La nueva vida que la venezolana Marcelis había planeado para sus dos hijas se vio truncada el 20 de enero de 2025.
Ese día, Donald Trump fue investido como presidente de Estados Unidos para un segundo mandato y una de sus primeras acciones fue cancelar las citas de los solicitantes de asilo en Estados Unidos por medio de la aplicación CBP ONE. La de Marcelis fue una de ellas.
La familia ya había comprado los boletos de avión para viajar a Sonora el 2 de febrero y acudir a su cita de solicitud de asilo, pero tras la cancelación no les queda más que esperar en el campamento migrante de la colonia Vallejo, en Ciudad de México.
“¿Por qué traje a mis hijas a pasar todo esto?”, lamenta Marcelis en la sala del hogar que ha construido con frazadas y pedazos de madera triplay. En la esquina hay tres maletas aún llenas, que compraron para su viaje a la frontera.
La venezolana cuenta que su cita fue aprobada el 14 de enero, tan sólo seis días antes de que Trump rindiera protesta como presidente. Enseguida, compraron su pasaje junto con otra familia con la que viajaban.
“Teníamos la incertidumbre de lo que pudiera pasar con el cambio de gobierno, pero en su momento yo pensaba: ‘No puede ser que la suspendan, si están haciendo el cambio y ya dieron más citas, no creo que se metan con esas citas porque ya las aprobaron’… ¿Pero qué te puedo decir de aquí para delante?”.
La venezolana salió de su país en 2019. A su esposo, un militar del régimen de Nicolás Maduro, le sembraron armamento para fincarle delitos y arrestarlo después de que se negó a seguir órdenes, acusa.
Evadieron a las autoridades de Venezuela a lo largo de la frontera para poder cruzar hacia Colombia, estuvieron una semana en la selva del Darién y atravesaron toda Centroamérica hasta llegar a México.
“Ahí empezó la odisea de nosotros, desde esa frontera hasta aquí, al llegar a Ciudad de México, duramos dos meses”, comparte. Recuerda que una vez los detuvieron agentes migratorios y tuvieron que volver a Chiapas. “Es fuerte recordar todo eso, uno se quebranta”.
El trayecto entre México y Guatemala lo vivió con mucho estrés y preocupación, pues llevaba a sus dos niñas de 4 y 13 años de edad, y temía que alguien se las robara.
“Me daba miedo que [sabía que] se robaban a los niños, tanto para tráfico de órganos como para prostitución”, dice. “Dormimos muchos días en la calle, pero sin poder dormir realmente, porque tenías que estar pendiente de todo”.
A una hora de llegar a Ciudad de México, nuevamente fueron detenidos por agentes del Instituto Nacional de Migración (INM), pero a uno de ellos le pidieron que les dejara llegar a la capital y el agente “tuvo compasión”.
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Eran las 10 de la mañana, recuerda.
Marcelis estaba leyendo en su celular mensajes de diversos grupos de migrantes donde aseguraban que la aplicación de CBP One ya no funcionaba, y para la 1 de la tarde ya tenía en su correo electrónico la cancelación oficial de su cita.
“Quedas en una incertidumbre, porque todo lo que has pasado, los 7, casi 8 meses aquí en Ciudad de México, te quedas sin nada”, expone. “Yo no tengo nada en contra de cada presidente, de que ponga las leyes o dictamine cómo marcha su país, pero no todos los migrantes somos delincuentes”.
A lo largo del último año, la organización Médicos Sin Fronteras (MSF) calculó que aproximadamente mil 450 migrantes hacían uso de la aplicación CBP One para conseguir una cita y posteriormente hacer su proceso de solicitud de asilo. Asimismo, calculan que alrededor de 5 mil personas migrantes están actualmente en la Ciudad de México, entre albergues oficiales y en condiciones de calle.
Adriana Palomares, jefa de misión para Centroamérica y México de MSF, comparte en entrevista que la cancelación de citas de CBP One ha provocado mayor demanda de citas para la atención de salud mental, donde se presentan más casos de estrés, pánico y depresión.
“La cancelación de las citas, sin ninguna preparación, deja a las personas con mucha incertidumbre y mucho estrés, porque las personas tenían la esperanza de ingresar de alguna manera, solicitar su asilo hacia Estados Unidos a través de esta cita, pero ahorita no existe. Entonces, la gente está con incertidumbre, y algunas están todavía con esperanza de que cambien de opinión”.
