Proceso de consulta previa sobre la Ley para un Sistema de Cuidados en la CDMX
Como resultado de casi un año de incidencia colectiva, hace algunas semanas, desde la Junta Local de Cuidados de Aúna en la Ciudad de México, recibimos la invitación del Congreso de la Ciudad de México para participar en lo que se denominó el Órgano Técnico Consultivo para el proceso de consulta previa de la Ley del Sistema Integral de Cuidados de la Ciudad de México.
Junto con organizaciones aliadas como el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, Mujer Ideas Desarrollo e Investigación S.C. (MIDI), Familias y Retos Extraordinarios, Oxfam México, entre muchas otras, fuimos convocadas para acompañar a las y los diputados en este proceso participativo.
La consulta inició con dos largas jornadas de foros temáticos en torno al derecho al cuidado: su importancia, sus retos y sus interseccionalidades. Ahí tuvimos la oportunidad de participar y acompañar las conversaciones. Escuchamos la visión legislativa, que, hay que reconocerlo, ha sido hasta ahora plural; al menos las principales fuerzas políticas se han visto involucradas.
En varias ocasiones conocimos la postura de la Secretaría del Bienestar frente al reto institucional que implica esta política y sobre lo que ya se está haciendo, así como la de otras dependencias como la Secretaría de Salud, la Secretaría de las Mujeres, la Secretaría del Trabajo, la Consejería Jurídica, la Comisión de Derechos Humanos, la Coordinación General de Atención a la Movilidad Humana, el Instituto de las Personas con Discapacidad, el Instituto de Reinserción Social y el Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias, entre otras.
Hago hincapié en estas instituciones porque las mesas desarrolladas en torno a sus atribuciones abrieron un panorama sumamente relevante sobre los múltiples retos para el diseño de esta política pública.
Además, mientras se llevaba a cabo la segunda jornada de foros, que comenzó con la mesa sobre presupuestos, fue entregado el Paquete Económico 2026 de la Ciudad de México por parte del secretario de Administración y Finanzas. En el apartado de alineación al programa de gobierno, el Eje “Ciudad cuidadora y de bienestar con igualdad sustantiva y de derechos plenos” cuenta con un presupuesto asignado de poco más de 46 mil 300 millones de pesos, lo que representa casi el 15 % del gasto total para 2026.
De esa bolsa, se prevé destinar 400 millones de pesos a la implementación del Sistema de Cuidados, específicamente para la construcción de 16 Casas de las 3R del Cuidado, espacios que buscan ofrecer servicios gratuitos para reconocer, redistribuir y reducir la carga de las tareas de cuidado; además de otros 168 millones para su equipamiento y operación.
Al respecto, vale la pena hacer una observación importante. Durante los foros, diversas personas reiteraron la necesidad de orientar este gasto a través de un Anexo Transversal que permita reconocer con claridad en qué se están destinando efectivamente los recursos para garantizar el derecho al cuidado y a quiénes están dirigidos. Este pendiente sigue vigente en el paquete económico presentado.
Desde la Junta Local de Cuidados participamos en la mesa sobre experiencias y horizontes de implementación, donde compartimos distintas miradas sobre los retos para poner en marcha el sistema, y nos centramos en uno de los desafíos que va de la mano con el fin último de la Ley y del propio Sistema: el cambio cultural.
Cuando tomamos conciencia de la importancia de los cuidados, entendemos que la vida tiene sentido, que el futuro nos pertenece y que la paz es una mejor forma de habitar el mundo.
Pero para construir esa paz no basta con cuestionar la injusta división sexual del trabajo. También debemos preguntarnos cómo estas construcciones sociales y culturales han moldeado la manera en que entendemos la justicia y cómo esa visión nos ha fallado. Gracias a la Constitución de la CDMX, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la Ciudad de México hoy sabemos que los cuidados, en sus diferentes dimensiones, son un derecho humano y que, como todo derecho, implican la responsabilidad del Estado de garantizarlos.
También sabemos que, si queremos sacar los cuidados del ámbito exclusivo del hogar, involucrar a todas las personas y liberar el tiempo de las mujeres y de las familias, necesitamos defender y exigir este derecho como una responsabilidad compartida: del Estado, sí, pero también de las empresas, las comunidades y las familias. Precisamente porque se trata de una responsabilidad colectiva, plural y diversa.
Este cambio cultural pasa, además, por asumir que no existe una sola forma de cuidar. El cuidado es tan diverso como quienes habitamos la ciudad, y esa diversidad es la que debería sostener al Sistema de Cuidados.
Desde esta visión identificamos dos retos centrales. El primero es la brecha de información y la territorialización: cómo llegar a las zonas de la ciudad que más necesitan esta información y estos servicios, cuando incluso en territorios como Iztapalapa aún no se conoce plenamente qué son las UTOPÍAS ni los servicios que ahí se brindan.
