Caída de exportaciones, empleos y tipo de cambio, los principales riesgos para México por los aranceles de Trump
Los aranceles que Donald Trump amenaza con imponer a partir de este 1 de febrero pondrían en riesgo las exportaciones, decenas de empleos y el tipo de cambio en México, aunque especialistas esperan que esos impuestos sólo se apliquen a ciertos productos, porque una imposición generalizada podría afectar incluso a la economía de Estados Unidos.
Trump anunció que los aranceles de 25% a importaciones de México y Canadá buscan presionar a los gobiernos de ambos países para que aumenten sus acciones para frenar el flujo de migrantes y fentanilo.
Ayer jueves, el presidente estadounidense reafirmó su intención de hacer oficial estos impuestos a partir del 1 de febrero, y advirtió que esa tasa puede aumentar con el tiempo. Además, adelantó que aún se evalúa si el petróleo se incluirá entre los productos con ese gravamen.
Para entender mejor: Trump reafirma que impondrá aranceles a México y Canadá el 1 de febrero; amaga con incluir petróleo
Expertos consultados por El Sabueso explicaron que imponer aranceles generales de 25% a importaciones mexicanas repercutiría de forma negativa en la economía estadounidense, por lo que pronosticaron que el gobierno de ese país los aplicará sólo a ciertos productos e, incluso, que sólo será por un tiempo breve.
Apenas el miércoles, el futuro secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, afirmó que esta medida es provisional, pues se trata de una acción de seguridad interior y no una política arancelaria. Pero adelantó que entre marzo y abril se espera terminar un análisis más profundo, para definir la aplicación de aranceles a mediano plazo.
Cabe recordar que los tres países participan en el T-MEC, acuerdo de libre comercio que tiene programada una revisión para 2026, por lo que estos aranceles han generado dudas en los mercados sobre una posible renegociación, o hasta una cancelación del tratado.
Efectos para ambos países
Actualmente, Estados Unidos es el destino de más del 80% de las exportaciones mexicanas, de modo que los aranceles generales tendrían como principal riesgo la reducción del volumen de mercancías que México envía a ese país.
Entre enero y septiembre de 2024, las mayores exportaciones al norte de la frontera fueron vehículos y autopartes, equipo mecánico, aparatos eléctricos, combustibles minerales y equipo médico, de medición y quirúrgico.
Por lo que en caso de aplicar la tasa de 25% a todas las importaciones desde México, estos sectores serían los más afectados.
El costo de estos productos aumentaría, obligando a las empresas estadounidenses a buscar opciones dentro de su país o en otros mercados, para su abasto. Uno de los sectores más afectados sería el automotor, cuya cadena productiva –actualmente distribuida en los tres países– Donald Trump busca devolver a territorio estadounidense.
“Se ha calculado aproximadamente que en el sector automotriz, por ejemplo, el arancel del 25% implicaría un aumento del 10% en el precio final de los productos (en Estados Unidos)”, comentó Ana Lilia Moreno, coordinadora del Programa de Competencia y Regulación de México Evalúa, en entrevista.
Ante estas condiciones, los efectos negativos serían para ambos países. Por un lado, causaría alza de precios en los vehículos y la caída de la demanda en Estados Unidos; por el otro, habría reducción de las exportaciones mexicanas para ese sector, lo que podría causar pérdida de empleos de trabajadores de esa industria en México, que a principios de 2024 superaba los 839 mil trabajadores.
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Una baja de las exportaciones –que representan alrededor del 30% del PIB de México– podría propiciar también una contracción en la economía nacional para finales de 2025.
Si no se aplican los aranceles, el banco BBVA prevé un crecimiento de la economía de hasta 1.9% este año. Pero en caso de que Trump cumpla su promesa, el PIB en 2025 cerraría 2025 con un crecimiento negativo, pronosticó el banco.
Además, en caso de cumplir la promesa de imponer aranceles el 1 de febrero, especialistas advierten que la moneda mexicana podría depreciarse frente a la divisa estadounidense. El jueves 30 de enero, el pesó cayó 1% frente al dólar y cerró en 20.70 por unidad, luego de que Trump reiteró su amenaza de imponer aranceles el sábado.
Jesús Carrillo, director de Economía del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), explicó que lo más probable es que los aranceles causen una depreciación del peso. “Eso puede incrementarse y dependerá mucho del anuncio, de la magnitud (de los aranceles), de la retórica alrededor del anuncio. Es difícil decir qué tanto, pero sí esperaría que se deprecie la moneda”, sostuvo.
