Relegan a Álvarez-Buylla; proyectos fallidos marcaron su gestión en Conahcyt
Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, la gestión de María Elena Álvarez-Buylla en el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias, y Tecnologías (Conahcyt) estuvo marcada por conflictos con la comunidad científica y ahora quedó relegada de la administración pública federal.
Sus decisiones precarizaron las condiciones laborales de investigadores, afectaron servicios de centros de investigación y provocaron el cierre de programas educativos. Además, se gastaron recursos en proyectos fallidos o inacabados, como los ventiladores para Covid-19, la vacuna Patria y la encuesta de consumo de drogas.
El enfrentamiento entre el hoy extinto Conahcyt -pues la presidenta Claudia Sheinbaum lo convirtió en una secretaría de Estado- y la comunidad científica del país fue tal que, aunque la presidenta mantuvo a la mayoría de los funcionarios de primer nivel en sus puestos o hizo enroques entre dependencias conservando a buena parte del gabinete de López Obrador, Álvarez-Buylla ya no fue contemplada para continuar en la administración pública.
“Yo inicio una nueva etapa en mi vida. Cierro mi ciclo de servicio al pueblo, bajo el honrosísimo mandato del Pdte. @lopezobrador_ desde la Dir. Gral. De @Conahcyt_Mex, y me integro a servir desde la docencia, formación de estudiantes e investigación en mi Alma Mater: la #UNAM”, escribió Álvarez-Buylla en su cuenta de X el 1 de octubre pasado, día de la toma de protesta de la presidenta Sheinbaum.
Actualmente la exfuncionaria pública se desempeña como profesora investigadora en el Instituto de Ecología de la UNAM y aunque ya no está involucrada en la administración pública en ocasiones comparte la transmisión de la conferencia matutina de la presidenta, así como otras publicaciones de Sheinbaum.
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Este medio buscó a Álvarez-Buylla a través de distintas llamadas a su cubículo en el Instituto de Ecología, además se le envió un correo electrónico solicitando una entrevista para hablar de su paso en el extinto Conahcyt, sin embargo, hasta la publicación de este texto no hubo respuesta.
El mundo supera el Covid-19 y la vacuna Patria no llega
En enero de 2021, a la par de inicio en México de la vacunación contra el Covid-19, la entonces directora del Conahcyt, María Elena Álvarez-Buylla, anunció que “por mandato presidencial” sería prioridad desarrollar una vacuna nacional contra el virus, la cual estaría lista ese mismo año.
México buscaba ser el segundo país en América Latina -después de Cuba- en poder desarrollar el biológico para enfrentar al virus, sin embargo, han pasado cuatro años y la vacuna aún no está lista.
De hecho, el 9 de mayo de 2023 México puso fin a la emergencia sanitaria por Covid-19.
En enero de 2024, al ser cuestionado por los retrasos en el desarrollo del biológico, el expresidente Andrés Manuel López Obrador justificó diciendo que “no son tamalitos de chipilín hacer una vacuna”.
Cinco meses después, la Cofepris aprobó la vacuna Patria con lo que, por fin, se podría producir y distribuir. Tras obtener la autorización, el Conahcyt informó en un comunicado que se podría lograr “la producción de 24 millones de dosis anuales, con potencial de crecimiento de hasta 40 millones”.
De hecho, en diciembre pasado la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que en la campaña de vacunación invernal se contemplaba aplicar 700 mil dosis de la vacuna Patria, pero el biológico no estuvo disponible en los centros de salud.
En la recta final de la campaña de vacunación, en las clínicas se aplicaron las vacunas Abdala (Cuba) y Sputnik (Rusia) sin que a la fecha haya información oficial de cuándo la vacuna Patria comenzaría a producirse y aplicarse a la población.
Hasta el 3 de mayo de 2023, el desarrollo de la vacuna Patria había tenido un costo de 973 millones del presupuesto público, según informó la propia extitular del Conahcyt en la conferencia matutina del expresidente López Obrador.
Ventiladores caros y sin claridad de su paradero
El 23 de abril de 2020, también en la conferencia matutina, la entonces directora del Conahcyt, anunció que el Consejo se encargaría de producir respiradores artificiales para atender a personas en estado crítico por el Covid-19.
