Trump, día 1: la eliminación del programa de refugiados deja a migrantes a la deriva en la frontera mexicana
“¡Queremos saber, queremos una respuesta!”.
El venezolano Erick, de 30 años, fue de los primeros en llegar a las 7 de la mañana del lunes 20 de enero al puesto fronterizo de ‘El Chaparral’, en Tijuana. Ahí, protegido del intenso frío de la frontera con una chamarra negra gruesa, el sudamericano decía a los medios que llegaron al lugar en busca de historias de los primeros migrantes mexicanos deportados durante las primeras horas del nuevo gobierno de Trump, que estaba “muy feliz”.
“Por fin, llegamos al final del camino”, decía sonriente y mostrando una hilera perfecta de dientes blancos.
El motivo de la felicidad es que, después de ocho meses de cruzar a pie la selva de ‘El Darién’ entre Colombia y Panamá, y de sobrevivir al duro trayecto en México, ya estaba, literal, en la puerta de Estados Unidos, donde tenía para las 13 horas de este lunes su cita programada con las autoridades de la Patrulla Fronteriza para solicitar asilo y quedarse en aquel país en lo que durara el trámite.
Junto a él, un centenar de migrantes de otras nacionalidades que llegaban con maletas y mochilas, también se mostraban exultantes ante las cámaras que lo fotografiaban y grababan, en claro contraste con lo que se esperaba sería la noticia dura del día: los mexicanos deportados.
Sin embargo, pocas horas después, a las nueve en punto de la mañana, justo en el mismo instante en que Donald Trump asumía en Washington DC por segunda vez el cargo de presidente de Estados Unidos, la sonrisa del venezolano Erick se tornó primero en una mueca de preocupación en el rostro, y luego de angustia: la CBP One, la aplicación de celular a través de la cual miles de migrantes han hecho su solicitud de asilo en Estados Unidos tras la concertación de una cita, había dejado de funcionar sorpresivamente.
Cancelan citas CBP One a migrantes que buscaban asilo en EU
El segundo mandato del republicano Donald Trump comenzó con lo que había prometido en campaña: una política más dura en contra de los migrantes, que se materializó con la cancelación de las citas aprobadas para este 20 de enero y una serie de decretos para considerar “la situación actual en la frontera sur como una invasión”.
Mientras tanto, en la garita de El Chaparral, junto a la explanada del parque ‘Las Californias”, un grupo de migrantes, especialmente venezolanos, observaban incrédulos los celulares, con el ceño fruncido, al tiempo que se agolpaban frente a los barrotes de hierro.
“No funciona”, “no funciona”, se escuchaba.
Luego de que Trump anunciara en su discurso de investidura que declararía la situación de emergencia en la frontera sur estadounidense para atender “la crisis migratoria” y enviaría soldados a la frontera para frenar “la invasión” a su país, los peores rumores se confirmaron.
A los celulares de los migrantes comenzaron a llegar correos electrónicos advirtiendo que sus citas, o se habían pospuesto hasta el 9 de febrero, o de plano habían sido canceladas, mientras que la Patrulla Fronteriza publicó un muy escueto comunicado anunciando que, en efecto, la aplicación CBP One ya no estaba “disponible”, y lo peor, que las citas habían sido “canceladas”. Esa fue la única versión oficial que se les dio a conocer. Nadie más dio una explicación.
La historia se repitió en otras ciudades fronterizas como Ciudad Juárez y Piedras Negras.
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“Estamos muy asustados”, dicen migrantes
Lejos de ahí, en el Capitolio, Trump hablaba de que la “edad de oro” de Estados Unidos comenzaba en ese momento y la “decadencia” del país había terminado, y amenazaba con una batería de ordenes ejecutivas para “detener inmediatamente las entradas ilegales” y “comenzar la devolución de millones de extranjeros delincuentes”.
La señora María Mercado, de Colombia, fue de las primeras en alzar la voz la mañana del lunes. Con el celular en la mano, la mujer de unos 50 años se dirigió angustiada a los medios, para ver si alguien sabía qué estaba sucediendo con las citas del otro lado de la garita.
“El viernes me llegó un correo de la Patrulla Fronteriza, como a eso de las 11 de la mañana, pero yo pensaba que era la confirmación de mi cita de hoy, que es a las 13 horas, y por eso no lo abrí”, cuenta la mujer.