La depreciación del peso suele tener efectos diversos. Por un lado, un menor valor frente al dólar podría reducir el impacto en la caída de las exportaciones mexicanas, al hacer más atractivos los precios de los insumos nacionales para el mercado externo; pero por otro lado, la pérdida de valor del peso presionaría al alza los precios de productos y servicios importados así como el de la gasolina.
Aranceles no serán generales, prevén especialistas
No obstante las declaraciones del gobierno de Trump, especialistas consultados por El Sabueso prevén que los aranceles no se apliquen a todas las importaciones desde México, sino que se enfoquen en productos específicos en que México tiene mayores ganancias frente a Estados Unidos, y así se mitiguen los efectos negativos en ese país.
Algunos ejemplos de esto serían algunos productos agrícolas, manufacturas como dispositivos médicos –cuyo impacto sería sobre empresas mexicanas–, o algunos productos intermedios, como aluminio y acero, tal como ocurrió entre 2018 y 2019, comentó Ignacio Martínez, coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios (LACEN) de la UNAM.
El impacto en el sector agroalimentario –cuyas exportaciones a Estados Unidos crecieron 6.1% en los primeros 9 meses de 2024– sería distinto al de la industria automotriz, detalló Ana Lilia Moreno.
“En mercados agroalimentarios, en el corto plazo los periodos de ajuste pueden implicar pérdidas grandes de cosechas, por la contracción de la demanda o el consumo, en lo que los exportadores ajustan sus modelos de negocios o sus estrategias de ventas hacia otros mercados distintos al norteamericano”, sostuvo.
Aunque hay productos de origen mexicano que se puede esperar que queden exentos de aranceles, como el aguacate. Esto porque México es prácticamente el único proveedor, además de que la demanda del fruto alcanza su máximo en febrero, explicó Jesús Carrillo.
“¿En dónde sí podría ser? A lo mejor en algunos otros productos que van directamente al consumidor final, algunos productos de alimentación que no afecten demasiado a la inflación. Por ejemplo, las berries o el maíz blanco que exportamos. Pero aún no sabemos”, sugirió.
¿Cómo puede responder México?
En su conferencia del miércoles 29 de enero, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que confía en que el gobierno de Trump no aplique los aranceles. “No creemos que vaya a ocurrir, la verdad; y si ocurre, ya tenemos un plan. Hay conversaciones, hay diálogo”, sostuvo.
En el mismo sentido, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, aseguró que el gobierno mexicano reaccionará en función de las medidas que implemente el gobierno de Estados Unidos. “Llevamos meses trabajando sobre eso, unos ocho meses”, afirmó el mismo miércoles.
En noviembre pasado, luego del triunfo de Trump en la elección presidencial de Estados Unidos, el gobierno de México mostró su disposición a responder a aranceles con impuestos a productos estadounidenses. Pero después, la presidenta Sheinbaum cambió su posición y en el último mes se ha pronunciado por buscar otras soluciones.
En ese sentido, los especialistas coincidieron en que actualmente no hay condiciones para desatar una guerra arancelaria, pues impactaría a los consumidores nacionales, quienes terminarían pagando el incremento de precios de productos provenientes de ese país.
Ignacio Martínez recordó el caso de Colombia, que recién el fin de semana trató de responder con aranceles a las medidas de Estados Unidos y terminó por aceptar las condiciones migratorias que exigió Trump.
“De ahí es que la presidenta ya no ha vuelto a tocar el tema de imponer aranceles a Estados Unidos, porque sí estaría perjudicando totalmente la economía mexicana”, dijo.
Al respecto, Jesús Carrillo comentó que si bien no se prevé que el gobierno mexicano se enfrasque en una guerra de aranceles con Trump, sí podría imponer tarifas a algunos productos específicos, como lo hizo en 2019.
“Cuando nos pusieron un arancel al aluminio y al acero, México respondió con aranceles también al whisky, a otras bebidas. O sea, a cosas bastante bien estudiadas que es las que sabe que van a afectar a productores (estadounidenses), que se van a quejar con su gobierno. Entonces, digamos, no es una guerra abierta, pero seguramente habría alguna represalia”, comentó.
Por otro lado, agregó, las medidas del gobierno mexicano probablemente no estén relacionadas con el ámbito comercial, sino que pueden estar dirigidas a responder a las demandas de Trump para imponer los aranceles, como acciones para aumentar la seguridad en la frontera y contener la migración hacia Estados Unidos.
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El nuevo gobierno de Donald Trump ha lanzado una serie de operaciones para la detención migrantes. Entre sus objetivos están las “ciudades santuario”, ¿qué son?
Hay ciudades a lo largo de Estados Unidos que se autodenominan “santuario”.
