Las vacunas son seguras, no hay evidencia de que contengan mercurio ni aluminio
Las vacunas no contienen metales como el mercurio y aluminio, pero en TikTok circula un video que desinforma al respecto. Dicha publicación asegura sin pruebas que estos metales presuntamente fungen como adyuvante, y al aplicar las vacunas pueden provocar enfermedades como la trombosis, miocarditis, pericarditis o ictus.
El Sabueso recibió este video que desinforma a través del VerifiChat, pero es falso, ya que no hay evidencia que lo demuestre, por el contrario, estudios científicos han demostrado que las vacunas son seguras.
En el video se observa una placa de aluminio a la que se le aplican unas gotas de mercurio líquido, lo que provoca una reacción química. Sin embargo, esto no tiene relación con la respuesta que realiza el organismo humano a las vacunas.
El video es compartido por varias cuentas antivacunas que promueven desinformación acerca del contenido de las vacunas o posibles efectos secundarios sin sustento científico, como parte de su discurso. Este tipo de información puede provocar que las personas eviten vacunarse o vacunar a adolescentes e infancias, lo que expondría su organismo a virus y enfermedades.
El video original es en realidad un experimento de ciencia
A través de una búsqueda inversa localizamos el video original publicado el 14 de agosto de 2014, en el canal de YouTube Home Science. En este se muestra un experimento de ciencia sobre una reacción química entre el aluminio y el mercurio. Cuando se agrega mercurio líquido al aluminio, se forma una amalgama.
El aluminio normalmente está protegido por una gruesa capa de óxido, pero la formación de la amalgama la altera. A medida que el óxido crece, se forman las fibras blancas, según la explicación científica del sitio.
El video insinúa que esto ocurre en nuestro cuerpo, luego de vacunarnos con estas sustancias. Pero como ya mencionamos las vacunas no contienen dichos elementos.
Por ejemplo, en esta liga puede revisar los ingredientes que contienen las vacunas contra el COVID-19 de diferentes farmacéuticas en el que se específica que no contienen conservantes como el timerosal ni ningún otro conservante, ni metales como el mercurio. Ninguna de las vacunas COVID-19 afecta a nuestro ADN ni interactúa con él, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).
¿Cuál es el propósito de los adyuvantes?
La Organización Mundial de la Salud señala que un adyuvante en una vacuna es un vehículo para que el antígeno llegue hasta el sistema inmunológico y de esa manera el ser humano se proteja finalmente contra la enfermedad. Las vacunas están compuestas por tres elementos básicos: el antígeno, los adyuvantes y los preservantes.
Según los CDC, la mayoría de las vacunas no contienen mercurio. Sin embargo, vacunas contra la influenza de dosis múltiples contienen una pequeña cantidad de timerosal. De acuerdo con el Doctor en Investigación Clínica y ex Director de los Hospitales Civiles de Guadalajara, Héctor Raúl Pérez Gómez, el timerosal, un derivado del mercurio, no es un adyuvante sino un compuesto que evita que la vacuna se contamine con alguna bacteria o con algún hongo. En el campo de la química, un derivado es un compuesto producido sobre la base de otro.
“El mercurio no se ha utilizado como adyuvante en las vacunas. Ni la OMS ni ninguna agencia internacional, permitiría la utilización de un biológico, que pudiera representar un riesgo. La población no debería hacer caso de estos vídeos que no tienen ningún sustento científico”, asegura el Dr. Pérez Gómez. Entre los adyuvantes está el hidróxido de aluminio, pero no se utiliza en dosis que representen un riesgo para la salud. No causa intoxicación y es segura para su uso en vacunas.
Vacunas no contienen ADN fetal y animal ni óxido de grafeno
El video también asegura que las vacunas contienen ADN fetal y animal, lo cual ya ha sido desmentido por sitios de verificación como El Sabueso y Maldita.es. La idea proviene de las investigaciones realizadas en los años 60, que utilizaron líneas celulares descendientes de tejidos extraídos de dos fetos, que fueron resultado de abortos por causas terapéuticas.
El Sabueso, Reuters, AP y Chequeado han verificado que las vacunas no contienen hidróxido u óxido de grafeno, que son sumamente tóxicos. Este rumor comenzó a circular en redes sociales con las vacunas contra el COVID-19 en el año 2021.
Según registros públicos de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) y de la Secretaría de Salud de México, las vacunas de COVID-19 que se aprobaron en Estados Unidos y México no contienen óxido de grafeno.
En conclusión, el video que asegura que las vacunas tienen mercurio y aluminio que funciona como un adyuvante desinforma.
