Las ocho bancadas en el Senado, PRI, PAN, PRD, PT, PVEM, Morena, Movimiento Ciudadano y Partido Encuentro Social, han gastado 2 mil 150 millones de pesos en los últimos cuatro años sin rendir cuentas. Incluso, han logrado clasificar las facturas de esos gastos como “información reservada” desde 2019.
Se trata de la partida presupuestal 39903 “asignaciones a grupos parlamentarios”, mediante la cual, cada partido recibe un presupuesto anual, pero que históricamente ha sido opaca. Desde 2010 y hasta 2018, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) señaló que los partidos no comprobaban el gasto de esta partida, por lo que recomendaba incrementar los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, pero no ha ocurrido. Los partidos políticos continúan gastando en opacidad.
Animal Político publicó este martes que Morena había gastado mil millones de pesos de 2019 a 2022 y se ha negado a entregar las facturas al clasificar la información como reservada. Sin embargo, todos los partidos han utilizado esa misma respuesta para evitar rendir cuentas.
Por eso es que el PRI, que recibió 401 millones de pesos entre 2019 y 2022, el segundo mayor monto entre todos los partidos, no ha informado en qué los gastó. Lo mismo que el PAN, que obtuvo 233 millones de pesos; Movimiento Ciudadano, que recibió 137 millones de pesos; el Partido Verde Ecologista, con 109 millones de pesos; el Partido del Trabajo, con 92 millones de pesos; el PES, con 72 millones de pesos, y el PRD con 57 millones de pesos, de acuerdo con información presupuestal, publicada en la página del Senado.
Ciudadanos han pedido las facturas de todos los partidos políticos a través de 149 solicitudes de información registradas en la Plataforma Nacional de Transparencia y en todos los casos, la respuesta ha sido la misma: negar la información bajo el argumento que dicho gasto se encuentra en procesos de auditoría desde 2019.
Las solicitudes también han sido dirigidas a senadores de distintas fracciones como Jaime Bonilla, de la bancada del PT, quien dejó la senaduría para gobernar Baja California; del PRI, el exgobernador del Estado de México, Eruviel Ávila; Miguel Ángel Mancera, del PRD y exjefe de gobierno de la Ciudad de México; Dante Delgado, presidente de Movimiento Ciudadano; Lilly Téllez, del PAN y Héctor Vasconcelos de Morena, entre otros.
En todos los casos han retomado la clasificación de reserva de información que aprobó el Comité de Transparencia del Senado, argumentando que cada año, desde 2019, se han iniciado auditorías a dicha partida presupuestal.
Sin embargo, después de cuatro años, la contraloría del Senado no ha hecho públicos los resultados de las supuestas revisiones de 2019, 2020, 2021 y 2022, pese a que, por ejemplo, la auditoría al gasto de 2018 número AU-03/2019 demuestra que el tiempo de realización no sobrepasa 12 meses, pues en este caso, la auditoría comenzó el 10 de enero de 2019 y el informe fue entregado el 17 de abril del mismo año.
La primera solicitud a todos los partidos políticos fue hecha el 12 de noviembre de 2019, en la que un ciudadano pidió “copia en versión electrónica de comprobantes fiscales por medio del cual los grupos parlamentarios comprueben el uso de los recursos provenientes de la partida 39903 durante 2019, desglosado por fracción parlamentaria, emisor del comprobante, concepto de pago y monto pagado en cada caso”.
En enero de 2020, todos los partidos políticos aseguraron que esa partida se encontraba en proceso de auditoría, y, por lo tanto, debía ser considerada como clasificada hasta que concluyera la revisión. El Comité de Transparencia del Senado confirmó esta petición e impuso el plazo de reserva por un año.
Sin embargo, en las solicitudes de información realizadas en 2021, 2022 y 2023, las respuestas siguen apelando a esa misma resolución de 2019, aunque el periodo de reserva, supuestamente, hubiera concluido en 2020.
Las solicitudes más recientes son de agosto de 2023, incluidas las realizadas a cada senador, y la respuesta es la misma: “Se hace de su conocimiento que la información requerida se encuentra clasificada como reservada según lo confirmó el Comité de Transparencia en la resolución emitida en la vigésima segunda sesión ordinaria celebrada el 1 de agosto de 2023”.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) señaló en 2018 que los partidos políticos habían gastado 109 millones de pesos de la partida “asignaciones a los grupos parlamentarios”, pero el Senado “no proporcionó la documentación que sustenta la aplicación de dichos recursos, por lo que no se contó con la información que permita evaluar la razonabilidad del gasto o bien, comprobar que los recursos se ejercieron para llevar a cabo trabajos legislativos”.
Durante la revisión, solo entregaron “recibos firmados por los coordinadores de los partidos, los cuáles se cotejaron con las transferencias bancarias, y al solicitar la evidencia que sustente su aplicación, se informó que la administración de la Cámara sólo es responsable de gestionar y asignar los recursos a los Grupos Parlamentarios y que éstos son autónomos en su organización y funcionamiento, por lo que no se dispone de la información solicitada”, informó la ASF en la auditoría número 1837-GB.