El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a Karla Quintana -aunque no presentó ninguna prueba- de alterar como titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) el registro nacional de desaparecidos, pero esta base no la construye una sola persona ni una instancia, sino que se alimenta de datos de las 32 fiscalías estatales y la federal, así como de la información de la comisiones estatales de búsqueda y denuncias de particulares.
“No es cierto que haya 126 mil desaparecidos, no es cierto, y lo vamos a probar porque hemos hecho un censo casa por casa y los desaparecidos se han encontrado”, dijo el mandatario en la conferencia matutina.
Tampoco es cierto que haya registrados 126 mil desaparecidos. Actualmente el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas muestra el dato de 113 mil 211 personas desaparecidas y no localizadas.
López Obrador dijo lo anterior en referencia al censo de desaparecidos que encargó a elementos de la Secretaría de Bienestar, que aún sigue en desarrollo y que ha sido criticado por especialistas y activistas por no seguir estándares internacionales, pero también por ser ejecutado por una instancia que no está especializada en la materia. Además, se ha denunciado que revictimizar a las familias de víctimas.
El Presidente también insistió que el número de desaparecidos es menor, pero no hizo ninguna referencia a los subregistros que se han denunciado. Familiares de víctimas, por ejemplo, han señalado que la lista se queda corta y que hay evidencia de que prevalece el subregistro de casos, porque por ejemplo fiscalías estatales como la de Jalisco se han negado a seguir sumando datos, otras como la de Querétaro tardan en actualizar sus cifras, otras reportan menos casos de los que tienen en carpetas y en muchos casos ni siquiera se denuncian las desapariciones por temor o falta de confianza en las autoridades.
“Queda muy claro que el fenómeno de la desaparición en el país está subestimado y no sobrestimado, como parece se quiere dar a entender”, refirió el equipo de Derechos Humanos y Lucha contra la Impunidad de Fundar.
En el sexenio de Felipe Calderón, del 1 de diciembre de 2006 al 30 de noviembre del 2012, se registró a 17 mil 087 personas que permanecen sin ser localizadas. Mientras que en el sexenio de Enrique Peña Nieto fueron 34 mil 230 personas y en el de López Obrador se han sumado al registro 46 mil 993 de las que se sigue sin conocer su paradero. Esto es el 41% del total.
Del 1 de diciembre de 2018 a la fecha, que es el lapso del gobierno de López Obrador, también se observa el dato de 73 mil 235 personas localizadas, 67 mil 100 con vida y 6 mil 135 sin vida.
“Siempre dijimos desde la Comisión Nacional de Búsqueda que el registro de personas desaparecidas es un acercamiento a la realidad, que nos permite entender de mejor manera qué es lo que está sucediendo, pero un registro de personas desaparecidas es antes que todo una herramienta de búsqueda”, dijo Karla Quintana en un seminario reciente en el Colegio de México, acusando que el censo del gobierno es un intento de maquillar las cifras.
¿De dónde obtiene los datos el RNPDNO?
El actual registro RNPDNO se aprobó en 2017 pero comenzó a operar en 2020, ya en el sexenio de López Obrador, y aunque se planteó que sumaría casos en tiempo real, las fiscalías estatal que son la principal fuente de datos han tardado en actualizar.
La última carga masiva de información la hicieron autoridades de Querétaro (Fiscalía y Comisión de Búsqueda estatal) a finales de mayo pasado, y reportando casos de 2019 a 2022.
Por otro lado el estado de Jalisco denunció irregularidades en el sistema y su Fiscalía y Comisión de Búsqueda decidieron desde hace más de un año dejar de subir sus casos. Entonces, actualmente el Registro no está recibiendo información de uno de los estados más afectados por desapariciones.
Al RNPDNO se incorporaron registros de 1962 a abril de 2018 que estaban en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas o Extraviadas, la versión publicada en el sexenio de Calderón, al igual que los datos del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas del sexenio de Peña Nieto.
Y a diferencia de los sistemas previos, para este Registro se apostó por recibir reportes de más autoridades, además de las denuncias ante fiscalías: también se registran casos reportados por comisiones locales de búsqueda y, en caso de tener, las fiscalías estatales especializadas en desaparición, además de reportes ciudadanos.
“No es una autoridad la que alimenta el registro, son al menos 66 autoridades que alimentan el registro de personas desaparecidas, 33 comisiones y 33 fiscalías, más otras autoridades y también personas particulares”, refirió Quintana.