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El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de la ONU denunció crímenes de lesa humanidad e identificó a 54 presuntos responsables entre políticos, militantes y militares.
Asesinatos, torturas, desapariciones forzadas.
Estas son solo algunas de las violaciones a la integridad humana que el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de Naciones Unidas considera crímenes de lesa humanidad.
El equipo de expertos determinó en su último informe, presentado el 3 de abril, que el “Estado persigue a su propia gente” con acciones represivas que, para el derecho internacional, entrarían en la categoría de crímenes de lesa humanidad.
“Este informe es un llamado de atención para la comunidad internacional sobre la situación de Nicaragua y su deber de proteger a su población”, le dice a BBC Mundo el abogado y presidente del grupo, Jan-Michael Simon.
El documento identifica a 54 personas entre los que figuran ministros, miembros de las fuerzas de seguridad y de la sociedad civil como responsables de la “represión sistemática y generalizada” del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Aunque ésta no es la primera vez que el equipo técnico creado en 2022 denuncia los hechos ocurridos en Nicaragua a partir de las protestas de 2018, ahora le pone nombre y apellido a los supuestos responsables, cuya culpabilidad deberá determinar la justicia en ámbitos internacionales como la Corte Internacional de Justicia de La Haya.
Como resultado del informe, los “copresidentes” Daniel Ortega y Rosario Murillo decidieron retirar a su país del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
“Nicaragua transmite su decisión soberana e irrevocable de retirarse del Consejo de Derechos Humanos y de toda actividad relacionada con este consejo y todos sus mecanismos satélites”, comunicó Murillo.
“Es una evidencia del doble rasero y la politización de cada uno de estos mecanismos que cotidianamente instrumentalizan los derechos humanos, usándolos como pretexto para injerir en los asuntos internos de los Estados e irrespetar la soberanía”, agregó la Cancillería de Nicaragua.
Jan-Michael Simon calificó a Nicaragua como “dictadura anacrónica”.
“Estamos hablando de una dictadura anacrónica en donde la familia es el partido, el partido es la familia y ambos son el Estado. Esto es absolutamente anacrónico en este mundo”, dijo el presidente del grupo.
El gobierno de Nicaragua no respondió a la solicitud de comentarios realizada por BBC Mundo.
Estos son los seis tipos de crímenes de lesa humanidad identificados en el informe.
1. Ejecuciones extrajudiciales
Las muertes documentadas por los expertos tuvieron lugar durante la primera fase de la represión, en especial después de los meses en los que se registraron movilizaciones en contra de Ortega en 2018.
La mayoría de las personas asesinadas eran manifestantes.
Para calificar un asesinato como crimen de lesa humanidad, según el derecho internacional, es necesario confirmar que la muerte haya sido causada por una acción u omisión de la persona acusada, entre otros elementos.
El equipo investigador indagó sobre 40 muertes que se dieron en el contexto de protestas de 2018, concluyendo que en todos los casos se cometieron ejecuciones extrajudiciales.
Al mismo tiempo, se determinó que los asesinatos fueron cometidos por agentes de la Policía, del Ejército e integrantes de grupos armados progubernamentales que seguían órdenes del presidente y de la vicepresidenta Murillo.
Según el texto, los ataques tuvieron lugar mientras los disidentes se manifestaban. Las armas de fuego fueron apuntadas directamente contra esas personas con la intención de matarlas o, al menos, de infligir intencionadamente daños o lesiones corporales graves.
El grupo de expertos concluyó que las ejecuciones extrajudiciales de personas opositoras o percibidas como tales durante la primera fase de represión forman parte del ataque generalizado y sistemático que existe en Nicaragua desde 2018.
2. Detenciones arbitrarias
Miembros de la policía entraron en noviembre pasado, de manera simultánea, a la casa de al menos 45 personas y las detuvieron por consideradas peligrosas para el régimen por sus ideas políticas.
Estas personas no recibieron ningún tipo de explicación ni tuvieron derecho a un abogado de su elección que los defienda, según reconstruye el informe en base a decenas de entrevistas y documentos.
Durante algunas semanas, pocos fueron los familiares de los detenidos que recibieron algún tipo de información sobre sus seres queridos.
Para la mayoría, durante semanas, el destino fue desconocido.
Y aunque muchos de ellos fueron liberados con el correr de los días, la mayoría declaró que siguió sufriendo visitas semanales de policías a quienes debían entregar informes sobre sus actividades.
Desde las protestas de 2018 y hasta el 26 de marzo de este año, más de 5.000 personas han sido detenidas de manera arbitraria, aunque los expertos estiman que podrían ser más.
