
México no fue expulsado recientemente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ni perdió su voto en la Asamblea General por una deuda millonaria, como afirman usuarios en redes sociales.
Aunque la Carta de las Naciones Unidas sí contempla procesos de expulsión y la pérdida del voto por una deuda millonaria, México no cumple con los elementos para perder su derecho de votar por ese motivo.
Especialistas en temas internacionales coincidieron en que la ONU no ha iniciado un proceso de expulsión contra México, ya que, de existir, este debería analizarse ante la Asamblea General y el Consejo de Seguridad, como señala el artículo 6 de la Carta de las Naciones Unidas.
Sin embargo, un video en TikTok alcanzó casi 31 mil “me gusta” y las 914 mil reproducciones desde el 25 de junio al afirmar que “México fue expulsado de la ONU” y que “pierde su derecho a voto en Naciones Unidas por una deuda millonaria”.
El Sabueso no encontró que algún país haya sido expulsado de la ONU hasta ahora ni detectó comunicados, anuncios o resoluciones oficiales de la Asamblea General o del Consejo de Seguridad sobre la supuesta expulsión de México por adeudos millonarios.
Pero sí se halló que en la más reciente Declaración sobre la Situación Financiera de las Naciones Unidas, publicada el 9 de mayo de 2025, México sí fue señalado como uno de los países deudores de cuotas con un monto de 38 millones de dólares (724.1 millones de pesos, según el promedio del precio del dólar en junio de 2025).

“Cada país que forma parte del sistema universal contribuye con cuotas para el sostenimiento de la ONU. Obviamente hay otros mecanismos que se utilizan para mantener sus actividades (…) pero principalmente los países son los que sostienen económicamente al sistema de la ONU”, explicó Antonio Olguín Torres, especialista en derecho internacional de la Universidad de Guanajuato.
Esta contribución está estipulada en el artículo 17 de la Carta de las Naciones Unidas, misma que en su artículo 19 contempla la pérdida del voto de una nación en la Asamblea General cuando “la suma adeudada sea igual o superior al total de las cuotas adeudadas por los dos años anteriores completos”.
Sin embargo, México aún no aparece entre los países a los que se les aplica este artículo como Venezuela, Bolivia, Santo Tomé y Príncipe y Afganistán, según reporta la ONU en su página oficial.
Tanto Tomás Milton Muñoz Bravo, especialista en Relaciones Internacionales, como Genaro Beristain, profesor de política internacional de la UNAM, señalaron que México no cuenta con niveles de deuda suficientes para ser incluido en ese listado.
Genaro Beristain explicó que, en efecto, México tiene deuda, pero esta es mucho menor a la de otros países como Estados Unidos, que tampoco se encuentra en un proceso de expulsión a pesar de que en el último reporte registró un adeudo con la ONU de 1 mil 495 millones de dólares.
“Eso de no pagar las cuotas también es una política de los Estados. (Por ejemplo) cuando se emiten sanciones en contra de Rusia, pues Rusia deja de pagar sus cuotas como respuesta”, detalló.
Por su parte, Muñoz Bravo destacó que para que aplique el artículo 19 “no solamente es que adeude, es que adeude el equivalente a lo que le corresponde de las cuotas totales de dos años”.
Para 2025, la ONU determinó que México deberá pagar 38.6 millones de dólares (737.3 mdp), por lo que el adeudo para el proceso de retiro del voto sería de alrededor de 77 millones de dólares (1,467.5 mdp).
México tampoco puede ser expulsado de la ONU sin que esto sea analizado y debatido por la Asamblea General y el Consejo de Seguridad, de acuerdo a lo establecido en la Carta de las Naciones Unidas.
“Todo Miembro de las Naciones Unidas que haya violado repetidamente los Principios contenidos en esta Carta podrá ser expulsado de la Organización por la Asamblea General a recomendación del Consejo de Seguridad”, señala el artículo 6.
Los especialistas explicaron que un proceso como este implica que la recomendación de expulsión no solo debe ser generada y propuesta por el Consejo de Seguridad, sino que también debe ser votada por la Asamblea General.
“La Asamblea General tiene que realizar una votación para que dos terceras partes de la Asamblea puedan solicitar la expulsión del Estado en cuestión. Como en todos lados, los miembros de la ONU se manejan a través de una correlación de fuerzas entre Estados aliados y hasta la fecha no ha habido un atentado a la paz y seguridad internacional que derive en que un Estado sea señalado por consenso del resto”, explicó Beristain.
Entre las resoluciones de 2025, emitidas por el Consejo de Seguridad y la Asamblea General, no se encontró ningún documento o votación que hiciera referencia a un intento por expulsar a México. Además de que las próximas reuniones de la Asamblea están programadas a partir del próximo 30 de junio.
