No hay claridad sobre cifra de Jóvenes Construyendo el Futuro que obtienen empleo
El presidente Andrés Manuel López Obrador presume que la mitad de los egresados del programa Jóvenes Construyendo el Futuro (JCF) “se han quedado a trabajar en las empresas, en los comercios, en los talleres en donde se forman y les dan la capacitación”.
Así lo dijo en su Cuarto Informe de gobierno; sin embargo, no hay indicadores precisos sobre los jóvenes contratados desde 2019, año al que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) hizo referencia cuando advirtió que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) no acreditó contar con métricas e indicadores para determinar en qué medida se incrementó la empleabilidad de las y los jóvenes capacitados en el programa.
Desde el inicio del sexenio, la STPS ha ido cambiando las metas e indicadores del programa, según explicaron funcionarios de Coneval, y en el año del que hay cifras más sólidas, 2021, el dato fue de 35.4% de aprendices egresados que concluyeron su capacitación y que declararon en el cuestionario de salida haber adquirido su “primera experiencia en una actividad productiva”.
Es decir, tres de cada 10, y no la mitad de los aprendices, como planteó el mandatario, sin tener además más detalles sobre qué tipo de empleo pudo significar esta “primera experiencia”, durabilidad y tipo de contratación.
Ante cuestionamientos puntuales vía Transparencia, la Secretaría del Trabajo ha rechazado tener reportes estadísticos propios sobre el número de jóvenes contratados (solicitud 330027122001150), aduciendo que dicha “narrativa” de obtención de empleo no se ajusta al objetivo general del programa, que es “incluir en actividades productivas a jóvenes de 18 a 29 años que no estudian ni trabajan”.
La dependencia sólo remite a un estudio que realizó con la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami), en el cual, con datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2020, se identificó lo ocurrido con 859 personas que participaron en JCF.
Dicho análisis proyectó que “durante los meses en que se levantó la encuesta, salieron del programa 139,353 jóvenes, de los cuales 64,428 encontraron trabajo, es decir, encontraron empleo el 46.2%”.
Los beneficiarios del programa, agrega el estudio, “tuvieron una empleabilidad del doble, si los comparamos con jóvenes que no eran parte del programa. En otras palabras, 5 de cada 10 jóvenes encontraron trabajo después de ser JCF”.
Esto coincide con lo dicho por el presidente. Sin embargo, en el documento de la Comisión se acotaron varios puntos sobre esas cifras.
Por ejemplo, que “la medición de impacto en el empleo tiene varias limitaciones al utilizar los datos de la ENIGH. El primero es que la encuesta sólo tiene información para seis meses durante 2020, es decir, se les pregunta a los hogares si recibieron ingresos por participar en el programa, si reciben ingresos laborales, entre otros tipos de ingresos. Sólo si se observa que en este periodo un joven beneficiario salió del programa (dejó de recibir el ingreso), se puede medir el impacto que pudo tener su participación”.
Y también que “analizar sólo seis meses es una restricción muy fuerte. Puede ocurrir que un beneficiario salga del programa en el mes tres y no encuentre trabajo en los próximos tres meses; si encuentra trabajo en el cuarto mes, no se refleja en el análisis. También existe la otra posibilidad, que un joven encuentra trabajo inmediatamente saliendo del programa y que en meses después sea despedido, esto tampoco se refleja en el análisis. No es posible corregir este sesgo, pero la medición de impacto nos da un panorama indicativo de los efectos del programa”.
En el documento del Cuarto Informe de Gobierno, la Secretaría del Trabajo refirió que entre el 1 de septiembre de 2021 y el 30 de junio de 2022, el número de jóvenes beneficiados con el programa alcanzó la cifra de 776 mil 656 beneficiarios.
Y en ese mismo periodo, con base en el cuestionario de egreso que responden los aprendices que concluyen satisfactoriamente sus 12 meses de capacitación, se supo que “al menos 32 mil 061 jóvenes egresados se colocaron en un empleo”.
Sin embargo, en el Tercer Informe de Gobierno no se encontró un indicador similar, que permitiera hacer comparaciones.
Indicadores cambiantes
De acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el porcentaje de aprendices egresados de JCF que adquirieron su primera experiencia en una actividad productiva mediante su participación en el Programa (respecto del total de aprendices egresados) fue de 35.4% en el 2021, de una meta planeada para ese año de 41.03%.
