
En El Sabueso te explicamos cómo se integran las fórmulas para, después de la votación, conformar la Cámara Alta del Congreso de la Unión.
Existen tres formas en las cuales un candidato o candidata puede ocupar un escaño, es decir, un lugar en la sala de sesiones del Pleno del Senado: por el principio de mayoría relativa, por el principio de representación proporcional y de primera minoría.
Pero antes de que esto ocurra, cada partido político debe registrar la primera y segunda fórmula de candidatas o candidatos. Es decir, una lista de dos personas propietarias que aspiren al cargo en el Senado de la República.
¿Y qué pasa cuando se trata de una coalición? Los partidos que la integran deciden cómo se reparten las candidaturas, a quién le corresponde la primera fórmula en cada entidad. Esto es algo clave para las y los aspirantes porque ser inscritos en esta posición multiplica sus posibilidades de llegar al Senado de la República.
El Senado de la República se integra por 128 senadoras y senadores, de los cuales la mitad son electos por el principio de mayoría relativa.
Esto equivale a 64 escaños en disputa con este procedimiento, y cada partido político debe registrar una lista con las fórmulas primera y segunda de personas candidatas para cada una de las 32 entidades federativas.
Es decir, para cada estado se eligen en las urnas a dos personas a las que se les llama fórmula (primera y segunda), porque sus votos se cuentan en pareja. Además cada integrante de la fórmula tiene su propio suplente, quien debe ser de su propio género, según el artículo 232 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
Por ejemplo, en las elecciones de 2018 la fórmula de la coalición “Juntos Haremos Historia”, integrada por Félix Salgado Macedonio y Nestora Salgado García, ganó en Guerrero por el principio de mayoría relativa. Obtuvieron 764 mil 328 votos, equivalentes a 47.8% del total de participación en la entidad y fueron los más votados. Entonces, ambos obtuvieron un lugar en el Senado.
Este año, el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) registraron una coalición electoral para las senadurías de mayoría relativa llamada “Fuerza y Corazón por México”, que competirá con 30 fórmulas al Senado de la República.
O sea, los tres partidos se van a repartir cómo integrar las 30 parejas de aspirantes a una senaduría. Pero su coalición para el Senado de la República será parcial porque no irán en alianza en Oaxaca y Guanajuato.

Para más información: Van PAN, PRI y PRD juntos en 253 diputaciones federales y en 28 fórmulas al Senado
De acuerdo con el convenio de coalición consultado por El Sabueso, dentro de la integración de las 30 fórmulas en coalición el PRI tendrá más candidaturas por mayoría relativa o aspirantes al Senado: 26 en total. Mientras que el PAN 23 y el PRD 11.
En la alianza “Fuerza y Corazón por México”, el PAN colocó a Xóchitl Gálvez como candidata al Poder Ejecutivo y la apuesta del PRI es el Poder Legislativo.
De ahí que haya más aspirantes priistas al Senado de la República en la primera fórmula, quienes tienen mayores posibilidades de ocupar un escaño. El PRI tiene 14, el PAN 13 y el PRD tres, con base en un anexo denominado siglado.
En realidad es una tabla que especifica el partido político al que pertenece la primera y segunda fórmula de las senadurías por mayoría relativa que recientemente circuló en redes y llegó al VerifiChat de El Sabueso.

Llama la atención que el PRI podrá colocar a dos candidatas o candidatos (en primera y en segunda fórmula) en Campeche, entidad de donde es originario Alejandro “Alito” Moreno, dirigente nacional de dicho partido. También tendrá aspirantes de la primera y segunda fórmula en Coahuila, el único estado que gobierna actualmente.
Según el convenio, para la elección de senadurías el PAN utilizará el método de designación de candidatos; el PRI tendrá una Comisión para la Postulación de Candidaturas; y la Dirección Nacional Ejecutiva del PRD propondrá al Consejo Nacional Ejecutivo las candidaturas.
“Los partidos se comprometen a registrar candidaturas de la coalición a personas que gocen con perfiles de buena fama pública y reconocido prestigio”, menciona el acuerdo.
A esas 64 senadurías por mayoría relativa o por más votos recibidos, se suman 32 senadurías por primera minoría.
“Le será asignada a la fórmula de candidatos que encabece la lista del partido que obtenga el segundo lugar de la votación en la entidad de que se trate”, menciona el Sistema de Información Legislativa.