Una búsqueda en Google de las palabras clave “ONU”, “expulsa” y “México” tampoco encontró registros oficiales ni publicaciones del gobierno mexicano que confirmen la expulsión.
Pero, entre los resultados, sí se identificaron publicaciones del 26 de junio en medios de comunicación sobre cómo la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, negó que México dejará de ser miembro de la ONU. Estas declaraciones se pudieron confirmar en la versión estenográfica de la conferencia matutina de ese día.
“Sobre el tema de la ONU; sí, no hemos pagado, se va a pagar. Si acaso hubo algún retraso en algún pago”, señaló. “Los pagos se van cumpliendo de manera calendarizada, como se ha hecho siempre. Hasta la fecha, hay 189 millones de pesos que se han pagado, hasta el 16 de junio”, reiteró más adelante.
En conclusión: es falso que México fue expulsado de la ONU o que perdió su derecho a votar en la Asamblea General. No hay elementos suficientes para que pierda el voto y no existe un proceso vigente de expulsión contra el país.

Los nuevos lineamientos de seguridad muestran el interés de Washington por frenar la inmigración ilegal, contener el avance del narcotráfico y mejorar la relación con sus aliados ideológicos y sus socios comerciales.
Tanto el reciente bloqueo “total y completo” de todos los buques petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela como el inusual rescate financiero a Argentina de octubre son muestras de la relevancia que América Latina tiene para Donald Trump.
La nueva Estrategia de Seguridad Nacional reafirma la decisión de Estados Unidos de ampliar la presencia militar y su influencia en la región. Publicado por la Casa Blanca el 4 de diciembre, el documento plasma la visión del mundo de la actual gestión.
“Mi gobierno ha actuado con una urgencia y velocidad históricas para restaurar la fuerza estadounidense en el país y en el exterior“, dice la carta firmada por el mandatario que antecede el documento de 29 páginas.
Según los nuevos lineamientos de seguridad, Trump mira a América Latina decidido a frenar la inmigración ilegal, contener el avance del narcotráfico y mejorar la relación con sus aliados ideológicos y sus socios comerciales.
Para hacerlo, propone volver a la política exterior del presidente James Monroe de “América para los Americanos”, con la que EE.UU. declaraba en 1823 su intención de resguardar a la región del avance de las potencias ajenas al continente.
“Tras años de abandono, Estados Unidos reafirmará y aplicará la doctrina Monroe para restaurar la preeminencia estadounidense en el hemisferio occidental”, dice el nuevo documento que llama a este enfoque “corolario Trump a la doctrina Monroe”.
Este enfoque se ganó el apodo de la “doctrina Donroe”, que surge de la combinación entre Donald y Monroe. El término apareció en enero en la portada del New York Post y rápidamente fue adoptado por analistas estadounidenses y medios internacionales.
Entonces, ¿estamos ante una nueva doctrina de Monroe en la región? ¿Cuáles son las preocupaciones e intereses de Trump en América Latina? ¿Cómo hará para ampliar su influencia en el continente?
Para que Estados Unidos consolide su poder global, Trump entiende que primero debe reafirmar su influencia en la región.
“Estados Unidos debe ser preeminente en el hemisferio occidental como condición para nuestra seguridad y prosperidad, una condición que nos permite afirmarnos con confianza donde y cuando lo necesitemos en la región”, dice el documento.
Para Will Freeman, investigador de Estudios Latinoamericanos del influyente centro de estudios estadounidense Council on Foreign Relations, Trump busca dar un “nuevo giro a una vieja idea”.
“Es una especie de justificación ideológica para la intervención de Estados Unidos o para la mano dura en la región, la cual se centra explícitamente en la inmigración”, dijo Freeman a BBC Mundo.
“Pero el documento también menciona los cárteles de la droga y las incursiones extranjeras hostiles, lo que suena a la Doctrina Monroe en su versión original”, agrega.
La idea de una estrategia inspirada en la antigua doctrina Monroe no es nueva. Ya en 1904 el presidente Theodore Roosevelt (1901-1909) estableció su propio “corolario Roosevelt” a esa doctrina del Siglo XIX.
En aquel momento, Roosvelt sostenía que Estados Unidos debía intervenir en los países de la región si no estaban siendo capaces de cumplir con sus compromisos financieros o con el cuidado de sus democracias, según explica Freeman.
En cualquier caso, lo que sabemos hasta el momento sobre el llamado “corolario Trump” es bastante vago. Por eso, el analista recomienda no tomarlo como un plan estratégico sino como una declaración de principios.
“Trump no sigue una política exterior tan consistente como para llamarla doctrina. Tampoco hace ninguna declaración que nos ayude a entender cómo se relacionan las medidas que está tomando con sus objetivos más ambiciosos”, dice.