Los resultados se derivan de 69 mil 025 aprendices egresados que concluyeron su capacitación y declararon en el cuestionario de salida haber adquirido su primera experiencia en una actividad productiva mediante su participación en JCF, de 195 mil aprendices egresados que respondieron el cuestionario de salida en el año.
Este indicador estratégico es de reciente creación, pues apenas fue establecido por la Unidad del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro de la STPS al haber sido registrado durante el ejercicio fiscal 2021.
El Sabueso consultó a José Manuel Silva Cabrera, director ejecutivo de Monitoreo de Políticas y Programas Sociales, y a Hugo Acuña Cruz, director de Monitoreo de Programas Sociales, ambos del equipo de monitoreo del Coneval, para comprender los indicadores del programa.
“Dentro de las áreas de oportunidad que detectamos para este programa es la claridad, no hay claridad en cuanto a qué significa un aprendiz egresado… ha sido muy dinámico este programa, porque tenía ciertos indicadores en 2019 que ahora ya no existen”, señaló Hugo Acuña Cruz.
En esto coincidió José Manuel Silva, refiriendo que “muy pocos indicadores son los que se han mantenido a lo largo de al menos tres años”.
En el documento de Evaluación de Diseño del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro 2019-2020 se señaló que no existía una “definición operativa de las categorías empleabilidad e inclusión social, su uso en la enunciación del Fin genera incertidumbre sobre las contribuciones que se espera tener con el programa”.
Mientras que en julio de este año el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados en la nota informativa Alcances del programa jóvenes construyendo el futuro 2019 – 2022, concluyó: “La pregunta que queda por responder es: qué porcentaje de la población que se ha capacitado a través del programa pudo efectivamente incorporarse a un trabajo formal, es decir, si se logró la inclusión laboral y, por tanto, social reduciendo su fenómeno de marginación”.
La meta planeada para 2022 era originalmente que el 32.4% de los jóvenes que participaran en el programa lograran su primera experiencia en una actividad productiva; sin embargo, hubo un ajuste reciente, para colocar la meta en 46.79%, según la página de Transparencia Presupuestaria de la Secretaría de Hacienda.
De nuevo, cifra cercana a la planteada por el presidente López Obrador, aunque aún no se difunde el nivel de cumplimiento de dicha meta. El Sabueso pidió esta cifra a la Secretaría del Trabajo, pero hasta la publicación de esta nota no habían respondido.
Objetivos y presupuesto
De acuerdo con el gobierno federal, JCF “vincula a personas de entre 18 y 29 años de edad, que no estudian y no trabajan, con empresas, talleres, instituciones o negocios donde desarrollan o fortalecen hábitos laborales y competencias técnicas para incrementar sus posibilidades de empleabilidad a futuro”.
El programa JCF dice beneficiar a la población que ha enfrentado dificultades para incorporarse en el mercado del trabajo, dando prioridad a jóvenes que viven en contextos de marginación alta o muy alta.
Sin embargo, de acuerdo con el reporte “Consideraciones para el proceso presupuestario 2023”, elaborado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), el PJCF cumple “medianamente” con la no discriminación.
De acuerdo con el mismo reporte, JCF resuelve “ligeramente” el derecho a la seguridad social y “fuertemente” el tener un ingreso. Ya que durante la capacitación, de hasta por un año, los jóvenes reciben “un apoyo mensual y un seguro médico contra enfermedades, maternidad y riesgos de trabajo”.
El monto de la beca mensual otorgada a los jóvenes beneficiarios del programa equivale al salario mínimo y correspondió a 3 mil 600 pesos en el 2019, 3 mil 748 pesos en el 2020, 4 mil 310 en 2021 y 5 mil 258.13 en el 2022.
Del 2019 al 2022, para el PJCF, se ha aprobado un presupuesto de 107 mil millones 253 pesos, mientras que, del 2019 al 2021 se ha ejercido un total de 69 mil 299 millones.
La meta del programa, anunciada a inicios del sexenio, fue la de capacitar 2.3 millones de personas. Este año la STPS ya alcanzó esa meta, con un acumulado de 2 millones 320 mil 569 beneficiarios, y Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo y Previsión Social, ha anunciado que la meta se ampliará a más de 3 millones.