Por ejemplo en Guerrero en las elecciones de 2018 el priista Manuel Añorve Baños ocupó la tercera senaduría por primera minoría, al ser el líder de la fórmula que postuló la coalición que quedó en segundo lugar, “Todos por México”, integrada por el PRI, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza.
En otras palabras, era el titular de la segunda pareja o fórmula de candidatos más votados en la entidad, con 367 mil 618 sufragios que equivalen a 23%.
Sin embargo, Gabriela Bernal Resendiz, compañera de fórmula de Añorve Baños, no alcanzó escaño. Esto se debe a que por primera minoría se eligen a 32 senadoras o senadores con base en quien encabece la lista del partido político, según el Sistema de Información Legislativa.
Entonces, recapitulando, cada partido o coalición registra una lista con dos fórmulas, con una persona propietaria y una suplente del mismo género. Pero serán consideradas fórmulas y candidatas o candidatos separadamente.
“Los partidos políticos promoverán y garantizarán la paridad entre los géneros en la postulación de candidaturas a los cargos de elección popular para la integración del Congreso de la Unión”, establece el mismo artículo de dicha ley.
El partido que obtiene más votos consigue dos senadurías, mientras que el que queda en segundo lugar, sólo una. Esto da un total de 96 senadurías y se puede entender con lo que ocurrió en Guerrero en 2018: “Juntos Haremos Historia” ganó dos senadurías por ser el primer lugar (Félix Salgado Macedonio y Nestora Salgado García) y “Todos por México” solamente una (la del priista Añorve Baños).
Las 32 senadurías restantes son electas por el principio de representación proporcional, o porcentaje de votación, para que sumen en total 128 integrantes del Senado de la República.
“La elección por el principio de representación proporcional se determina mediante las listas de partido, es decir, cada partido político registra una lista nacional con dos fórmulas de candidatos, las senadurías son electas respecto al porcentaje de votación efectiva nacional que obtuvo cada partido en la jornada electoral correspondiente”, dice el Sistema de Información Legislativa.
El artículo 234 establece que tratándose de senadurías, las listas de representación proporcional deberán encabezarse alternadamente entre mujeres y hombres.
Se trata de una votación indirecta con la cual se asignan cargos tomando como base el porcentaje de votos y la lista de candidaturas para todo el país que presentó el partido o coalición. Pero hay que tomar en cuenta que esto sólo es posible si el partido obtuvo por lo menos 3% de la votación válida emitida en alguna de las elecciones federales.
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) es el encargado de asignar las senadurías de representación proporcional tomando en cuenta porcentajes de votación y la lista nacional de cada partido.
El artículo 56 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos menciona que la Cámara de Senadores se renovará en su totalidad cada seis años, como corresponde este 2024.
Entre los requisitos para llegar a ocupar el cargo de senador o senadora están ser ciudadano mexicano por nacimiento, tener 25 años cumplidos el día de la elección, ser originario de la entidad federativa en que se haga la elección.
No estar en servicio activo en el Ejército Federal ni tener mando en la policía o ser titular de una secretaría o subsecretaría hasta 90 días antes de la elección son otros de los requisitos.
Tampoco pueden postular al cargo ministros, magistrados, consejeros electorales o quienes son ministros de algún culto religioso.

Japón enciende un reactor en la planta nuclear más grande del mundo a 15 años de haber cerrado sus 54 reactores luego de que un terremoto y un tsunami provocaran una fusión en Fukushima, que causó uno de los peores desastres nucleares de la historia.
Japón reinició las operaciones en la central nuclear más grande del mundo por primera vez desde que el desastre de Fukushima obligara al país a clausurar todos sus reactores hace 15 años.
La decisión de reactivar el reactor número 6 en Kashiwazaki-Kariwa, al noroeste de Tokio, se tomó a pesar de las preocupaciones de seguridad de los residentes locales.
Su puesta en marcha se retrasó un día debido a un fallo en la alarma y está previsto que comience a operar comercialmente el próximo mes.
Japón, que depende en gran medida de las importaciones de energía, fue uno de los primeros países en adoptar la energía nuclear.
Sin embargo, en 2011 sus 54 reactores tuvieron que cerrarse después de que un terremoto y un tsunami masivos provocaran una fusión en Fukushima, que causó uno de los peores desastres nucleares de la historia.