Esto, dice, podría resultar en que los migrantes opten por rutas más peligrosas que les expongan más a redes de tráfico de personas, lo que representa un retroceso a los derechos humanos y de migración.
“Deja a las personas sin alternativas legales, lo que les puede exponer más a la violencia, y también pone una presión en los países expulsores y de tránsito con las personas migrantes que están siguiendo la ruta hacia el norte en estos momentos de mucha incertidumbre”, señala Palomares.
Derivado de la situación actual, Médicos Sin Fronteras tiene a colaboradores ofreciendo atención psicológica en las zonas cercanas a campamentos migrantes en Vallejo, Soledad y Terminal de Autobuses del Norte; así como los albergues Casa Fuente, Casa Peña y Constitución.
El teléfono para atención es 5625721114, en un horario entre 9 y 15 horas de lunes a jueves.
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Cuando a Candy, también venezolana, le notificaron que su cita de CBP One para el 7 de febrero había sido cancelada, ella no paraba de llorar. El proceso lo había hecho para ella, su esposo y dos de sus hijas, aunque otra de ellas se quedó en Venezuela.
“Uno se hace la ilusión, ¿me entiendes? De que eso iba a seguir”, comparte. “Porque si ellos tenían eso de que les iba a agarrar la presidencia, ¿por qué no desde el 1 de enero? Ahora yo he llorado tanto”.
El día que su cita fue aprobada, el 19 de enero, compartió la noticia con todos sus familiares y amistades, estaba muy alegre. Al día siguiente, la cita ya estaba cancelada.
“Mi hija decía, ‘Mami, ¡voy a cumplir mi sueño! Imagínate, una niña de 7 años que te diga que va a cumplir sus sueños, de conocer la nieve, montarse a un avión, que ella ya tenía la ilusión. Ahora tú hablas con la niña, está así como… no sé. Como si todo hubiese sido un juego”.
Ella quería brindarle apoyo a su hija mayor, quien se quedó en Venezuela, para que pueda seguir estudiando, pero en cuanto cancelaron la cita tuvo que decirle lo sucedido.
Candy dice que sólo ve a ella, como a otros migrantes, “perder y perder”.
Candy sabía al salir de Venezuela que su meta no era quedarse en México, sino llegar hasta Estados Unidos; lo mismo que Marcelis.
“No tenemos ideas, no sabemos si devolvernos”, dice Candy. “A mí me gustaría ponerlos [a mis hijos] a estudiar, y que ellos no tengan preocupaciones de nada porque son unos niños, y ya con la edad que ellos tienen ya tienen preocupaciones”.
Para Marcelis, quedarse en México no es opción de ninguna manera. En su trayecto, ha visto más fichas de búsqueda de personas de lo que había presenciado en su vida. El miedo de que eso le pase a ella o a sus hijas es motivo suficiente para que no tengan un futuro en territorio mexicano.
Pero son ellas mismas, sus hijas y Dios, quienes le dan la esperanza para seguir adelante, a pesar de que sabe que no puede regresar a Venezuela porque su esposo sería procesado como un traidor a la patria.
“Sólo toca esperar y confiar en Dios. Y [también] mis hijas, porque son mi motor de lucha. Yo no puedo decaer porque tengo dos motores por qué luchar, todo esto comenzó primero obligado el salir de mis país, y después no puedes parar porque tienes que pensar en la seguridad de ellas”, dice.
“Pero no hay de otra que seguir adelante”, remata.
Negar la ciudadanía por derecho de nacimiento requeriría el apoyo de 2/3 del Congreso y 3/4 de los estados de EE.UU.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que planea poner fin a la “ciudadanía por derecho de nacimiento”, en referencia a la ciudadanía estadounidense que se concede automáticamente a cualquier persona nacida en el país.
Trump firmó el lunes una orden ejecutiva que aborda la definición de ciudadanía por derecho de nacimiento, aunque los detalles hasta ahora no están claros.
La ciudadanía por derecho de nacimiento se deriva de la 14ª enmienda de la Constitución estadounidense, que establece que “todas las personas nacidas” en EE.UU. “son ciudadanos de Estados Unidos”.
Aunque Trump prometió poner fin a esta práctica, tratar de hacerlo supondría enfrentarse a importantes obstáculos legales. La Unión Americana de Libertades Civiles y otros grupos demandaron inmediatamente al gobierno de Trump por la orden ejecutiva.
