La rendición de cuentas, clave para una democracia más sólida
La intervención estadounidense en Venezuela, que nos sorprendió iniciando este 2026, prende las alertas sobre el futuro de un sistema que se construyó para mantener el respeto a la dignidad humana y lo que teóricamente conocemos como Estado de Derecho, un régimen político que se basa en la legalidad y la rendición de cuentas. La situación geopolítica, que se avista tan convulsa y compleja, nos recuerda que ahora más que nunca México debería de seguir apostando por mantener y fortalecer los mecanismos de garantía de los derechos humanos y de control del ejercicio de poder público, por ejemplo en los siguientes ejes:
La prevención de la corrupción
La prevención es clave para evitar la repetición de irregularidades o actos de corrupción que afectan áreas clave para el acceso a los servicios públicos. Por ello resulta relevante que en el plan estratégico anticorrupción a 2030, la Secretaría Anticorrupción ponga como pilar la prevención de irregularidades de las y los funcionarios, particularmente en los proyectos estratégicos del gobierno y en los programas prioritarios. Sin embargo, también será necesario que el gobierno se concentre en identificar la formación de redes de poder y privilegios en la interacción entre el sector público y privado cuando se trate de proveer servicios públicos o habilitar acceso a derechos, como en los casos de la distribución de medicamentos o el acceso al agua, o en el uso de notarias para “legitimar” o acelerar procesos de contratación pública que sólo benefician a unos cuantos en privilegio.
Adoptar un esquema preventivo permitiría identificar y evitar la comisión de hechos de corrupción y, por ende, la afectación en la garantía de derechos humanos a corto, mediano y largo plazo.
Fortalecer la independencia y coordinación de las entidades de fiscalización y de rendición de cuentas
La Auditoría Superior de la Federación es la principal instancia que vigila el gasto público a lo largo del ciclo presupuestario y sus hallazgos han permitido detectar irregularidades sobre el ejercicio de los recursos públicos y posibles casos de corrupción, como la compra de medicamentos a sobreprecio en el caso de BIRMEX o irregularidades en las contrataciones públicas por medio de adjudicaciones directas, como sucedió con SEGALMEX. Sin embargo, en los últimos años han disminuido la cantidad de hallazgos y recomendaciones sobre irregularidades, a pesar de que siguen saliendo a la luz diversos casos de corrupción.
Para robustecer el rol de la ASF como el principal ente fiscalizador del gasto público federal no sólo será necesario robustecer sus capacidades institucionales, profesionales, especializadas, tecnológicas y presupuestarias, sino también se requerirá de una transformación estructural que la coloque como un ente con mayor autonomía e independencia de los poderes públicos, y como contrapeso para que su función realmente permita controlar el uso de recursos públicos hacia los programas y políticas públicas que favorezcan a grupos en mayor situación de vulnerabilidad.
Así mismo, será necesario promover una cultura de comunicación, intercambio de información y coordinación interinstitucional con otras entidades de fiscalización y control del ejercicio de poder público, como la Secretaría Anticorrupción y con sus homólogos en las entidades federativas, para lograr un enfoque preventivo e integral de la rendición de cuentas.
El control y trasparencia de la intervención del sector privado
Cada vez más el sector privado interviene en las funciones del Estado para que este pueda cumplir con sus fines públicos. Además, la dependencia con actores y la industria privada se vuelve necesaria para el desarrollo y crecimiento económico. Sin embargo, si no existen mecanismos de transparencia y suficientes controles de su injerencia en asuntos públicos, el uso de herramientas y actores privados, como las industrias, los fidecomisos o la banca privada, genera un campo fértil para que su participación sólo favorezca a intereses económicos y políticos en entornos de opacidad e impunidad, generando mayor exclusión y desigualdad de los grupos históricamente vulnerados.
La protección a las personas alertadoras y denunciantes
Desde la entrada en el poder de la llamada “cuarta transformación” se impulsó una estrategia de “ciudadanización de la corrupción”, que busca involucrar a la sociedad en la prevención y detección de irregularidades públicas y actos de corrupción. Sin embargo, para implementar una cultura de involucramiento ciudadano, primero es necesario que se fortalezcan las herramientas para alertar y que exista un sistema integral de protección a denunciantes, que proteja su confidencialidad y anonimato, pero también que dé seguimiento real a las denuncias que se realizan.
El fortalecimiento de los controles democráticos y del ejercicio del poder público a través de la rendición de cuentas y la transparencia es un pilar para limitar el impacto en una crisis política, económica o social. Y esos mecanismos de control en gran parte han sido promovidos por las comunidades, los sectores en desventaja y las organizaciones civiles. Es por ello que, frente al contexto que hoy vive la región, México debe seguir apostando, de la mano de la participación ciudadana y de los espacios comunitarios, por el fortalecimiento de las instituciones democráticas y de sus mecanismos de rendición de cuentas para priorizar la igualdad y el respeto a la dignidad humana.
* Sarahí Salvatierra es coordinadora del programa de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de @FundarMexico.
El incidente ocurrió a plena luz del día. Existen múltiples videos grabados por transeúntes desde diversos lugares. Pero incluso los hechos básicos están siendo cuestionados.
La muerte a disparos de Renee Nicole Good en Mineápolis a manos de un agente de ICE, siglas en inglés del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, está dejando al descubierto las profundas divisiones en la política estadounidense y amenaza con avivar un debate ya conflictivo sobre la política migratoria.
El incidente ocurrió a plena luz del día. Existen múltiples videos grabados por transeúntes desde diversos lugares. Sin embargo, incluso los hechos básicos están siendo cuestionados.