Esta es la última etapa en la reactivación de la energía nuclear de Japón, que aún tiene un largo camino por recorrer.
No se espera que el séptimo reactor en Kashiwazaki-Kariwa se reactive hasta 2030 y los otros cinco podrían ser desmantelados. Esto deja a la planta con mucha menos capacidad que la que tenía cuando los siete reactores estaban operativos: 8,2 gigavatios.
Desencadenada por el terremoto más potente jamás registrado en Japón, la fusión de los reactores de Fukushima Daiichi, 220 kilómetros al noreste de Tokio, provocó una fuga radiactiva en la costa.
Las comunidades locales fueron evacuadas y muchas no han regresado a pesar de las garantías oficiales de que es seguro hacerlo.
Los críticos afirman que la empresa propietaria de la planta, Tokyo Electric Power Company (Tepco), no estaba preparada y que su respuesta y la del gobierno no estuvieron bien coordinadas.
Un informe gubernamental independiente lo calificó de “desastre provocado por el hombre” y culpó a Tepco, aunque un tribunal posteriormente absolvió de negligencia a tres de sus ejecutivos.
Aun así, el miedo y la falta de confianza alimentaron la oposición pública a la energía nuclear y Japón suspendió sus 54 reactores poco después del desastre.
Durante la última década, el país intentó reactivar estas centrales eléctricas, con el objetivo de alcanzar cero emisiones netas para 2050.
Desde 2015, Japón ha reactivado 15 de sus 33 reactores operativos. La central de Kashiwazaki-Kariwa es la primera de las que posee Tepco en reactivarse.
Antes de 2011, la energía nuclear representaba casi el 30% de la electricidad de Japón y el país planeaba alcanzar el 50% para 2030.
Su plan energético del año pasado reveló un objetivo más moderado: Japón quiere que la energía nuclear cubra el 20% de sus necesidades eléctricas para 2040.
Pero incluso eso puede ser complicado.
La energía nuclear está cobrando impulso a nivel mundial.
El Organismo Internacional de Energía Atómica estima que la capacidad mundial de energía nuclear podría duplicarse para 2050.
En Japón, la energía nuclear representaba tan solo 8,5% de la electricidad en 2023.
La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, quien asumió el cargo en octubre, ha enfatizado la importancia de la energía nuclear para la autosuficiencia energética de Japón, especialmente considerando que se prevé un aumento repentino de la demanda de energía debido a los centros de datos y la fabricación de semiconductores.
Los líderes japoneses y sus empresas energéticas llevan mucho tiempo impulsando la energía nuclear.
Afirman que es más fiable que las energías renovables, como la solar y la eólica, y más adecuada para el terreno montañoso de Japón.
Sin embargo, los críticos afirman que el énfasis en la energía nuclear se produce a costa de la inversión en renovables y la reducción de emisiones.
Mientras Japón intenta revitalizar sus ambiciones en materia de energía nuclear, los costos de funcionamiento de los reactores se dispararon, en parte debido a las nuevas comprobaciones de seguridad que exigen cuantiosas inversiones por parte de las empresas que intentan reactivar las centrales.
“La energía nuclear se está volviendo mucho más cara de lo que jamás se hubiera imaginado”, afirma la doctora Florentine Koppenborg, investigadora principal de la Universidad Técnica de Múnich.
El gobierno podría subvencionar los costos o trasladarlos a los consumidores, pero ambas opciones son inaceptables para los líderes japoneses, que durante décadas han elogiado la asequibilidad de la energía nuclear.
Una factura energética elevada también podría perjudicar al gobierno en un momento en que los hogares protestan por el aumento de los costos.
El gobierno “tiene las manos atadas para apoyar financieramente la energía nuclear, a menos que esté dispuesto a ceder en uno de sus principales argumentos de venta”, señala Koppenborg.
“Creo que este resurgimiento es una gota en el océano, porque no cambia el panorama general del declive de la energía nuclear en Japón”.
Además del temor a otro desastre como el de Fukushima, una serie de escándalos también socavaron la confianza pública.
La central de Kashiwazaki-Kariwa, en particular, se vio envuelta en un par de ellos.
En 2023, uno de sus empleados perdió un fajo de documentos tras colocarlo encima de su auto y olvidar que estaba allí antes de arrancar.
