Aúna es una plataforma que impulsa nuevas representaciones políticas con liderazgos de mujeres, para alcanzar mayores resultados en bienestar, justicia y protección del medio ambiente.

Diversas y juntas

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Semanas antes de la toma de protesta de Claudia Sheinbaum como la primera presidenta de México, en Aúna celebramos Atria, nuestro encuentro nacional en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Durante este evento, tuvimos el privilegio de escuchar la presentación del libro El deber de la memoria. Del derecho al voto a la paridad en todo, de Cecilia Lavalle y Teresa Hevia.
Este libro narra las luchas y logros de mujeres que, a lo largo de la historia de México, han visibilizado y defendido avances cruciales para nuestra participación política. Relata la conquista de derechos civiles y políticos destacando los encuentros y desencuentros que forjaron estos logros, desde las negociaciones sobre los alcances de cada etapa de la lucha, hasta el momento en que dos mujeres se presentaron en la boleta electoral con la posibilidad real de alcanzar el poder.
Un gran momento del relato es cuando una mujer se pregunta por qué nunca había oído hablar de muchas de las activistas mencionadas. Coincido con ella y esto me recuerda un pasaje de Silvia Federici quien, al iniciar su investigación sobre la división sexual del trabajo en la sociedad capitalista, comenzó un camino para reinterpretar la historia desde un enfoque feminista. Esto implicó “rastrear una historia que no nos habían enseñado en la escuela, pero que resultaba crucial para nuestra educación”.
Intento responder al porqué no conocemos lo suficiente a las mujeres que nos pasan esta estafeta generacional: creo que es porque durante la consolidación de nuestras instituciones su incidencia se ha invisibilizado y no se ha valorado, corriendo con la misma suerte que el trabajo doméstico y de cuidados en la mayor parte de la historia del capitalismo.
En este sentido, haciendo un ejercicio de memoria, quiero recordar la lucha de las feministas italianas. En 1990, el Congreso italiano recibió una iniciativa respaldada por 300,000 firmas, titulada “Las mujeres cambian los tiempos”, que abogaba por humanizar los tiempos de trabajo y la vida cotidiana. Esta propuesta no solo buscaba mejorar la conciliación laboral de las mujeres, sino también redistribuir equitativamente las labores domésticas y de cuidado en la sociedad. Planteaba un nuevo pacto social que incluía cambios en las relaciones entre el sector público y privado, así como en la educación y la seguridad social. Entre sus propuestas concretas se encontraban:
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<li>Reducir la jornada laboral a 35 horas.</li>
<li>Introducir licencias paternales y familiares remuneradas para mujeres y hombres.</li>
<li>Reconocer el derecho al cuidado como universal.</li>
<li>Conceder licencias para proyectos personales y de formación.</li>
<li>Redistribuir el trabajo doméstico entre todos los miembros de la sociedad.</li>
</ol>
Más de treinta años después, estas demandas están más vigentes que nunca en nuestro país. Hoy las personas trabajadoras exigen la reducción de la jornada laboral bajo el lema #YOPORLAS40HORAS, mientras que las mujeres de México y de toda América Latina exigen el reconocimiento, redistribución, reducción y remuneración del cuidado y la implementación de medidas de corresponsabilidad y redistribución del trabajo doméstico y de cuidados.
En este contexto, Federici señala que el objetivo de su investigación, al igual que el de Cecilia Lavalle y Teresa Hevia, es revivir entre las generaciones jóvenes la memoria de una larga historia de resistencia. Tenemos en nuestra cancha la posibilidad de retomar las causas que, por más de cuatro décadas, han impulsado feministas y mujeres trabajadoras y cuidadoras en todas las latitudes: lograr un nuevo pacto social para conciliar el tiempo dedicado a la vida personal, profesional y familiar, cerrando así un círculo virtuoso en el que, efectivamente, lleguemos todas a los espacios de poder.
Hoy mujeres históricas nos legan una responsabilidad generacional. Este pase de estafeta trae la encomienda de asegurar que todas tengamos la oportunidad de acceder a posiciones de poder con alternativas y corresponsabilidad porque, como lo ha dicho Margarita Garfías, todavía no estamos todas porque muchas siguen en casa para cuidar.
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El deber de la memoria. ¿Llegamos todas?

Conmemorar es un acto profundamente político. Permite recordar momentos, hitos de nuestra historia y a personajes que imprimieron un giro positivo en el devenir de grupos amplios de personas. Conmemorar es un acto que impide el olvido y funda sociedades con memoria. Conmemorar es un acto de justicia. Es revivir emociones y mantener vivo el espíritu de lucha.
Desde esta perspectiva, aunque parcial y subjetiva, en las siguientes líneas reflexionaremos sobre un momento de conmemoración y reflexión colectiva sobre los derechos políticos de las mujeres: los logros alcanzados y los desafíos aún por superar.
El pasado 17 de octubre, convocadas por la organización <a href="https://www.auna.org.mx/" target="_blank" rel="noopener">Aúna</a>, celebramos 71 años de la reforma al artículo 34 de la Constitución que reconoció a las mujeres como ciudadanas plenas. Con su publicación en el Diario Oficial de la Federación, las mujeres en México obtuvimos el derecho al voto y, en teoría, la posibilidad de ser electas para cargos de representación.
Este logro histórico fue el resultado de décadas de lucha por los derechos políticos de las mujeres en todo el país. Desde el siglo XIX, mujeres como Rafaela Varela, Elisa Acuña, Hermila Galindo, Elvia Carrillo Puerto, Margarita Robles, María Ríos Cárdenas y Esther Chapa se alzaron para promover los derechos de las mujeres, entre ellos, el voto. Hoy sus nombres merecen recordarse y conmemorarse, ya que aún es largo el camino hacia la verdadera paridad en la representación, en el ejercicio de cargos públicos y en la protección de los derechos ganados.
A la invitación de Aúna –organización de la sociedad civil que impulsa el liderazgo de mujeres en la política y una agenda que pone al centro los derechos de las mujeres, el bienestar, justicia social y protección al medio ambiente– ,<a href="#_ftn1" name="_ftnref1">1</a> asistimos mujeres organizadas e interesadas en la incidencia política desde distintos ámbitos convencidas de que el 17 de octubre debe celebrarse por sus implicaciones históricas y sociales: las mujeres hemos ganado derechos, pero hay que mantenerlos firmes y dar la lucha por todo lo que hoy nos impide vivir en una sociedad igualitaria.
A 71 años del logro histórico del sufragio de las mujeres, nos reunimos para conversar con dos grandes mujeres activistas de la ciudad: Ana Francis López Bayghen y Nelly Antonia Juárez Audelo, quienes forman parte del gabinete de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, como secretaria de Cultura y secretaria de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes de la Ciudad de México, respectivamente.
Durante el conversatorio, ambas nos compartieron sus experiencias en la lucha por los derechos de las mujeres, las comunidades artísticas e indígenas, así como el ejercicio de sus cargos en la política institucional. La reunión nos permitió apreciar el avance hacia la paridad en los cargos públicos y el impacto positivo de la política implementada a nivel territorial en la Ciudad de México.
Tuvimos el privilegio de escuchar sus anécdotas y preocupaciones, sus acciones bajo la agenda actual y sus sueños de la agenda futura, con ellas pudimos comentar lo lejos que hemos llegado. Hace 71 años, probablemente ni siquiera habríamos podido reunirnos de manera libre para conocernos y hablar sobre el ejercicio de la política por y para mujeres. Hoy conmemoramos este día como una herencia de las mujeres que lucharon incansablemente por nuestros derechos políticos. Reafirmamos que la organización es clave para continuar abriendo camino a las generaciones venideras hacia un futuro más esperanzador, lo que nos llena de energía para continuar con nuestro  camino, en Aúna,  por los derechos de las mujeres, niñas y jóvenes.
Estos espacios son muy significativos como ocasión para  coincidir y reafirmarnos  en que, sin importar las diferencias entre nosotras, prevalecen las coincidencias y los acuerdos que nos permiten el diálogo y la construcción. Esta es, de hecho, la premisa sobre la que Aúna ha reunido a cientos de mujeres en todo el país: bajo los principios de igualdad, diversidad y, sobre todo, pluralidad.
Sin duda, el 17 de octubre es una fecha para conmemorar los logros del pasado, pero sobre todo para recordarnos que, mientras las mujeres sigamos realizando la mayor parte del trabajo no remunerado, el doméstico y el de cuidados <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn2" name="_ftnref2">2</a> y mientras no tengamos acceso equitativo al trabajo digno ni ganemos el  mismo salario que los hombres por el mismo trabajo, el 17 de octubre nos seguirá recordando cuánto nos falta para ser la sociedad más justa, igualitaria y segura a la que aspiramos en Aúna.
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<a href="#_ftnref1" name="_ftn1">1</a> Puede encontrarse más información sobre Aúna y los ejes que conforman su agenda en su <a href="https://www.auna.org.mx/" target="_blank" rel="noopener">sitio web</a>.
<a href="#_ftnref2" name="_ftn2">2</a> Se ha calculado que este tipo de actividades equivalen a 6.4 billones de pesos, es decir, el 27.6% del PIB del país, del cual las mujeres aportamos el 20.6%. Véase: Semujeres (2022). Ciudad de México, las mujeres y su contexto. Año 1, núm. 7, julio.