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Sofía recibe atención médica para su grave síndrome en California gracias al “parole” con el que su familia ingresó al país desde México en julio de 2023.
El gobierno de Estados Unidos le garantizó a una niña mexicana de 4 años un año más de permiso humanitario para permanecer en el país y así poder seguir con el tratamiento del que depende su vida.
Así se lo confirmó a la BBC este martes su abogada, Gina Amato, del proyecto Derechos de los Inmigrantes de la organización Public Counsel.
En abril la familia de la menor -identificada con el seudónimo de Sofía- fue notificada de la revocación del también llamado parole con el que había ingresado a Estados Unidos en julio de 2023 y gracias a cual recibía atención médica para su grave síndrome.
“En 2023 recibimos un permiso humanitario que hasta ahora le ha salvado la vida”, contó la madre de la niña, Deysi Vargas, en una rueda de prensa ofrecida el miércoles en Los Ángeles, California, y que puso el caso bajo los focos.
“En las cartas que hemos recibido desde entonces nos dicen que corremos el riesgo de ser deportados y que lo mejor para nosotros es irnos”, dijo.
La abogada Amato informó entonces que habían vuelto a solicitar el permiso humanitario, algo que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) le confirmó a BBC Mundo, añadiendo que la petición estaba bajo evaluación.
“En México no crecía ni mejoraba”
Sofía nació prematura en Playa del Carmen, en las costas del Caribe mexicano, a donde su madre, originaria de Oaxaca, y su padre, natural de Colombia, se habían mudado por trabajo.
Según le contó Vargas a Los Angeles Times, uno de los primeros medios en hacerse eco del caso, la niña pronto mostró complicaciones de salud y tuvo que ser sometida a seis cirugías para aliviar su bloqueo intestinal.
Aquello desembocó en un síndrome del intestino corto, una afección grave por la cual el cuerpo no absorbe los nutrientes que necesita.
Cuando Sofía tenía siete meses, un médico le recomendó a la familia mudarse a Ciudad de México, donde encontrarían la mejor atención médica del país para su condición.
Allí, permaneció prácticamente confinada en el hospital, sobreviviendo pero sin mostrar avances. Para cuando cumplió dos años, “mi hija no crecía ni mejoraba”, relató Vargas en español, durante la cita ante los medios.
Fue en ese tiempo que la madre supo que en otros países pacientes como su hija llevaban una vida normal y que uno de ellos era Estados Unidos.
También averiguó que había una forma de migrar legal— un programa impulsado por el gobierno entonces encabezado por Joe Biden—, y que implicaba pedir cita a través de la aplicación telefónica CBP One y presentarse en un cruce fronterizo determinado el día indicado.
La cita se la otorgaron para el 31 de julio de 2023. Y ese día ingresaron a territorio estadounidense desde el puerto de entrada Tijuana-San Ysidro, donde solicitaron el permiso humanitario.
Más conocido con parole, se otorga de manera discrecional a extranjeros que, pese a no cumplir los requisitos para obtener una visa, soliciten ser admitidos en Estados Unidos de forma transitoria por “razones humanitarias urgentes o por un beneficio público significativo”.
El mecanismo migratorio no abre la puerta a la ciudadanía pero permite vivir y trabajar durante dos años en Estados Unidos, y fue uno de los recursos usados por la administración Biden para aliviar la presión en la frontera con México. Con él ingresaron al país legalmente unas 532 mil personas, entre ellos los Vargas.
Siendo ya beneficiarios de este permiso, Sofía fue hospitalizada primero en un centro de salud de San Diego, donde el tratamiento inicial implicó estar conectada las 24 horas del día a un sistema de alimentación.
Una vez fortalecida, sus médicos la refirieron al Hospital Infantil de Los Ángeles, donde le asignaron el tratamiento que hoy puede seguir en su casa situada a 160 kilómetros al norte de la ciudad, en Bakersfield.
Ahora la niña pasa 14 horas cada noche conectada a un sistema intravenoso, y cuatro veces al día, durante una hora, su madre le administra una solución con otros nutrientes a través de una sonda conectada a su estómago.
Sofía carga el líquido de aspecto lechoso en una mochila allá donde va, y cuando acude a su clase de preescolar es la enfermera de la escuela quien se lo suministra.
“Con la ayuda que ha recibido en EU, mi hija tiene la oportunidad de salir del hospital, conocer el mundo y vivir como una niña de su edad”, dijo Vargas en la rueda de prensa.
