Secretaría de Ciencia reduce becas posdoctorales; investigadores alertan que dejarán proyectos inconclusos
La nueva Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti) redujo el tiempo para recibir becas posdoctorales, por lo que los académicos que cuentan con este apoyo podrán estar un máximo de 48 meses en el programa, y no 60 meses, como anteriormente había establecido el entonces Conahcyt.
El anuncio fue hecho a los académicos en una videoconferencia a la que fueron convocados la semana pasada por parte de la Secihti, y actualmente se encuentran a la espera de dialogar con las autoridades para buscar opciones que les permitan continuar con sus proyectos de investigación, ya que con la reducción de meses estos podrían quedar a medias, y en algunos casos perderían el estímulo que reciben del Sistema Nacional de Investigadores (SNI).
Animal Político consultó a la secretaría sobre los cambios para las becas posdoctorales sin que hasta el momento de la publicación haya recibido respuesta.
Investigadores alertan que proyectos quedarían inconclusos
“Las becas posdoctorales son un programa para incentivar la producción científica, el desarrollo y la consolidación de ciertas líneas de investigación, que anteriormente había sido operado a través del Conahcyt, que se convirtió en secretaría bajo la lógica y la narrativa de la presidenta Sheinbaum de impulsar al país como una potencia científica”, explicó un investigador en la Universidad Autónoma de Querétaro.
De acuerdo con el académico, para obtener esta beca debían concursar, y podían renovar el apoyo hasta por 60 meses, “según se establece en el reglamento de becas, mismo que estaba vigente en el momento en el que entramos bajo esta modalidad, pero ahora nos dijeron que hicieron cambios en los términos de las convocatorias”.
“Nos mandaron una circular invitando a una reunión para aclarar los procedimientos de la renovación, y ahí nos comentaron que de acuerdo con ciertas interpretaciones jurídicas en torno a las convocatorias, uno como investigador posdoctoral solamente puede estar sujeto a la disponibilidad de una sola renovación, lo que impacta en aproximadamente 700 investigadores”, expuso.
Hasta ahora, las opciones que les han dado “es que finiquitáramos con el cierre de las investigaciones sin importar si están consolidadas o en proceso, a pesar de que permanentemente estamos reportando los productos en términos de artículos, libros y divulgación en diversos sectores”, agregó.
Como en su caso, algunos de los investigadores tienen como límite el mes de octubre próximo para concluir con sus proyectos, y en su caso, eso implica la posibilidad de que le quiten los estímulos que recibe como integrante del SNI, “lo que significa que esto tiene impacto en el proyecto y en la viabilidad de todo el desarrollo científico”.
Actualmente –apuntó el investigador–, “algunos de los colegas que estamos agrupados hicimos intentos para establecer contacto con la doctora Rosaura Ruíz y plantearle la problemática, pero la respuesta hasta este punto ha sido el silencio y, hasta cierto punto, la indiferencia”.
“Estamos en un limbo y una precariedad”, sostiene investigador
Un investigador de la Universidad Michoacana planteó que actualmente no cotizan formalmente ni generan antigüedad: “no tenemos nada, estamos en un limbo y una precariedad laboral”.
“Evidentemente este apoyo es un estímulo que no implica que hay garantía de obtener una plaza y hay que saberlo ahorrar para estos tiempos de escasez, pero esta decisión podría truncar proyectos y la trayectoria de varios”, indicó. En su caso, “yo me dedicaría a otra cosa, también pensando en que las instituciones privadas no nos permiten continuar con el SNI”.
“No estamos pidiendo privilegios, es algo que está en el reglamento y los requisitos que fijó el Conahcyt, o sea, no es una dádiva estamos participando, produciendo y bajo evaluación permanente”, expresó el investigador.