17 de octubre: reflexiones a 71 años del voto de las mujeres

A lo largo de la historia occidental, el uso de la palabra y, en particular, de la palabra pública, ha estado dominado por los hombres. Durante siglos, fueron los sacerdotes, gobernantes y patriarcas los únicos que ostentaron el privilegio de enunciar la palabra pública, instrumento esencial del ejercicio del poder. A través de sus sermones y discursos transmitían el pensamiento de los hombres, sus acuerdos y sus pactos. Con sus discursos y su lenguaje, dictaban la forma de hacer política y de administrar la vida pública de las sociedades.
Fue en la Roma antigua donde se empezó a llamar lingua mater a la primera lengua que las personas aprendían, la que adquieren de sus madres y con la cual, desde la infancia, los seres humanos comprenden y descifran el mundo.
Bajo los mandatos de cuidado que han sostenido a las sociedades patriarcales, históricamente las mujeres han sido las transmisoras de las palabras y de sus significados, las encargadas de nutrir el universo léxico de las infancias. Sin embargo, a pesar de ese papel protagónico en la crianza y en la formación, a las mujeres se las ha excluido sistemáticamente del uso de la palabra pública y, por lo tanto, de las esferas del poder.
Mientras que ellas han enseñado a hablar, pensar y sentir a cada generación, su propia voz ha sido silenciada en los espacios de gestión del poder perpetuando una brecha histórica. Su lenguaje ha permanecido confinado a la esfera de lo privado durante siglos, dentro de los hogares y las cocinas, sin audiencia ni reconocimiento, alejado de los debates y de las decisiones que moldean el rumbo de la vida pública.
Esa brecha histórica, tan profunda y  arraigada, se redujo en México el pasado 1° de octubre, cuando Claudia Sheinbaum tomó protesta como presidenta de México en el Congreso de la Unión, siendo la primera mujer en ocupar este cargo en América del Norte. Portando ya la banda insignia, y ante las titulares de los otros Poderes de la Unión –de la Cámara de Diputados, Ifigenia Martínez, hoy fallecida, y de la Suprema Corte, Norma Piña–, tomó por primera vez la palabra como presidenta constitucional. La ceremonia cargó de elementos simbólicos uno de los rituales más arcaicos del sistema político mexicano.
“No llego sola, llegamos todas”, dijo la presidenta en su primer mensaje a la Nación. Este enunciado destaca entre todos los que hasta entonces había pronunciado: ninguno se había repetido de forma tan consistente. A partir de su toma de protesta, Claudia gobernará para todas, simpatizantes y adversarias, horizonte de esperanza y júbilo para algunas, y para otras, motivo de preocupación e incertidumbre.
La llegada de una mujer a la presidencia no resolverá los problemas que se encuentran en la estructura misma del poder, en sus fundamentos y en su lenguaje. La lucha por la reparación histórica de las mujeres es una batalla que está lejos de terminar, pero, a pesar de que esa brecha política se redujo este 1° de octubre, hay un reto por descifrar: ¿albergará la voz de Claudia Sheinbaum la diversidad de voces y demandas de las mujeres mexicanas? ¿Usará esta voz para dialogar con sus opositoras? ¿Se atreverá a nombrar las violencias y las realidades que viven las mujeres en México, a diferencia de sus predecesores en el cargo?
La presidenta lleva consigo el enorme peso político de suceder a Andrés Manuel López Obrador y de continuar con el legado que defienden sus millones de simpatizantes. También carga con la crítica y la resistencia de sus adversarios. ¿Cómo afrontará estos desafíos al mismo tiempo que desarrolla su propia identidad política?
Entre los muchos retos a los que hará frente, hay uno al que le prestaremos especial atención: ¿podrá construir un liderazgo distanciado del que han ejercido durante siglos los políticos en México? ¿Logrará su gobierno saldar las deudas históricas con las mujeres o será uno más que las perpetúe?
Su mandato concentra la atención mundial al ser parte de un movimiento global por la equidad de género en la política. Y si es verdad que todas llegamos con ella a la presidencia, también lo será que, en caso de fallar, todas habremos fallado con ella. Tristemente, las mujeres bien sabemos que los ojos acusadores del patriarcado, y los de sus aliados y aliadas, son implacables cuando se trata de señalarle a una mujer sus errores, sus desaciertos.
En su primer mensaje presidencial, la voz política de Claudia Sheinbaum recuperó la fraseología y el universo de significados que Andrés Manuel López Obrador ha asentado como la narrativa oficial de su gobierno y de su partido. En la primera parte de ese discurso, citó directamente la palabra de su antecesor en el emblemático evento del desafuero. Las formas de la presidenta para apelar y referirse a sus simpatizantes fueron las mismas que él utilizó en 2018, en su toma de protesta.
La aparente masculinización del lenguaje de Claudia Sheinbaum podría ser una forma de camuflajear su identidad en una esfera dominada históricamente por hombres, para legitimarse y proyectar un liderazgo que, ante los ojos de sus adversarios, se advierta rígido e inquebrantable. Sin embargo, para muchas hay una pregunta por responder durante este sexenio: ¿qué narrativas construyen las mujeres cuando llegan a la presidencia?
Si el 1° de octubre se rompió un techo de cristal, hay uno que permanece, hasta ahora, intacto: el del lenguaje, ese que alberga el mundo interior de las y los hablantes y desde el cual se pueden nombrar y crear nuevas realidades.
En este punto, quizás lo más revolucionario sea imaginar un futuro en el que las mujeres no solo lleguen a los espacios de poder, sino que, con su presencia y su palabra, logren transformarlos al hacer del lenguaje y de la política algo más inclusivo, más justo y más humano. Si Claudia Sheinbaum logra articular esa voz, entonces habrá hecho más que gobernar: habrá ayudado a reescribir la historia de las mujeres en la política y la historia de la política según las mujeres.
* Gabriela Jiménez es lingüista por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, forma parte de la  equipa operativa de Aúna. Apasionada de los estudios que entrelazan al poder y al lenguaje, se ha especializado en el análisis del discurso político desde una perspectiva semántica y pragmática.

Claudia Sheinbaum y la voz política de las mujeres

En México, el año electoral 2023-2024 fue histórico por la cantidad de cargos a elegir. También porque hubo casi <a href="https://drive.google.com/file/d/1xDJaJ_YfhgQbKabzzEMXm_foG9KZyEYq/view">8</a> mil renuncias y sustituciones de candidaturas federales y locales: más del 50 % fueron de mujeres (4 mil 461). El desagregado de motivos no permite tener suficiente detalle de las causas. A nivel federal, la principal razón fue “por así convenir a sus intereses” (113) y, a nivel local, “personal, particular y/o así convenir a sus intereses” (2 mil 428). Solo en este último sabemos que 17 mujeres renunciaron explícitamente por motivos de seguridad, y dos por violencia contra sus derechos político-electorales. Dado el alarmante nivel de violencia criminal electoral, con <a href="https://integralia.com.mx/web/reporte-final-de-violencia-politica-balance-postelectoral-2023-2024/" target="_blank" rel="noopener">centenares de víctimas</a>, es posible que algunas mujeres se retiraran de la contienda por razones de seguridad, sin decirlo, para proteger su integridad.
La protección de personas candidatas fue liderada por el Instituto Nacional Electoral (INE) para cargos federales y por los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) para cargos locales. Ellos presidían las <a href="https://centralelectoral.ine.mx/2023/12/05/instalan-autoridades-mesa-de-seguridad-interinstitucional-para-el-proceso-electoral-federal-2023-2024/" target="_blank" rel="noopener">Mesas de Seguridad Interinstitucional</a>, espacios que reunían a autoridades de diferentes ámbitos para discutir y planear acciones relacionadas con la protección y salvaguarda del proceso electoral y de las personas candidatas.
Una de las estrategias implementadas fue el Mecanismo de Protección a Personas Candidatas. A nivel federal, el INE recibía <a href="https://seguridad.sspc.gob.mx/uploads/documentos/546/3.--05032024-sspc---esquema-de-proteccio-CC-81n-a-candidatos.pdf" target="_blank" rel="noopener">solicitudes de protección</a> y las comunicaba a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que aplicaba un análisis y evaluación de riesgos. Dependiendo del resultado, se determinaba si las medidas procedían y, en ese caso, en qué condiciones. A nivel local, los OPLES debían coordinar sus propias <a href="https://www.youtube.com/watch?v=DfJXdXL_CMc" target="_blank" rel="noopener">estrategias de protección</a>, las cuales fueron determinadas libremente por sus autoridades. Por ejemplo, <a href="https://www.jornada.com.mx/noticia/2024/04/05/estados/ofrece-ssp-de-nl-a-candidatos-pernoctar-en-cuarteles-de-la-fuerza-civil-2269" target="_blank" rel="noopener">Nuevo León</a> tuvo un mecanismo cuyo nivel de riesgo más bajo era atendido por autoridades municipales, y los demás, por Fuerza Civil. En casos de emergencia, las personas candidatas podían incluso resguardarse en sus cuarteles. En cambio, en la <a href="https://drive.google.com/file/d/1AXIf77eqwFmsqw9dNsqwpAypFl3Ps3Q-/view?usp=drive_link" target="_blank" rel="noopener">CDMX</a> el OPLE firmó un acuerdo con la Secretaría de Seguridad para activar rutas de apoyo y protección, según lo solicitaran. Como en estos casos, cada estado determinó sus modelos, lo que resultó en una amplia variedad de políticas de seguridad a lo largo del país.
Un segundo mecanismo centrado en mujeres fue el <a href="https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/173163/CGor202406-27-ip-18.pdf" target="_blank" rel="noopener">Programa Piloto de Servicios de Primeros Auxilios</a> de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación (UTIGyND). Este consiste en dar atención psicológica y orientación, asesoría y acompañamiento jurídico a las candidatas federales en situación de violencia. Dada la necesidad de apoyo y acompañamiento a nivel local, el programa se extendió a las candidatas locales. Estos <a href="https://igualdad.ine.mx/wp-content/uploads/2024/04/Folleto_Digital_Programa_Piloto.pdf" target="_blank" rel="noopener">servicios, vigentes hasta octubre 2024, se activan</a> cuando la candidata pide apoyo directamente. Hasta junio de 2024, la UTIGyND recibió 37 solicitudes de atención: 12 peticiones de diversa índole por parte de autoridades y 25 de atención directa (5 federales y 18 locales). La mayor parte de los servicios brindados fueron jurídicos (62 %), seguidos de psicológicos (33 %) y de canalización con otras autoridades (5 %).
Finalmente, un tercer mecanismo de atención fue la instalación de la <a href="https://www.te.gob.mx/front3/bulletins/detail/25722/0" target="_blank" rel="noopener">Defensoría Pública Electoral Especializada en la Atención de Asuntos de Violencia Política en Razón de Género</a>. Con ella, se brindan servicios de representación jurídica en asuntos federales y locales de paridad y violencia política. Además, también se da orientación en los casos en que se solicite. Para obtener dichos servicios, es necesario que la mujer afectada se presente en las oficinas o que se comunique por correo electrónico o teléfono. Hasta este momento, no se cuenta con información sobre el número de casos atendidos, jurisdicción o servicios provistos.
A pesar del esfuerzo de las autoridades correspondientes para atender y acompañar a las mujeres en la política, las estrategias de protección no resultaron infalibles, como lo demuestran las miles de renuncias y sustituciones o los centenares de víctimas de agresiones físicas y digitales. Esto evidencia la necesidad urgente de revisar y fortalecer los mecanismos implementados para garantizar una protección efectiva de las mujeres candidatas y de las electas. Los aprendizajes de estos mecanismos son varios. A partir del acompañamiento en seguridad que Aúna dio a sus candidatas, a continuación se ofrecen algunas lecciones que, desde nuestra perspectiva, son de las más importantes:
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<li>Los mecanismos de atención, protección y acompañamiento deben ser permanentes. La violencia contra las mujeres se presenta a lo largo de su participación en la política ―antes, durante y después del año electoral― y se prolonga durante el ejercicio de su cargo. Sólo mediante políticas integrales y permanentes podremos asegurar que las mujeres en la política desempeñen sus funciones con la dignidad y el respeto debidos.</li>
<li>La publicación y publicidad de los mecanismos institucionales fue tardía: entre abril y mayo de 2024, cuando ellas ya estaban en campaña. Esto dificultó que las candidatas conocieran los servicios disponibles y los medios para su activación al estar concentradas en las prioridades de su campaña.</li>
<li>Los procesos operativos para solicitar el Mecanismo de Protección no eran claros. Las autoridades no señalaron de manera pública y explícita cómo iniciar el proceso ni ante qué unidad o departamento. Además, a nivel federal los partidos debían hacer la solicitud en nombre de sus candidatas, lo que es absurdo en el contexto mexicano, ya que son ellos quienes más suelen violentar a las mujeres en la política.</li>
<li>Las elecciones a nivel local presentaron grandes retos de seguridad. Al haber modelos diferenciados por entidad federativa, sin información expedita ni fácilmente accesible, las mujeres candidatas frecuentemente desconocían qué situaciones calificaban como alarmantes, a quién solicitar mecanismos de protección o a dónde acudir en caso de emergencia.</li>
<li>Las mujeres radicadas en la ruralidad o en municipios no metropolitanos se enfrentaron al desconocimiento y falta de perspectiva de género de las autoridades cuando solicitaron acciones de emergencia. Por ejemplo, se les requería trasladarse a la capital para levantar su denuncia o se consideraba que sus casos no eran lo suficientemente relevantes. Esto derivó en su revictimización o en la negación de atención o protección, lo que erosionaba, aún más, la confianza en las instituciones y autoridades locales.</li>
<li>Las mujeres preferían no denunciar ni pedir apoyo institucional, y optaron por idear sus propias estrategias de cuidados y protección ante los niveles de violencia, en vista del desconocimiento, omisión, colusión o revictimización por parte de las autoridades, sobre todo locales.</li>
</ol>
En México, la violencia criminal electoral amenaza los derechos fundamentales de las mujeres candidatas y su participación democrática. A medida que luchan por ocupar espacios de poder y representación, también enfrentan obstáculos que desafían su integridad y seguridad personal, lo que puede orillarlas a abandonar la contienda electoral. A la luz de las elecciones en 2024, es necesario reflexionar sobre los resultados que ha alcanzado la paridad y las consecuencias no previstas que ha provocado para las mujeres, sobre todo si las ponemos al frente pero las dejamos solas, sin políticas de acompañamiento útiles e integrales.
Además, necesitamos entender la efectividad de los mecanismos institucionales puestos en marcha. ¿Qué indicadores utilizan las autoridades para medir el efecto de sus estrategias? ¿Qué resultados reales arrojan estas políticas? La información permitirá entender, con mayor claridad, cuáles fueron las estrategias exitosas y reflexionar sobre errores por corregir y los retos pendientes. En conjunto, este ejercicio resultaría en la incorporación de insumos valiosos para mejorar las estrategias de atención, protección y acompañamiento de las mujeres en la política.
Para mejorar estos mecanismos, no necesitamos empezar desde cero: es fundamental reconocer el valor de preservar y fortalecer aquello que ya tenemos, como el Mecanismo de Protección a Personas Candidatas de la SSPyC, el Programa Piloto de Servicios de Primeros Auxilios del INE y la Defensoría Pública Electoral Especializada en la Atención de Asuntos de Violencia Política en Razón de Género del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPFJ). Estos mecanismos son relevantes porque, con la experiencia acumulada, hay aprendizajes valiosos para avanzar, de manera más efectiva, en la protección y el acompañamiento de las mujeres en la política. No es necesario inventar el hilo negro: mejoremos lo que ya existe y potenciémoslo a la luz de la retroalimentación obtenida.
La mejora continua de estas iniciativas —especialmente de las que incorporan una perspectiva de género e interseccionalidad, como el Programa Piloto— es clave para enfrentar los desafíos que las mujeres encuentran en la arena política. La coordinación interinstitucional entre las autoridades es igualmente esencial, pues facilita una respuesta más expedita y eficiente frente a estas violencias. Aprovechar y perfeccionar lo que ya existe permitirá responder mejor a las necesidades actuales, y anticipar y mitigar futuros riesgos. Forjemos un futuro en el que la participación política de las mujeres se desarrolle en un ambiente de respeto, donde su integridad sea siempre nuestra prioridad.
* Claudia Cote es coordinadora de seguridad en Aúna. Su experiencia profesional se ha desarrollado en seguridad en contextos hostiles con un enfoque de seguridad humana interseccional y justicia social. Ha trabajado en cooperación internacional y sociedad civil, en América Latina y África. Es politóloga y administradora pública por El Colegio de México y maestra en Políticas Públicas por la Universidad de Warwick, con una especialidad en seguridad física y género en contextos frágiles.