La primera frase de la 14ª enmienda de la Constitución estadounidense establece el principio de “ciudadanía por derecho de nacimiento”:
“Todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de Estados Unidos y del estado en el que residen”.
Los partidarios de la línea dura en materia de inmigración argumentan que la política es un “gran imán para la inmigración ilegal” y que anima a las mujeres embarazadas indocumentadas a cruzar la frontera para dar a luz, un acto que se ha denominado peyorativamente “turismo de natalidad” o tener un “bebé ancla”.
La 14ª enmienda se adoptó en 1868, tras el final de la Guerra Civil. La 13ª enmienda había abolido la esclavitud en 1865, mientras que la 14ª resolvía la cuestión de la ciudadanía de los antiguos esclavos liberados nacidos en Estados Unidos.
Decisiones anteriores del Tribunal Supremo, como Dred Scott contra Sandford en 1857, habían establecido que los afroamericanos nunca podrían ser ciudadanos estadounidenses. La 14ª enmienda anuló esa decisión.
En 1898, el Tribunal Supremo de Estados Unidos afirmó que la ciudadanía por nacimiento se aplica a los hijos de inmigrantes en el caso Wong Kim Ark contra Estados Unidos.
Wong era un joven de 24 años, hijo de inmigrantes chinos, que nació en EE.UU., pero al que se le denegó la reentrada cuando regresó de una visita a China. Wong alegó con éxito que, al haber nacido en EE.UU., la condición de inmigrantes de sus padres no afectaba a la aplicación de la 14ª enmienda.
“El caso Wong Kim Ark contra Estados Unidos afirmaba que, independientemente de la raza o el estatus migratorio de los padres, todas las personas nacidas en Estados Unidos tenían todos los derechos que ofrecía la ciudadanía”, escribe Erika Lee, directora del Centro de Investigación de Historia de la Inmigración de la Universidad de Minnesota.
“El tribunal no ha vuelto a examinar esta cuestión desde entonces”.
La mayoría de los juristas coinciden en que el presidente Trump no puede poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento con una orden ejecutiva.
“Está haciendo algo que va a molestar a mucha gente, pero en última instancia esto lo decidirán los tribunales”, señaló Saikrishna Prakash, experto constitucional y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Virginia. “Esto no es algo que él pueda decidir por su cuenta”.
Prakash dijo que, aunque el presidente puede ordenar a los empleados de las agencias federales que interpreten la ciudadanía de forma más restrictiva -los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU., por ejemplo-, eso daría lugar a impugnaciones legales por parte de cualquier persona a la que se denegara la ciudadanía.
Esto podría dar lugar a una larga batalla judicial que acabaría en el Tribunal Supremo de Estados Unidos.
Una enmienda constitucional podría suprimir la ciudadanía por derecho de nacimiento, pero para ello se necesitarían dos tercios de los votos de la Cámara de Representantes y del Senado y la aprobación de tres cuartas partes de los estados de EE.UU.
Según el Centro de Investigaciones Pew, en 2016 nacieron en EE.UU. unos 250.000 bebés de padres inmigrantes no autorizados, lo que supone un descenso del 36% respecto al máximo alcanzado en 2007. En 2022, el último año del que se dispone de datos, hubo 1,2 millones de ciudadanos estadounidenses nacidos de padres inmigrantes no autorizados, según Pew.
Pero como esos niños también tienen hijos, el efecto acumulativo de poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento aumentaría el número de inmigrantes no autorizados en el país a 4,7 millones en 2050, según el Instituto de Política Migratoria.
En una entrevista con el programa “Meet the Press” de la NBC, Trump dijo que pensaba que los hijos de inmigrantes no autorizados debían ser deportados junto a sus padres, aunque hubieran nacido en EE.UU.
“No quiero estar rompiendo familias”, dijo Trump el pasado diciembre. “Así que la única manera de no romper la familia es mantenerlos juntos y tienes que enviarlos a todos de vuelta”.
Más de 30 países -entre ellos Canadá y México- practican el “Ius soli” automático o “derecho de suelo” sin restricciones.
Otros países, como Reino Unido y Australia, permiten una versión modificada en la que la nacionalidad se concede automáticamente si uno de los progenitores es ciudadano o residente permanente.
*Este artículo fue escrito y editado por nuestros periodistas con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial para la traducción, como parte de un programa piloto.
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