El tener más instancias que aporten datos, apunta Jacobo Dayán, especialista en derechos humanos, no significa en sí mismo tener información más acertada, aunque sí es un cambio a considerarse en el análisis.
En la página del Registro actual, se señala que al 17 de mayo de 2023, “más del 65% de los reportes (tanto de desapariciones, no localizaciones como localizaciones con y sin vida), entre 1964 y la actualidad, han sido reportados a partir de 2019, año a partir del cual, por primera vez se tiene una estrategia de seguimiento y se comienza a sistematizar la información de las decenas de autoridades obligadas”.
Aunque el 65% se sumó recientemente, los casos de desaparición ocurridos en sexenios pasados son registrados por fiscalías y comisiones en su año correspondiente, según se denunció cada hecho.
El RNPDNO permitió registrar por primera vez casos a través del portal digital de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB); esto lo pueden hacer ciudadanos o autoridades, sin necesidad de presentar una denuncia formal en el ministerio público.
Por ello se sabe que aproximadamente un 4% del total de los reportes subidos al Registro Nacional fueron realizados por ciudadanía en el portal digital de la Comisión Nacional de Búsqueda. El restante 96% son reportes presentados por fiscalías y comisiones de búsqueda locales.
“Hay una trazabilidad, se sabe no solamente qué institución sino qué persona en la institución informa sobre la persona desaparecida”, señaló Quintana.
En el registro se cruzan datos con otras bases gubernamentales para intentar dar con el paradero de las personas. Por ejemplo, del Instituto de Ciencias Forenses (Incifo) de la Ciudad de México, Instituto Nacional de Migración, Secretaría de Educación Pública, registros civiles, Secretaría de Salud y Secretaría del Bienestar.
”El registro no es como muchas personas creen una lista, no es un Excel, es un ecosistema que permite comunicar a las diferentes autoridades que están obligadas a alimentarlo”, agregó la extitular de la Comisión de Búsqueda.
Sí hay casos duplicados y que no se han dado de baja, pero sobre todo un subregistro
Hay casos, por ejemplo, de personas como una abuela que no llegó del supermercado, un joven que fue de fiesta y no regresó, pero que después se reconoció que no fue víctima de un delito. Pudieron sufrir un accidente automovilístico, tener un problema personal, pérdida de la memoria o extravío. Y al final, regresar por su propio pie.
“¿Qué pasa con los casos donde no son víctimas de un delito? Al otro día encuentras a la persona, y la gran mayoría de las personas no va a ir a la fiscalía a decir ‘ya la encontré, ya se resolvió la bronca’.
Cuando la fiscalía registra a una persona no localizada, tendría que ser una práctica obligada a los tres días hablar y decir ‘oiga aquí hay un registro de que no encuentran a tal persona, ¿qué pasó?, ah ya apareció y entonces registrarlo’. Pero como no lo hacen, se van acumulando datos”, explica Jacobo Dayan, especialista en derechos humanos.
En este concuerda la extitular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Karla Quintana, agregando en su plática en el Colegio de México que también hay casos donde las autoridades pueden estar notificadas del regreso pero no actualizan la información en el RNPDNO, y en otros casos ni siquiera se enteran de que la persona ya regresó a su hogar.
Sin embargo, lo que preocupa más es el subregistro.
No todas las desapariciones se reportan al sistema y ello atenta contra la búsqueda inmediata de las personas desaparecidas y no localizadas.
“Faltan más de los que sobran”, enfatiza Jacobo Dayán.
“Las familias de personas desaparecidas dicen que por cada persona reportada desaparecida hay una, dos, tres, cuatro, yo he escuchado hasta cinco que nunca se han acercado a una autoridad. Esto puede ser por miedo, desconfianza a las autoridades, miedo a la delincuencia organizada”, detalló Karla Quintana.
Otra posibilidad es que las autoridades estatales no suban todos los registros a la plataforma de personas desaparecidas que se presumen están siendo víctima de un delito.
“Cuando estamos hablando de desaparición en México la concepción es muy amplia, no sólo desaparición forzada, puede ser desaparición por particulares, secuestro, trata, reclutamiento forzado, sustracción de menores, homicidio y feminicidio… pero no se están subiendo”, explicó Quintana.
El desfase también ocurre cuando las fiscalías registran más carpetas de investigación relacionadas al delito de desaparición que los casos reportados en el portal.