Para entonces se tenía prácticamente nula información del virus, pero se avizoraba que con la rapidez en la que las personas se contagiaban, la situación requería atención de emergencia, por lo que para el 15 de mayo -menos de un mes del día del anuncio- se tendrían al menos 700 respiradores con tecnología cien por ciento mexicana y que cada unidad tendría un costo de 137 mil pesos, sin embargo, el compromiso tampoco se cumplió en su totalidad, pues fue hasta 4 meses después -el 3 de agosto de 2020- cuando los primeros equipos comenzaron a entregarse.
De acuerdo con testimonios recabados por distintos medios de comunicación, profesionales de la salud coincidieron en que los aparatos no eran funcionales para atender a pacientes en condición crítica.
Pero no solo eso, el propio Conahcyt confirmó que los aparatos costaron más del dinero presupuestado, pues de acuerdo con una respuesta de información pública, hasta el 21 de mayo de 2021 se habían fabricado 500 ventiladores Gätsi y 500 Echécatl 4T, mismos que fueron elaborados por el Centro de ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI) y la empresa DTM Tecnologías S.A. de C.V.
Los 500 equipos hechos por el CIDESI requirieron un presupuesto público de 125 millones 460 mil pesos, mientras que los 500 equipos que se hicieron en colaboración con la empresa privada tuvieron un costo de 171 millones 319 mil pesos.
Otra de las contradicciones encontradas, es que mientras la Unidad de Articulación Sectorial y Regional del Conahcyt informó que se manufacturaron mil ventiladores y que estos fueron entregados a hospitales y clínicas de todo el país, la Dirección Adjunta de Desarrollo Tecnológico, Vinculación e Innovación reportó que 50 de estos aparatos se donaron a Cuba y 80 continuaban en resguardo “del beneficiario a espera de que el IMSS-Bienestar informe al mismo los domicilios de las ubicaciones donde serán entregados”, se lee en un oficio con fecha del 22 de abril de 2024 y el cual se entregó en respuesta a una solicitud de información pública.
Repetirán encuesta sobre de adicciones
A fin de conocer las tendencias de consumo de drogas en el país, en junio de 2023 la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (Conasama) y la Conadic confirmaron que la encuesta nacional sobre consumo de drogas –que no se actualizaba desde 2017– quedaría en manos del Conahcyt, a pesar de que este organismo no contaba con experiencia para hacer este tipo de ejercicios.
En su momento la Conadic confirmó a este medio que realizar la encuesta costaría unos 150 millones de pesos, y, aunque no se ha informado la cifra final de gasto, se puede afirmar que se trató de recurso público tirado a la basura, pues la propia presidenta Sheinbaum confirmó que la encuesta deberá hacerse de nuevo debido a que la metodología aplicada no fue correcta ya que no se permiten hacer comparaciones reales.
“Se hizo el estudio por parte de Conahcyt, pero hay algunos resultados en donde no se puede hacer una tendencia de la encuesta anterior a la nueva, entonces estamos buscando un esquema para realizar la encuesta que permita tener más información”, dijo la mandataria en conferencia de prensa el pasado 28 de enero.
La encuesta se levantó entre octubre de 2023 y junio de 2024. La Conasama elaboró el diseño conceptual de la encuesta, es decir, lo que se quiere conocer, y el Conahcyt desarrolló la muestra estadística.
CIDE sale a las calles y suma apoyo de la comunidad académica
Uno de los enfrentamientos más fuertes y directos que tuvo la extitular del Conahcyt, María Elena Álvarez-Buylla, fue con la comunidad del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
El conflicto detonó a mediados del 2021 cuando se presentaron los primeros problemas en el pago de becas a estudiantes.
A los meses, el director de la sede Santa Fe, Sergio López Ayllón renunció a su cargo, lo que generó protestas, marchas y plantones en cascada que unieron no solo a la comunidad del CIDE, sino a la de otros centros públicos de investigación y universidades.
El 29 de noviembre de 2021, en una sesión irregular de la cual el Conahcyt se negó a entregar información, se nombró a José Antonio Romero Tellaeche como director del CIDE.
El 4 de diciembre, apenas unos días después del nombramiento y luego de que Álvarez-Buylla desairara la convocatoria con la comunidad para abordar los problemas e inquietudes en torno al nombramiento, académicos, alumnos y trabajadores del CIDE marcharon a las oficinas del Conahcyt exigiendo la remoción de Romero Tellaeche.
“Más ciencia, menos obediencia”, “Romero, entiende, el CIDE no te quiere”, “A ti no te eligieron, a ti te impusieron”, “El CIDE es primero, saquen a Romero”, “Yo defiendo al CIDE, no nos politicen”, fueron algunas de las consignas que gritaron antes de llegar a las instalaciones del Conahcyt.
