Para entender mejor
Clara Brugada y Santiago Taboada son dos de los principales contendientes para la elección de jefa o jefe de gobierno de la Ciudad de México en 2024, y al estar en precampaña presumen constantemente el trabajo que hicieron los últimos cinco años como gobernantes en Iztapalapa y Benito Juárez.
Dos alcaldías con retos particulares considerando que la primera es la más poblada y una de las más afectadas por la pobreza, mientras que Benito Juárez tiene la cuarta parte de la población de Iztapalapa y es la alcaldía con el menor grado de marginación de la Ciudad de México.
Entre las principales cifras está que de 2018 a 2022, según los datos del Secretariado Ejecutivo, la alcaldía Benito Juárez tuvo una reducción del 23% en el total de delitos denunciados o investigados, e Iztapalapa del 7%.
De acuerdo con las encuestas del INEGI, la alcaldía con gobierno panista se ha mantenido como la de menor percepción de inseguridad en la Ciudad de México, en contraste con Iztapalapa, que encabeza dicha percepción.
Sin embargo, en el análisis de cada delito en específico, destaca que en Iztapalapa el homicidio doloso bajó 42% en los últimos cuatro años, mientras que en el caso de Benito Juárez aumentó un 40%, al pasar de 49 asesinatos en 2018 a 69 en 2022.
Las dos alcaldías registraron un aumento en los casos de abuso sexual y violación equiparada, en Iztapalapa los casos de abuso sexual aumentaron un 129% por ciento y los de violación equiparada más de 1,100%, mientras que en Benito Juárez los aumentos fueron del 59% y 900%, respectivamente.
En cuanto a economía, ambas delegaciones presentaron entre el primer trimestre del 2018 y el primer trimestre del 2022 una reducción de alrededor del 3.5% en la población con empleo, y en ambas se observó una reducción de aproximadamente el 3% en la población que vive en condiciones de pobreza entre el año 2015 y 2020 (último dato disponible).
A continuación te presentamos las cifras a detalle sobre ambas alcaldías en los rubros de seguridad, empleo, pobreza, salud y educación, de 2018 a 2022:
En la alcaldía Iztapalapa en 2022 se registró un total de 33 mil 183 delitos denunciados o investigados en el 2022, de acuerdo con datos de Incidencia Delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). En contraste, en el 2018 la cifra fue de 35 mil 650, lo que representa una reducción en cuatro años del 7%.
Resalta que la cifra más alta de delitos se registró durante el primer año de gobierno de Clara Brugada, con 38 mil 186, y luego hubo un descenso:
De igual manera los homicidios se redujeron en un 42%, al pasar de 428 en 2018 a 249 en 2022, mientras que los robos presentaron una disminución del 45%, al pasar de 18 mil 998 en 2018 a 10 mil 527 en 2022.
Sin embargo, otros delitos han aumentado su incidencia en Iztapalapa en estos cuatro años de gobierno. Tal es el caso del abuso sexual que pasó de los 365 casos en 2018 a los 837 en 2022 y el de la violación equiparada, que pasó de 25 casos en 2018 a 318 en 2022.
Se considera que comete violación equiparada el que “sin violencia realice cópula con persona menor de quince años de edad”, y al “que sin violencia realice cópula con persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o por cualquier causa no pueda resistirlo”.
Sobre este tema, en una comparecencia ante diputados locales en mayo de 2022, Brugada reconoció que sí había un aumento del delito de violación, aunque dijo que en el caso de violación equiparada “no se denunciaba” antes.
“Era mínimo lo que reportaban, porque ellas no querían hacerlo, pues habían tomado, habían estado, entonces no lo hacían”, dijo. En 2018, refirió, “el 5% denunciaba este tipo de violación, y en el 2021 creció al 30%, y en el 2022 el 68% de casos de violación son de este tipo, que antes no se denunciaba”.
En el caso de la alcaldía Benito Juárez la reducción en la incidencia delictiva en los cuatro primeros años del gobierno de Santiago Taboada fue del 23%, al pasar de los 21 mil delitos reportados en 2018 a los 16 mil 792 delitos en 2022.