Cuando ya había volado el sábado desde Ciudad de México a Tijuana, la colombiana dice que vio en TikTok un rumor de que las citas del programa CBP One podrían ser reprogramadas tras la llegada de Trump, que públicamente ya había amenazado varias veces con desaparecer este programa para sustituirlo nuevamente por el ‘Remain in Mexico’, el ‘Quédate en México’; el programa que ya se instauró durante su primer mandato para que los solicitantes de asilo esperen en suelo Mexicano la resolución de un juez acerca de su petición de refugio.
“Llegamos a Tijuana y nos hospedamos en un albergue, y esta mañana venimos aquí, a El Chaparral, porque nuestra cita es a las 13. Pero ahora miro la aplicación y me dice que el programa ha sido cancelado totalmente, y que las citas ya no existen, que ya no son válidas”.
“¡Ay no!”, exclama desconsolada la mujer, que comienza a llorar, al tiempo que una de sus nietas la abraza para consolarla, y los medios se agolpan sobre ella para fotografiarla.
“Estamos muy asustados, no sabemos qué va a ser de nosotros. Yo a Colombia no puedo regresar ya, porque mi vida corre peligro. Estamos a la deriva”.
“Curiosamente”, apunta por su parte la salvadoreña Gabriela Alejandra, “hoy que Trump toma posesión como presidente, la aplicación ya no funciona. No entendemos nada”.
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A partir de ese instante, los testimonios de los solicitantes de asilo comenzaron a multiplicarse y a repetirse. Todos estaban incrédulos y confundidos. No se desató el pánico, ni hubo protestas airadas, pero sí aumentaba la confusión y la tristeza.
“Hemos hecho un camino muy largo desde Venezuela para llegar hasta aquí, y esto nos genera mucha ansiedad, porque nadie nos explica qué es lo que pasa con nuestra cita”, lamentó Jesús, un joven de Venezuela que cargaba en brazos a su niña.
Maura Hernández, una michoacana de 30 años, también llegó a Tijuana con sus hijos. Huye de Zamora, donde los grupos delictivos asedian a la población.
“Me cancelaron la cita, pero ya estoy acá. Y ahora, ¿a quién le podemos reclamar, pues?”, preguntaba enojada. “No se puede hacer nada, solo esperar. Pero me siento muy mal, sobre todo por mis hijos. Ya tenía en mente cruzar hoy mismo para Estados Unidos, pero vi el correo esta mañana y… aún tengo las manos temblorosas. Sentí que todo mi mundo se vino abajo. Llevo un año pidiendo la cita a diario, y ahora me encuentro con esta situación”.
Primero mexicanos deportados al iniciar gobierno de Trump
A media mañana, las historias de los solicitantes de asilo se vieron interrumpidas por los primeros mexicanos deportados durante la ‘segunda era de Donald Trump’.
El primero en salir por esta garita de El Chaparral fue un poblano de mediana edad. Salió caminando con una mochila, silencioso y con el gesto hosco. No quiso hablar. Como tampoco la gran mayoría de los 30 mexicanos expulsados por este punto durante el lunes, entre ellos una familia completa con todo y niños.
“Estamos bien, estamos bien”, se limitaban a responder ante el asedio de los medios de comunicación, que buscaban las historias de los primeros deportados. Otros salieron a bordo de camionetas del Instituto Nacional de Migración mexicano para evitar a la prensa.
A las 13 horas, cuando los solicitantes de asilo tenían programada su cita, el ambiente se tornó aún más incierto. Nadie, ninguna autoridad, llegaba a darles una explicación a los migrantes, que buscaban en los periodistas información que les diera algo de certeza que transmitir a los familiares con los que hablaban por videollamada.
Así, hasta que a las 14.40 apareció por la garita José Luis Pérez Canchola, el director de atención al migrante del municipio de Tijuana, que iba a reunirse con el delegado federal del INM.
De inmediato, los medios y los migrantes se arremolinaron en torno al funcionario municipal, que se limitó a decir lo evidente: que ni el gobierno de Tijuana, ni el de Baja California, ni siquiera el de México, tienen responsabilidad alguna en las decisiones del ejecutivo de Donald Trump, y que ellos no tienen información sobre el futuro de la app CBP One, ni del programa de refugio.
Los migrantes, ya desesperados, se agolpaban frente al veterano funcionario local, que se limitaba prácticamente a escuchar sus historias de angustia, y a ofrecerles unas patrullas de policía municipal para resguardarlos, o la posibilidad de trasladarlos a alguno de los albergues de la sociedad civil de Tijuana, o al albergue Carmen Serdán, que es federal.
“Nadie nos da la cara”, lamentaba enojada una mujer venezolana de 50 años, al escuchar que el funcionario local poco o nada les podía informar de una decisión del gobierno de Estados Unidos.
