Para entender mejor
Apenas un día después de que Donald Trump tomara posesión como presidente de Estados Unidos, iniciaron las redadas y deportaciones de migrantes.
Además, el Departamento de Seguridad Nacional abrió la puerta para que se puedan realizar arrestos a inmigrantes en iglesias y escuelas, espacios que durante la admiistración de Biden eran considerados “sensibles”.
En entrevista con la cadena Fox News, Tom Homan, conocido como el “zar de la frontera”, declaró que los oficiales del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) comenzaron a realizar redadas en todo el país. “Los equipos están operando desde hoy”, dijo sin dar más detalles.
La prensa estadounidense ha informado que los operativos comenzaron en Chicago, Illinois, y San Antonio, Texas, pero esto no fue confirmado por el funcionario.
“Si el ICE encuentra personas que no tienen antecedentes penales pero que están en el país ilegalmente, también serán arrestadas”, dijo Homan.
En una entrevista previa con Fox News, el funcionario que estuvo al frente del ICE durante el primer mandato de Trump, señaló que no buscan redadas, sino “operaciones de aplicación de la ley específicas”.
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A finales de diciembre, Homan dijo a The Washington Post que las personas adultas serán detenidas junto con sus hijos menores en centros con carpas, similares a las que se utilizan durante las olas migratorias.
También dijo que el gobierno entrante no dudará en deportar a los padres que se encuentren en situación irregular aunque tengan hijos pequeños con ciudadanía estadounidense. Serán las familias las que decidan si salen del país con ellos o si los dejan en Estados Unidos.
El gobierno de Joe Biden puso fin a la detención de familias en 2021, cerrando tres instalaciones que operaban con este objetivo y que fueron abiertas durante la gestión de Barack Obama.
El secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional, Benjamine Huffman, emitió dos directivas “para poner fin a la invasión de la frontera sur de Estados Unidos y empoderar a las fuerzas del orden para proteger a los estadounidenses”, informaron en un comunicado.
La primera elimina medidas impuestas por el expresidente Joe Biden que impedía que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) realizaran acciones cerca de las llamadas “áreas sensibles” como lo son las iglesas y escuelas, por lo que las fuerzas de seguridad podrán ingresar para realizar detenciones.
“Esta acción empodera a los valientes hombres y mujeres de CBP y ICE para hacer cumplir nuestras leyes de inmigración y atrapar a los extranjeros criminales, incluidos asesinos y violadores, que han ingresado ilegalmente a nuestro país. Los criminales ya no podrán esconderse en las escuelas e iglesias de Estados Unidos para evitar ser arrestados. La administración Trump no les atará las manos a nuestras valientes fuerzas del orden y, en cambio, confía en que usen el sentido común”, dijo.
Mientras que con la segunda directiva se propone analizar caso por caso en el programa de libertad condicional humanitaria y agrega que el ICE y la CBP “eliminarán gradualmente cualquier programa que no se ajuste a la ley”.
“La administración Biden-Harris abusó del programa de libertad condicional humanitaria para permitir indiscriminadamente que 1,5 millones de migrantes ingresaran a nuestro país. Todo esto se detuvo el primer día de la administración Trump. Esta acción devolverá al programa de libertad condicional humanitaria su propósito original de analizar a los migrantes caso por caso”.
Posterior a su investidura, Donald Trump firmó varias órdenes ejecutivas para declarar emergencia nacional en la frontera con México, designar como terroristas a los cárteles mexicanos y comenzar con el proceso de deportar a “millones y millones de migrantes indocumentados”.
Las pruebas contra Trump por intentar anular el resultado electoral en 2020 fueron “suficientes para obtener y mantener una condena”, escribió el fiscal especial Jack Smith en un informe divulgado parcialmente.
El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, habría sido condenado por intentar anular ilegalmente el resultado de las elecciones presidenciales de 2020, que perdió, si no hubiera sido reelegido con éxito en 2024, afirmó el hombre que dirigió las investigaciones del gobierno estadounidense.
Las pruebas contra Trump fueron “suficientes para obtener y mantener una condena en el juicio”, escribió el fiscal especial Jack Smith en un informe divulgado parcialmente.
Trump respondió diciendo que Smith estaba “trastornado” y que sus hallazgos eran “falsos”.
El presidente electo fue acusado de presionar a funcionarios para revertir el resultado electoral de 2020, difundir deliberadamente mentiras sobre fraude electoral, y tratar de explotar los disturbios en el Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021. Trump negó las acusaciones.
Trump, que era presidente en el momento de los presuntos crímenes, pasó cuatro años fuera del cargo, pero fue reelegido con éxito para la Casa Blanca en noviembre. Regresará a la presidencia el 20 de enero.