Los Ángeles, Nueva York, Houston, Chicago o Atlanta son algunas de las urbes con una alta presencia de migrantes indocumentados que tienen políticas locales más amigables hacia la migración que otras partes del país.
Pero, al igual que sucedió durante su primer gobierno, la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca presenta un desafío a eso.
El presidente ha prometido implementar una dura política de deportación de indocumentados con el objetivo de expulsar del país a un millón de personas. Y tanto él como sus altos funcionarios han puesto en la mira a tales ciudades santuario.
Chicago es una de las primeras. El gobierno de Trump activó los primeros operativos y redadas para detener y deportar a indocumentados en esa ciudad del norte del país. Pero también durante el fin de semana se vieron en Atlanta, Denver, Miami y San Antonio.
¿Qué implica que una ciudad se autodenomine “santuario” y en qué puede beneficiar a los indocumentados realmente?
La cuestión de la colaboración
El término de “santuario” de estas ciudades viene de la Edad Media, cuando los monasterios eran un santuario o protección a caminantes que se querían proteger de maleantes o gente que sufría persecución esclavista. Pero en EE.UU. se empezó a usar a finales del siglo XX.
“En los años 80 y 90 renace por algunos miembros religiosos y activistas que ayudan a migrantes de El Salvador o Guatemala a escapar de regímenes dictatoriales y entrar a EE.UU. y estar en comunidades seguras, en ciudades como Los Ángeles, San Francisco o Washington”, le explica a BBC Mundo el sociólogo Ernesto Castañeda, director del Laboratorio de Inmigración y el Centro de Estudios Latinoamericanos de American University en Washington DC.
Con el movimiento de esos años por los derechos de los inmigrantes, que se inspiró en luchas de Francia y otros países, en EE.UU. algunos activistas empezaron a referirse a esas ciudades con mucha población indocumentada como “santuarios”.
“Es una autodeclaración simbólica. No tiene ninguna definición legal, no hay una ley federal ‘santuario’ que diga qué es legal, qué es ilegal. Es caso por caso. Pero son ciudades donde se aspira a la tolerancia para las poblaciones extranjeras, de minorías e indocumentadas”, aclara Castañeda.
Desde entonces, autoridades de grandes ciudades como Nueva York o Los Ángeles comenzaron a adoptar políticas más amigables con esos migrantes, siendo una de las principales el tipo de colaboración que tienen con las agencias federales de migración.
Cuando un indocumentado es detenido por la policía local, hay dos opciones: verificar su estatus migratorio y notificarlo a las autoridades de la materia, o no hacerlo.
“En Nueva York, por ejemplo, no es requisito que si alguien es detenido y no tiene documentos, se le dé aviso inmediato a las autoridades federales. Pero las autoridades migratorias sí pueden pedir que la persona sea retenida”, explica Castañeda.
Otras ciudades, principalmente de gobiernos republicanos del sur del país, sí buscan el procesamiento de los indocumentados a través de las agencias federales.
“La cuestión es si las policías esperan a esas autoridades federales para entrevistar e iniciar casos de deportación, o si la gente es puesta en libertad si no es culpable de algún delito grave. Ahí es donde hay discreción”.
Debido a que cada autoridad estatal o local tiene sus propias leyes y políticas, cada corporación de policía local -incluso entre las de una misma metrópoli- puede o no colaborar con las agencias federales de migración.
La policía de la ciudad de Los Ángeles es diferente a la de la ciudad de Santa Mónica, siendo que están en la misma metrópoli. Al igual que los alcaldes, los jefes de policía pueden seguir sus propias normas.
Castañeda incluso indica que entre los propios agentes de policía hay discreción, y hasta entre las mismas oficinas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en cada localidad.
Sin embargo, el gobierno de Trump -y de otros republicanos en el pasado- busca que existan la máxima coordinación y colaboración posibles.
No es un blindaje absoluto
Cuando un indocumentado vive en una ciudad santuario, si bien puede esperar facilidades para hacer gestiones ante la autoridad sin involucrar la comprobación de su estatus migratorio, no es garantía de que agentes federales no puedan ejercer sus funciones.
Si un indocumentado es detenido por algún delito, las autoridades migratorias que lo lleguen a saber tienen derecho a iniciar un proceso. También pueden hacer redadas en sitios como empresas o lugares públicos, así como en viviendas privadas.
“En el Estados Unidos contemporáneo no ha habido una ciudad verdaderamente ‘santuario’, donde no entren las agencias federales como ICE para deportación. No es verdad que una persona indocumentada llegue ahí y pida asilo y que no la puedan deportar”, señala Castañeda.