Otro beneficiario de la beca de posdoctorados, adscrito a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), reconoció que este programa ha permitido a cientos de académicos contar con apoyo para el desarrollo de proyectos, sin embargo, lamentó que “hay inconsistencias, y nos quedamos en el aire porque con las modificaciones la mayoría de los que estamos haciendo posgrado nos quedamos sin trabajo”.
“Estamos luchando por tener estos proyectos, porque en las condiciones actuales de las universidad hay diversos problemas y no hay oportunidad de obtener trabajos seguros, y eso también dificulta cumplir con los requisitos para aspirar o continuar con los incentivos del SNI”, agregó.
La paradoja de no tener un “buen empleo”, pese a contar con mayor educación
En entrevista, una académica de la Universidad Michoacana planteó que este modelo ha sido un “paliativo” para los investigadores que han encontrado un ingreso que les permite continuar con el desarrollo científico, sin embargo, reclama que “no resuelve el principal problema que tenemos, que es la falta de espacios para la inserción laboral”.
“Nosotros estamos a adscritos en instituciones con esta beca, pero es algo temporal, lo que significa que estamos trabajando para algunos doctores que se adjudican las investigaciones, o bajo condiciones de acoso por parte de quienes fungen como coordinadores o asesores, algo que afecta principalmente a las mujeres“, subrayó la doctora.
Ante esta situación, lamentó que “la secretaría no presente pautas claras sobre la forma en la que se podrían ampliar los apoyos hasta los 60 meses, aunque de todos modos se nos impide generar antigüedad e insertarnos de manera real en el ámbito laboral”.
“Ha sido frustrante, porque uno piensa que entre más estudios tengas hay mayor posibilidad de superar la brecha salarial, en el caso de las mujeres, de género, pero el panorama laboral es complicado en un ambiente dominado por hombres”, planteó la investigadora.
En su caso, al igual que en el de otros investigadores, las opciones para continuar con una trayectoria cercana a su campo de estudios son mínimas, ya que debido a las reformas que se realizaron durante el periodo de la extitular de Conahcyt, Elena Álvarez-Buylla, quedaron fuera de los apoyos para investigadores las universidades privadas.
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“Desde la administración del presidente López Obrador se eliminó a las universidades privadas de estos apoyos, y eso nos deja en un embudo más chiquito… Es por eso que todo mundo está intentando entrar a universidades públicas, pero estas ya están saturadas y esta circunstancia nos acorta las posibilidades”, lamentó.
Pese a la falta de una respuesta positiva hasta el momento, los posdoctorantes afirmaron que continuarán buscando dialogar con las autoridades de la Secihti para encontrar alternativas que permitan a los investigadores continuar desarrollando trabajos académicos.
“Hay varios colegas que están interesados en que los escuchen y se atienda la problemática. Consideramos que esto es una bomba de tiempo que puede atenderse con diálogo para intentar remediar esta situación”, expresaron los investigadores.
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Activistas y venezolanos en EE.UU. aseguran que las medidas de Trump criminalizan a los migrantes venezolanos y lamentan que la suspensión del TPS ponga en riesgo a sus beneficiarios.
Cuando el presidente Donald Trump asumió su segundo mandato, ciudadanos de 17 países disponían de un Estatus de Protección Temporal (TPS) en Estados Unidos.
En la lista figuraban países como Afganistán, Somalia o Camerún, y otros de América Latina como El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua y Venezuela.
De momento, Trump sólo ha acabado con la protección migratoria de uno de esos países: Venezuela.
La decisión del gobierno Trump obligará a 348.202 venezolanos que obtuvieron el TPS en 2023 a abandonar Estados Unidos antes del 7 de abril, a menos de que encuentren otro estatus migratorio para legalizarse o introduzcan peticiones de asilo para no ser deportados.
El anuncio provocó indignación entre los venezolanos en Estados Unidos, que días antes recibieron la noticia de que Trump también había ordenado la suspensión del parole, otro permiso humanitario que benefició a miles de venezolanos durante el gobierno de Joe Biden.