En noviembre, se descubrió que otro empleado había manipulado de forma inadecuada documentos confidenciales.
Un portavoz de Tepco dijo que la compañía informó de los incidentes a la Autoridad de Regulación Nuclear (NRA, por sus siglas en inglés) y añadió que su objetivo era mejorar la gestión de seguridad.
Estas revelaciones son una “buena señal” para la transparencia, apunta Koppenborg. Pero también indican que Tepco “está teniendo dificultades para cambiar sus métodos y su enfoque de seguridad”.
A principios de este mes, la NRA suspendió su revisión para reiniciar los reactores nucleares en la planta de Hamaoka de Chubu Electric, en el centro de Japón, tras descubrirse que la compañía había manipulado datos sísmicos en sus pruebas.
La compañía se disculpó y declaró: “Seguiremos respondiendo con sinceridad y en la mayor medida posible a las instrucciones y directrices de la NRA”.
Hisanori Nei, un antiguo alto funcionario de seguridad nuclear, declaró a la BBC que si bien estaba “sorprendido” por el escándalo en Hamaoka, creía que la severa sanción impuesta a su operador debería disuadir a otras empresas de hacer lo mismo.
“Las compañías eléctricas deberían reconocer la importancia de no falsificar datos”, dijo. Añadió que las autoridades “rechazarán y castigarán” a las empresas infractoras.
Lo ocurrido en Fukushima hizo que la opinión pública japonesa se opusiera a lo que se había proclamado como una forma de energía asequible y sostenible.
Miles de residentes presentaron demandas colectivas contra Tepco y el gobierno japonés, para exigir indemnizaciones por daños materiales, angustia emocional y problemas de salud supuestamente relacionados con la exposición a la radiación.
En las semanas posteriores al desastre de marzo de 2011, el 44% de los japoneses consideraba que se debía reducir el uso de la energía nuclear, según una encuesta del instituto de estudios Pew.
Esa cifra aumentó al 70% en 2012. Pero luego, las encuestas realizadas por la publicación empresarial japonesa Nikkei en 2022 mostraron que más del 50% de la gente apoyaba la energía nuclear si se garantizaba la seguridad.
Aún persiste el miedo y la desconfianza. En 2023, el vertido de agua radiactiva tratada de la central nuclear de Fukushima Daiichi generó ansiedad e ira tanto en el país como en el extranjero.
Y muchos siguen oponiéndose a la reactivación de las centrales nucleares.
En diciembre, cientos de manifestantes se congregaron frente a la asamblea de la prefectura de Niigata, donde se encuentra Kashiwazaki-Kariwa, expresando su preocupación por la seguridad.
“Si algo ocurriera en la central, seríamos nosotros quienes sufriríamos las consecuencias”, declaró un manifestante a la agencia de noticias Reuters.
La semana pasada, antes de la reactivación de Kashiwazaki-Kariwa, una pequeña multitud se congregó frente a la sede de Tepco para protestar de nuevo.
Las normas de seguridad nuclear se reforzaron tras el desastre de Fukushima.
La NRA, un órgano ministerial establecido en 2012, supervisa ahora la reactivación de las centrales nucleares del país.
En Kashiwazaki-Kariwa se han construido muros de contención de 15 metros de alto para protegerse de grandes tsunamis y se instalaron puertas estancas para resguardar los equipos críticos de la instalación.
“Con base en las nuevas normas de seguridad, [las centrales nucleares japonesas] podrían sobrevivir incluso a un terremoto y tsunami similares al que tuvimos en 2011”, defiende Nei, exalto funcionario de seguridad nuclear.
Sin embargo, Koppenborg sigue preocupada por la situación: “Se están preparando para lo peor que han visto en el pasado, pero no para lo que está por venir”.
A algunos expertos les inquieta que estas políticas no ofrezcan suficiente planificación frente al aumento del nivel del mar debido al cambio climático, o del megaterremoto, único en un siglo, que Japón ha estado anticipando.
“Si el pasado se repite, Japón está muy bien preparado”, admite Koppenborg.
“Pero si ocurre algo realmente inesperado y se produce un tsunami más grande de lo esperado, no lo sabemos”.
Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.
Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.
También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro nuevo canal de WhatsApp, donde encontrarás noticias de última hora y nuestro mejor contenido.
Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.