El segundo reto, quizá el que más nos preocupa, es la facilidad con la que como sociedad recurrimos a respuestas penales. Castigar es sencillo; atender los problemas es lo que realmente cuesta trabajo, y aquí también se juega el cambio cultural. Hoy, el Código Penal de la ciudad, y el de muchos estados, contempla el delito de omisión de cuidados, cuya configuración afecta de manera desproporcionada a las mujeres, porque históricamente se nos han impuesto las responsabilidades de cuidado. Dentro de este grupo, impacta de forma particular a quienes viven en mayores condiciones de vulnerabilidad.
En la Ciudad de México, este tema atraviesa con fuerza a las familias que duermen y trabajan en las calles, pues son ellas a quienes se les abren carpetas de investigación por este delito. A nivel territorial, existe una concentración en las alcaldías Cuauhtémoc, Iztapalapa y Gustavo A. Madero, que reúnen más del 40 % de los casos.
Sin embargo, este delito no afecta únicamente a las poblaciones callejeras. Existen casos muy mediáticos, como el de Alejandra Cuevas, y otros mucho menos visibles: el de una madre que viajaba en coche con su hija menor de edad; la niña sufrió un accidente al caer de su silla y, días después, presentó complicaciones de salud. El Ministerio Público imputó a la madre por feminicidio y le impuso una pena de sesenta años. O el caso de una madre y su hija, ambas privadas de la libertad en el mismo penal, donde la hija, que ya cumple con los requisitos para un cambio de medida cautelar, no puede acceder a él porque realiza labores de cuidado dentro del penal.
Estos casos revelan una profunda contradicción: no podemos seguir castigando de manera individual lo que es una responsabilidad colectiva. La lógica punitiva termina siendo, muchas veces, un boomerang que golpea a quienes supuestamente buscaba proteger.
Poner los cuidados al centro implica revisar y transformar esta lógica. Si queremos que el Sistema de Cuidados y una sociedad que pone los cuidados en el centro sean una realidad, necesitamos sostener de manera simultánea los avances normativos, presupuestales e institucionales, pero también impulsar la transformación cultural, porque sin cambio cultural no habrá paz posible.
Si deseas conocer más sobre cómo se llevó a cabo esta consulta, puedes consultar aquí su página oficial.
* Silvana Carranza Navarro (@sil__carranza) es politóloga y maestra en políticas públicas y género, con experiencia en administración pública y el poder legislativo local y federal. Desde 2023 impulsa colectivamente una estrategia jurídica y de incidencia política para aprobar la Ley de Sistema Integral de Cuidados en la Ciudad de México, producto de lo anterior se han presentado amparos y obtenido dos sentencias que obligan al Congreso a discutirla y dictaminarla. Desde octubre de 2025 representa a la Junta Local de Cuidados de Aúna CDMX en el Órgano Técnico Consultivo para la aprobación de esta Ley. IG: @sil__carranza.
El gobierno de Venezuela asegura que tras la incautación del buque petrolero, quedan al descubierto “las verdaderas razones” de la agresión prolongada de Estados Unidos contra Venezuela.
El gobierno de Venezuela calificó de “robo descarado y acto de piratería internacional” la incautación de un buque petrolero llevada a cabo por fuerzas estadounidenses este miércoles frente a las costas de la nación sudamericana.
“La República Bolivariana de Venezuela denuncia y repudia enérgicamente lo que constituye un robo descarado y un acto de piratería internacional, anunciado de manera pública por el presidente de los Estados Unidos, quien confesó el asalto de un buque petrolero en el mar Caribe”, se lee en un comunicado publicado por el gobierno de Nicolás Maduro
“No es la primera vez que lo admite, ya en su campaña de 2024 afirmó abiertamente que su objetivo siempre ha sido quedarse con el petróleo venezolano sin pagar ninguna contraprestación a cambio, dejando claro que la política de agresión contra nuestro país responde a un plan deliberado de despojo de nuestras riquezas energéticas”, se le en la nota.
Previamente, fue el propio Trump quien anunció la interceptación y posterior incautación del buque.
“Acabamos de incautar un petrolero frente a la costa de Venezuela, un petrolero grande, muy grande; de hecho, el más grande que se haya incautado jamás”, declaró el presidente estadounidense frente a la prensa en la Casa Blanca.
Un alto mando del Ejército de EE.UU. le dijo a la cadena CBS News, socio estadounidense de la BBC, que la misión se lanzó desde un buque militar y que participaron dos helicópteros, diez miembros de la Guardia Costera, diez marines y fuerzas especiales.
La respuesta de Venezuela
En su comunicado de este miércoles, el gobierno de Venezuela asegura que “en estas circunstancias, han quedado finalmente al descubierto las verdaderas razones de la agresión prolongada contra Venezuela“, añadió.
“No es la migración. No es el narcotráfico. No es la democracia. No son los derechos humanos. Siempre se trató de nuestras riquezas naturales, de nuestro petróleo, de nuestra energía, de los recursos que pertenecen exclusivamente al pueblo venezolano”.
El gobierno venezolano volvió a llamar a la ciudadanía a “mantenerse firme en defensa de la patria” y exhortó a la comunidad internacional a rechazar lo que considera una “agresión vandálica, ilegal y sin precedentes”.
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