La desaparición de Leonardo Escobar: desprecio por la prevención
En las primaras semanas de 2026 se difundió ampliamente la noticia de la desaparición de Leonardo Escobar, profesor de origen colombiano de la Universidad Iberoamericana de Puebla. Afortunadamente, y gracias sobre todo a la movilización social impulsada por la comunidad Ibero, Leonardo fue localizado con vida. Las versiones sobre lo ocurrido durante su detención-desaparición son diversas, y, en particular, las provenientes de las autoridades aún presentan inconsistencias y contradicciones. Esta falta de claridad es un botón de muestra de la ineficiencia operativa que persiste en los mecanismos más básicos de prevención de la tortura y la desaparición forzada que se han instaurado en México a través de complejos marcos legales que, en la práctica, las autoridades siguen sin incorporar a su práctica cotidiana.
Aunque es difícil establecer qué hechos son incontrovertidos en las distintas versiones sobre lo ocurrido, existen cuatro que son fundamentales y coincidentes en todas las versiones: 1) Leonardo fue detenido originalmente en el aeropuerto de Monterrey, un espacio público, concurrido y altamente videovigilado; 2) en su detención y posterior custodia participaron, al menos, dos cuerpos policiales, la Guardia Nacional y la policía municipal de Apodaca; 3) Leonardo fue presentado ante un Juzgado Cívico y permaneció detenido por 36 horas en instalaciones de la policía municipal, y 4) la detención de Leonardo no fue asentada en el Registro Nacional de Detenciones (RND).
La controversia persiste sobre diversas circunstancias ocurridas durante y después de la detención y posterior liberación, así como sobre el estado físico y emocional de Leonardo. El esclarecimiento de estas circunstancias no es un tema menor, porque de ello depende la posibilidad de castigar las omisiones y acciones de las autoridades involucradas por los delitos de tortura y/o desaparición forzada. Al respecto, cabe recordar que para la configuración del delito de desaparición forzada es irrelevante si la detención fue originalmente legal, así como la duración de la detención-desaparición, el elemento central a demostrar es la negativa a dar información de la persona o el ocultamiento de ésta y su paradero.
Después de su localización, Leonardo Escobar hizo señalamientos públicos que apuntan hacia posibles actos de detención ilegal y arbitraria, y sufrimientos físicos y psicológicos infligidos por autoridades. En respuesta a los señalamientos de Leonardo, las autoridades investigadoras, así como las posibles responsables, se han limitado a negar los hechos y a referir que, en dado caso, le correspondería a Leonardo probar sus dichos. Esta afirmación va en contra de un principio legal básico de la investigación de este tipo de delitos: cuando una persona es vista por última vez bajo custodia de una autoridad en buen estado físico y emocional, y posteriormente presenta afectaciones, corresponde a la autoridad dar un explicación plausible y sustentada de lo ocurrido, la cual hasta ahora es inexistente.
La posibilidad de que Leonardo haya sido víctima de tortura y desaparición forzada es ya sumamente grave, pero adicionalmente debe investigarse y sancionarse una omisión indiscutible tanto de los integrantes de la GN como de las autoridades de seguridad municipal: la inscripción formal de la detención de Leonardo en el Registro Nacional de Detenciones (RND). La existencia del registro y la obligación de que las autoridades lo utilicen fueron un logro de la lucha de las víctimas de tortura y desaparición forzada alrededor del mundo, y está en los tratados internacionales más importantes en estas materias; ha sido incluida como medida de no repetición en sentencias internacionales donde se ha condenado al Estado mexicano por tortura y desaparición forzada, y ahora también tiene reconocimiento constitucional y legal en nuestro país.
Que una autoridad quede impune por incumplir sus deberes básicos respecto del RND es un mensaje desalentador, ya que refleja un profundo desprecio por la prevención de estas conductas tan graves, alienta a la repetición de hechos similares y perpetúa la idea de que las leyes mexicanas son sólo letra muerta.
* Humberto Francisco Guerrero Rosales es coordinador del programa de Derechos Humanos y Lucha contra la Impunidad de @FundarMexico.
El ejército israelí confirmó los ataques, que se producen durante un alto el fuego que Israel y Hamás se acusan mutuamente de haber roto. La agresión alcanzó apartamentos residenciales, tiendas de campaña, refugios y una comisaría de policía.
