cadena perpetua. El Ministerio Público había solicitado la primera.
Durante la audiencia hubo una enorme presencia policial, así como manifestaciones en apoyo al político, en una muestra de lo polarizada que está la sociedad surcoreana en torno a este caso legal.
La ley marcial que declaró Yoon suspendía el Parlamento, los partidos políticos y los sindicatos, e imponía la censura a los medios de comunicación.
Él niega los cargos en su contra.
En el juicio, según la agencia de noticias Reuters, el también exfiscal argumentó que tenía autoridad presidencial para declarar la ley marcial y que su acción tenía como objetivo dar la voz de alarma sobre la obstrucción del gobierno por parte de los partidos contrarios a su administración.
Yoon ya está cumpliendo condena por otra sentencia relacionada con la ley marcial. Aún enfrenta dos juicios más relacionados con ella.
Nacido en Seúl en 1960, Yoon ganó notoriedad en el país gracias a una larga carrera de fiscal en la que se ocupó de algunos casos destacados de corrupción, como el que salpicó en 2016 a la entonces presidenta Park Geun-hye.
Presentándose como un azote contra los delitos contra el patrimonio público y un “antifeminista” en un momento en el que la sociedad surcoreana parecía muy dividida en torno a cuestiones de género, Yoon desembarcó en la política y fue el candidato del conservador Partido del Poder Popular en las elecciones de 2022.
En los comicios, el político derrotó por un margen inferior al 1% a su rival Lee Jae-myung, del izquierdista Partido Democrático.
Yoon se benefició del rechazo generalizado a la gestión anterior de Mon Jae-in, del Partido Democrático, y alcanzó la presidencia tras una campaña centrada en sus promesas de combatir la corrupción.
El voto de los jóvenes varones atraídos por sus promesas de frenar lo que Yoon considera excesos feministas fue otra de las claves de su victoria electoral.
Según le dijo a la BBC Don S. Lee, profesor de Administración Pública de la Universidad Sungkyunkwan, en Seúl, había “grandes esperanzas” entre sus votantes de que el nuevo gobierno liderado por Yoon “perseguiría valores como la ética, la transparencia y la eficiencia”.
Pero esas expectativas se vieron en gran medida defraudadas por los escándalos en los que se vio envuelto el gobernante y sus allegados.
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