Por ejemplo, la Fiscalía de Baja California reporta que permanecen abiertas 17 mil 306 carpetas de investigación por el delito de desaparición ocurrido entre 2006 y 2022. Sin embargo, el Registro Nacional solo indica en ese mismo periodo mil 605 casos.
Desaparecer en BC, un proyecto de Elementa, registró este desfase y señaló que la “Fiscalía no ha cumplido con su obligación de enviar la información correspondiente a la Comisión Nacional de Búsqueda para que se publique en el Registro Nacional”.
Jorge Ramírez Plascencia, integrante del Comité Universitario de Análisis en materia de personas desaparecidas de la Universidad de Guadalajara, explica que en parte los estados no comparten su información por temor a ser señalados mediáticamente por el número de casos.
“Se volvió involuntariamente en un instrumento político, con la obligación que tiene de manera trimestral la Comisión Nacional de Búsqueda de rendir un informe, pues empezaron a presentar las cifras y eso se convirtió en lo que yo llamo el ranking del deshonor… y en la medida en que se comenzó a compartir, preocupó a las autoridades locales que buscaron la manera de salirse de ahí”, comenta.
En los últimos cinco meses ninguna autoridad estatal ha actualizado sus reportes. La última fue en mayo la Fiscalía General de Querétaro, reportando el año de 2021; y su Comisión Local de Búsqueda, reportando de 2019 a 2022.
En el caso de Jalisco, el estado con más desapariciones en el país, no sube registros desde marzo de 2022. Su gobernador, Enrique Alfaro, argumentó que “el registro oficial es un caos”.
Ese mes Jalisco reportaba 16 mil 222 personas desaparecidas e hizo un ajuste a la baja y la cifra disminuyó a 14 mil 915 casos, sin transparentar nombres y motivos.
Al revisar el Sistema de Información Sobre Víctimas de Desaparición (SISOVID), —la plataforma reconocida y actualizada por el gobierno estatal—, de enero a septiembre de 2023 se reportaron mil 300 personas que permanecen con estatus de desaparición. Mientras que en el RNPDNO sólo aparecieron 128 reportes. ¿Quién los hizo?
“Estos (más de) 100 casos, podrían haber sido actualizados por la Comisión Nacional de Búsqueda, la Fiscalía General de la República o incluso por personas ciudadanas… ya que pueden hacer la incorporación de un registro de una persona desaparecida”, agrega Chimiak, co-directora de CEPAD.
Los especialistas coinciden en que si bien los estados están obligados en reportar y actualizar sus casos en el RNPDNO, no hay una sanción si no lo hacen. Isabel Suárez, abogada especializada en género e integrante de IDHEAS, señala que la única posible es administrativa, pero es poco factible que se dé.
“Con una impunidad del 99%, ¿qué sanción le van a dar (a las autoridades que no suben el registro)?, ¿quién los va a investigar? ¿la fiscalía va a investigar así misma?, cuestiona Dayán, especialista en derechos humanos.
Gobierno de Jalisco denuncia duplicidad y dificultad para modificar estatus
Al recibir denuncias de diferentes autoridades, una de las preocupaciones es que se reporte de manera doble una desaparición.
Jacobo Dayán, especialista en derechos humanos, pone ejemplos:
“Puedes tener una denuncia sobre la desaparición de una misma persona en diferentes estados. Tú podrías a lo mejor tener una denuncia en la Fiscalía de la Ciudad de México, luego meter otra denuncia en el Estado de México, porque (geográficamente) está a un lado.
También puede ser que la persona desapareció en un estado y es de otro, entonces las familias ponen su denuncia en los dos lados. O están los migrantes que atraviesan todos los estados y entonces las familias ponen la denuncia en todos los estados esperando tener información”, detalla.
El RNPDNO asegura que para evitar duplicidades entre registros subidos por comisiones y fiscalías locales tiene algoritmos que permiten calcular una posible duplicidad o una reincidencia de desaparición. Sin embargo, no existe una información pública sobre cómo opera y los resultados que tiene.
La ex comisionada Karla Quintana menciona que es “ínfima” la posibilidad de duplicidades, aunque reconoce que hay posibilidad de tener mejoras, como en todos los instrumentos y registros.
En el caso de Jalisco, su gobierno acusó fallas.
“Lo que se nos ha explicado es que tras la revisión de los datos en el RNPDNO, se detectaron múltiples fallas en la plataforma: errores en cuanto a la captura de la información plasmada, errores más sustantivos, errores de forma, que han generado de alguna manera duplicados o que han habido registros múltiples correspondientes a la misma persona y ha habido dificultad de actualizar el estatus”, explica Anna Karolina Chimiak, co-directora de CEPAD.