Aunque la reducción en la incidencia delictiva fue superior a la registrada en Iztapalapa, la cifra de homicidios registrados en el municipio ha aumentado en un 40%, al pasar de 49 en 2018 a 69 en 2022.
Por el contrario, el delito de robo tuvo una reducción del 46%, al pasar de 12 mil 414 casos en el 2018 a los 6 mil 703 en 2022.
En cuanto a robo a casa habitación la reducción fue del 82% al pasar de los 851 casos en 2018 a 154 en 2022, mientras que en el robo de vehículos la reducción fue del 78%.
Al igual que en la alcaldía Iztapalapa, el delito de abuso sexual y violación equiparada tuvo un aumento importante en estos cuatro años de gobierno.
En 2018 se registraron 120 casos de abuso sexual en Benito Juárez y en 2022 la cifra aumentó a 191; en cuanto a violación equiparada, se pasó de 7 casos en 2018 a 71 en 2022.
Un reporte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina indicó en 2019 que Iztapalapa tenía asignados 2,780 policías preventivos y auxiliares, y Benito Juárez 943.
De acuerdo con los Indicadores Laborales para los Municipios de México (ILMM) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en 2018 la población económicamente activa (PEA) en Iztapalapa aumentó de un 59.2% en el 2018 al 60.1% en 2022. Sin embargo, entre la PEA la población ocupada (con empleo) disminuyó en estos cuatro años, al pasar del 97% al 93%, lo que representa un aumento en el desempleo del 4%.
El INEGI reporta que en el caso de la delegación Benito Juárez la PEA en 2018 era del 60.1%, mientras que en el 2022 es del 58.8%. Al igual que en la alcaldía Iztapalapa el INEGI reportó una reducción de la población ocupada en el 2022. Mientras que en 2018 el 97% de la PEA tenía empleo, en 2022 la población ocupada cayó al 93.6%.
De acuerdo con la Encuesta Intercensal 2015 y el Censo de Población y Vivienda 2020 el porcentaje de población en pobreza se ha reducido en ambas delegaciones.
En Iztapalapa la disminución de la población en pobreza en esos cinco años fue de 3.56%, al reportar en 2020 un total de un millón 240 mil personas viviendo en esta condición, es decir 64 mil personas menos que en el 2015, año en que se reportaron un millón 304 mil personas viviendo en esta condición.
Mientras que en el caso de la delegación Benito Juárez la disminución de la población viviendo en pobreza fue del 2.94%, al pasar del 31.7% al 28.84%. En 2015 el INEGI reportó 130 mil 715 personas viviendo en condición de pobreza, mientras para 2020 ésta se redujo a 123 mil 495.
De acuerdo con datos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Índice de Desarrollo Humano (IDH) en la alcaldía Iztapalapa es el segundo más bajo de la Ciudad de México, tan solo es menor en la delegación Milpa Alta.
El IDH evalúa el progreso a largo plazo en tres dimensiones básicas del desarrollo humano: una vida larga y saludable, el acceso al conocimiento y un nivel de vida digno.
En el caso contrario al de Iztapalapa, según este mismo programa de la ONU, la alcaldía Benito Juárez reporta el mejor IDH no solo de la Ciudad de México, sino de todo el país. En segundo lugar se ubica el municipio de San Pedro Garza García, en Nuevo León.
Sin embargo, al comparar el IDH de Iztapalapa y Benito Juárez entre el 2015 y el 2020 ambas alcaldías disminuyen su puntaje.
De acuerdo con los Indicadores de Necesidades Básicas Insatisfechas que presenta el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México (Evalúa), tanto Iztapalapa como la alcaldía Benito Juárez lograron, de 2015 al 2020, una reducción en el porcentaje de la población con necesidad en el rubro de la salud.
Iztapalapa reportó en el 2015 un total de 980 mil personas que reportaron una necesidad básica insatisfecha en este rubro, lo que representaba un 54% de la población, este porcentaje se redujo al 50% de la población de dicha delegación en 2020, con un total de 910 mil personas con una necesidad básica insatisfecha en salud.