“No sólo nos sentimos traicionados, nos sentimos usados”, dijo Adelys Ferro, una activista venezolana y estadounidense que dirige la organización Venezuelan American Caucus en Miami.
La mañana del lunes 3 de febrero, Ferro encabezó una rueda de prensa de activistas venezolanos para condenar la eliminación del TPS en El Arepazo, un restaurante emblemático en Doral, el municipio de Miami que alberga la mayor comunidad de venezolanos en el sur de Florida.
“El compromiso de campaña del presidente Trump era primero contra los criminales, luego contra los indocumentados y ahora contra los migrantes, sin importar su estatus”, lamentó.
“¿Qué pasará con los que no pueden volver a Venezuela, pero tampoco podrán quedarse en Estados Unidos sin un trabajo legal?”, cuestionó Mayra Marchán, activista de la organización de ayuda humanitaria All For Venezuela.
“¿Cómo van a hacer cuando pierdan la cobertura del seguro o no puedan llevar a sus hijos a la escuela por temor a que los deporten?”.
Aquella convocatoria no solo atrajo a activistas y reporteros. También a beneficiarios del TPS que buscaban orientación para evitar sumarse a los 11 millones de indocumentados que carecen de un estatus legal en Estados Unidos y que son blanco de la política de deportaciones masivas de Trump.
“No sé qué voy hacer, pensaba que había hecho las cosas bien”, dijo a BBC Mundo un venezolano con TPS que pidió mantenerse anónimo y asistió como oyente a la convocatoria.
“Jamás pensé que me iba a sentir tan perseguido en Estados Unidos como en Venezuela”.
“Mejoras notables”
Al final de la rueda de prensa, todos en El Arepazo se preguntaban cuáles son las condiciones que han mejorado en Venezuela como para decidir enviar a los beneficiarios del TPS de vuelta a un país al que, sin embargo, el gobierno de Estados Unidos califica de “dictadura” y con el que ha mantenido una tensa y hostil relación, sobre todo durante el primer mandato de Trump (2017-2021).
La asignación de este alivio migratorio depende del secretario del Departamento de Seguridad Nacional, que concede esa protección a extranjeros que corren riesgos al volver a sus países de origen.
La Ley de Inmigración y Nacionalidad de Estados Unidos contempla cuatro escenarios que justifican el TPS: conflictos armados, desastres naturales, limitaciones en el país de origen para recibir a sus connacionales o condiciones “temporales y extraordinarias” que impiden el regreso seguro de los ciudadanos.
La decisión de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, que fue publicada en el Registro Federal reconoce que se mantienen “ciertas condiciones” que justifican el TPS en Venezuela.
Sin embargo, asegura que hay “mejoras notables en varias áreas, como la economía, la salud pública y la delincuencia, que permiten que estos nacionales regresen de forma segura a su país de origen”.
Tres meses antes, el entonces secretario de Seguridad Nacional en el gobierno Biden, Alejandro Mayorkas, concluyó exactamente lo contrario.
Anunció la extensión del TPS porque Venezuela “continúa enfrentando una grave emergencia humanitaria debido a una crisis política y económica, así como violaciones y abusos de derechos humanos y altos niveles de criminalidad y violencia”.
La decisión, publicada en octubre del año pasado, indicaba que todos esos factores tenían impacto en “el acceso a alimentos, medicinas, atención médica, agua, electricidad y combustible, y ha llevado a altos niveles de pobreza”.
Durante la última década, 7,89 millones de personas emigraron de Venezuela, el mayor éxodo en la historia de la región, según Naciones Unidas, debido a la crisis económica y política de los últimos años.
Aunque al menos 85% de ellas se instalaron en América Latina, miles de venezolanos entraron irregularmente a Estados Unidos a través de la frontera sur durante el gobierno de Biden, una situación que ha sido condenada por Trump y otros dirigentes republicanos.