Resiliencia electoral 2024: reflexiones sobre los mecanismos institucionales para salvaguardar a las mujeres en la política

Resiliencia electoral 2024: mecanismos institucionales para salvaguardar a mujeres en la política

La corrupción es un mal que socava los cimientos de cualquier sociedad, y mina la confianza en las instituciones. Pero el mal resulta aún más corrosivo cuando se hacen acusaciones de corrupción, sin evidencia y sin claridad, sobre los actores y las circunstancias. Los Poderes Judiciales son la columna vertebral de un Estado de Derecho, y su integridad es crucial para mantener la confianza pública en las instituciones. Ahora bien, el Poder Judicial no actúa en solitario: requiere de la colaboración de otras instituciones. El sistema de justicia es un trinomio compuesto por las partes y las cortes. En materia penal, se trata de fiscales, defensores y jueces; en otras materias, de litigantes, defensores y jueces.
Al acusar de corrupción al sistema de justicia, es fundamental identificar dónde, cómo y por qué se están dando las condiciones para que esta corrupción florezca. Los problemas en el funcionamiento del sistema, que es evidente que los hay en cuanto acceso y calidad, no se limitan a las personas juzgadoras, sino que involucran a todas las partes que lo componen. Las soluciones deben ser integrales, garantizando el profesionalismo y la probidad de todos los actores involucrados.
Es cierto que, en general, en México no se distingue con claridad a estos actores del sistema; tampoco cuáles son las diversas competencias entre los jueces locales y federales. De ahí que sea alarmante la percepción de que los jueces, y el sistema judicial en su conjunto, están sumidos en la corrupción. De acuerdo con la ENVIPE 2022 del INEGI, dos terceras partes de los ciudadanos creen que los jueces son corruptos. Este dato refleja una crisis de confianza que no puede ser ignorada. Sin embargo, es aún peor la percepción que se tiene de las fiscalías y de las policías.
Por ello es importante cuestionar si estos problemas se resuelven con una reforma constitucional; más aún, si la iniciativa del presidente de la República de reforma judicial les dará solución o si, en realidad, estamos ante la necesidad de pensar en una política pública integral que contemple el sistema de justicia completo, en sus diferentes niveles de gobierno, que identifique con claridad los problemas que estos enfrentan, los actores involucrados, las cargas de trabajo y los recursos económicos, materiales y humanos necesarios para resolverlos. Por ejemplo, en México tenemos una de las tasas más bajas de jueces por habitantes, con un promedio de 3.3 jueces por cada 100 mil personas.
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Uno de los aspectos más preocupantes de la reciente propuesta de reforma al Poder Judicial presentada por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, es su enfoque unilateral en los jueces, sin distinción entre la justicia local y la federal. Al señalar a los jueces como los únicos responsables de la corrupción en el sistema, se omiten otros problemas y actores como los fiscales, lo precario de las defensorías de oficio o la falta de ética y calidad de litigantes que terminan creando enormes barreras de acceso a la justicia y cargas administrativas excesivas, también presentes en la percepción de corrupción. Ninguno de esos elementos se toma en cuenta en la iniciativa de reforma constitucional.
La propuesta tampoco se hace cargo de la disparidad entre los poderes judiciales de las diversas entidades federativas en cuanto al alcance en el acceso a la justicia, la calidad institucional ni los procesos de carrera judicial, los cuales son muy asimétricos y, en muchos casos, precarios. La falta de garantías y la influencia política en los nombramientos y ratificaciones de juzgadores son factores que aumentan el riesgo de corrupción al mellar su independencia, cuestión que la elección por voto popular de la iniciativa agravaría.
Si en realidad deseamos atajar los riesgos de corrupción en el sistema de justicia, es importante reconocer los esfuerzos que se han venido realizando. Por ejemplo, a nivel federal es cierto que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) ha tomado medidas importantes en la lucha contra la corrupción, como la implementación del &#8220;Programa de Verificación de Situación Patrimonial&#8221; y la imposición de sanciones a personas servidoras públicas que han incurrido en conductas irregulares. En 2023, por ejemplo, se iniciaron 119 investigaciones por nepotismo y 31 por actos de corrupción en el Poder Judicial Federal. La Comisión de Vigilancia, en conjunto con otras áreas del Consejo, requirió información estadística, identificó sentencias relacionadas con los delitos de corrupción y con la adopción de buenas prácticas internacionales para atender solicitudes en seguimiento de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI) para la Implementación de la Estrategia Nacional de Combate al Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. <a style="color: #0000ff;" href="#_ftn1" name="_ftnref1">1</a>
En la propuesta de reforma no queda claro qué órgano llevaría a cabo estas importantes labores de prevención y sustanciación de las posibles faltas administrativas ni cuáles serían los procedimientos. Tampoco se prevé quién sería responsable de la coordinación con el Sistema Nacional Anticorrupción, ni quiénes llevarían las denuncias penales a la fiscalía correspondiente. por lo que la iniciativa de reforma parecería ser un retroceso en estos aspectos.
En cuanto a la justicia local, también ha habido avances. Según el informe del World Justice Project, destaca que los resultados de las auditorías se publican en gran parte del sistema, ofreciendo información valiosa que podría integrarse en las políticas nacionales y estatales de lucha contra la corrupción. También hay importantes áreas de oportunidad: la mayoría de las instituciones del sistema no cuenta con mecanismos claros para denunciar actos de corrupción, y los protocolos para proteger a quienes denuncian son prácticamente inexistentes. También es fundamental que las instituciones del sistema de justicia sigan fortaleciendo los mecanismos de atención a casos de violencia de género en sus propias estructuras. Por otro lado, <a href="https://justiciaabierta.mx/resultados" target="_blank" rel="noopener">no existen formas claras de evaluar el desempeño o las decisiones de los órganos internos de control</a>, lo cual es crucial para entender cómo funciona el “sistema de alertas” y desarrollar políticas efectivas en este ámbito. Desgraciadamente, de nueva cuenta la iniciativa no prevé ningún mecanismo  para resolver estos problemas.
Lo que sí propone la iniciativa es la creación de tribunales de disciplina a nivel federal y local, pero no queda claro cuáles serían, exactamente, sus competencias. Aunque podría ser una buena idea, es fundamental que sean cuerpos técnicos e independientes, y que sus miembros cuenten con experiencia en el ámbito de la impartición de justicia. Estos tribunales deberían tener competencia sobre todo el sistema, incluyendo jueces, fiscales, defensores y litigantes. Además, deben guiarse por los principios del Derecho Administrativo Sancionador, lo que implica respetar los estándares del derecho penal en cuanto a taxatividad en la aplicación de la ley, debido proceso y defensa adecuada. Esto significa que el tribunal no puede ser, al mismo tiempo, la autoridad que investiga y la que sanciona. Sin embargo, la iniciativa de reforma no aborda este punto crucial, e incluso sugiere que el mismo tribunal reciba, procese y resuelva las denuncias sin ofrecer a las personas investigadas la posibilidad de apelar sus decisiones.
Para que un sistema disciplinario no vulnere la independencia judicial, elemento fundamental de un sistema democrático con frenos y contrapesos, es vital que las personas juzgadoras nunca sean sancionadas por el sentido de sus sentencias, ya que esto es esencial para garantizar su imparcialidad e independencia. En este sentido que la propuesta del presidente de la República es preocupante, puesto que establece como causa de sanción que las sentencias sean contrarias al bien común.
Es cierto que el sistema de justicia en México enfrenta retos importantes para lograr garantizar un pleno acceso a la justicia y una resolución de nuestros conflictos pronta, completa e imparcial, como dicta nuestra Constitución. Hay importantes áreas de mejora en el régimen disciplinario para garantizar su eficacia con pleno respeto de los derechos. Ello requiere no sólo cambios en la normatividad de los órganos competentes para imponer sanciones a los jueces, sino repensar una normatividad que incluya a todos los agentes involucrados, lo que pasa por una revisión de las leyes orgánicas de poderes judiciales, fiscalías y de la ley general de responsabilidades administrativas, así como su correlativo en los estados. Más aún, se requiere vislumbrar una política integral de combate a la corrupción en el sistema de justicia. Estos problemas no se resuelven con acusaciones infundadas de corrupción y cambios constitucionales al vapor, sin evidencia ni diagnósticos precisos. Ojalá la nuevas legislaturas federal y locales se tomen el tiempo para conocer, analizar y proponer una reforma integral que realmente resuelva los problemas de corrupción que aquejan a México.
* Ana Elena Fierro (<a href="https://x.com/anelfierro" target="_blank" rel="noopener">@anelfierro</a>) es doctora en Derecho, Maestra en Filosofía, Profesora de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey.
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<a style="color: #0000ff;" href="#_ftnref1" name="_ftn1">1</a> Primer Informe de Labores (2023), ministra presidenta, Norma Lucía Piña Hernández.

¿Es esta reforma al Poder Judicial el fin de la corrupción?