Tan solo en el último año, 131 personas fueron encarceladas por motivos políticos, no solo por miembros de la Policía sino por integrantes de grupos armados progubernamentales que seguían órdenes de Ortega, según sostiene el informe.
La privación arbitraria de libertad, es decir, sin una base legal para hacerlo, “bajo acusaciones penales infundadas” es uno de los motivos que explican cómo una detención puede derivar en un crimen de lesa humanidad.
3. Torturas
“Nos entrenaban y nos decían que la orden era aniquilar”, le contó un exmiembro de la Policía al grupo de expertos de Naciones Unidas.
“Nos orientaban que, si hallábamos a alguien, que lo metiéramos en la celda de castigo, que usáramos la asfixia con bolsas de plástico en el cuello, hacerles continuas repeticiones de palabras, colgarlos y dejarlos solo de las puntas de los pie”, siguió.
La práctica de este miembro de la Policía, según relatan los expertos, no es una excepción sino la regla dentro instituciones penitenciarias de Nicaragua.
La lista de sucesos de este tipo dentro de los centros de detención está integrada por diferentes formas de violencia sexual, restricciones alimentarias y condiciones de aislamiento e incomunicación por períodos prolongados, entre otras prácticas.
Los actos de tortura -que buscan obtener información, castigar o intimidar a la víctima- son “generalizados y sistemáticos” desde 2018 y van “contra una parte de la población”.
Es por eso que el equipo de Naciones Unidas tiene motivos razonables para creer que los “actos documentados constituyen el crimen de tortura o trato cruel, inhumano o degradante como crimen de lesa humanidad”.
4. Deportaciones masivas
Ortega y Murillo ordenaron en septiembre de 2024 la expulsión de Nicaragua hacia Guatemala de 135 personas que se encontraban detenidas.
A diferencia de la deportación de las 222 personas a Estados Unidos en febrero de 2023, en esta ocasión no hubo una orden de deportación ni tampoco un listado oficial, limitando el acceso a la justicia de estas personas.
“Los actos de deportación fueron ordenados directamente por el presidente y la vicepresidenta y, siguiendo estas órdenes, llevados a cabo por agentes de la Policía, el Ejército, el Ministerio del Interior y del poder judicial”, dicen los expertos.
El hecho de que estas personas hayan sido expulsadas del territorio nicaragüense por el solo hecho de no coincidir con el gobierno es un accionar que puede ser penalizado por el derecho internacional.
Tales deportaciones constituyen, según el equipo, un “crimen de lesa humanidad” debido a que son prácticas sistemáticas en contra a un grupo de la población y perpetradas desde la cúspide del poder político.
5. Desapariciones forzadas
Durante gran parte del año pasado, los familiares de Jaime Navarrete Blandón se acercaron cada día a la cárcel de máxima seguridad conocida como “La 300” para preguntar dónde estaba.
Por más de ocho meses, después de haber sido llevado por la Policía y en medio de rumores de traslados, las autoridades penitenciarias no solo no permitieron que nadie lo visitara sino que se negaron a confirmarle a sus familiares dónde estaba Jaime.
La falta de información sobre las personas detenidas de manera arbitraria en Nicaragua constituye, según los expertos, un patrón en Nicaragua.
“Estas desapariciones forzadas causan y causaron gran sufrimiento e impactan la integridad física y la salud mental de las víctimas y sus familiares”, dice el informe.
Además de las desapariciones forzadas de corto plazo, producto de detenciones arbitrarias, el equipo registró 12 casos de desapariciones forzadas por períodos de más de un año.
En todos los casos registrados, el mecanismo fue el mismo: las víctimas fueron arrestadas de manera irregular por oficiales de la Policía o de grupos civiles cercanos al gobierno y llevados a los centros de detención, sin prestar información a sus familiares.
6. Persecución
Los crímenes anteriores han sido cometidos, según el Grupo de Expertos, “en el marco de una campaña discriminatoria por motivos políticos, instrumentalizada desde las más altas esferas del gobierno contra parte de la población de Nicaragua”.
Por eso, para el equipo, constituyen el crimen de lesa humanidad de persecución política.
Las conclusiones recabadas por este grupo no representan una sentencia sino que podrían funcionar como material probatorio para ser utilizado ante la justicia.
La Corte Penal Internacional, la Corte Internacional de Justicia o los tribunales de otros países que cuenten con víctimas de sus nacionalidades, como es el caso de Brasil, son las instancias donde podrá avanzar un proceso legal.
Según los expertos, la Corte Internacional de Justicia sería el foro reconocido por Nicaragua en donde debería ser juzgado el gobierno “por la simple razón de haber violado flagrantemente sus obligaciones internacionales”.
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