“¡Queremos que nos den información! Yo he pasado hambre en este camino, y ahora que he llegado hasta aquí, nadie me dice nada”, lamentaba otro migrante venezolano.
“No sabemos qué vaya a pasar, ni qué podemos hacer. A mucha gente sí le llegó un correo avisando, pero a mí no me ha llegado nada. Todos estamos muy asustados porque no sabemos qué va a pasar con nuestras solicitudes de refugio”, dijo otro migrante de Oaxaca.
A las 8 de la tarde, al tiempo que Trump firmaba oficialmente la orden ejecutiva para declarar “emergencia nacional” en la frontera sur, varios camiones gestionados por el gobierno de Baja California comenzaron a llegar a la garita de El Chaparral para trasladar a los solicitantes de asilo a varios albergues de la ciudad.
Los migrantes, aunque renuentes en un inicio de abandonar el lugar y la fila, accedieron en su mayoría a la propuesta una vez que comenzó a caer la gélida noche sobre Tijuana.
Cargando de nuevo maletas, mochilas, y cuidando de bebés, niños y niñas, los solicitantes de asilo fueron abandonando lentamente la garita después de horas de espera. Todos ser marcharon con la incertidumbre y la profunda tristeza de no haber cumplido su sueño de cruzar a Estados Unidos, en el primer día de gobierno de Donald Trump.
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La ley Laken Riley podría entrar en vigor antes de que comience su mandato Donald Trump, que ha prometido mano dura contra la inmigración ilegal.
Para los migrantes irregulares en Estados Unidos, una acusación de hurto o robo será motivo de arresto y probablemente deportación.
Lo recoge una nueva y polémica ley que podría entrar en vigor incluso antes de que el próximo lunes 20 de enero Donald Trump inicie su mandato como presidente del país norteamericano.
El aún proyecto de ley Laken Riley, que en este momento se encuentra en fase de debate en el Senado, es obra del Partido Republicano de Trump pero también cuenta con el apoyo de numerosos congresistas y senadores demócratas.
La ley también permitirá a los estados demandar al gobierno federal si libera a un indocumentado bajo custodia o no aplica ciertas leyes migratorias.
Sus defensores creen que aumentará la seguridad ciudadana, mientras las voces críticas aseguran que contradice los valores constitucionales y viola la presunción de inocencia de los migrantes.
Analizamos en qué consiste esta ley, cuáles serán sus repercusiones y por qué es tan polémica.
Así es la ley
El nombre de la ley, Laken Riley, es el de una estudiante de enfermería de 22 años brutalmente asesinada en febrero del año pasado en el estado de Georgia.
El venezolano de 26 años José Ibarra interceptó a Riley mientras hacía ejercicio en el campus de la Universidad de Georgia en Athens, intentó violarla y, como la víctima se resistía, la golpeó hasta la muerte, según lo revelado en el juicio.
Ibarra, quien fue condenado a cadena perpetua en noviembre, es un migrante indocumentado venezolano que tenía pendientes acusaciones previas de al menos dos delitos menores en Estados Unidos, uno de ellos el hurto de varios productos en un supermercado.
El caso generó conmoción en la sociedad estadounidense. Los conservadores argumentaron que, si el agresor hubiera sido detenido y expulsado por sus casos previos, Laken Riley todavía estaría viva.
Esto llevó al Partido Republicano a proponer, un mes después del suceso, una ley específica para evitar casos similares.
De hecho, bajo la ley Laken Riley el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) estará obligado a detener a extranjeros en situación migratoria irregular que hayan sido arrestados previamente por robo, hurto y similares.
La ley se alinea con las políticas de línea dura que Trump previsiblemente aplicará en su próximo mandato.
El republicano prometió llevar a cabo la mayor operación de deportación en la historia de Estados Unidos, enfocándose inicialmente en inmigrantes indocumentados con antecedentes penales.
La ley Laken Riley, según algunos expertos, facilitará la deportación de quienes estén acusados de cometer estos delitos menores, que se tramitará durante su arresto y sin necesidad de juicio.
Según la actual legislación, solo están sujetos a una posible deportación los migrantes a quienes un tribunal haya condenado en firme por al menos dos delitos menores.
Por otro lado, las autoridades de cada estado podrán demandar al gobierno federal si creen que no está aplicando correctamente las leyes sobre migración.
Los incumplimientos denunciables de Washington incluirían liberar a migrantes en custodia, no arrestar a personas con orden de expulsión, otorgar libertad condicional de forma inadecuada a irregulares o no aplicar restricciones de visados a los países que rechacen recibir a sus ciudadanos deportados desde EU.
