Poco y mal distribuido, el gasto para atender la crisis de desaparición y forense en el 2024
En 2024, la Federación y las entidades federativas sólo invirtieron el 0.036 % del gasto público para la atención de las crisis de desaparición y forense en nuestro país. Este es uno de los hallazgos principales del Informe En búsqueda de presupuesto 2024: inversión en identificación y búsqueda de personas desaparecidas, publicado entre Fundar, Elementa DDHH y Política Colectiva.
La atención de las más de 120 mil personas desaparecidas y los más de 79 mil cuerpos sin identificar 1 requiere de una política pública coherente, coordinada tanto política, como territorialmente, y, por supuesto, con recursos suficientes para operar. Sin embargo, la evaluación de si esto es así tiene retos técnicos y políticos relevantes. Desde Fundar hemos hecho un seguimiento en materia de presupuesto desde el 2019, con dos análisis específicos sobre el presupuesto forense, a nivel federal y en entidades federativas, en 2022 y 2025. En Elementa DDHH y Política Colectiva han dado seguimiento al gasto de los estados en materia de búsqueda de personas desaparecidas desde 2022, revelando la gran insuficiencia en la inversión estatal para encontrar a todas las personas que nos faltan. Este primer reporte es parte de un esfuerzo conjunto para dar cuenta del destino y uso de los recursos para la atención de las crisis de desaparición y forense en nuestro país.
El análisis hecho desde las organizaciones mediante la revisión de Cuentas Públicas Estatales, Anexos Técnicos de Proyectos de Comisiones Locales de Búsqueda, Convenios del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados, así como un número considerable de solicitudes de acceso a la información, nos muestran cuatro resultados principales:
- El gasto público en materia de búsqueda e identificación de personas, así como de investigación de las desapariciones es marginal e inercial, lo que confirma que las crisis mencionadas son sólo administradas desde la política pública federal y estatal.
- Existen grandes disparidades entre la magnitud de las desapariciones y cuerpos sin identificar respecto de los recursos asignados en las entidades federativas, lo que revela que no hay una coordinación política entre Federación y estados.
- En materia de crisis forense, el contraste entre la inversión federal y estatal muestra que hay un modelo altamente centralizado en las instituciones federales, en un problema público donde las mayores necesidades en términos de infraestructura, personal e insumos están a nivel local.
- Las Comisiones Locales de Búsqueda –principal apuesta institucional de la política para la atención de las desapariciones– cuentan con esquemas precarios y poco dignos para el personal que es responsable de dar respuesta a todas las familias que buscan a sus seres queridos.
Ante esta realidad, es necesario que haya un viraje en materia política y presupuestaria a fin de generar esquemas que no administren las crisis. Este viraje requiere de una rectoría política desde la Federación en coordinación con las entidades, una dotación presupuestaria proporcional a las necesidades y contextos locales de la desaparición y una construcción de mecanismos coordinados y transparentes de política pública que contemple las tres dimensiones de la gestión institucional para la atención de las crisis de desaparición y forense: la búsqueda de personas, la identificación forense y la investigación de las desapariciones. Como concluye nuestro análisis: sin recursos suficientes, no hay justicia ni verdad posibles para todas las personas que nos faltan.
El Informe En búsqueda de presupuesto 2024: inversión en identificación y búsqueda de personas desaparecidas, está disponible en los sitios web de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, Elementa DDHH y Política Colectiva.
* Ángel Ruiz es investigador en el Programa de Derechos Humanos y Lucha contra la Impunidad de @FundarMexico.
1 Uno de los principales retos para la construcción de una política forense consistente ha sido el tener una medición adecuada del número de cuerpos sin identidad que no puede volver a casa, cifra que a la fecha sólo ha sido construido con información pública desde los colectivos y los medios de comunicación. La última –que corresponde al horizonte temporal de esta investigación– era de 71 mil cuerpos sin identificar al concluir 2023, creada a partir de una investigación de Quinto Elemento Lab. Desde las organizaciones comparamos esta cifra con lo reportado por las Comisiones Locales de Búsqueda en los anexos técnicos de los proyectos ejecutivos planteados en 2024, e hicimos un concentrado de la cifra mayor entre las dos fuentes para llegar al número de 79 mil cuerpos sin identificar en nuestro país.
El acuerdo regula cómo ambas naciones deben repartirse el agua de los ríos Bravo y Colorado, que forman parte del límite territorial entre ambas.
La disputa sobre la implementación de un tratado firmado en 1944 que regula cómo Estados Unidos y México deben repartirse el agua de los ríos Bravo y Colorado, vuelve a intensificarse.
El presidente Donald Trump anunció este lunes que dio luz verde a la documentación para imponer un arancel del 5% a los productos procedentes de México si el país vecino “continúa incumpliendo” el tratado.
En un mensaje publicado en su red Truth Social, el mandatario subrayó que México debe más de 986 millones de metros cúbicos de agua a EE.UU. y estableció el 31 de diciembre como el plazo para que México entregue más de 246 millones de metros cúbicos de agua.