Para dar de baja un registro de desaparición o no localización, cuenta Chimiak, el registro pide que sea la misma autoridad que subió el reporte sea quien lo actualice.
Es decir, si una persona fue localizada por otra autoridad no podrá realizar el cambio. Por lo que el proceso se hace más burocrático.
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5 preguntas para consultar a los venezolanos si respaldan la reclamación de un enorme territorio en disputa con otro país.
Eso planteó el gobierno de Venezuela este domingo 3 de diciembre al convocar un referendo sobre el futuro del Esequibo, un territorio controlado por Guyana pero que Caracas considera como suyo.
Los venezolanos aprobaron las propuestas del gobierno de Nicolás Maduro, que incluyen la creación del estado Guayana Esequiba como parte del territorio venezolano, además de un plan para otorgarles la ciudadanía venezolana a sus habitantes.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) aseguró que se computaron 10.554.320 votos, sin aclarar si corresponden al mismo número de votantes o se contaron 5 votos por elector en referencia a las 5 diferentes preguntas.
Todas las cuestiones planteadas recibieron un respaldo de más del 95%, según el CNE.
“Hemos dado los primeros pasos de una nueva etapa histórica para luchar por lo nuestro, para lograr recuperar lo que nos dejaron los libertadores, la Guayana Esequiba”, afirmó Maduro tras la jornada electoral.
“El pueblo venezolano ha hablado alto y claro y esta victoria le pertenece a todo el pueblo de Venezuela sin discriminación”, añadió.
Pero mientras el gobierno de Maduro celebraba lo que consideró como una “victoria nacional”, Guyana, que ha asegurado que no tiene nada que discutir sobre la soberanía del Esequibo, les ha pedido a sus ciudadanos que no se dejen “infundir miedo” por los eventos en el vecino país.
El presidente de Guyana, Irfaan Alí, aseguró el domingo en un evento con música y bailes en el Estadio de Providencia, al sur de la capital, Georgetown, que su país no sería “pisoteado”.
“Tengo un mensaje para el presidente Maduro y el vicepresidente, nada de lo que digan, ninguna cantidad de propaganda o mentiras generará miedo en mi corazón o en el corazón de cualquier guyanés”, declaró.
El pasado viernes, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) ordenó a Venezuela “abstenerse de cualquier acción que altere la situación que prevalece en el territorio en disputa”, aunque no prohibió la realización del referendo, tal y como solicitaba Guyana.
Mientras los venezolanos aprobaron una consulta que Guyana ha denunciado como una amenaza existencial, te resumimos la disputa que enfrenta a ambos países sudamericanos y explicamos por qué es controvertido el referendo.
1. Qué es el Esequibo
El Esequibo -también conocido como la Guayana Esequiba- es un territorio al oeste del río Esequibo, en el norte de Sudamérica, que comprende 159.500 kilómetros cuadrados ricos en recursos naturales y forestales.
Alberga seis de las diez regiones que constituyen la República Cooperativa de Guyana, así como un tercio de sus 800.000 habitantes.
“El Esequibo es un territorio tres veces más grande que Costa Rica, donde viven casi 300.000 personas”, le dice a BBC Mundo el geógrafo guyanés Temitope Oyedotun, profesor de la Universidad de Guyana.
2. Por qué el territorio es tan importante
El Esequibo se encuentra en pleno corazón del Escudo Guayanés, una región geográfica al noreste de América del Sur que, además de ser una de las formaciones más antiguas de la Tierra, está minada de recursos naturales y minerales.
Según el geógrafo venezolano Reybert Carrillo, el territorio comparte características similares con su vecino Arco Minero del Orinoco, un área de explotación de más de 111.800 kilómetros cuadrados que cuenta con grandes reservas de oro, cobre, diamante, hierro, bauxita y aluminio, entre otros minerales.
En el Esequibo se encuentra la mina de oro Omai, una de las más grandes del Escudo Guayanés y una de las mayores fuentes de ingresos de Guyana.
Sólo entre 1993 y 2005 Omai produjo más de 3,7 millones de onzas de oro.
Pero en las aguas territoriales de la zona en disputa también se encuentra una inmensa riqueza petrolera.
Desde 2015 hasta la fecha, la multinacional ExxonMobil y sus socios han realizado 46 descubrimientos que han elevado las reservas de petróleo de Guyana a alrededor de 11.000 millones de barriles, lo que representan cerca de 0,6% del total mundial.