Al menos 28 personas han muerto en una oleada de ataques aéreos israelíes en la Franja de Gaza el sábado, según las autoridades locales.
La agencia de defensa civil, gestionada por Hamás, afirma que entre los fallecidos hay niños y mujeres. Añadió que, en uno de los ataques, helicópteros artillados alcanzaron una tienda de campaña que albergaba a personas desplazadas en la ciudad meridional de Jan Yunis.
Los palestinos han calificado estos ataques como los más intensos desde que entró en vigor a principios de este mes la segunda fase del alto el fuego, negociado por el presidente estadounidense Donald Trump en octubre.
El ejército israelí confirmó que se llevaron a cabo varios ataques en respuesta a lo que, según afirmó, fue una violación del acuerdo por parte de Hamás el viernes.
Tanto Israel como Hamás se han acusado mutuamente de violar la tregua desde que entró en vigor el año pasado.
En un comunicado, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) afirmaron que “se identificó a ocho terroristas saliendo de la infraestructura terrorista subterránea en el este de Rafah”, una zona de Gaza donde las fuerzas israelíes están desplegadas en virtud del acuerdo de octubre.
Las FDI afirmaron que, junto con la Agencia de Seguridad de Israel (ISA, por sus siglas en inglés), habían atacado objetivos en varios lugares, entre ellos “cuatro comandantes y otros terroristas”, así como un almacén de armas, una fábrica de armas y “dos bases de lanzamiento pertenecientes a Hamás en el centro de la Franja de Gaza”.
Hamás ha condenado los ataques y ha instado a Estados Unidos a tomar medidas inmediatas, añadiendo que “estas continuas violaciones” confirman que el Gobierno israelí “continúa su brutal guerra de genocidio contra la Franja”.
Afirmó que siete de las víctimas pertenecían a una familia desplazada de Jan Yunis, y un portavoz de la defensa civil añadió que los ataques alcanzaron apartamentos residenciales, tiendas de campaña, refugios y una comisaría de policía.
Funcionarios del hospital Shifa de la ciudad de Gaza dijeron que un ataque aéreo sobre la ciudad alcanzó un edificio de apartamentos, matando a tres niños y dos mujeres.
“Encontramos a mis tres sobrinas pequeñas en la calle. Dicen ‘alto el fuego’ y todo eso. ¿Qué hicieron esos niños? ¿Qué hicimos nosotros?”, dijo Samer Al Atbash, tío de las tres niñas fallecidas, según la agencia de noticias Reuters.
Las imágenes de video y fotografías tomadas a lo largo de Gaza muestran varios cadáveres siendo sacados de entre los escombros y numerosos edificios destruidos.
Los ataques se producen cuando el paso fronterizo de Rafah, en la frontera de Gaza con Egipto, está previsto que reabra el domingo, después de que las Fuerzas de Defensa de Israel recuperaran el cadáver del último rehén israelí a principios de esta semana.
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Egipto condenó los ataques en un comunicado al que ha tenido acceso la agencia de noticias AFP, e instó a todas las partes a “actuar con la máxima moderación”.
La guerra entre Israel y Hamás comenzó tras el ataque liderado por Hamás contra el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, en el que murieron unas 1.200 personas y 251 fueron tomadas como rehenes.
Israel respondió lanzando una campaña militar en Gaza, durante la cual han muerto más de 71.660 personas, según el Ministerio de Sanidad de la Franja.
El ministerio afirma que al menos 509 palestinos han muerto desde que comenzó el alto al fuego el 10 de octubre de 2025. También han muerto cuatro soldados israelíes.
Aunque Israel ha cuestionado anteriormente las cifras del Ministerio de Sanidad de Hamás, los medios de comunicación locales informaron de que una fuente de alto rango de seguridad afirmó que el ejército acepta que más de 70.000 palestinos han muerto durante la guerra en Gaza.
Las cifras del Ministerio de Sanidad son consideradas fiables por la ONU y otros grupos de derechos humanos, y han sido ampliamente citadas por los medios de comunicación internacionales.
Israel no permite que las organizaciones de noticias, incluida la BBC, entren en Gaza para informar de forma independiente.
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