“Cuanto más tarde México en liberar el agua, más perjudicados resultarán nuestros agricultores”, advirtió Trump, instando al gobierno de Claudia Sheinbaum a “solucionar ya” la cuestión.
La implementación del tratado ha generado en el pasado fuertes protestas de agricultores mexicanos, según los cuales la extracción de agua para EE.U. en tiempos de sequía amenaza seriamente su medio de vida.
En abril, Trump ya había amenazado a México con aranceles e incluso sanciones por el tema del agua.
“México está incumpliendo su obligación. Esto …perjudica gravemente a los agricultores del sur de Texas”, escribió entonces Trump en su plataforma Truth Social.
“El mes pasado detuve los envíos de agua a Tijuana hasta que México cumpla con el Tratado de Aguas de 1944… y seguiremos intensificando las consecuencias, incluyendo aranceles y, quizás, incluso sanciones, hasta que México cumpla con el tratado y le dé a Texas el agua que le corresponde”, agregó.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió en ese momento a Trump con un mensaje en su cuenta oficial de X.
“El día de ayer fue enviada al subsecretario del Departamento de Estado de Estados Unidos una propuesta integral para atender el envío de agua a Texas dentro del tratado de 1944, que incluye acciones de muy corto plazo. Han sido tres años de sequía y, en la medida de la disponibilidad de agua, México ha estado cumpliendo”.
“He instruido a los secretarios de Agricultura y Desarrollo Rural y Relaciones Exteriores, así como a la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales que de inmediato hagan contacto con la Secretaría de Agricultura y el Departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos. Estoy segura que, como en otros temas, se llegará a un acuerdo”, dijo la mandataria en abril.
¿Qué dice el tratado?
De alguna manera, se podría decir que el llamado Tratado de la Distribución de las Aguas Internacionales firmado por México y EE.UU. en 1944 tiene su origen en otro acuerdo alcanzado casi un siglo antes de esa fecha.
El Tratado de Paz, Amistad, Límites y Arreglo Definitivo (más conocido como Tratado de Guadalupe Hidalgo), firmado en 1848 al final de la guerra entre ambos países iniciada por la disputa de Texas, fue el que estableció que México cedería a EE.UU. más de la mitad de su territorio en aquel entonces.
Pero además, también fijó la frontera entre ambos países en el río Bravo -conocido como río Grande por los estadounidenses- y cuyas aguas han sido centro de conflicto en Chihuahua.
La ubicación estratégica del río hacía necesario un plan de distribución entre ambos actores. Tras años de negociación y varias propuestas fallidas, México y EE.UU. firmaron en Washington el tratado vigente en la actualidad.
Según el acuerdo, México se queda con dos tercios de la corriente principal del Bravo y cede a su vecino el resto, que no podrá ser menor de unos 432 millones de metros cúbicos (Mm3) anuales.
Como contraparte, EE.UU. cede a México cada año 1.850 Mm3 del río Colorado, que en su mayoría se encuentra en suelo estadounidense pero que también pasa por la frontera entre ambos países hasta desembocar en el golfo de California, entre los estados mexicanos de Baja California y Sonora.
El acuerdo también establece que la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), un organismo binacional, es el encargado de resolver las posibles diferencias en materia de límites.
El pacto estipula que EE.UU. cumplirá con su entrega de agua cada año, mientras que México podrá hacerlo en períodos de cinco años.
“Es de los mejores acuerdos que se han logrado en la historia con relación a EE.UU.”, afirmó en 2020 el expresidente Andrés Manuel López Obrador.
¿Debería reformarse el tratado?
Reformar o actualizar las condiciones de un tratado que fue firmado hace 76 años podría ser una de las opciones para tratar de solucionar conflictos.
Pero algunos analistas consideran que tanto los litros de agua acordados como la posibilidad de entregar su parte cada cinco años en lugar de anualmente son ventajas que México no debería perder.
Para los agricultores del lado mexicano de la frontera, lo que está en juego en tiempos de sequía agravada por el cambio climático, es algo mucho más inmediato que los vaivenes diplomáticos entre ambos países.
Los enfrentamientos de 2020 entre agricultores y la Guardia Nacional en Chihuahua tuvieron lugar tras la decisión del gobierno de extraer agua de la presa de la Boquilla para cumplir el tratado con EE.UU.
En ese entonces, el vocero de los agricultores, Salvador Alcantar, presidente de la Asociación de Usuarios de Riego de Chihuahua (Aurech), señaló que estaba en riesgo el futuro de unas 20.000 familias que viven del campo en la región.
Alcantar compartió con BBC Mundo uno de sus mayores temores:
“En 1995 no se abrieron las presas para sembrar y hubo una migración masiva desde nuestros municipios. Los hombres en edad productiva se marcharon para dar sustento a la familia, fue una desintegración familiar fuerte que aún estamos sufriendo”, recuerda.
“Y ese es el problema social que podemos volver a ver si no sembramos el año próximo”.
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