El tema más comentado en México, en estos días, es la reforma a los poderes judiciales que el presidente propuso el 5 de febrero de este año,  y que se está discutiendo en el Congreso de la Unión y posteriormente pasará a las legislaturas locales. Esta reforma busca renovar prácticamente a todas las personas juzgadoras a nivel federal  y local a través del voto popular. La discusión se intensificó, aún más, después de la gran victoria electoral del partido en el poder. Han sido días de foros y consultas organizadas por la Cámara de Diputados, la SCJN, la Escuela Judicial, diversas universidades y colegios de abogados, donde se han expuesto los posicionamientos tanto de los legisladores como de integrantes de los poderes judiciales. Sin embargo, tristemente parece no haber existido un verdadero diálogo donde, con empatía, pudieran escucharse las propuestas de las personas participantes.
Hoy por hoy, nadie pone en tela de juicio que el sistema de justicia en México enfrenta importantes retos de impunidad y de acceso a la justicia. Lo que hace falta es que, realmente, dialoguemos entre todas las instituciones involucradas en la administración e impartición de justicia sobre qué es lo que necesitamos y cómo lograrlo. En estas líneas propongo varios caminos para que conversemos y colaboremos en conformar un sistema de justicia que, con estricto apego al debido proceso y pleno respeto a los derechos humanos, garantice el acceso a todas las personas y el desahogo y resolución de nuestros conflictos sociales. Comenzaré centrándome en la necesaria profesionalización de las instituciones del sistema de justicia.
Para fortalecer el Estado de Derecho en México, el servicio civil de carrera en el sistema de justicia es clave. No basta con tener jueces bien capacitados y profesionales. Fiscales y defensores también necesitan un sistema que garantice su independencia y profesionalización, asegurando que las decisiones judiciales no estén sujetas a influencias externas.
Hoy el sistema de justicia enfrenta dos realidades. Por un lado, el Poder Judicial de la Federación ha avanzado con una carrera judicial que busca asegurar jueces seleccionados por mérito, y no por influencias políticas. Por el otro, las fiscalías y defensorías, tanto a nivel federal como local, sufren de una carencia de servicios civiles de carrera robustos, lo que afecta la calidad de la procuración de justicia y fomenta la desconfianza pública.
El camino hacia la profesionalización pasa por crear academias y sistemas de formación que no solo seleccionen al personal con base en sus competencias, sino que también lo capaciten continuamente y lo protejan de la inestabilidad laboral derivada de los ciclos políticos. Sin embargo, es alarmante que, en muchas entidades del país, los nombramientos en estas instituciones siguen siendo designaciones políticas, lo que pone en riesgo la imparcialidad y profesionalismo que requieren estas funciones y perpetúa la impunidad.
Para resolver estos problemas, es imperativo que, tanto a nivel federal como local, los tribunales, las fiscalías y las defensorías cuenten con un servicio civil de carrera formalizado. Este sistema debe basarse en méritos, garantizar igualdad de oportunidades y ofrecer estabilidad laboral. Solo así los funcionarios podrán actuar con imparcialidad y responder a las necesidades de la ciudadanía, sin temer represalias ni depender de intereses externos.
Un diálogo sobre la profesionalización del sistema de justicia podría tomar como punto de partida la <a href="https://clad.org/wp-content/uploads/2020/07/Carta-Iberoamericana-de-la-Funcion-Publica-06-2003.pdf" target="_blank" rel="noopener">Carta Iberoamericana de la Función Pública CIFP</a> y tener en cuenta, como puntos principales, elementos como:
1. Financiamiento adecuado. Hay que asegurar que las fiscalías, defensorías y poderes judiciales cuenten con los recursos suficientes para operar de manera eficiente. Esto incluye infraestructura moderna y una compensación justa para el personal, con un presupuesto que garantice el crecimiento continuo y se adapte a las necesidades del país.
2. Ingreso basado en mérito y equidad de género. El acceso a puestos en el sistema de justicia debe ser igual para todos, basado en méritos y sin discriminación. Se debe garantizar la paridad de género, desde los niveles operativos hasta las posiciones de liderazgo, fomentando la igualdad en la selección y promoción del personal.
3. Estándar nacional de formación en justicia. Se propone la creación de un modelo de formación en materia de justicia uniforme en todo el país para asegurar que jueces, fiscales y defensores reciban una capacitación de calidad y se mantengan actualizados en normativas y cambios sociales.
4. Fortalecimiento de la Escuela Federal de Formación Judicial. Ampliar los programas de formación de esta escuela para que jueces, fiscales y defensores puedan especializarse y mantenerse actualizados en áreas clave, como derechos humanos, ambiental y tecnología aplicada al derecho.
5. Servicio civil de carrera en fiscalías y defensorías. Crear un servicio civil que asegure que los servidores públicos sean seleccionados por sus habilidades y se les garantice estabilidad laboral, formación continua y protección de sus derechos, para que puedan actuar sin presiones políticas. Este sistema tendría que considerar los siguientes procesos:
<ul>
<li>Planificación de recursos humanos. Analizar las necesidades de personal y asegurarse de que los perfiles sean los adecuados para cada tarea.</li>
<li>Organización del trabajo. Definir claramente las funciones y competencias de cada puesto para mejorar la eficiencia.</li>
<li>Gestión del empleo. Garantizar procesos de selección y promoción basados en méritos, evitando favoritismos.</li>
<li>Evaluación del desempeño. Implementar evaluaciones regulares para asegurar el cumplimiento de responsabilidades y mejorar el rendimiento.</li>
<li>Compensación justa. Ofrecer salarios competitivos y recompensas por buen desempeño para atraer y retener talento.</li>
<li>Desarrollo profesional. Facilitar la capacitación continua del personal en áreas clave para fomentar su crecimiento profesional.</li>
<li>Disciplina y responsabilidad. Aplicar procedimientos justos para sancionar conductas inapropiadas, manteniendo la integridad del servicio.</li>
<li>Protección de derechos laborales. Proteger la estabilidad laboral y la independencia de los servidores públicos.</li>
</ul>
Fortalecer estos pilares del sistema de justicia debe ser una prioridad nacional. Es urgente un verdadero diálogo entre los poderes y la sociedad civil para consolidar todas las instituciones del sistema. Sin una reforma integral que abarque todas sus partes, no lograremos el nivel de profesionalización e independencia que requiere nuestra sociedad. En tiempos de creciente desconfianza pública, un sistema de justicia que funcione correctamente es esencial para restaurar la confianza en nuestras instituciones. Por favor, dialoguemos.
* Ana Elena Fierro (<a href="https://x.com/anelfierro" target="_blank" rel="noopener">@anelfierro</a>) es doctora en Derecho, maestra en Filosofía y profesora de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno Tec de Monterrey. Membresía Aúna capítulo CDMX.

Por favor, dialoguemos. La reforma judicial que necesitamos

Con base en información de Data Cívica, en su reporte Votar entre Balas, el <a href="https://tinyurl.com/5uxtf5v5" target="_blank" rel="noopener">año electoral 2023-2024 fue el más violento</a> en la historia mexicana. Organizaciones como México Evalúa registran <a href="https://tinyurl.com/5ar26sea" target="_blank" rel="noopener">329 personas agredidas</a>, sobre todo en el ámbito local, de las cuales 82 fueron mujeres, mismas que recibieron más amenazas y atentados en comparación con sus pares masculinos.
Con el acompañamiento a 123 mujeres en la política, en Aúna observamos que hacer política en México no es sencillo y para las mujeres resulta aún más difícil, pues además de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (VPMRG) se enfrentan a la violencia político-electoral que tuvo un incremento considerable durante el periodo electoral pasado. Esto se agudiza para aquellas que tienen la convicción de que la política puede transformar su contexto y mejorar condiciones para sus comunidades. A pesar de que estas características son deseables para el avance de la cultura democrática en México, hemos observado tensión y agresiones si las mujeres candidatas se enfrentan a grupos criminales y otros poderes fácticos rígidos, adversos a la alternancia política y al avance de ciertas agendas y liderazgos. Lo anterior resulta en una disminución importante en la participación política de mujeres, como ya se <a href="https://tinyurl.com/yckcrb5y" target="_blank" rel="noopener">documentó</a> en elecciones anteriores.
En este contexto, Aúna acompañó en este proceso electoral a 73 mujeres que buscaban obtener un cargo (nominadas Aúna), de las cuales 52 obtuvieron una candidatura. Para prevenir los altos niveles de violencia que las nominadas Aúna podrían enfrentar, y entendiendo nuestra corresponsabilidad en el proceso, diseñamos e implementamos una estrategia de corresponsabilidad de seguridad para ellas. Nuestras nominadas son mujeres de identidades diversas, pertenecientes a grupos históricamente subrepresentados.
Dicha estrategia se implementó de octubre 2023 a junio 2024 y fue posible gracias a la participación de las Coordinadoras de Capítulos y a las <a href="https://auna.nationbuilder.com/membresia" target="_blank" rel="noopener">membresías</a> que fungieron como Coordinadoras de Seguridad. Tuvimos reuniones quincenales durante todo este periodo para monitorearlas, así como los incidentes de seguridad que reportaron.
El objetivo general de la estrategia fue contribuir a reforzar la seguridad que las nominadas tendrían durante el año electoral 2023-2024 y constó de tres ejes:
<ol>
<li>Formación básica en VPMRG, violencia digital y física.</li>
<li>Desarrollamos materiales y herramientas básicas de seguridad para prevenir o reaccionar ante agresiones.</li>
<li>Creamos alianzas estratégicas con autoridades responsables de la seguridad de las nominadas durante el proceso electoral. También se forjaron acuerdos con grupos de la sociedad civil organizada y actores clave de la iniciativa privada que pudieran apoyar en la seguridad de las nominadas.</li>
</ol>
La formación se dirigió a las nominadas y sus equipos de seguridad y comunicación. Fueron talleres en línea que tuvieron el propósito socializar información básica y concreta que les facilitara la identificación de conductas que se consideran violentas en el ejercicio de sus derechos político electorales. También se revisaron estrategias de prevención y denuncia de agresiones digitales, y la identificación de riesgos en la esfera física. Además, dimos a conocer mecanismos e instancias públicas ante las cuales se denuncian los actos relacionados con la violencia digital, física y VPMRG, así como las distintas formas de prevención, atención y posibles sanciones.
Como parte del segundo eje, desarrollamos una serie de herramientas básicas en seguridad que las nominadas podían utilizar para identificar las violencias a las que estaban expuestas, prevenir agresiones o reaccionar a ellas. Tomando como referencias herramientas similares del <a href="https://igualdad.ine.mx/wp-content/uploads/2022/03/cigynd_2se_180222_p1_a4.pdf" target="_blank" rel="noopener">Instituto Nacional Electoral</a> y de la Fundación <a href="https://library.fes.de/pdf-files/bueros/mexiko/19765.pdf" target="_blank" rel="noopener">Friedrich-Ebert-Stiftung</a>, desarrollamos un análisis y evaluación de riesgo para mujeres candidatas, con un enfoque interseccional, que permitió identificar potenciales incidentes o agresiones. De esta manera, las nominadas podían reconocer amenazas y vulnerabilidades para priorizar y preparar cursos de acción que pretendían prevenir y aminorar agresiones, salvaguardando su integridad personal.
Paralelamente, diseñamos una guía de actuación, que dio a conocer los principales ejes de acción y autoridades competentes para reportar y solicitar atención frente a agresiones de VPMRG, físicas o digitales. Para documentar y registrar cualquier agresión, pusimos a su disposición una bitácora de hechos que sirviera para iniciar procesos ante autoridades electorales o ministeriales, según lo requirieran.
El último eje consistió en la construcción de alianzas y acuerdos de colaboración con gobierno, sobre todo con Organismos Públicos Locales Electorales y el Instituto Nacional Electoral, organizaciones de la sociedad civil y empresas, con el fin de colaborar en áreas específicas para alcanzar objetivos comunes o beneficios mutuos. Cabe destacar que fueron esenciales porque combinaron recursos, conocimientos y capacidades, creando un enfoque integral y coordinado para prevenir y atender la VPMRG y otras violencias. Además, fortalecieron la prevención, mejoraron la respuesta ante agresiones y contribuyeron a un cambio conjunto para frenar las violencias en la coyuntura electoral.
Este año fue la primera vez que implementamos la estrategia de corresponsabilidad de seguridad de Aúna con los ejes previamente descritos. Los aprendizajes más relevantes de este proceso son:
<ol>
<li>La normalización de las violencias prevalece en las mujeres que hacen política. Observamos que las mujeres interiorizan, perciben y entienden la seguridad desde sus interseccionalidades y múltiples diferencias que las conforman. Por tanto, las redes de apoyo, la sensibilización a la ciudadanía y rutas de acción crítica juegan un papel crucial en la seguridad de las mujeres candidatas para prevenir y atender casos de violencia.</li>
<li>Las mujeres están expuestas a violencias y a niveles de riesgo diferentes debido a sus contextos. Aquellas que se encuentran más expuestas son las mujeres que hacen política en el nivel municipal y en la ruralidad.</li>
<li>Las mujeres que enfrentan VPMRG o violencia político-electoral no la denuncian porque, frecuentemente, la minimizan o no reconocen las conductas violentas. Además, no confían en que las autoridades sean sensibles a sus casos ni que los mecanismos existentes sean efectivos.</li>
<li>Las alianzas estratégicas son clave porque permiten un enfoque integral y coordinado entre actores relevantes. Las alianzas con plataformas digitales y su actuación proactiva en prevenir, acompañar y resolver casos de violencia digital que enfrentaron preponderantemente las mujeres candidatas durante este proceso electoral.</li>
<li>Las violencias contra las mujeres en el ámbito político comienzan mucho antes de precampañas y campañas, y prevalecen después de la jornada electoral. Los mecanismos de prevención, atención, protección y sanción de las autoridades electorales y en los partidos deben contemplarse de forma permanente para que se ejerza una efectiva participación política de las mujeres durante toda su trayectoria política.</li>
</ol>
En México, a pesar de tener un <a href="https://igualdad.ine.mx/wp-content/uploads/2024/02/guia_para_la_prevencion_atencion_sancion_y_reparacion_2da_ed-2-003.pdf" target="_blank" rel="noopener">marco normativo</a> integral y flexible para atender y acompañar casos de violencia contra mujeres políticas, desde Aúna observamos una necesidad apremiante de prevenir violencias y activar mecanismos operativos efectivos y permanentes.
La VPMRG y la violencia criminal electoral socavan los derechos de participación política de las mujeres, el avance de la paridad hacia una igualdad sustantiva e, incluso, la calidad democrática de nuestro país.
Si bien entendemos que cada candidata tiene responsabilidad en su propia seguridad, es urgente reconocer que los contextos en los que viven y se desempeñan determinan, en gran medida, los riesgos y violencias a los que están expuestas. Garantizar su seguridad es una responsabilidad compartida que requiere un esfuerzo conjunto y sostenido de toda la sociedad, desde las instituciones gubernamentales, sociedad civil, iniciativa privada y la ciudadanía.
Por ello, en Aúna tenemos el compromiso de seguir acompañando a las mujeres que quieren participar en la política. Los aprendizajes del reciente proceso de acompañamiento que tuvimos son una ventana de oportunidad para continuar posicionando el tema y para seguir abriendo brecha como plataforma política que acompaña a mujeres diversas en búsqueda de una candidatura y también a aquellas que ejercen un cargo.
* Claudia Cote es coordinadora de seguridad en Aúna. Su experiencia profesional se ha desarrollado en seguridad en contextos hostiles con un enfoque de seguridad humana interseccional y justicia social. Ha trabajado en cooperación internacional y sociedad civil en América Latina y África. Claudia es politóloga y administradora pública por El Colegio de México y maestra en Políticas Públicas por la Universidad de Warwick con una especialidad en seguridad física y género en contextos frágiles. Rebeca Moreno es coordinadora operativa de Aúna. Sus áreas de especialización incluyen la prevención de la violencia contra las mujeres, así como la promoción de los derechos sexuales y reproductivos. Cuenta con más de 10 años de experiencia colaborando con organizaciones feministas y de la sociedad civil en México y ha sido consultora de género y derechos humanos para instituciones públicas y agencias de Naciones Unidas. Estudió la licenciatura en Relaciones Internacionales y la Maestría en Derechos Humanos en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y es Maestra en Género y Desarrollo por el Instituto para Estudios del Desarrollo de la Universidad de Sussex en el Reino Unido.

