Llegan a Venezuela los primeros 190 migrantes deportados de EU como parte del acuerdo entre Maduro y gobierno de Trump
Venezuela repatrió este lunes a 190 connacionales con órdenes de deportación en Estados Unidos, como parte de un acuerdo que el presidente Nicolás Maduro calificó de “primer paso” para restablecer las relaciones con Washington.
Los migrantes llegaron en dos aviones de la línea estatal venezolana Conviasa. Descendían de las escalinatas, uno que otro levantando incluso los dos brazos en señal de celebración, constataron periodistas de la AFP en el aeropuerto internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas.
Algunos llevaban esposas que les quitaron antes de bajar de la aeronave donde les esperaba un corredor con centenares de policías y militares.
Los vuelos forman parte de los acuerdos conseguidos en una reunión, el pasado 31 de enero, entre Maduro y Richard Grenell, enviado del presidente estadounidense Donald Trump, que volvió al poder en enero con la promesa de expulsar a millones de inmigrantes indocumentados.
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“Hemos dado un paso favorable, positivo”, celebró Maduro en su programa de televisión, que transmitió la llegada de ambos vuelos.
Venezuela y Estados Unidos rompieron relaciones diplomáticas en 2019, durante el primer gobierno de Trump que impuso un embargo petrolero tras considerar fraudulenta la primera reelección de Maduro en mayo de 2018.
Washington tampoco reconoció el tercer mandato obtenido por Maduro en las cuestionadas elecciones de julio pasado, en las que la oposición denunció fraude, y ha expresado su apoyo al exiliado Edmundo González Urrutia, que asegura haber ganado los comicios.
Revisión de antecedentes penales
El primer avión llegó pasadas las 21:00 horas y el segundo poco después. Cada uno llevaba 95 pasajeros entre 20 y 30 años, dijo el ministro del Interior, Diosdado Cabello, en Maiquetía.
El gobierno permitió a la prensa cubrir la llegada, aunque sin acceso para entrevistas a los migrantes, que vestían ropa deportiva y muchos no tenían cordones en los zapatos.
En el vuelo, según el gobierno venezolano, iban supuestos miembros de la temida banda Tren de Aragua, a la que Trump declaró organización terrorista y que Maduro vincula a la oposición.
Un funcionario de Interior explicó que todos los pasajeros serían sometidos a un chequeo médico y a revisión de antecedentes penales: los detenidos por infracciones migratorias en Estados Unidos quedarían en libertad y los presuntos criminales, tras las rejas para ser investigados.
Cabello adelantó que “muy pocos” de los deportados tienen antecedentes penales, aunque no precisó una cifra.
En un comunicado previo, Venezuela denunció “una narrativa falsa y malintencionada” respecto a esa organización criminal “para penalizar a todos los migrantes venezolanos y estigmatizar a nuestro país”.
“Muy por el contrario de esa especie, la mayoría de los migrantes son personas decentes y trabajadoras”, señaló el texto.
“Nuevo inicio”
Tras el encuentro de Maduro con Grenell, seis estadounidenses presos fueron liberados y se acordaron los vuelos de deportación, como parte de la política de Trump que ha despertado recelo en la región e incluso provocó diferencias diplomáticas con Colombia.
“Esperamos que podamos sostener en el tiempo estos pasos que estamos dando” y “construir una agenda de un nuevo inicio en relaciones históricas de respeto, comunicación y entendimiento con los Estados Unidos”, señaló Maduro.
“Ojalá podamos construirla para el bien de Estados Unidos, de Venezuela y toda la región”, añadió.
La Casa Blanca ya ha dicho que no tiene previsto cambiar su agenda sobre Venezuela.
Venezuela permitió en octubre de 2023 el ingreso de aviones estadounidenses con venezolanos deportados, como parte de un acuerdo con el anterior gobierno de Joe Biden, que tampoco lo reconocía. Los suspendió cuatro meses después.
Aquellas negociaciones directas llevaron también a la liberación en Estados Unidos de Alex Saab -empresario colombiano acusado de ser “testaferro” de Maduro y ahora uno de sus ministros- a cambio de 10 prisioneros estadounidenses y una veintena de venezolanos a finales de 2023.
También se aprobaron permisos para que petroleras como la estadounidense Chevron, la española Repsol o la francesa Maurel & Prom operaran en Venezuela. Trump ha dicho que “probablemente” dejaría de comprar petróleo venezolano.
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Escenas de caos y violencia se vivieron este miércoles en el centro de la capital del país.
La protesta de jubilados contra el gobierno de Javier Milei, que este miércoles contó además con la participación de hinchas de distintos clubes de fútbol que apoyaron el reclamo, dejó varias escenas de violencia en las afueras del Congreso argentino.
De acuerdo al reporte de varios medios locales, la policía utilizó gases lacrimógenos, balas de goma y cañones de agua para dispersar a los manifestantes que lanzaban piedras.
En total se registraron al menos 20 heridos y más de 100 arrestos, de acuerdo al reporte de las autoridades locales.
Los manifestantes eran en su mayoría jubilados, que cada miércoles se reúnen frente del Congreso Nacional, ubicado en el centro de Buenos Aires, con el fin de pedir un aumento en sus jubilaciones y recuperar el acceso gratuito a determinados medicamentos.
A la marcha de este miércoles se habían unido representantes de varias hinchadas de equipos de fútbol como Boca Juniors, River Plate y Rosario Central entre otros.
Este apoyo comenzó luego de que se difundieran semanas atrás imágenes de un jubilado con la camiseta del club Chacarita, reprimido por la policía. Primero fueron hinchas de Chacarita los que se sumaron a las marchas y este miércoles ya fueron de más clubes.
El gobierno los ha acusado de ser “barra bravas”, es decir, los miembros más violentos de las hinchadas de fútbol.
Entre los heridos más graves se encuentran el fotoreportero Pablo Grillo, quien recibió el impacto de un cartucho de gas lacrimógeno y se encuentra internado con pronóstico reservado.
También un agente de policía recibió una herida de bala en su brazo izquierdo.
Los jubilados, de los cuales casi el 60% recibe sólo el monto mínimo equivalente a unos US$340 al mes, han sido uno de los sectores más afectados por las políticas de austeridad del actual gobierno.
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