En la delegación Benito Juárez la reducción fue de 1.16% en la población que registró una necesidad insatisfecha en el campo de la salud, al pasar del 27.15% de la población en 2015 a los 25.99% en 2020.
En el ámbito de una necesidad insatisfecha en el campo educativo Iztapalapa reportó una reducción de esta necesidad en un 1.34%, al pasar de un 30.17% en 2015 a un 28.83% en 2020.
No fue así la tendencia en la alcaldía Benito Juárez en donde la necesidad insatisfecha en educación pasó del 7.53% de la población en 2015 al 8.08% en 2020, es decir que se registró un aumento del 0.55%.
De acuerdo con el INEGI Iztapalapa es el municipio más poblado de la Ciudad de México. Con un millón 835 mil habitantes se ubica como el segundo municipio con el mayor número de habitantes del país, solo superado por Tijuana, que tiene un millón 922 mil habitantes.
Por otra parte, la delegación Benito Juárez tiene 434 mil habitantes, lo que representa tan solo una cuarta parte de la población de Iztapalapa.
Y mientras que Iztapalapa abarca una superficie de 117 kilómetros cuadrados, la alcaldía Benito Juárez cuenta con 26, un 22% de la superficie territorial de Iztapalapa.
El INEGI reportó en 2020 que el Ingreso Corriente Promedio Trimestral por Hogar (ICPTH) en la alcaldía Benito Juárez es 80% mayor al de Iztapalapa. Mientras que en esta última el ICPTH es de 57 mil 596 pesos, en la alcaldía Benito Juárez es de 103 mil 970 pesos.
Asimismo, de acuerdo con estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en el Censo de Población y Vivienda 2020, Iztapalapa es la cuarta alcaldía más marginada de la Ciudad de México, mientras que Benito Juárez es la alcaldía con el menor grado de marginación.
Desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, tortura y persecución política figuran como prácticas sistemáticas del gobierno de Nicolás Maduro para reprimir a los opositores, denuncian activistas de derechos humanos.
Mirbelis González entra en una celda de barrotes sin luz natural, retrete ni agua corriente cada miércoles por la mañana.
Se somete a esta rutina desde hace casi un año para visitar a su hermano Ángel Gabriel, un adolescente que está cerca de cumplir 12 meses detenido en una comisaría del estado La Guaira, en el norte de Venezuela.
El Ministerio Público venezolano acusa a Ángel Gabriel González, de 17 años, de terrorismo, incitación al odio, daños al patrimonio y obstrucción de las vías públicas, delitos que podrían suponer hasta diez años de cárcel, dice Mirbelis a BBC Mundo en una llamada telefónica.
La Fiscalía alega que participó en el derrumbe, a palos y pedradas, de una estatua del expresidente Hugo Chávez en La Guaira el lunes 29 de julio de 2024, un día después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamara el triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales de hace un año.
La oposición mostró las actas electorales que evidenciaban la victoria del candidato Edmundo González, por lo que el triunfo otorgado a Maduro desató una ola de protestas.
“Mi hermano no estaba ahí ese día. Lo llevamos (a la policía) para que se hicieran las averiguaciones de que él no era culpable y resulta que lo torturaron para que dijera que era culpable”, denuncia Mirbelis.
Además de la de La Guaira, al menos cinco efigies de Chávez fueron atacadas por manifestantes en los estados Aragua, Carabobo, Falcón y Guárico, en medio de 187 protestas para rechazar el resultado electoral, que tuvieron lugar en 20 de los 23 estados del país, según cálculos del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social.
La oposición reivindicaba la victoria de González, quien se postuló en reemplazo de la dirigente María Corina Machado, tras ser inhabilitada por el Poder Judicial para ocupar cargos públicos.
Desde hace un año, la oposición exige al CNE mostrar las actas de votación y todavía espera por las evidencias. Sin embargo, publicó 80% de los comprobantes que daban a González 7,4 millones de votos frente a 3,3 millones de Maduro, con un nivel de participación de 60% del electorado, que excluyó a la mayoría de los electores venezolanos registrados en el exterior.