La tramitación
La ley Laken Riley fue aprobada por primera vez en la Cámara de Representantes en marzo de 2024, pero se estancó en el Senado controlado por los demócratas y regresó a la cámara baja.
El pasado 7 de enero los congresistas la volvieron a aprobar con 264 votos a favor, (entre ellos 48 demócratas) y avanzó de nuevo al Senado.
Allí corrió mejor suerte que en la primera ocasión, ya que todos los senadores republicanos y una mayoría de demócratas (en total 84 votos a favor y 9 en contra) aceptaron someter a debate el texto para su posible enmienda y aprobación.
Expertos señalan que la derrota en las elecciones de 2024, en las que la inmigración fue un tema central de campaña, ha llevado a muchos demócratas a respaldar propuestas más restrictivas en esta materia, e incluso el propio partido está cambiando su enfoque al respecto.
“Estoy a favor de dar a las autoridades las herramientas para prevenir tragedias como ésta mientras trabajamos en soluciones integrales para nuestro sistema roto”, afirmó recientemente John Fetterman, senador del Partido Demócrata por Pensilvania, uno de los “estados péndulo” que cambiaron su voto a republicano el pasado noviembre.
La fase de deliberación en la cámara alta podría prolongarse por unas pocas semanas o incluso días, y según analistas, existe la posibilidad de que la ley se apruebe antes de que Trump se instale el día 20 en la Casa Blanca.
En todo caso, está en fase de deliberaciones y existen discrepancias entre republicanos y demócratas sobre su contenido final.
Mientras los republicanos defienden aprobar el texto íntegro original, los demócratas han señalado su intención de enmendar aspectos controvertidos, como la posibilidad de detener y deportar, sin necesidad de pruebas ni juicio, a migrantes acusados de pequeños delitos.
Por qué es polémica
La aparente violación de la presunción de inocencia de los detenidos es el aspecto más polémico de esta nueva ley, que ha generado una oleada de críticas de quienes la consideran incompatible con los valores democráticos y constitucionales de Estados Unidos.
Sus defensores argumentan que, al privar de libertad o expulsar a presuntos delincuentes, se protegerá a las comunidades de delitos cometidos por personas en situación irregular.
También sostienen que la posibilidad de deportación por delitos menores disuadirá a los migrantes indocumentados de involucrarse en actividades ilegales.
Mientras, las voces críticas la consideran una amenaza a las protecciones constitucionales y un retroceso en los principios de justicia.
“Es esencialmente una autopista hacia la deportación masiva; se puede detener a cualquier cantidad de personas y meterlas en el sistema de justicia penal simplemente por haber sido acusadas, sin condena ni admisión de culpabilidad”, declaró este domingo en un programa televisivo Pramila Jayapal, una de los congresistas que han criticado el proyecto de ley en el dividido Partido Demócrata.
Los detractores de esta polémica legislación argumentan que la detención sin fianza de cualquier migrante acusado -aunque no necesariamente condenado- de delitos menores como el hurto eliminaría el derecho a audiencias individualizadas, algo garantizado incluso en casos de delitos graves en el sistema de justicia penal.
Esto plantea serias preocupaciones sobre la presunción de inocencia y el debido proceso, según el Centro Nacional de Leyes de Inmigración (NILC por sus siglas en inglés).
El NILC también advierte que obligar a las autoridades migratorias a detener a las personas antes de que puedan asistir a sus audiencias penales podría obstaculizar gravemente el trabajo de los fiscales, aumentar el caos en los tribunales y complicar la resolución de casos criminales.
Los detractores de la ley también creen que la avalancha de trabajo que caería sobre jueces y fiscales por delitos menores como hurtos o robos les restaría tiempo y recursos para abordar casos de delitos más graves.
La organización Voto Latino argumenta que la ley no mejorará la seguridad pública ya que no hay evidencia de una correlación entre el estatus migratorio y la criminalidad.
Esta ONG considera la ley Laken Riley una herramienta política para estigmatizar a los migrantes y acentuar las divisiones sociales.
Otro aspecto polémico es la capacidad que la ley otorga a los estados para demandar al gobierno federal sobre acciones relacionadas con políticas migratorias.
Según el NILC, esto podría convertir los tribunales en escenarios de interminables disputas entre los estados y Washington, obstaculizando la implementación efectiva de la ley.
Sus defensores, sin embargo, alegan que permitirá a las autoridades locales, que conocen más de cerca los problemas de sus comunidades, participar de forma más activa a la hora de aplicar y supervisar las leyes de inmigración.
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