Álvarez-Buylla ignoró los reclamos de la comunidad y aprovechó la exposición mediática de la conferencia matutina que encabezaba el presidente López Obrador para lanzarse en contra de la comunidad del CIDE denunciando una supuesta red de intereses alrededor del centro de investigación.
Sin una sola prueba y valiéndose de un diagrama sin sustento, la exfuncionaria pública aseguró que, durante los sexenios de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, el CIDE supuestamente desvió recursos a través de distintos fideicomisos.
Ante ello, la Asamblea Académica CIDE le exigió parar con el hostigamiento e intimidación en contra de la comunidad de esta institución.
Paralelamente, estudiantes del centro público solicitaron pruebas de la existencia de la supuesta red de intereses que denunció, sin embargo, vía transparencia el Conahcyt declaró inexistencia de la información, por lo que Álvarez-Buylla fue denunciada.
“La denunciamos por abuso de funciones, difamación, violación a la Ley de Transparencia, vulneración de datos personales, violaciones al Código de Ética Federal y violaciones al Código de Conducta del Conahcyt, así como haber incurrido en actos que comprometen negativamente los intereses de las instituciones del Estado Mexicano”, escribió en su cuenta de X Diego Micher, estudiante del CIDE quien interpuso las denuncias y da seguimiento a estos procesos que continúan abiertos.
Pero no solo eso, resultado del enfrentamiento directo de la extitular del Conahcyt con el CIDE, las posteriores reformas a la Ley General de Ciencia, el recorte de recursos al centro de investigación y el cierre de distintos programas, trajo como consecuencia que parte de su plantilla académica renunciara a sus puestos.
Y mientras todo esto sucedió, Romero Tellaeche se mantuvo en su puesto a pesar de que la Comisión de ética del CIDE confirmó que plagió dos artículos académicos que publicó a su nombre. Además, fue nombrado investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), de acuerdo con los resultados de la convocatoria 2024 del Conahcyt.
31 científicos denunciados ante la FGR
También a mediados de 2021 se dio a conocer que la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una investigación en contra 31 científicos y académicos del Conahcyt, a los que se les acusó por el presunto desvío de recursos “destinados exclusivamente a aquellos proyectos de apoyo de investigación científica y tecnológica” entre el 2013 y el 2018.
La denuncia fue interpuesta el 10 de julio de 2021 por María Elena Álvarez-Buylla, entonces titular del Conahcyt, a través de una representante legal que señaló a los científicos por los delitos de peculado y uso ilícito de atribuciones y facultades.
El 24 de agosto del mismo año, el Ministerio Público solicitó a un juez una orden de aprehensión en contra de los imputados, a quienes les agregó los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero por presuntamente entregar, “de forma permanente y reiterada”, 244 millones de pesos al Foro Consultivo Científico y Tecnológico A.C. con la supuesta finalidad de beneficiar indebidamente a todos sus integrantes.
Sobre este hecho la entonces jefa de gobierno y hoy presidenta, Claudia Sheinbaum se pronunció y calificó el hecho como “excesivo”.
“Mi posición personal es: que sean acusados de delincuencia organizada, me parece excesivo”, opinó Sheinbaum el 23 de septiembre de 2021.
Tres años después la Fiscalía General de la República (FGR) perdió en definitiva el caso en contra de 31 científicos.
En la sesión del 25 de abril de 2024, y por mayoría de votos, el Segundo Tribunal Colegiado de Apelación del Segundo Circuito determinó que el personal del extinto Conahcyt no cometió ningún delito, razón por la cual la continuación de una investigación en su contra resultaría en violaciones graves a sus derechos humanos.
Nueva Ley y Secretaría de Ciencia
El 28 de abril de 2023, la Cámara de Diputados aprobó la Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnología e Innovación, legislación que previo a su aprobación puso en alerta a la comunidad científica del país, pues atentaba con la libertad de investigación.
Buscaba concentrar el poder y financiamiento, además de que borró de los órganos de representación participativa a la comunidad y sumó a las Fuerzas Armadas.
También del ordenamiento se eliminó la disposición de que la Federación, los estados y los municipios tenían la obligación de destinar al menos el 1% del PIB a investigación científica y desarrollo tecnológico.
Aunque históricamente nunca se alcanzó esta meta, la comunidad científica consideró que mantenerla en la legislación incentivaba a las autoridades a tratar de cumplirla, situación que quedó borrada en la Ley General de Ciencia.