Resistiendo juntas y acompañando desde la adversidad

Cada vez escucho, leo, veo con mayor frecuencia aseveraciones como “es terrible trabajar con la gen Z”, “no siguen órdenes”, “no respetan jerarquías”, lo que encuentro entre gracioso y preocupante, como si trabajar con la gen X o boomers fuera la mejor experiencia.
Es casi el orden natural de la humanidad, la generación más vieja quejándose de la más nueva: Aristóteles señalando la perdición de la juventud en el 280 A. C. o tu tío haciendo lo mismo en el 2024. Qué preocupante que, en tantos miles de años que llevamos existiendo como sociedad occidental, las infancias, adolescencias y juventudes sigan sin ser consideradas parte activa y clave de la comunidad. Se les trata más como sujeto de protección que como sujeto de derecho y eso conlleva una lista larga de problemas, violencias y segregaciones.
Vivimos en una sociedad adultocéntrica. Crecemos escuchando “que no tenemos edad para opinar” y esa edad parece nunca llegar, porque a los 18 se convierte en “mientras vivas bajo mi techo” o “hasta que ganes tu propio dinero”. Entras a tu primer trabajo y entonces es “no tienes experiencia para opinar”, o peor, “siempre se ha hecho así”. El adultocentrismo es la supremacía del adulto. Pero, ¿quién es el adulto en esta sociedad patriarcal? Porque, ciertamente, una mujer intentando acceder a su derechos reproductivos o políticos nunca es lo suficientemente adulta, experimentada o capaz.
No es coincidencia que haya pocas mujeres jóvenes o, en general, pocas juventudes en puestos de toma de decisiones. Cuando hablamos de adultocentrismo no nos referimos únicamente a los adultos que no nos dejan opinar. Hablamos también de un sistema que propicia la violencia e invisibiliza a las infancias, adolescencias y juventudes con todas sus intersecciones.
Aprender a construir puentes de diálogo intergeneracionales es vital para el avance de nuestra sociedad. Sin embargo, requiere también reconocer: reconocer nuestros privilegios, reconocer al otro, y no solo su existencia, sino sus experiencias, ideas, opiniones, autonomía y necesidades. Entender los contextos que rodean a las infancias, adolescencias y juventudes nos ayudará a conectar con lo que viven y cómo lo viven para integrar sus perspectivas en la toma de decisiones.
Dialogar para encontrar puntos medios y compartir saberes es imperativo. Construir espacios seguros, aquellos que nos hubiera gustado tener a los 6, a los 15 o a los 23; ser los adultos que nos hicieron falta cuando éramos infancias, ésa debería ser la motivación para unirnos.
Las adolescencias y juventudes transforman sus comunidades cuando cuentan con las herramientas que les permiten desplegar todo su potencial; como Majo, una adolescente tabasqueña que, a sus 16 años, fundó un Club Girl Up para actuar ante  la crisis climática y hablar sobre sus consecuencias directas en las mujeres y grupos históricamente vulnerados.
Con el programa de acompañamiento a Clubes de <a href="https://girlup.org/mexico" target="_blank" rel="noopener">Girl Up México</a>, Majo y sus compañeras fortalecieron sus habilidades de impacto, crearon redes de apoyo y se movilizaron para proponer soluciones a las problemáticas que se presentaban .
Al graduarse de nuestro <a href="https://butter-condition-707.notion.site/C-mo-abrir-un-club-5e0356cf249c46589df83060e96c2c9b" target="_blank" rel="noopener">programa de Clubes </a>a sus 18 años, Majo formó parte de la primera generación del <a href="https://www.instagram.com/p/Cp02_jmuX6q/?utm_source=ig_web_copy_link&amp;igsh=MzRlODBiNWFlZA%3D%3D" target="_blank" rel="noopener">Consejo Juveni</a>l. Su rol fue clave al compartir su perspectiva única para ayudar en la toma de decisiones estratégicas de la organización. Su incidencia llegó al plano internacional al ser la integrante más joven, además de la primera persona desplazada climática y neurodiversa en representar a la sociedad civil en la delegación oficial de México en la Conferencia de Partes para el Cambio Climático (COP 29) de la ONU en 2023, donde puso en práctica sus habilidades de liderazgo y se consolidó  como <a href="https://www.instagram.com/reel/C0xS0EjPc3K/?utm_source=ig_web_copy_link&amp;igsh=MzRlODBiNWFlZA%3D%3D" target="_blank" rel="noopener">agente de cambio</a>.
Integrar la perspectiva de juventudes, rechazar el adultocentrismo y retar las opresiones sistémicas que impiden que las infancias, adolescencias y juventudes se involucren y actúen en nuestra sociedad significa, también, confiar, invertir y acompañar. 
Confiar en que los movimientos liderados por juventudes tienen mucho qué decir y hacer; invertir en su fortalecimiento, proyectos e iniciativas, y caminar a su lado  al reconocer sus ideas, respetar su autonomía e intercambiar saberes y experiencias que nutran a ambas generaciones .
Confiar, invertir y acompañar a organizaciones como <a href="https://www.instagram.com/girlupmx/?hl=es" target="_blank" rel="noopener">Girl Up México</a> es crear espacios seguros para que adolescentes como Majo tengan la oportunidad de fortalecer sus habilidades, encontrar inspiración y conectar con sus pares para actuar por  las causas que les apasionan.
Así que este 12 de octubre te invitamos a unirte al diálogo intergeneracional en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, en nuestra Cumbre de Liderazgo <a href="http://bit.ly/JuntasSomosElCambio">“Juntas somos el cambio:</a> <a href="http://bit.ly/JuntasSomosElCambio" target="_blank" rel="noopener">diálogos de género y generaciones”</a>. A través de charlas, talleres y dinámicas de networking, juventudes y mujeres expertas en sus respectivas industrias, juntas,  levantaremos  puentes para llegar al mundo que deseamos.
Si deseas conocer más sobre nuestro trabajo, puedes seguirnos en todas nuestras redes como <a href="https://x.com/girlupmx_" target="_blank" rel="noopener">@girlupmx_ </a> o escribirnos a <a href="mailto:info@girlupmx.org" target="_blank" rel="noopener">info@girlupmx.org</a><a href="mailto:info@girlupmx.org">.</a>
¡Juntas somos el cambio!
* Luisa Castro es internacionalista y codirige Girl Up México, un movimiento liderado por juventudes que capacita, inspira y conecta a jóvenes líderes y activistas por la igualdad de género.Como afiliado de Girl Up, una iniciativa global de desarrollo de liderazgo con sede en la Fundación de las Naciones Unidas, Girl Up México apoya a más de 70 Clubes en 23 estados de la República, a quienes apoya en su camino como agentes de cambio a favor de la igualdad de género. Es integrante de Aúna México, plataforma que promueve el liderazgo femenino en la política para lograr un mayor bienestar, justicia y protección del medio ambiente.

Hablemos de género y generaciones: construyamos una sociedad inclusiva que desafíe el adultocentrismo

Género y generaciones: construyamos una sociedad inclusiva que desafíe el adultocentrismo