Antes de asistir a la convocatoria en El Arepazo, la activista Mayra Marchán dijo que recibió un mensaje de un conocido en Venezuela preguntándole si ya había enviado un kit quirúrgico que le había solicitado para la cirugía de su hija, una joven de 18 años que tiene un tumor cerebral.
“Si no les hacemos llegar eso, no tienen cómo operarla. A ese país vamos a regresar a 300.000 personas”.
Durante el segundo semestre del año pasado, el gobierno de Maduro reconoció haber detenido a 2.000 personas durante las protestas contra los resultados electorales, luego de que fuera proclamado ganador pese a que la oposición reivindicara el triunfo de Edmundo González de acuerdo a los datos del 80% de las actas de votación.
“La mayoría de esos venezolanos que salieron huyendo por una crisis humanitaria sin precedentes, hoy sienten la angustia de una persecución política dentro de Estados Unidos”, dijo la activista venezolana Helene Villalonga.
Muchos en Doral creían que con Trump iban a estar más protegidos y que sería más factible el cambio político que desean en su país.
“En Venezuela no ha mejorado la situación, es todo lo contrario. No entendemos cuáles son los cambios de circunstancias para que un venezolano regrese a Venezuela”, afirmó Villalonga.
En medio de un acercamiento inesperado con el gobierno Maduro, Trump logró este lunes 10 de febrero deportar a 190 venezolanos que aterrizaron en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, a las afueras de Caracas, en dos aviones de la aerolínea estatal venezolana Conviasa.
Tras recibir a un emisario de Trump, Richard Grenell, y liberar a seis detenidos estadounidenses, Maduro aseguró que estaba dispuesto a aceptar los vuelos de deportados si el mandatario estadounidense levantaba las sanciones contra su gobierno y habló de que se había dado el “primer paso” para una agenda de entendimiento.
La deportación de migrantes es una de las políticas cruciales de Trump. Y para ejecutarla, necesita llegar a acuerdos con los países de origen para que reciban los vuelos.
Sin embargo, el secretario de Estado, Marco Rubio, descartó que la visita del enviado especial a Caracas constituya una muestra de reconocimiento político al gobierno de Maduro.
“No hay conversaciones para reconocer a Maduro. De hecho, no lo reconocemos”, dijo Rubio durante una gira por Centroamérica a principios de febrero.
La sombra del Tren de Aragua
La decisión de Noem señala que es “contrario al interés nacional” permitirle a los venezolanos beneficiarios del TPS que permanezcan en Estados Unidos.
En una entrevista con el canal de noticias Fox News, la secretaria aseguró que la decisión de su predecesor de extender el TPS para los venezolanos “implicaba que ellos iban a poder permanecer aquí y violar nuestras leyes por otros 18 meses y nosotros detuvimos eso”.
“Vamos a seguir un proceso, evaluar a todos estos individuos que están en nuestro país, incluyendo a miembros del TdA”, dijo en referencia al Tren de Aragua, la banda de crimen organizado venezolana que se gestó en una cárcel del estado homónimo.
Adelys Ferro recordó que, según cifras del Departamento de Seguridad Nacional, apenas 600 personas han sido identificadas como sospechosas de tener vínculos con el Tren de Aragua en Estados Unidos.
“Y ninguno de ellos tiene TPS. ¿Saben por qué?”, dijo ante los periodistas. “Porque una persona que tiene TPS debe poner sus huellas en un registro biométrico, pasar una revisión de sus antecedentes penales y tiene que probar dónde vive”.
“Estamos siendo señalados y nos convertimos en un objetivo por cómo nos vemos”, aseguró.
“Nos preocupa la creciente estigmatización de la que somos víctimas”, advirtió Helene Villalonga. “Es cierto que existe un grupo llamado Tren de Aragua, pero no podemos permitir que generalicen y asocien a toda la comunidad venezolana con estos delincuentes”.
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