Para Trump, los países de América Latina son el origen de muchos de los problemas que enfrenta Estados Unidos, pero a la vez pueden ser la clave para resolverlos.
El documento presenta a la “migración ilegal y desestabilizadora” como uno de los principales problemas que tienen origen en Latinoamérica, ya que la mitad de los inmigrantes que viven en Estados Unidos proviene de la región, principalmente de México.
“Es la parte del mundo que más le interesa para sus objetivos de política interna”, dice Freeman.
A su vez, menciona el peligro de los cárteles de drogas, teniendo en cuenta que casi toda la cocaína que se consume en Estados Unidos proviene de tres países de la región: Colombia, Perú y Bolivia.
En ese sentido, para Bernabé Malacalza, autor del libro “Las cruzadas del siglo XXI”, que trata sobre la relación entre Estados Unidos y China, la nueva arquitectura de seguridad nacional se sostiene en que Estados Unidos considera a la región como “parte de su frontera de seguridad interna”.
“América Latina pasó a ser prioritaria para Estados Unidos. Adquirió un lugar que antes no había tenido y que se explica en que la seguridad hemisférica ganó protagonismo”, dice el profesor de la Universidad Torcuato Di Tella.
El documento menciona además la necesidad de limitar incursiones extranjeras hostiles, en una clara referencia a China, aunque no la menciona.
En materia comercial, Trump busca mejorar sus acuerdos con sus socios en la región bajo la impronta del America First (Estados Unidos primero). El documento plantea el uso de “aranceles y acuerdos comerciales recíprocos como herramientas poderosas”, algo que el gobierno de Trump ya ha puesto en práctica con numerosos países de la región, con resultados mixtos.
En el caso de México, la Casa Blanca sabe que las empresas estadounidenses también se ven afectadas por las disputas comerciales.
“Por eso, Trump busca consolidar acuerdos orientados al nearshoring (estrategia de una empresa para transferir parte de su producción a países cercanos), porque entiende que la región es parte de la reconfiguración de las cadenas de valor”, señala Malacalza.
Trump no solo quiere que las empresas estadounidenses crezcan, sino que los países aliados fortalezcan sus economías nacionales para, de este modo, intensificar las relaciones comerciales.
Según el documento, “un hemisferio occidental económicamente más fuerte y sofisticado se convierte en un mercado cada vez más atractivo para el comercio y la inversión estadounidenses”.
“Los países de la región tienen un impacto desproporcionado en estos asuntos internos que a Trump le importan mucho, y que también le interesan a su base política”, resume Freeman.
El mastodóntico portaaviones USS Gerald Ford, en el Caribe desde noviembre, no solo presiona al gobierno de Venezuela, sino que también refleja los nuevos lineamientos de seguridad de Estados Unidos.
Según el documento, la Casa Blanca busca desplegar una “presencia (militar) más adecuada” y “despliegues específicos” para controlar las fronteras terrestres y las rutas marítimas.
Estados Unidos habilita incluso “el uso de fuerza letal para reemplazar la fallida estrategia basada únicamente en la aplicación de la ley de las últimas décadas”, menciona el documento.
“La fuerza es el mejor elemento disuasorio”, agrega la Casa Blanca, en lo que es una política exterior deja abierta la opción de la represalia.
Este gobierno ha dicho que busca recuperar la idea de “paz por medio de la fuerza” (Peace Through Strength), el antiguo lema del presidente Ronald Reagan que se basa en confiar en el poder militar como garante de estabilidad.
Para Malacalza, la política de seguridad hacia América Latina “no configura una arquitectura regional o hemisférica, sino que busca que los países se alineen a Estados Unidos y, en última instancia, a Trump”.
Por otro lado, Estados Unidos ofrece una serie de recompensas para sus aliados.
“Recompensaremos y alentaremos a los gobiernos, partidos políticos y movimientos de la región que se alineen ampliamente con nuestros principios y estrategia”, señala la nueva estrategia.
La política de Estados Unidos debería, según el documento, enfocarse en apoyar a líderes y aliados regionales “capaces de promover una estabilidad razonable en la región”, que ayuden a frenar la migración ilegal y a neutralizar a los cárteles.
Esta política de recompensas se vio en octubre cuando Trump anunció el rescate de 20 mil millones de dólares para Argentina o cuando, al mes siguiente, se firmaron acuerdos con este último país, Ecuador, El Salvador y Guatemala para reducir los aranceles a las exportaciones.
En cualquier caso, para los analistas consultados por BBC Mundo, la bautizada “doctrina Donroe” entiende a la región principalmente como un lugar de amenazas más que de oportunidades.
“Les preocupa mucho más prevenir que las amenazas peligrosas de América Latina lleguen a Estados Unidos, según dirán ellos, que aprovechar las oportunidades que ofrece la región“, sintetiza Freeman.
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