La mayoría de las reservas se encuentran en un bloque de petróleo y gas de 26.000 kilómetros cuadrados conocido como Stabroek, frente a la costa atlántica del país, que se encuentra parcialmente en aguas territoriales de la región disputada por Venezuela.
Los inesperados hallazgos han hecho que Guyana, un país de 800.000 habitantes, se convierta en una de las economías de mayor crecimiento en el mundo y se espera que su PIB crezca 25% este año, tras haberse expandido 57,8% en 2022.
Además de los recursos minerales, el Esequibo cuenta con importantes recursos hídricos.
“Hay una extensa red de ríos como Cuyuní, Mazaruní, Kuyuwini, Potaro, Rupununi”, explica el geógrafo Temitope Oyedotun, de la Universidad de Guyana.
Para Reybert Carrillo, ese será el recurso más importante de la región en varias décadas.
3. Cuál es el origen de la disputa y por qué se agudizó
Cuando España fundó la Capitanía General de Venezuela el Esequibo formaba parte de la subentidad territorial y tras obtener su independencia en 1811 Venezuela se quedó con el control de su soberanía.
Pero la situación comenzó a complicarse cuando Reino Unido firmó un pacto con Países Bajos para adquirir alrededor de 51.700 kilómetros cuadrados al oriente de Venezuela.
El tratado no definía la frontera occidental de lo que pasaría a ser la Guayana Británica y por eso Londres designó en 1840 al explorador Robert Schomburgk para definirla.
Poco después se dio a conocer la “Línea Schomburgk“, un trazado que reclamaba cerca de 80.000 kilómetros cuadrados adicionales.
Cuatro décadas después se publicó una nueva versión de la Línea Schomburgk que reclamaba aun más territorio.
En el año 1895 Estados Unidos intervino bajo la Doctrina Monroe tras denunciar que la frontera había sido ampliada de “manera misteriosa” y recomendó que la disputa fuera resuelta en un arbitraje internacional.
En 1899 se emite el Laudo Arbitral de París, un dictamen favorable a Reino Unido con el que el territorio queda oficialmente bajo dominio británico.
Pero cuatro décadas después se hizo público un memorándum del abogado estadounidense Severo Mallet-Prevost -parte de la defensa de Venezuela en el Laudo Arbitral de París-, en el que denunció que el laudo fue una componenda política y que los jueces no fueron imparciales.
Las revelaciones de Severo Mallet-Prevost y otros documentos sirvieron para que Venezuela declarara el laudo como “nulo e írrito” y reactivara su reclamo.
Tres meses antes de otorgarle la independencia a Guyana en 1966, Reino Unido pacta con Venezuela el Acuerdo de Ginebra que reconoce el reclamo de Venezuela y que busca encontrar soluciones satisfactorias para resolver la disputa.
Entre 1982 y 1999 ambos países intentaron resolver el diferendo a través del mecanismo de buenos oficios de la ONU, que nunca arrojó resultados concretos.
Durante el gobierno de Hugo Chávez el diferendo se archivó, en parte debido a las buenas relaciones entre el fallecido presidente venezolano y Georgetown.
Pero esto cambió cuando comenzaron a descubrirse decenas de yacimientos de petróleo en áreas costeras de la zona en disputa en el año 2015.
Las tensiones entre Venezuela y Guyana han aumentado progresivamente desde entonces.
Ahora, sin embargo, los intereses del gobierno de Maduro no son sólo económicos, sino también políticos.
Críticos aseguran que el referendo tiene un tinte nacionalista en un momento en el que en 2024 se celebrarán elecciones presidenciales y poco después de las primarias de la oposición, en la que se eligió a María Corina Machado como rival de Maduro.
El oficialismo ha convocado varias manifestaciones “de unión nacional” para “defender” el Esequibo y está tratando de que figuras del mundo del entretenimiento se involucren en la disputa. El llamado es la unión nacional.
“Es hora de dejar de lado todas las parcialidades, las políticas, religiosas o personales”, ha pedido el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez.
4. Qué se preguntó en el referendo
A mediados de septiembre el Parlamento de Venezuela, de mayoría chavista, propuso organizar un referendo para consultar a los venezolanos sobre los “derechos” del país sobre el Esequibo.
Un mes más tarde, el Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado por el gobierno, anunció que la consulta tendría lugar el 3 de diciembre.