En las últimas semanas, hemos atestiguado un intenso debate sobre la reforma judicial propuesta por el presidente López Obrador. Presentada en febrero como un paso hacia la democratización del poder judicial en México, esta reforma está lejos de representar un verdadero avance para el sistema de justicia en nuestro país. Aunque el dictamen elaborado por la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados se promueve como un esfuerzo participativo, con más de 100 modificaciones derivadas de los llamados Diálogos Nacionales, lo cierto es que estas enmiendas no abordan las preocupaciones más profundas sobre la independencia y profesionalización del Poder Judicial. En lugar de fortalecer los principios fundamentales que deben regir este poder del Estado, la reforma amenaza con desmantelarlos, poniendo en riesgo la capacidad de impartir justicia de manera imparcial y efectiva.
Se argumenta que las modificaciones introducidas en el dictamen reflejan un proceso inclusivo que consideró las voces de distintos sectores de la sociedad. Sin embargo, es evidente que las preocupaciones más esenciales fueron, en gran medida, ignoradas o consideradas inalterables por tratarse de temas “no negociables”. Los cambios introducidos parecen más un ejercicio de maquillaje político que un intento genuino de mejorar el proyecto. La supuesta “participación ciudadana” ha servido, en el mejor de los casos, como una cortina de humo para disimular las deficiencias estructurales de la propuesta, tanto en su versión original como en la modificada.
Un aspecto particularmente polémico de la reforma es la propuesta de elegir a jueces y magistrados mediante voto popular. Aunque esta medida podría parecer democratizadora, en realidad compromete uno de los pilares fundamentales de un sistema de justicia robusto: la independencia judicial. La elección popular de jueces y magistrados abre la puerta a la politización de la justicia, donde las decisiones podrían estar más influenciadas por la opinión pública y los intereses políticos que por la aplicación imparcial de la ley.
La justicia no es una cuestión de popularidad; es un ejercicio de equidad y legalidad. Los jueces deben ser seleccionados por su conocimiento, integridad y capacidad para aplicar la ley de manera imparcial, no por su habilidad para atraer votos. Convertir el proceso de selección en una contienda electoral no fortalece la independencia judicial, la debilita, haciendo al Poder Judicial vulnerable a las presiones políticas y electorales. La Relatora Especial de la ONU ha manifestado serias preocupaciones sobre esta propuesta, señalando que predominan consideraciones políticas que se superponen a los méritos de la carrera judicial. La justicia no puede ni debe estar sujeta a los vaivenes de la política o a los intereses electorales, ya que esto desvirtuaría su esencia y misión en la sociedad.
La reforma se presenta como una garantía de procesos de selección de jueces y magistrados que serán “universales, públicos, transparentes, inclusivos y accesibles”. Sin embargo, estas promesas no abordan los problemas más profundos que enfrenta el sistema judicial, como la falta de profesionalización y la persistencia de prácticas corruptas en las fiscalías, las policías o la justicia a nivel local. La ausencia de criterios claros y rigurosos para el nombramiento de jueces podría permitir la entrada de individuos insuficientemente preparados, comprometiendo la calidad y eficacia de la justicia en México. La profesionalización de la judicatura es esencial para garantizar decisiones judiciales justas y basadas en un conocimiento sólido de la ley. Sin un proceso de selección riguroso, el sistema judicial corre el riesgo de degradarse, con consecuencias devastadoras para la confianza pública en la justicia.
Uno de los cambios más criticables en el dictamen es la creación de un Proceso Electoral Extraordinario 2024-2025, que prevé la elección popular de un número significativo de cargos dentro del Poder Judicial, incluyendo no solo a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sino también a la mitad de las personas juzgadoras federales. Aunque la renovación no incluye a la totalidad de los jueces y magistrados federales hasta 2027, esta medida no representa una gradualidad, sino más bien una demolición de la carrera judicial, además de que no resuelve los problemas estructurales del Poder Judicial.
El dictamen también introduce cambios significativos en los requisitos de elegibilidad para ocupar estos cargos. Se eliminan requisitos clave como la antigüedad en el ejercicio de la profesión, que se sustituyen por criterios académicos, como un promedio mínimo en licenciatura. Esto podría desestimar la experiencia práctica, fundamental para el ejercicio adecuado de la justicia, y abre la puerta a la nominación de individuos menos calificados, pero con mejor desempeño académico. La justicia no puede ni debe medirse únicamente en términos académicos, sino en la capacidad de interpretar y aplicar la ley con sabiduría y equidad.
Otro aspecto crítico del dictamen es que no solo preserva la existencia del Tribunal de Disciplina Judicial, sino que lo reconfigura y le otorga amplias facultades para sancionar y evaluar el desempeño de las personas juzgadoras, de forma definitiva. La posibilidad de que este Tribunal atraiga casos relacionados con faltas graves o delitos tipificados por la ley es particularmente preocupante, ya que podría invadir competencias que corresponden al Ministerio Público y a los tribunales penales. Además, la falta de claridad sobre los tipos de delitos y procedimientos que este Tribunal podría asumir abre la puerta a posibles abusos de poder y arbitrariedades, lo cual es inaceptable en un Estado de derecho.
Un aspecto que merece especial atención es la paridad de género. Aunque el dictamen incluye disposiciones que enuncian el principio de paridad y la alternancia entre mujeres y hombres en la asignación de cargos judiciales, estos principios corren el riesgo de quedar en meras declaraciones sin efecto práctico, principalmente debido a la falta de mecanismos efectivos para garantizar su cumplimiento. Esto podría perpetuar la desigualdad en los altos cargos del Poder Judicial. La reforma no establece las disposiciones necesarias para que este principio sea realmente operativo, lo que podría perpetuar la ya existente subrepresentación de las mujeres en las posiciones de poder dentro del sistema judicial.
Otro aspecto crítico que ha sido pasado por alto en la defensa de la reforma es su impacto económico. La implementación de una reforma de esta magnitud requiere de una planificación minuciosa y recursos significativos. Sin embargo, parece que estos factores han sido subestimados, lo que podría llevar a consecuencias desastrosas. El costo económico de realizar elecciones populares para jueces y magistrados, junto con la reestructuración del sistema judicial, sería monumental. Esto no solo implicaría un aumento en los gastos públicos, sino que también podría desviar recursos de otras áreas críticas del sistema de justicia, debilitando aún más su funcionamiento. La falta de una preparación adecuada para estas elecciones podría llevar a una crisis institucional sin precedentes.
Un tema preocupante de la reforma es su impacto potencial en los derechos humanos y las obligaciones internacionales de México. Un Poder Judicial politizado y debilitado no solo pondría en riesgo la protección de los derechos de las minorías, sino que también podría comprometer la confianza en México como un entorno jurídico seguro para la inversión y el comercio. Las implicaciones de un sistema judicial ineficaz se extienden más allá de las fronteras nacionales, afectando la reputación internacional del país y su capacidad para cumplir con sus compromisos internacionales.
En este contexto, se ha producido el paro de labores del Poder Judicial, el cual ha sido criticado como una resistencia al cambio. Sin embargo, en realidad se trata de una legítima defensa ante una reforma que amenaza tanto la independencia judicial como los derechos laborales de jueces y magistrados. Este paro no busca preservar el status quo, sino que responde a una amenaza real para la estabilidad y el futuro democrático de México. La resistencia del Poder Judicial a esta reforma debe interpretarse como una señal de alerta sobre los peligros que representa. Lejos de ser un obstáculo para el progreso, esta protesta es un llamado urgente a reconsiderar los riesgos de una reforma que podría desmantelar los cimientos mismos de la justicia en el país.
Es fundamental subrayar que una reforma que se basa en la premisa de desmantelar el sistema judicial mediante la destitución de la totalidad de las personas juzgadoras del país, sin respetar sus derechos laborales, incluido el derecho a la permanencia, constituye en sí misma una propuesta de destrucción institucional. Una medida de este tipo no solo despoja a los jueces de su seguridad laboral, sino que también establece un peligroso precedente de inestabilidad para el país. La independencia judicial, la estabilidad laboral y la meritocracia son valores que deben ser defendidos y preservados, no sacrificados en nombre de una mal interpretada idea de cambio.
En conclusión, la reforma judicial propuesta, lejos de fortalecer la justicia en México, la pone en grave riesgo. Al comprometer la independencia judicial, la profesionalización y al subestimar los impactos económicos y sociales, esta reforma amenaza con desmantelar uno de los pilares fundamentales de la democracia. Es crucial reconsiderar estos aspectos antes de implementar una reforma que podría tener consecuencias devastadoras para el sistema de justicia y la estabilidad del país.
* Claudia Aguilar Barroso es abogada constitucionalista, socia directora y fundadora de Aguilar Barroso y Asociados, S. C., y cofundadora de Aúna México.

La reforma judicial: un ataque a la justicia

La generación de datos ambientales es clave para informar y comprender problemáticas que afectan los espacios que habita la ciudadanía como la escasez de agua, la contaminación de mantos freáticos o el agotamiento de los suelos que captan agua de lluvia. Estos datos se obtienen mediante una combinación de técnicas y tecnologías avanzadas, que van desde sensores y satélites hasta estudios de campo exhaustivos. Los aspectos evaluados incluyen la calidad del aire y del agua, la biodiversidad y el uso del suelo, proporcionando una visión integral del estado ambiental.
No obstante, el mayor reto es lograr que la información sea accesible y comprensible para el público en general, para que pueda ser utilizada eficazmente en la protección del medio ambiente y en la creación de hábitats urbanos resilientes. Para lograrlo, es esencial presentar la información de manera clara y atractiva, utilizando herramientas visuales como mapas, gráficos y aplicaciones interactivas que faciliten su comprensión.
<h2>Reto 1: mejora de la accesibilidad a los datos</h2>
Para superar el desafío de la accesibilidad, es fundamental adoptar tecnologías y herramientas digitales que permitan el acceso a datos ambientales en tiempo real. Aplicaciones móviles y plataformas web pueden ofrecer información actualizada y relevante directamente a la ciudadanía. Además, es crucial implementar programas educativos que capaciten a la población en la interpretación de estos datos, permitiéndoles tomar decisiones informadas y participar activamente en la protección del medio ambiente.
<h2>Reto 2: presentación de datos</h2>
Una presentación clara y atractiva de datos es esencial para su comprensión efectiva. El uso de infografías, mapas interactivos y dashboards puede simplificar la interpretación de la información, haciendo que sea accesible para todos, sin importar su nivel de conocimiento técnico. La comunicación debe ser directa, redactada en un lenguaje sencillo y libre de tecnicismos innecesarios, para garantizar que el mensaje llegue de manera efectiva a toda la audiencia.
<h2>Ejemplos de iniciativas exitosas</h2>
Existen proyectos internacionales que demuestran cómo la generación de datos ambientales puede catalizar la participación ciudadana y optimizar la gestión de recursos naturales. Un ejemplo destacado es el <a href="https://thewaterproject.org/" target="_blank" rel="noopener">Water Project</a> en África, que utiliza mapas interactivos para monitorear el progreso de proyectos de infraestructura para agua potable. Estos mapas muestran la ubicación de los proyectos, el avance logrado y el número de personas beneficiadas, permitiendo a las personas donantes y a la ciudadanía seguir el progreso de los proyectos, ver fotos y leer historias de las comunidades beneficiadas. Esta transparencia ha aumentado la confianza en los proyectos, incentivando mayores donaciones y participación en la misión de proporcionar agua potable segura.
<figure id="attachment_1434157" aria-describedby="caption-attachment-1434157" style="width: 1190px" class="wp-caption alignnone"><img decoding="async" loading="lazy" class="size-full wp-image-1434157" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/08/mapas-de-Water-Project-en-Africa.jpg" alt="Mapas de la organización Water Project en África." width="1200" height="800" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/08/mapas-de-Water-Project-en-Africa.jpg 1200w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/08/mapas-de-Water-Project-en-Africa-600x400.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/08/mapas-de-Water-Project-en-Africa-1024x683.jpg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/08/mapas-de-Water-Project-en-Africa-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /><figcaption id="caption-attachment-1434157" class="wp-caption-text">Plataforma Water Project.</figcaption></figure>
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De manera similar, <a href="http://www.crowdhydrology.com/" target="_blank" rel="noopener">Crowd Hydrology</a> se destaca por su enfoque en la generación de datos sobre niveles de agua en ríos y arroyos. Este proyecto de ciencia ciudadana permite reportar niveles de agua de manera voluntaria mediante estaciones de monitoreo distribuidas en distintas zonas y mensajes de texto, cuyos datos se visualizan en un mapa interactivo en línea. Esta iniciativa ayuda a las personas científicas y gestoras de recursos hídricos a tomar decisiones informadas.
En México, plataformas como El Espacio de Datos de Información Geoespacial (<a href="https://gisviewer.semarnat.gob.mx/geointegrador2Beta/index.html" target="_blank" rel="noopener">ESDIG</a>), que es una plataforma impulsada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), proporciona datos abiertos sobre temas ambientales, permitiendo a la ciudadanía identificar problemas como cuerpos de agua afectados por la contaminación y reportar estos problemas a las autoridades. Utilizando los mapas interactivos de ESDIG, la ciudadanía de La Paz, BCS, puede visualizar la calidad de agua subterránea en pozos ubicados dentro de la zona de la Cuenca de La Paz. Dentro de la información más importante se destaca la calidad del agua en términos de su potabilidad tanto para uso humano como para riego o consumo de animales.
ESDIG está diseñado para ser accesible al público en general, proporcionando datos abiertos que pueden ser utilizados para la investigación académica, trabajo de ONG y ciudadanía interesada en temas ambientales.
<figure id="attachment_1434162" aria-describedby="caption-attachment-1434162" style="width: 1190px" class="wp-caption alignnone"><img decoding="async" loading="lazy" class="size-full wp-image-1434162" src="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/08/mapas-interactivos-de-ESDIG.jpg" alt="Mapas Interactivos de Espacio de Datos de Información Geoespacial (ESDIG), sobre la calidad de agua subterránea en pozos ubicados dentro de la zona de la Cuenca de La Paz, BCS." width="1200" height="800" srcset="https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/08/mapas-interactivos-de-ESDIG.jpg 1200w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/08/mapas-interactivos-de-ESDIG-600x400.jpg 600w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/08/mapas-interactivos-de-ESDIG-1024x683.jpg 1024w, https://ap-cdn.sfo3.cdn.digitaloceanspaces.com/uploads/2024/08/mapas-interactivos-de-ESDIG-768x512.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /><figcaption id="caption-attachment-1434162" class="wp-caption-text">Espacio de Datos de Información Geoespacial (ESDIG).</figcaption></figure>
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La mejora en la accesibilidad y la presentación efectiva de este tipo de datos es crucial para fomentar la toma de decisiones informadas en la gestión ambiental. Herramientas como mapas interactivos y aplicaciones web, junto con programas educativos y una comunicación clara, pueden empoderar a la ciudadanía, a personas investigadoras y a responsables de lo público para comprender mejor los problemas ambientales y para tomar acción en la protección del medio ambiente y asegurar un desarrollo sostenible para la región.
La iniciativa <a href="https://www.instagram.com/contenerlapaz/" target="_blank" rel="noopener">Contener La Paz</a> también está marcando una diferencia al proporcionar visualizaciones intuitivas de información compleja sobre el agua en la zona urbana del municipio, mediante una <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1jREeQnaa3s5szb9mQSpapF8rgGzgIq5u?usp=drive_link" target="_blank" rel="noopener">Red de Infraestructura Verde y Azul (RIVA)</a>. Esta herramienta pretende facilitar la identificación de riesgos, tendencias y la evaluación de impactos. Es vital promover la transparencia y la difusión de datos para fortalecer la confianza y la colaboración entre distintos sectores, impulsando acciones colectivas para la conservación y el uso sostenible del agua y el suelo.
La disponibilidad de datos precisos y detallados en esta materia también permitirá a las personas tomadoras de decisiones en la región comprender las dinámicas complejas y los desafíos específicos de la gestión del agua y del uso del suelo. Esta información fundamenta la formulación de políticas basadas en evidencia, facilitará la identificación de áreas críticas que requieren intervención urgente, y permitirá evaluar el impacto de las acciones implementadas.
Sin datos claros y accesibles, las decisiones que se tomen en la ciudad de La Paz pueden basarse en suposiciones o información incompleta; o incluso en tendencias de inversión que no han sido cuestionadas. Para enfrentar los desafíos ambientales, especialmente en lo que respecta a la gestión del agua y la adaptación al cambio climático, es crucial adoptar un enfoque coordinado que integre la generación de datos ambientales y la participación ciudadana.  La accesibilidad y la presentación efectiva de los datos no solo mejoran la calidad de la toma de decisiones, sino que también fortalecen la participación ciudadana y la gobernanza ambiental.
* Mariana Orozco Camacho es especialista en políticas públicas y gestión integral de la ciudad. Baruch Sanginés es Geógrafo con Maestría en Población y Desarrollo.