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Tras la gestión de Álvarez-Buylla y con la llegada del nuevo gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum el Conahcyt dejó de existir para dar paso a la Secretaría de Ciencia Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI) que es encabezada por Rosaura Ruíz.
Para este 2025, la dependencia tendrá un 3.6 % menos de presupuesto en términos reales que lo que tuvo el extinto Conahcyt, mientras que los centros públicos de investigación tendrán, en promedio, una reducción del 11 %.
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En los años 80, Trump acusó al país asiático de aprovecharse de las políticas comerciales de EE.UU., iniciándose la obsesión del mandatario con los aranceles.
Cuando la suerte le fue adversa a Donald Trump en los años 90 y necesitaba conseguir dinero en efectivo con urgencia, el ahora presidente de EE.UU. navegó hacia Asia en su superyate, el Trump Princess, con la idea de atraer a los ricos japoneses.
No era la primera vez que el empresario buscaba ayuda entre los millonarios japoneses para que lo apoyaran en sus proyectos.
En el complejo mundo inmobiliario de Nueva York, Trump observaba desde la primera fila en su edificio de la Quinta Avenida a los inversores nipones que, en la década de los 80, estaban ávidos por comprar marcas y propiedades estadounidenses, incluido el icónico Rockefeller Center.
Ese fue el momento en el que la visión de Trump sobre el comercio y las relaciones con los aliados de EE.UU. se formó. Y también cuando comenzó su fijación por los aranceles, las tarifas impuestas a las importaciones.
“Tenía un tremendo resentimiento hacia Japón”, le dice a la BBC Barbara Res, una exejecutiva de la Organización Trump.
El entonces magnate observó, con muchos celos, cómo los japoneses eran considerados genios, señala Res.
Según Res, Trump sentía que EE.UU. no estaba recibiendo suficiente a cambio de asistir con ayuda militar a su aliado Japón.
A menudo, Trump se quejaba de que encontraba dificultades para hacer negocios con grandes grupos de empresarios japoneses.
“Estoy cansado de ver a otros países aprovecharse de EE.UU.”, señaló en ese entonces.
Esta frase, que podría haber sido dicha en 2016 durante su primera campaña presidencial, la dijo en realidad en los años 80, durante una entrevista con el periodista Larry King, de la cadena CNN, en lo que muchos ven como sus primeras intenciones en convertirse en presidente de EE.UU.
Poco después de publicar su filosofía sobre los negocios en su libro “El arte de negociar” en 1987, Trump dio varias entrevistas a nivel nacional.
En un animado intercambio con Oprah Winfrey frente al público del famoso The Oprah Show, señaló que él manejaría la política de comercio exterior de EE.UU. de otro modo y haría pagar a los aliados del país “el precio justo”.
Agregó que no existía libre comercio cuando Japón estaba “inundando” con productos el mercado estadounidense pero a la vez hacía “imposible hacer negocios” en el país asiático.
Una preocupación común
Jennifer Miller, profesora de historia en el Darmouth College, en EE.UU., señala que otros compartían esa preocupación de Trump por aquel entonces.
Los productos japoneses eran competencia para las manufacturas estadounidense, particularmente para los productos electrónicos y vehículos.
Mientras se cerraban fábricas en EE.UU. y nuevas marcas japonesas entraban en el mercado, los expertos en televisión señalaban que Japón pronto superaría a EE.UU. como la principal economía del planeta.
Antes de su entrevista con Oprah, Trump había gastado cerca de US$100.000 para publicar una “carta abierta” en los tres principales periódicos de EE.UU.
El titular de esa carta decía: “No hay nada malo en la Política de Defensa Exterior de EE.UU. que un poco de firmeza no pueda solucionar”.
En la carta, Trump afirmaba que Japón y otros países llevaban décadas aprovechándose de EE.UU. Señalaba que “los japoneses, sin el impedimento de un alto costo de defenderse a sí mismos (en tanto EE.UU. lo hace gratis por ellos), han construido una enorme economía con excedentes sin precedentes”.
Para Trump, la solución más obvia era poner aranceles a los productos de esas naciones ricas.
“El mundo se ríe de los políticos de EE.UU., mientras protegemos barcos que no nos pertenecen, transportando petróleo que no necesitamos, destinado a países aliados que no nos van a ayudar”, escribió.
De acuerdo a Miller, este anuncio sirvió como una potente presentación de la visión de Trump sobre la política exterior.