Casi inmediatamente después del incidente comenzaron a formarse dos versiones completamente diferentes. Cualquier ambigüedad en los videos compartidos en línea fue aprovechada: se utilizaron diferentes ángulos y capturas de pantalla para impulsar una narrativa particular.
Y en el escenario público, funcionarios estatales y federales discreparon abiertamente.
Según la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, Renee Good fue la culpable. Al alejarse de los agentes de ICE “utilizó su auto como arma” en un “ataque terrorista doméstico”, dijo Noem.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, culpó a una “agitadora profesional” y a un “movimiento radical de izquierda, violento y de odio” en una publicación en su plataforma en redes Truth Social.
Los demócratas a nivel nacional, así como autoridades estatales y locales de Minnesota, presentaron un panorama completamente diferente.
Jacob Frey, alcalde demócrata de Mineápolis, dijo que un agente federal utilizó fuerza letal en forma “temeraria”. También exigió a los agentes de inmigración que abandonen la ciudad. “ICE, ¡lárgate de una maldita vez!”, afirmó Frey.
El gobernador de Minesota, Tim Walz, calificó el incidente de “totalmente predecible” y “totalmente evitable”, argumentando que fue consecuencia directa del aumento de agentes federales de inmigración en Minneapolis y sus alrededores en los últimos días.
“Llevamos semanas advirtiendo que las peligrosas y sensacionalistas operaciones de la administración Trump son una amenaza para nuestra seguridad pública”, declaró el miércoles.
Esta clara división entre el gobierno federal y los funcionarios locales se ilustró aún más el jueves por la mañana, cuando la Oficina de Aprehensión Criminal de Minesota anunció que el Departamento de Justicia y el FBI ya no cooperarían en la investigación del incidente.
Las agencias federales, informó la Oficina, serán las únicas responsables de la investigación sobre el uso de fuerza letal por parte del agente de ICE.
Que Minesota se haya convertido en el epicentro de un creciente conflicto sobre la aplicación de la ley migratoria en los últimos meses es a la vez previsible e irónico.
Es irónico porque la muerte de Good ocurrió a pocos kilómetros de donde, en 2020, la policía de Mineápolis mató a George Floyd durante un intento de arresto, lo que desencadenó protestas del movimiento Black Lives Matters en todo el país, incluyendo algunas en esta ciudad que se tornaron violentas.
Walz puso en alerta a la Guardia Nacional del estado y advirtió a los cientos de manifestantes que han salido a las calles que no recurran a la violencia.
El papel central de Minesota en este último estallido no sorprende, ya que marca la culminación de un conflicto, una controversia y un escándalo que se venían gestando durante meses.
El reciente aumento en acciones migratorias se produce después de que Trump ridiculizara a la numerosa población inmigrante somalí del estado -la mayoría de los cuales son ciudadanos estadounidenses- tras la condena de miembros de la comunidad por fraude en la distribución de la ayuda federal por la epidemia de COVID-19.
“Cientos de miles de somalíes están estafando a nuestro país y destrozando ese otrora gran estado”, declaró Trump en noviembre. “No vamos a tolerar este tipo de atentados contra la ley y el orden por parte de personas que ni siquiera deberían estar en nuestro país”.
Bajo presión, Walz abandonó su candidatura a la reelección la semana pasada ante el aumento de acusaciones de corrupción en los servicios sociales estatales, como la asistencia infantil y la ayuda alimentaria.
El incremento de acciones migratorias en el estado es solo el ejemplo más reciente del uso de funcionarios federales por parte de la administración Trump para atacar a comunidades sospechosas de tener altas tasas de inmigrantes indocumentados. El uso de la fuerza durante esta operación tampoco es un incidente aislado.
El incidente de Minesota fue al menos el noveno caso de disparos vinculados a operaciones migratorias desde septiembre; todos involucraron a personas que fueron atacadas mientras se encontraban en sus vehículos, según el New York Times.
La intensidad con la que se han llevado a cabo las acciones migratorias en una lista cada vez mayor de ciudades en todo Estados Unidos, ha provocado protestas y demandas de funcionarios demócratas para una mayor supervisión, rendición de cuentas y moderación por parte de agentes del orden.
El muerte de Good ya ha dado a estos esfuerzos una nueva urgencia entre sus defensores.
Los funcionarios de la administración Trump, por su parte, siguen adelante y citan el mandato que dicen haber recibido de los votantes en las elecciones presidenciales de 2024. Alegan además que la drástica reducción de entradas de indocumentados a Estados Unidos es evidencia de que sus esfuerzos han resultado eficaces.
Y refutaron enérgicamente el argumento de que el video del incidente en Minneapolis sea prueba de un uso indebido de fuerza letal.
“La manipulación es desproporcionada y no la tolero”, escribió el vicepresidente J.D. Vance en una publicación en X. “Este hombre estaba haciendo su trabajo. Ella intentó impedir que lo hiciera”.
Si bien calificó el incidente de trágico, añadió que “la responsabilidad recae sobre esta mujer y todos los radicales que enseñan a la gente que la inmigración es la única ley con la que los alborotadores pueden interferir”.
Walz, en sus siguientes declaraciones públicas, se apresuró a rebatir ese argumento: “Personas en puestos de poder ya emitieron juicios, desde el presidente hasta la vicepresidenta y Kristi Noem, y dijeron cosas que son verificablemente falsas, verificablemente inexactas”.
“Determinaron el carácter de una madre de 37 años que ni siquiera conocían”, concluyó.
Parece que incluso las pruebas en video están abiertas a la interpretación en este momento. Cada persona ve las mismas imágenes y saca conclusiones decididamente diferentes, que con frecuencia, quizás como era de esperar, refuerzan sus posiciones previamente establecidas.
El abismo en la política estadounidense parece tan inmutable como desalentador.
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