Datos ambientales para empoderar a la ciudadanía

Tras el proceso de elecciones políticas que se vivió en México se ha resaltado la necesidad urgente de atender a las regiones históricamente marginadas. Más allá de los cambios políticos centrales, es esencial dirigir la mirada hacia los desafíos locales que configuran nuestras comunidades. En este contexto crucial, no solo se requiere atención a los nuevos líderes en el gobierno, sino también a las realidades únicas que enfrentan nuestras diversas poblaciones a lo largo y ancho del país.
Las prácticas tradicionales de manejo del agua, enfocadas únicamente en satisfacer la demanda, ya no son adecuadas frente a los impactos del cambio climático. El agua continuará reequilibrando su ciclo a través de eventos meteorológicos cada vez más impredecibles, pero la pérdida de agua de calidad para el consumo humano podría desencadenar una crisis de derechos humanos de dimensiones aún mayores a las actuales. Resulta importante reflexionar sobre cómo replantear la introducción de infraestructuras grises que sólo atienden la demanda de agua para comenzar a considerar el valor social del suelo y una gestión del agua que respete su ciclo.
En el marco de las políticas ambientales de <a href="https://www.auna.org.mx/" target="_blank" rel="noopener">AÚNA</a> y el Plan Nacional de Descarbonización y Resiliencia Climática de la <a href="https://www.mexicoresiliente.org/nosotros" target="_blank" rel="noopener">Coalición México Resiliente</a>, y de su capítulo BCS, abordamos en este texto estrategias vitales para el manejo sostenible del agua y el suelo. Se destaca la importancia de adaptar soluciones eficientes que no solo abordan el estrés hídrico, sino que también promuevan un desarrollo resiliente y armonioso con el entorno natural.
La necesidad de un desarrollo regenerativo y resiliente se hace evidente al considerar lugares críticos como Baja California Sur. La creciente presión de los sectores inmobiliarios y turísticos está comprometiendo gravemente el ciclo hidrológico y la salud de las fuentes de abastecimiento, especialmente en su fase subterránea. Esta región, rica en ecosistemas únicos y biodiversidad significativa, requiere medidas de protección urgentes frente a la deforestación y la creciente impermeabilización del suelo.
La introducción de infraestructura azul y verde (IAV) y otras soluciones basadas en la naturaleza (SBN) constituyen los primeros pasos hacia un cambio de paradigma en la gestión del agua y el suelo, crucial para asegurar un futuro sostenible en las regiones áridas y semiáridas.
<h2>Soluciones alternativas para el manejo del agua y gestión del territorio en sistemas áridos</h2>
El Banco Mundial en su <a href="https://www.bancomundial.org/es/topic/water/overview" target="_blank" rel="noopener">reporte de escasez de agua</a>, publicado en 2020, señala que las regiones áridas y semiáridas, que abarcan aproximadamente el 40% de la superficie terrestre, enfrentan estrés hídrico considerable. Estas áreas, caracterizadas por bajas precipitaciones, <a href="https://www.unccd.int/events/desertification-drought-day/2021" target="_blank" rel="noopener">altas tasas de evaporación y recursos hídricos limitados</a>, presentan desafíos significativos para la vida humana, la agricultura y los ecosistemas naturales.
Como lo señala el ambientalista Peter H. Gleick en su libro <a href="https://islandpress.org/books/worlds-water-volume-8#desc" target="_blank" rel="noopener">The Worlds Water. Vol 8</a> (Island Press) las prácticas tradicionales de manejo del agua, basadas en infraestructuras costosas y de gran impacto ambiental, han demostrado ser inadecuadas para garantizar la seguridad hídrica y el desarrollo sostenible. En América Latina, las zonas áridas y semiáridas abarcan más de 4 millones de kilómetros cuadrados en 22 países, destacando México, Argentina, Chile y Brasil. Los problemas de estas regiones han sido ampliamente documentados.
Es crucial explorar soluciones alternativas más eficientes y sostenibles adaptadas a estas condiciones.  Esto incluye realizar diversas técnicas como: el tratamiento integral de agua de lluvia, tecnologías de riego de precisión y la reutilización de aguas residuales tratadas; entre otras, como lo recomiendan la <a href="https://www.gwp.org/globalassets/global/toolbox/publications/background-papers/04-integrated-water-resources-management-2000-english.pdf" target="_blank" rel="noopener">Asociación Mundial para el Agua</a>, la ONU y la FAO.
<h2><a href="https://journals.openedition.org/polis/5096#tocfrom1n2" target="_blank" rel="noopener">Rasgos característicos del agua y sus usos en sistemas áridos</a></h2>
Los sistemas áridos se caracterizan por la escasa precipitación, alta evaporación y recursos hídricos limitados en superficie, lo que crea un entorno desafiante para la vida humana, la agricultura y los ecosistemas naturales. La disponibilidad de agua en estas áreas varía significativamente de manera estacional y anual, y la alta evaporación reduce aún más el agua utilizable, tanto superficial como subterránea.
Históricamente, las comunidades en zonas áridas han desarrollado prácticas de manejo del agua adaptadas a estas condiciones extremas, pero estas soluciones tradicionales a menudo son insuficientes ante la creciente demanda y los impactos del cambio climático.
La sostenibilidad ambiental y social del agua en zonas áridas implica considerar la cantidad de agua disponible. Sin embargo, la presión sobre el agua ha aumentado debido a tecnologías eficientes de extracción y mayores consumos en agricultura, industria y turismo, lo que ha llevado a la sobre extracción de agua subterránea y la degradación de humedales, <a href="https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000129556_spa" target="_blank" rel="noopener">afectando negativamente a la biodiversidad y los servicios ambientales</a>.
La relación entre cantidad y calidad del agua en zonas áridas es estrecha, ya que la capacidad de depuración es limitada. Los problemas de calidad del agua pueden reducir su disponibilidad para usos esenciales, exacerbando la sensación de escasez. Además, el consumo intensivo de reservas no renovables puede sostener un desarrollo socioeconómico elevado temporalmente, pero con consecuencias negativas para las futuras generaciones, como lo apuntó la científica ambiental Donella Meadows en su libro Más allá de los límites del crecimiento (FCE, 1992).
<h2>Infraestructura Azul-Verde y Soluciones Basadas en la Naturaleza</h2>
La infraestructura azul-verde combina sistemas naturales y seminaturales en la planeación urbana para mejorar la gestión del agua y el medio ambiente. Incluye cuerpos de agua como ríos y lagos (infraestructura azul) y espacios verdes como parques y techos verdes (infraestructura verde). Las soluciones basadas en la naturaleza (SBN) utilizan procesos naturales para abordar desafíos ambientales y sociales, tales como la restauración de ecosistemas, la reforestación y la creación de corredores biológicos.
En las últimas dos décadas, la popularidad de la infraestructura azul-verde y las SBN ha crecido debido a preocupaciones por el cambio climático, la rápida urbanización y la necesidad de enfoques sostenibles para la gestión del agua y la biodiversidad. Estas soluciones son especialmente relevantes en zonas áridas, donde ofrecen beneficios como la mejora de la calidad del agua, la reducción del riesgo de inundaciones y la adaptación al cambio climático.
<h2>Casos de éxito en zonas áridas</h2>
Existen varios ejemplos exitosos de implementación de infraestructura azul-verde (IAV) y SBN en regiones áridas. En el Medio Oriente, Israel ha desarrollado avanzados sistemas de gestión de agua, incluyendo la reutilización de aguas residuales tratadas y tecnologías de riego eficiente que<a href="https://social-sciences.tau.ac.il/sites/socsci.tau.ac.il/files/media_server/social/public/CV/alontal/48)%20The%20Desalination%20Debate%20%E2%80%93%20Lessons%20Learned%20Thus%20Far%2C%20Environment%2C%202011.pdf" target="_blank" rel="noopener"> han permitido la agricultura sostenible en zonas áridas</a>. En Australia, la ciudad de Melbourne<a href="https://www.melbournewater.com.au/building-and-works/stormwater-management/introduction-wsud" target="_blank" rel="noopener"> ha implementado sistemas de drenaje urbano sostenible y parques acuáticos</a> que mejoran la resiliencia urbana frente a las sequías.
<h2>Implementación en el norte de México</h2>
La región árida del norte de México, en particular La Paz en Baja California Sur, enfrenta grandes desafíos en la gestión del agua debido a su clima seco y la escasez de recursos hídricos. La implementación de IAV y SBN puede ser una estrategia eficaz. Sin embargo, es crucial que estas soluciones se integren en un plan amplio y comprensivo. No se debe esperar que, por sí solas, estas estrategias generen un cambio radical en la problemática actual del agua. A continuación, se enumeran algunas alternativas que pueden ser parte de un plan integrador:
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<li>Jardines pluviales: Estos son áreas ajardinadas diseñadas para capturar y filtrar el agua de lluvia, reduciendo la escorrentía y mejorando la calidad del agua. En La Paz, se pueden diseñar jardines pluviales en espacios públicos y privados para aprovechar las precipitaciones esporádicas.</li>
<li>Techos verdes: Instalación de vegetación en techos de edificios para capturar el agua de lluvia, reducir el efecto de isla de calor y mejorar la eficiencia energética de las edificaciones. Estos techos pueden ser especialmente útiles en áreas urbanas de La Paz.</li>
<li>Restauración de humedales: La creación o restauración de humedales puede mejorar la capacidad de almacenamiento de agua, filtrar contaminantes y proporcionar hábitats para la biodiversidad. En La Paz, esto podría incluir la restauración de áreas costeras y estuarios.</li>
<li>Reforestación y conservación de manglares: Los manglares y las zonas forestales costeras son cruciales para proteger contra la erosión, mejorar la calidad del agua y proporcionar hábitats críticos. Iniciativas de reforestación y conservación de manglares pueden ser implementadas en áreas costeras de Baja California Sur.</li>
<li>Captación de agua de lluvia: Sistemas de captación de agua de lluvia a nivel doméstico e industrial para almacenar y utilizar el agua para diferentes fines que no requieran una calidad de agua potable.</li>
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Los factores que influyen en el éxito o fracaso de la IAV y las SBN en zonas áridas incluyen:
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<li>Financiamiento: <a href="https://www.researchgate.net/publication/303733232_Nature-based_solutions_to_climate_change_mitigation_and_adaptation_in_urban_areas_Perspectives_on_indicators_knowledge_gaps_barriers_and_opportunities_for_action" target="_blank" rel="noopener">la disponibilidad de recursos financieros es crucial</a> para la planificación, implementación y mantenimiento de estas soluciones.</li>
<li>Participación comunitaria: <a href="https://www.iflaeurope.eu/assets/docs/EKLIPSE_Report1-NBS_FINAL_Complete-02022017_LowRes_4Web.pdf" target="_blank" rel="noopener">la involucración de la comunidad local</a> en la planificación y gestión de proyectos es esencial para su sostenibilidad a largo plazo.</li>
<li>Apoyo político y marco regulatorio: un marco regulatorio favorable y el apoyo político son necesarios para la implementación efectiva de estas estrategias.</li>
<li>Conocimiento y capacidad técnica: <a href="https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1618866718303352">l</a><a href="https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1618866718303352" target="_blank" rel="noopener">a disponibilidad de conocimientos técnicos </a>y la capacidad de los profesionales para diseñar e implementar estas soluciones son fundamentales.</li>
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La implementación de IAV y SBN en la región árida del norte de México, especialmente en La Paz, Baja California Sur, puede ofrecer respuestas regeneradoras a los desafíos de gestión del agua. Sin embargo, es fundamental que estas soluciones se integren dentro de un plan amplio y comprensivo para la gestión integral del agua y del suelo, ya que por sí solas no pueden resolver la problemática de manera radical. Solo a través de un enfoque coordinado y holístico se puede asegurar la sostenibilidad a largo plazo y la adaptación efectiva al cambio climático y a las demandas crecientes de agua en estas regiones áridas.
* Mariana Orozco Camacho (<a href="https://x.com/morozca" target="_blank" rel="noopener">@morozca</a>) especialista en políticas públicas y gestión integral de la ciudad. Carmen Julia Navarro Gómez es doctora en ciencia y tecnología ambiental.