Asegura que es algo que muchos migrantes indocumentados saben: “Que si están en un estatus de indocumentado y tienen órdenes de deportación, tienen mucha desconfianza de todas las policías, no quieren cometer ningún delito, tratan de no conducir ni salir para no enfrentarse a alguna autoridad. Manejar en estado de ebriedad o algo así los puede llevar a la deportación”.
Sin embargo, las críticas de Trump y otros políticos republicanos han sido constantes sobre una supuesta “protección” a los indocumentados que hacen gobiernos demócratas en ciudades santuario.
También critican que estos migrantes puedan hacer uso de programas de apoyo o salud, o que son favorecidos por recursos públicos.
“Los migrantes usan menos programas de bienestar que otros grupos. Pagan más impuestos y jubilación que nunca piden cuando se retiran, porque han usado números de seguro social falsos o se van del país”, expone Castañeda, coautor del libro Immigration realities: Challenging Common Misperceptions (“Realidades de la inmigración: Desafiando las percepciones erróneas comunes”).
“No piden devoluciones de impuestos sobrepagados. Y muchos no tienen derechos a programas de asistencia por temor a exponerse”, añade.
El hecho de que las ciudades santuario no cooperen con agencias migratorias también implica un diferendo en cuanto a la obtención de recursos del gobierno federal.
La Casa Blanca puede favorecer a autoridades estatales y locales que sí ayuden a sus políticas migratorias.
Gobiernos republicanos, como el de George W. Bush o el primero de Donald Trump, usaron normativas como la “Sección 287g” para incentivar con recursos a autoridades locales para ejercer tareas federales como la revisión del estatus migratorio.
Chicago en la mira
En su primer día de gobierno, Trump firmó una serie de órdenes ejecutivas sobre migración que incluían la derogación de una ley que prohibía a los agentes federales buscar indocumentados en iglesias, escuelas y hospitales, lugares que antes eran considerados “sensibles” y que debían permanecer exentos de redadas migratorias.
Tom Homan, uno de sus jefes en la estrategia contra los indocumentados que ha sido llamado el “zar de la frontera”, aseguró que una de las primeras ciudades en tener búsqueda y captura de estos migrantes sería Chicago.
La ciudad y el estado son gobernados por demócratas. El alcalde Brandon Johnson y el gobernador JB Pritzker han sostenido que respaldan las leyes de ciudades santuario, conocidas como ordenanzas de “Ciudad Acogedora”.
Pero el domingo fueron ejecutadas operaciones migratorias en Chicago por parte de múltiples agencias, con la presencia de altos funcionarios en la ciudad para supervisarlas.
Múltiples fuentes dijeron a CBS News, socio de la BBC en EE.UU., que el objetivo eran migrantes con órdenes de arresto activas.
Pero desde la llegada de Trump al poder, existe la preocupación de que no se limite a aquellos ya sujetos a un proceso, sino que se aplique a todos los indocumentados en general para lograr los grandes números prometidos de cientos de miles de deportados en su gobierno.
Incluso una iglesia dejó de ofrecer misas en español ante el temor de que migrantes latinos sean objetivo de agentes.
“Ya tenemos niños que están empezando a tener miedo de ir a la escuela y no encontrar a sus padres cuando vuelvan a casa… No queremos poner a ningún miembro de nuestra congregación en el riesgo de ser deportado”, le dijo a BBC Mundo la reveranda Tanya Lozano hace unos días.
Castañeda sostiene que “lo que está haciendo ahora el llamado ‘zar de la migración’, Homan, es viajar a ciudades como Chicago a observar cómo funcionan las oficinas locales de ICE y a poner presión sobre las autoridades locales a través de medios con amenazas para hacer redadas”.
“En La Villita, un barrio muy mexicano y muy latino en Chicago, la gente tiene miedo. Y se ve que hay menos actividad económica y presencia en las calles, más allá de la temporada de frío. Después de todo, si llega ICE no hay mucho que el alcalde pueda hacer para evitar redadas”, añade.
Otras ciudades que también registraron redadas u operativos de agentes federales durante el fin de semana fueron Denver, Houston, San Antonio, Miami y Atlanta.
Sin embargo, Castañeda precisa que hasta ahora no se ha visto algo a una escala muy diferente a lo que ya ocurrió en el pasado, incluso durante gobiernos demócratas en la Casa Blanca.
“Las deportaciones han existido, incluidas las de Joe Biden o las de Barack Obama, que eran muy grandes. Pero había menos seguimiento mediático del día a día de estas deportaciones. Y ahora por lo pronto los números son similares, pero hay mucha más atención del público hacia lo que está pasando y cómo se está haciendo”, señala el especialista.
“Pero parece que sí quiere hacer algo a mayor escala, a mayor velocidad, con más agresividad”.
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