Después de su éxito en la votación de 2024, las diversas cuestiones legales con las que había estado luchando se han evaporado en gran medida. El caso sobre interferencia electoral ahora fue desestimado.
Smith dice en el informe que “respalda plenamente” los méritos de presentar la acusación y defiende la solidez del caso.
El fiscal especial continuó diciendo que fue sólo el hecho de que la Constitución de Estados Unidos prohíbe el procesamiento de un presidente en ejercicio lo que puso fin al caso.
“Pero para la elección del señor Trump (en 2024) y su inminente regreso a la presidencia, la oficina evaluó que las pruebas admisibles eran suficientes para obtener y mantener una condena en el juicio”.
Parte del material del informe de Smith ya se conocía gracias a una presentación pública en octubre, que daba detalles de los supuestos esfuerzos de Trump para revertir su derrota.
Pero el informe, que fue presentado por el Departamento de Justicia (DoJ por sus siglas en inglés) al Congreso, brinda más detalles sobre por qué Smith siguió adelante con el caso y finalmente lo cerró.
• Justifica el caso contra Trump acusándolo de “esfuerzos sin precedentes para retener ilegalmente el poder” mediante “amenazas y fomento de la violencia contra sus supuestos opositores“.
• Los “esfuerzos criminales” de Trump incluyeron acusaciones de fraude electoral que él sabía que eran falsas, agrega.
• El informe detalla los “desafíos importantes” que enfrentaron los investigadores, incluido el uso de redes sociales por parte de Trump para atacar a testigos, tribunales y empleados del Departamento de Justicia.
• Al negar que el caso tuviera motivaciones políticas, Smith dice: “La afirmación del señor Trump de que mis decisiones como fiscal fueron influenciadas o dirigidas por la administración (del presidente Joe) Biden u otros actores políticos es, en una palabra, ridícula”.
• Smith reflexiona además en una carta adjunta: “Aunque no pudimos llevar a juicio los casos que imputamos, creo que el hecho de que nuestro equipo defendiera el estado de derecho es importante”.
El documento de 137 páginas fue enviado al Congreso después de la medianoche del martes, tras un período de tira y afloje legal que culminó con una jueza allanando el camino para la publicación de la primera parte del informe de Smith.
La jueza, Aileen Cannon, también ordenó realizar una audiencia a finales de semana para decidir si se debe publicar la segunda parte del informe, que se centra en acusaciones separadas de que Trump guardó ilegalmente documentos gubernamentales clasificados en su casa en Florida.
En una publicación en su sitio web Truth Social, Trump mantuvo su inocencia, burlándose de Smith al escribir que el fiscal “no pudo hacer que su caso fuera juzgado antes de las elecciones, que gané de manera aplastante”.
Trump añadió: “¡¡¡LOS VOTANTES HAN HABLADO!!!”
Smith fue designado en 2022 para supervisar las investigaciones del gobierno estadounidense sobre Trump. El Departamento de Justicia elige fiscales especiales en los casos en que existe un posible conflicto de intereses.
En el caso sobre interferencia electoral, Trump fue acusado de conspirar para anular el resultado de los comicios de 2020, que perdió ante Joe Biden.
Tanto este caso como el de documentos clasificados resultaron en cargos penales contra Trump, quien se declaró inocente y trató de presentar los procesamientos como motivados políticamente.
Pero Smith cerró los casos después de la elección de Trump en noviembre, de acuerdo con las regulaciones del Departamento de Justicia que prohíben el procesamiento de un presidente en ejercicio.
El informe explica: “La opinión del departamento de que la Constitución (de EE.UU.) prohíbe continuar acusando y enjuiciando a un presidente es categórica y no gira en torno a la gravedad de los crímenes de los que se le acusa, la solidez de las pruebas del gobierno o los méritos de la acusación, algo que la oficina respalda plenamente.”
Agrega que los fiscales se encontraron en una encrucijada: “Los resultados electorales (de 2024) plantearon por primera vez la cuestión del procedimiento legal cuando un ciudadano privado que ya ha sido acusado es elegido presidente”.
La publicación del martes se produce después de un período de idas y venidas legales, durante el cual la jueza Cannon suspendió temporalmente la publicación del informe completo de Smith por temor a que pudiera afectar los procedimientos contra dos asociados de Trump acusados junto a él en el caso de documentos clasificados.
Walt Nauta, asistente personal de Trump, y Carlos De Oliveira, administrador de su propiedad Mar-a-Lago, están acusados de ayudar a Trump a ocultar los documentos.
A diferencia del caso de Trump, los suyos aún están pendientes y sus abogados argumentaron que la publicación del informe podría influir en un jurado y un juicio futuros.
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