En las manifestaciones que siguieron a las elecciones, 28 personas murieron y 2.229 fueron detenidas en operativos de captura que se desplegaron por todo el país, tal como precisó en su momento el propio Maduro, que culpó a la oposición de querer desestabilizar el país.
BBC Mundo solicitó entrevista con el gobierno de Venezuela pero no obtuvo respuesta.
En una entrevista en febrero con BBC Mundo, el fiscal general, Tarek William Saab, dijo:
“El 29 y 30 de julio [de 2024] ocurrieron hechos brutales de violencia. Murieron 28 personas a manos de manifestantes violentos, quemaron centros de salud, escuelas, centros electorales y derribaron monumentos y en función de ello se detuvo a un grupo de personas (…)
El plan de ellos (de los opositores) no era ir a las elecciones, era cantar fraude y promover una insurrección armada en Venezuela”.
La sociedad civil organizada advirtió que 114 de los arrestados eran menores de edad, como Ángel Gabriel González.
Funcionarios de la policía de La Guaira buscaron al adolescente en casa de su padre días después de las elecciones, el 8 de agosto de 2024 a las 9:00 de la noche, recuerda Mirbelis.
“Ellos amenazaron que si no entregábamos a Ángel, se iban a llevar detenido a mi papá. Y mostraron un video donde caía la estatua, pero ahí no hay (nadie) parecido a mi hermano”.
Debido a las dolencias físicas del padre, descartaron que él se presentara ante las autoridades y decidieron acompañar a Ángel al día siguiente a la “casa de seguridad ciudadana”, una sede de la policía local, para aclarar la situación.
Cuando llegaron a la comisaría, Mirbelis cuenta que los funcionarios les pidieron quedarse afuera mientras el joven entraba.
“(Él) Me dice que le pusieron una bolsa en la cara y lo tiraron en una colchoneta boca abajo”, asegura Mirbelis. “Nos comentó que lo habían asfixiado hasta botar sangre por la nariz, por eso dijo en ese vídeo que era culpable, porque lo torturaron”.
“Él dice que ya no soportaba más lo que estaba viviendo”.
Desde ese momento, la rutina familiar cambió por completo.
Ángel Gabriel fue recluido con otros adolescentes en una celda sin luz. “Nos pidieron la colaboración de [comprar] cables y bombillos”, recuerda Mirbelis. Su hermano y los demás detenidos no disponen de lavabo, sino de una letrina entre dos paredes y una cortina, cuenta sobre el espacio que ella visita cada miércoles.
Como no reciben agua corriente, Mirbelis calcula que entre todos han acumulado un centenar de botellas de plástico de refresco que llenan una vez a la semana con una manguera de la que sale agua marrón.
Mirbelis, su padre y su tía visitan la comisaría cada día entre las 9:00 y 11:00 de la mañana para llevarle almuerzo, cena y agua potable congelada. El día de visita es el miércoles y sólo puede ir Mirbelis o su tía, porque está prohibido que los hombres entren en las celdas de los detenidos.
“Mi hermano dice que está cansado de vivir”, asegura Mirbelis cuando recuerda las conversaciones con su hermano. “Él dice que está triste, pregunta que cuándo se va a acabar esto y cuándo lo vamos a sacar de ahí”.
Para mediados de julio de este año, la ONG venezolana de defensa de derechos humanos Foro Penal estimaba que había 948 personas detenidas por razones políticas y cuatro de ellas eran adolescentes.
Varias organizaciones confirmaron que 59 presos fueron liberados el viernes 18 de julio como parte de un intercambio inédito de prisioneros entre los gobiernos de Venezuela, Estados Unidos y El Salvador.
Aunque el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, afirmó que 80 venezolanos serían excarcelados en el canje, ninguna autoridad en Caracas publicó una lista oficial, más allá del cálculo de las ONG.
El gobierno de Maduro no reconoce las razones políticas de las detenciones. De hecho, la Cancillería venezolana señaló en un comunicado que los liberados habían sido procesados por “la comisión de delitos comunes y contra el orden constitucional”.