Una visión que partía de la concepción de que los aliados eran unos parásitos y el acercamiento liberal internacionalista que había dominado al mundo desde la II Guerra Mundial era débil y tonto en un mundo competitivo.
La solución, para él, era una política proteccionista y más agresiva en el mercado internacional.
“Yo creo que esa es la razón por la que a él le gustan tanto los aranceles, que no solo calzan con su ideología de comercio exterior sino que también tienen que ver con la idea que tiene de él mismo, como un exitoso hombre de negocios”, explica la académica.
“Y ve los aranceles como una amenaza que se puede aplicar sobre otro país”, añade.
Problema sin solución
Clyde Prestowitz fue el líder de las negociaciones de EE.UU. con Japón durante el gobierno de Ronald Reagan.
Prestowitz, quien ha sido un crítico de las políticas de libre comercio, señaló que nadie que se considere medianamente serio intelectualmente hablando podría sumarse a las ideas de Trump o a su aproximación simplista al tema.
Prestowitz tiene claro que Trump no ha ofrecido una solución real al problema que él ha señalado.
“Los aranceles son algo que se puede mostrar, es como ‘Miren lo que hice, le puse aranceles a estos tipos’ y eso te hace ver como el tipo duro. Ahora, si esas medidas son efectivas o no es debatible”.
Prestowitz cree que el verdadero problema, entonces y ahora, es que EE.UU. no tiene una estrategia para su política manufacturera, a pesar de que se queja de un comercio injusto.
Por supuesto, los temores ante el ascenso de Japón se calmaron con el tiempo y ahora el país asiático es un aliado.
En cambio, el nombre del “enemigo” es ahora China, el competidor más feroz de Estados Unidos. Esta semana, Trump dio la bienvenida al primer ministro de Japón en la Oficina Oval como una de las primeras visitas extranjeras de su segundo mandato.
Pero la filosofía de gobierno de Donald Trump sigue siendo la misma que cuando era un joven empresario inmobiliario.
Sigue creyendo con la misma fuerza en los aranceles como herramienta para presionar a otros países para que abran sus mercados y reduzcan los déficits comerciales.
“Simplemente dice esto todo el tiempo a cualquiera que escuche cuando alguien pregunta, y eso ha sido así durante 40 años. Y para ser justos con él, sabes que es una forma muy natural de ver el comercio internacional”, señala Michael Strain, economista del conservador American Enterprise Institute.
El experto dice que los estudiantes a menudo comparten el pensamiento intuitivo de Trump sobre la economía, y uno de los grandes desafíos que enfrentan los profesores es convencerlos de que su comprensión es errónea.
Strain dice que a pesar del control de Trump sobre el Partido Republicano, con una postura que va en contra de décadas de apoyo al libre comercio, el mandatario no ha convencido a los legisladores, líderes empresariales y economistas escépticos.
El conflicto es su opinión de que las importaciones extranjeras son malas, que el tamaño del déficit comercial sirve para medir el éxito de las políticas gubernamentales o que el estado ideal para la economía estadounidense es importar sólo bienes que físicamente no puedan fabricarse en Estados Unidos.
Strain cree que las amenazas de aumentar los aranceles a los aliados de Estados Unidos podrían reducir la inversión empresarial y debilitar las alianzas internacionales.
Joseph LaVorgna, economista jefe del Consejo Económico Nacional durante el primer mandato de Trump, cree que ha habido un enfoque demasiado cerrado en el tema de los aranceles y no se ha hecho el ejercicio de tratar de entender el panorama general de lo que Trump está tratando de lograr.
Asegura que el presidente estadounidense quiere impulsar la industria nacional, en particular la fabricación de alta tecnología.
La administración, dice LaVorgna, cree que puede alentar a más corporaciones a venir a EE. UU. utilizando aranceles combinados con desregulación, energía más barata e impuestos corporativos más bajos. Eso, si el Congreso lo aprueba.
“Creo que el presidente Trump entiende algo que es muy importante, como hombre de negocios que es y con una visión transaccional, y es que el libre comercio es genial en teoría, pero en el mundo real se necesita tener un comercio justo y eso implica igualdad de condiciones”, indica LaVorgna.
El analista apuesta a que Donald Trump tendrá razón. Pocos republicanos se han opuesto públicamente al presidente, mientras éste exige lealtad a su agenda.
Aún así, algunos que han permanecido en silencio entienden que sus electores podrían verse afectados por el aumento de los precios y esperan poder convencer a Trump de que no siga adelante con sus preciados aranceles.
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