Según el gobierno guyanés, el referendo representa una amenaza para la integridad territorial de Guyana y le pidió a la Corte Internacional de Justicia de la Haya que lo detenga
Pero Venezuela finalmente lo llevó a cabo.
El referendo en cuestión constó de cinco preguntas, para las que el gobierno pidió cinco síes:
- ¿Está usted de acuerdo en rechazar, por todos los medios, conforme a derecho, la línea impuesta fraudulentamente por el Laudo Arbitral de París de 1899, que pretende despojarnos de nuestra Guayana Esequiba?
- ¿Apoya usted el Acuerdo de Ginebra de 1966 como el único instrumento jurídico válido para alcanzar una solución práctica y satisfactoria para Venezuela y Guyana, en torno a la controversia sobre el territorio de la Guayana Esequiba?
- ¿Está usted de acuerdo con la posición histórica de Venezuela de no reconocer la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para resolver la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba?
- ¿Está usted de acuerdo en oponerse, por todos los medios, conforme a derecho, a la pretensión de Guyana de disponer unilateralmente de un mar pendiente por delimitar, de manera ilegal y en violación del derecho internacional?
- ¿Está usted de acuerdo con la creación del estado Guayana Esequiba y que se desarrolle un plan acelerado para la atención integral a la población actual y futura de ese territorio, que incluya entre otros el otorgamiento de la ciudadanía y cédula de identidad venezolana, conforme al Acuerdo de Ginebra y el Derecho Internacional, incorporando en consecuencia dicho estado en el mapa del territorio venezolano?
El presidente Maduro inició a principios de noviembre una campaña que calificó como “pedagógica, alegre e inclusiva” de cara al referendo, que incluye lecciones de historia televisadas ofrecidas por él mismo, así como concentraciones en varias partes del país en las que se reparten folletos al ritmo del reguetón.
Su gobierno está alentando a los votantes a responder “sí” a todas las preguntas, pero no ha detallado cómo crearía el estado si los votantes aprueban sus propuestas.
5. Qué dicen los gobiernos de cada país
Para Caracas se trata de “recuperar” un territorio que siempre ha visto como suyo.
Venezuela considera que el río Esequibo al este de la región es una frontera natural reconocida al momento de la independencia de España.
Pero Guyana alega que el asunto quedó zanjado con el Laudo Arbitral de París de 1899.
Sin embargo, Caracas afirma que esa sentencia es nula debido a las irregularidades encontradas en la decisión y además rechaza cualquier intromisión de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en el asunto. En abril de este año la CIJ se declaró competente para ver el caso, aunque cualquier dictamen podría demorar años.
Venezuela no reconoce que la CIJ tenga competencia. Sólo reconoce el Acuerdo de Ginebra como único instrumento válido para solucionar el conflicto y dice que la disputa debe ser resuelta entre ambos países.
Georgetown ve el referendo del 3 de diciembre como un “plan siniestro de Venezuela para apoderarse de territorio guyanés” y dice estar barajando “todas las opciones” para defenderlo.
El vicepresidente Bharrat Jagdeo anunció a finales de noviembre la visita al país de funcionarios del Departamento de Defensa de Estados Unidos y no descartó el establecimiento de bases militares extranjeras en territorio guyanés.
“Vamos a trabajar con nuestros aliados para garantizar que planifiquemos para todas las eventualidades (…) Nunca estuvimos interesados en bases militares, pero tenemos que proteger nuestro interés nacional”, aseguró.
Maduro, quien se muestra inflexible en su nueva misión, afirma que los distintos sectores políticos y sociales de su país se encuentran unidos en defensa del Esequibo y ha ofrecido discursos junto a las Fuerzas Armadas sobre la disputa.
Su ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, afirmó el 24 de noviembre que la disputa “no es una guerra armada, por ahora”, pero acusó al presidente de Guyana, Irfaan Alí, de provocar a Venezuela con apariciones recientes desde el territorio en disputa vestido de militar y rodeado del ejército.
Los analistas anticipan un apoyo masivo a las propuestas del gobierno venezolano, en un país en el que la reivindicación del Esequibo efectivamente une a chavistas y opositores como ningún otro tema.
El resultado del referendo no será vinculante para el derecho internacional, pero muchos temen una escalada mayor.
“Que nadie cometa ni un solo error. El Esequibo es nuestro, cada centímetro cuadrado”, ha advertido el presidente de Guyana, precisando que Georgetown no cederá ni una “pulgada” de territorio.
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