También fueron liberados diez estadounidenses que estaban presos en Venezuela.
A cambio, el gobierno salvadoreño excarceló y envió de vuelta a Venezuela a 252 migrantes que fueron deportados desde Estados Unidos y que permanecieron meses detenidos en la cárcel de máxima seguridad Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), diseñada para detener a pandilleros salvadoreños.
Sin embargo, al menos 20 personas fueron detenidas en las 72 horas posteriores al canje de presos por migrantes, según denunció la líder opositora María Corina Machado, quien acusó al gobierno de Maduro de aplicar una “política de puerta giratoria”, en la que unos salen mientras otros entran a prisión.
En medio de los arrestos, Foro Penal advierte que al menos 51 personas permanecen “desaparecidas”.
Tras examinar 15 casos, Amnistía Internacional concluyó en un informe publicado a mediados de julio que las autoridades venezolanas “cometen desapariciones forzadas como parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil”, lo que configura un “crimen de lesa humanidad”.
El padre de Ángel es tan devoto del arcángel Gabriel que decidió ponerle su nombre.
La madre de Mirbelis y Ángel falleció un año antes de su detención, cuando él tenía 15. En ese momento ambos pensaron que perderla sería la experiencia más dolorosa de sus vidas.
Sin embargo, el arresto de Ángel desencadenó una temporada de incertidumbre y pesar para sus familiares que nunca imaginaron que podrían vivir. Las celebraciones han cobrado un nuevo sentido, especialmente los cumpleaños, la Navidad y el Año Nuevo.
“El cumpleaños de mi hermano siempre ha sido motivo de celebración”, asegura Mirbelis. “El año pasado lo festejamos en la playa. Pero este año ha sido muy difícil”.
Después de la muerte de su madre, lo más doloroso para Ángel ha sido estar ausente en el nacimiento de su hijo debido a la detención. “Él no conoce a su hijo porque no permiten la visita del bebé. Pero le hemos pasado fotos”.
Mirbelis dice que su padre se reunió en diciembre con el fiscal venezolano, Tarek William Saab. Ahora no entiende por qué el jefe del Ministerio Público dijo que Ángel sería liberado, pero luego la excarcelación no se cumplió.
El joven le escribió una carta a su padre que se hizo viral a través de las redes sociales. En ella lamentaba no haber sido excarcelado el 12 de diciembre de 2024 y le pedía perdón a sus familiares por obligarlos a vivir su detención.
“Ese día me habían prometido mi libertad, para estar con ustedes y mi hijo. Ya estoy cansado de esta vida, a veces me dan ganas de seguir durmiendo y no levantarme más nunca”.
Después de aquel episodio, el jefe de la comisaría le prohibió a Ángel el acceso a lápiz y papel, aunque tiene una Biblia que lee con frecuencia.
También se ha enfermado varias veces, incluyendo cuatro abscesos que le salieron en la piel de los brazos y las axilas. “Sólo nos permiten llevarle cuatro ibuprofenos y cuatro antibióticos”.
Tres meses después de las elecciones, en octubre de 2024, la Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela había documentado 850 casos de violaciones graves de derechos humanos en Venezuela que incluían detenciones arbitrarias, torturas, violencia sexual y desapariciones forzadas, entre otros delitos.
El equipo de Marta Valiñas, la presidenta de este mecanismo, alertó que el gobierno de Maduro había puesto en marcha “una campaña de detenciones masivas e indiscriminadas sin precedente” tras los comicios, que incluía una cantidad de arrestos de menores de edad nunca antes vista en Venezuela.
Recientemente, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, dijo estar “profundamente preocupado por el uso desproporcionado de la fuerza y la violencia durante las protestas postelectorales de julio y agosto”.
Mientras sigue las noticias sobre la liberación de presos a cambio de migrantes, Mirbelis González anhela que su hermano sea uno de los próximos excarcelados.
“Él no es un adolescente malo, no es un adolescente rebelde, le gustaba trabajar con mi papá. Siempre le digo que tenga esperanza, que esto se va a acabar pronto”.
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