Permisos revocados
Desde que el republicado Donald Trump llegó a la Casa Blanca, habiendo prometido llevar a cabo “la mayor deportación de la historia de EU”, las detenciones de indocumentados se han multiplicado y se registran incluso cuando estos acuden a citas en los tribunales que son parte de su proceso de regularización.
Asimismo, la administración ha despojado a miles de las protecciones humanitarias con las que ingresaron a EU bajo varios programas de la era Biden.
En esa línea, la Corte Suprema de Estados Unidos le dio luz verde el viernes al gobierno para revocar este estatus legal que protegía a inmigrantes provenientes de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití.
Son miles los que, como los Vargas, recibieron ya avisos del gobierno federal en los que se les informa que ya no cuentan con estatus legal y se les insta a abandonar el país por sus propios medios antes de ser perseguidos y deportados.
Y la app que la familia de Sofía usó para ingresar al país se ha convertido en CBP Home, un sistema para ayudar a los inmigrantes a “autodeportarse”. Si no lo hacen, “el gobierno federal los encontrará”, avisa.
“Accedieron a EU por un período limitado (…) y DHS está ejerciendo ahora su discreción para terminar su parole”, rezaba la notificación que recibió la familia de Sofía y a la que BBC Mundo tuvo acceso.
“Si no sale de los Estados Unidos de inmediato, estará sujeto a posibles acciones de orden público que resultarán en su deportación de EU, a menos que haya obtenido de otra manera una base legal para permanecer aquí. Cualquier beneficio que reciba en los Estados Unidos relacionado con su libertad condicional, como la autorización para trabajar, también se terminará. Estará sujeto a posibles acciones penales, multas civiles y sanciones, y cualquier otra opción legal disponible para el gobierno federal”, decía la carta fechada el 11 de abril.
Tal como se les adviritió, al poco de recibir la notificación sobre la revocación del permiso humanitario, los Vargas también se quedaron sin autorización para trabajar.
La desesperación los llevó a contactar a la firma legal sin ánimo de lucro Public Counsel y su proyecto de Derechos de los Inmigrantes, y a través de ellos han solicitado la continuación de su permiso humanitario por la condición médica de la niña.
“Deportar a esta familia en estas condiciones no solo es ilegal, sino que constituye un fracaso moral que viola los principios básicos de humanidad y decencia”, subrayó la abogada Gina Amato.
“Sería letal en cuestión de días”
El Hospital Infantil de Los Ángeles, que sigue asistiendo a Sofía de forma regular, rechazó la petición de BBC Mundo para hacer comentarios sobre el caso.
Sin embargo, en una carta solicitada por la familia y a la que tuvo acceso el LA Times, el médico que ve a la niña cada seis semanas, John Arsenault, escribió que “los pacientes que reciben Nutrición Parenteral Total en casa no se les permite salir del país porque la infraestructura para proporcionarlo o hacer una intervención inmediata si hay un problema con el acceso depende de los recursos sanitarios con sede en Estados Unidos y no se transfiere a través de las fronteras”.
Y agregó que una interrupción de esa alimentación “sería letal en cuestión de días” para la niña.
El caso de Sofía ha acaparado titulares y focos en un contexto en el que los dramas migratorios se acumulan día a día.
El jueves de la semana pasada 38 congresistas demócratas firmaron una carta dirigida a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en la se urge a la administración reconsiderar el estatus de los Vargas.
“Creemos que la situación de esta familia responde claramente a la necesidad de ayuda humanitaria. Es nuestro deber proteger a los enfermos, vulnerables e indefensos”, reza la misiva.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México también se ha pronunciado al respecto, recordando que la familia de Sofía “no ha incumplido las condiciones de su estancia”.
Los abogados “están en contacto con el consulado general de México en Los Ángeles y el consulado de México en Fresno para interceder ante legisladores estatales y federales a fin de evitar la deportación”, informó el jueves la SRE.
En una declaración enviada a BBC Mundo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) asegura que “cualquier reporte que diga que la familia está en (proceso de) deportación activa es falso”.
“Esta familia solicitó un permiso humanitario al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) el 14 de mayo de 2025 y la petición aún está siendo considerada”.
Este martes les fue notificada la extensión de la autorización por un año.
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