Habitar el desierto en tiempos de cambio climático: reinventar la gestión del agua y el suelo para un futuro consciente

Reinventar la gestión del agua y el suelo para un futuro consciente 

Tras explorar en nuestra primera entrega de esta serie de textos de análisis los desafíos postelectorales para armonizar el crecimiento urbano con la conservación ambiental, en esta segunda colaboración continuamos explorando cómo las políticas ambientales de <a href="https://www.auna.org.mx/" target="_blank" rel="noopener">AÚNA</a> y el Plan Nacional de Descarbonización y Resiliencia Climática de la <a href="https://www.mexicoresiliente.org/nosotros" target="_blank" rel="noopener">Coalición México Resiliente</a> y de su capítulo Baja California Sur pueden contribuir en la construcción de políticas públicas que faciliten un crecimiento urbano regenerativo, así como un ordenamiento territorial  más resiliente y la introducción de infraestructuras que respondan a los desafíos hídricos y ambientales que definirán nuestras próximas décadas.
El desafío de integrar la gestión del agua en el crecimiento urbano resuena con particular urgencia en el contexto actual de México. Mientras celebramos avances estratégicos como la <a href="https://www.gob.mx/sedatu/documentos/estrategia-nacional-de-ordenamiento-territorial-de-la-sedatu?state=published" target="_blank" rel="noopener">Estrategia Nacional de Ordenamiento del Territorio 2020-2040</a>, nos enfrentamos a una realidad crítica en nuestras ciudades. La expansión urbana, impulsada por la presión económica, inmobiliaria y turística, amenaza con alterar irreversiblemente el ciclo hidrológico y la calidad de nuestras fuentes de agua en regiones como Baja California Sur.
Las consecuencias de esta expansión y el ritmo con el que se introducen infraestructuras grises son evidentes: la deforestación y la impermeabilización del suelo ha fragmentado paisajes naturales, aumentando la vulnerabilidad de nuestra biodiversidad y exacerbando los desafíos ambientales, al tiempo que se reduce la calidad del espacio público. En este escenario, la gestión del agua se vuelve no sólo una necesidad técnica, sino una cuestión de regeneración y resiliencia urbana.
La ciudad de La Paz, BCS, ejemplifica estos desafíos y oportunidades. Situada en una zona costera árida, enfrenta sequías recurrentes y presiones crecientes sobre sus recursos hídricos en su fase subterránea, al mismo tiempo que se otorgan cambios de uso de suelo basados en potenciales calculados desde el escritorio sin considerar el valor del territorio y se planean infraestructuras que no respetan el ciclo hidrológico en búsqueda de satisfacer la interminable demanda de agua en la ciudad.
A través de un análisis crítico, se explora cómo La Paz y otras urbes pueden alinear sus políticas de crecimiento urbano y de infraestructura con las dinámicas naturales del agua, promoviendo un ordenamiento regenerador y la integración de infraestructuras verdes y azules como una solución prometedora para reequilibrar el ciclo hidrológico urbano y dar los primeros pasos para fortalecer la resiliencia de sus ecosistemas locales.
<h2>Agua y ciudad: construyendo un futuro sostenible</h2>
Los centros urbanos son grandes promotores de cambios, aunque lamentablemente esto no es siempre positivo. Por lo tanto, la atención sobre las ciudades resulta central en la búsqueda de trayectorias hacia estados más regenerativos. Muchos de los<a href="https://doi.org/10.1016/j.ancene.2016.12.001" target="_blank" rel="noopener"> impactos negativos de las urbes están relacionados con el agua</a>, por la concentración y aumento de su consumo, como por la alteración de su cantidad y calidad debido a los procesos propios de la urbanización.
En el marco de la búsqueda de ciudades más sustentables, es clave empezar por entender al agua no solo como un recurso, sino como un elemento central de la naturaleza que media la mayoría de los procesos que ocurren en ella. Para avanzar en esta aproximación, es necesario asumir que las ciudades son un sistema complejo, que por sus características lo definimos como un <a href="https://www.iiec.unam.mx/publicaciones/libros_electronicos/sistemas-socio-ecol%C3%B3gicos-marcos-anal%C3%ADticos-y-estudios-de-caso-en" target="_blank" rel="noopener">socioecosistema</a>. Esto implica que en el espacio donde se encuentra la ciudad, primeramente los ecosistemas se desarrollaron a partir de las condiciones impuestas por las propiedades físicas del sitio, y que las sociedades, y por lo tanto las ciudades, se desarrollan a partir de las condiciones planteadas por los ecosistemas. Por lo tanto, los impactos sobre las propiedades físicas (ej. afectaciones en la dinámica hidrológica) o sobre los ecosistemas (ej. reducción de espacios verdes por urbanización) afectan las posibilidades de avanzar hacia ciudades más sustentables.
Para fomentar estas trayectorias más sustentables en las urbes resulta clave considerar, desde la gestión urbana e hídrica, las propiedades físicas y fomentar la resiliencia de los ecosistemas, y con ello incentivar la aparición y conservación de los <a href="https://doi.org/10.1007/s40899-023-00935-x" target="_blank" rel="noopener">beneficios relacionados al agua</a> que dichos ecosistemas brindan. Para esto es necesario asumir que las ciudades están inmersas y dependen de un sistema natural, y que el límite urbano, arbitrario y artificial, no debería negar o ir en contra de las dinámicas naturales relativas al agua. Sin embargo, al ingresar en suelo urbano la gestión del territorio suele centrarse en la utilización de tecnología, con un alto <a href="https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2016.06.114" target="_blank" rel="noopener">consumo energético</a>, para extraer, mover y limpiar agua, yendo incluso en contra de las dinámicas naturales.
Existen<a href="https://www.researchgate.net/publication/297735115_Total_Water_Management_and_Water_Sensitive_Cities" target="_blank" rel="noopener"> ciudades que han avanzado</a> en considerar las dinámicas relativas al agua dentro de las ciudades, alineando el ordenamiento urbano y la gestión del agua con las propiedades físicas y biofísicas del socioecosistema. Estos casos se pueden dividir en dos grandes categorías: 1) los que incorporaron la visión sistémica para recuperar y fomentar la resiliencia de los ecosistemas en la urbe y en la cuenca (ej. restauración de espacios verdes y azules urbanos y periurbanos), y 2) la incorporación y uso de las propiedades físicas y biofísicas del sistema a través de innovaciones tecnológicas (ej. captura de agua de lluvia y reúso de agua).
Un aprendizaje clave de las ciudades que han avanzado en la incorporación de una visión de <a href="https://agua.org.mx/wp-content/uploads/2008/06/El-Manejo-Integral-de-Cuencas-en-Mexico-segunda-edici%C3%B3n.pdf" target="_blank" rel="noopener">cuenca</a>, y de socioecosistemas, en la gestión urbana del agua es su conocimiento y consideración de las propiedades específicas de cada sistema. Esto, con el fin de evitar trasladar soluciones de una ciudad a otra con características diferentes.
Considerando, por ejemplo, las características particulares del socioecosistema de <a href="https://secforestales.org/publicaciones/index.php/cuadernos_secf/article/view/17398/17193" target="_blank" rel="noopener">La Paz, Baja California Sur, en México</a>, por ser una ciudad inmersa en una zona costera árida, hacen que la búsqueda de soluciones para sus problemas relacionados con el agua deba ser pensada a partir de estas propiedades biofísicas tan particulares de la región. Por un lado, conocer, entender y considerar las propiedades físicas del sistema (ej. cantidad de lluvia, pendientes, fenómenos naturales como huracanes), es clave para generar políticas y proyectos que las consideren desde su diseño. Asimismo, la relación de estas propiedades físicas con las características y resiliencia de los ecosistemas presentes en la cuenca, dentro y fuera de la urbe, y cómo éstos se relacionan con los problemas relativos al agua, es prioritario para avanzar hacia una urbe más sustentable.
La ciudad de <a href="https://doi.org/10.3390/su151813547" target="_blank" rel="noopener">La Paz</a>, al igual que gran parte de los centros urbanos, sufre sequías y la presencia de inundaciones. Esto generalmente se vincula con la falta de consideración de las propiedades biofísicas del sistema en los procesos de urbanización. Algunos aprendizajes relevantes de otras ciudades al respecto remarcan la importancia de la conexión entre los procesos de ordenamiento territorial y desarrollo urbano con la dinámica natural del agua y la gestión de este recurso desde las ciudades. Sin embargo, las ciudades chicas y medianas, como La Paz, parecen tener la oportunidad de repensar su relación con el territorio y alinear cada vez más su desarrollo urbano con las dinámicas y procesos naturales. Esto podría evitar el llegar al estado de otras ciudades que urbanizaron zonas naturales estratégicas, por ejemplo, para la recarga de los sistemas subterráneos del agua o la prevención de inundaciones, y que ahora están buscando revertir estos procesos de urbanización.
Lo planteado anteriormente es un proceso que debe empezar cuanto antes, y sus resultados se evidenciarían en el mediano o largo plazo. De forma complementaria, considerando la urgencia de los problemas de escasez de agua, parece prioritario que La Paz comience a enfocar esfuerzos en el reúso de agua, y así generar un aumento en la disponibilidad del recurso para un uso más eficiente y justo. En este marco, cabe resaltar que la confianza de la población es una barrera identificada frecuentemente ante la estrategia de reúso de agua, por lo que además de construir infraestructura, es necesario promover el monitoreo de información confiable y transparente para la población sobre su calidad y usos, así como la comunicación y educación para fomentar el entendimiento y la apropiación social de estos proyectos.
Es importante considerar que, para avanzar en la solución de los problemas urbanos de agua, no alcanza con enverdecer las ciudades, conseguir nuevas fuentes de agua o mover rápidamente el agua que genera inundaciones. Dicho avance requiere considerar en las políticas y proyectos de desarrollo urbano y gestión hídrica, las propiedades físicas y ecosistémicas en la cuenca, dentro y fuera del territorio urbano. Esto implica plantear una relación sociedad-naturaleza de manera tal que asumamos nuestra pertenencia y dependencia a un mismo sistema, el socioecosistema, y por lo tanto promovamos la resiliencia de los ecosistemas dentro y fuera de las urbes, para caminar hacia ciudades más sustentables.
* Marcelo Canteiro es Doctor en Ciencias Biológicas. Mariana Orozco Camacho (<a href="https://x.com/morozca" target="_blank" rel="noopener">@morozca</a>) es especialista en políticas públicas y gestión integral de la ciudad.

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