Donald Trump asume presidencia de EU para un segundo periodo
Donald Trump se convirtió este lunes en el 47º presidente de los Estados Unidos, al asumir su segundo mandato al frente de la Casa Blanca, una vuelta al poder con promesas polémicas como deportaciones masivas de migrantes, exclusión de militares transgénero, imposición de aranceles y amenazas territoriales a Groenlandia y Panamá. En política exterior prometió alinearse con Israel en Medio Oriente, desafiar el ascenso de China y acabar con la guerra de Rusia en Ucrania.
Para su segundo mandato −tras uno primero de 2017 a 2021− el millonario promete lo que llama una “edad de oro” y llega dispuesto a actuar con “una velocidad y fuerza históricas” para “detener la invasión de fronteras” por migrantes, impulsar la producción petrolera y bloquear las “ideologías de izquierda”.
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La presidencia en EU inicia oficialmente este 20 de enero con un evento que se celebra cada cuatro años: la toma de posesión. Este día marca el comienzo del mandato para el presidente electo, quien presta juramento frente a la nación.
Trump pidió realizar el juramento del cargo a las 11:47 am. (hora de Washington D.C.), por ser el 47º presidente de los EU, aunque éste se llevó a cabo un poco más tarde.
A sus 78 años, Trump se convirtió en el jefe de Estado estadounidense de más edad en ser investido.
La investidura de Trump
Por primera vez en 40 años, Donald Trump celebró su investidura en el interior del Capitolio, en vez de en las escalinatas como dicta la tradición, para protegerse del frío polar de -12° C.
Con una mano sobre una biblia, Trump juró “proteger la Constitución” bajo la cúpula del Capitolio, el mismo lugar donde el 6 de enero de 2021 sus partidarios habían intentado impedir que el Congreso certificara la victoria de Joe Biden.
“Juro solemnemente que desempeñaré fielmente el cargo de presidente de los Estados Unidos y que, en la medida de mis posibilidades, preservaré, protegeré y defenderé la Constitución de los Estados Unidos. Que Dios me ayude”, pronunció el republicano rodeado de su esposa, Melania Trump, y de sus cinco hijos.
Previo a la toma de protesta del empresario, el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, juró el cargo de vicepresidente ante el juez John Roberts Junior con la mano sobre una biblia familiar.
Tres de los hombres más ricos del mundo, Elon Musk, Mark Zuckerberg y Jeff Bezos, asistieron a su investidura. También se encuentran los expresidentes Bill Clinton, George W. Bush y Barack Obama.
La jefa del gobierno italiano, Giorgia Meloni, y los presidentes de Argentina, Javier Milei, y de Ecuador, Daniel Noboa, así como el vicepresidente chino Han Zheng, asistieron a su toma de protesta a pesar de que normalmente no se invita a líderes extranjeros.
Previamente, la jornada de investidura comenzó con un oficio religioso en la iglesia episcopal de San Juan, cerca de la Casa Blanca.
El republicano llegó vestido con abrigo largo y corbata roja, junto a su esposa Melania, tocada con sombrero oscuro con una banda blanca. Luego fueron recibidos por el presidente saliente Joe Biden y su esposa Jill para tomar el té.
Ni los procesamientos penales, uno de los cuales le valió una condena histórica, ni las polémicas sobre sus comentarios racistas o sexistas ni las amenazas contra la prensa y sus opositores han impedido el regreso de Trump a la Casa Blanca, a sus 78 años.
Su mandato tiene una duración de cuatro años, comenzando el 20 de enero y extendiéndose hasta la misma fecha del 2029. Si un presidente es reelegido, puede ocupar el cargo hasta un máximo de dos mandatos consecutivos, es decir, ocho años en total, por lo que esta es la última vez que Trump puede ser mandatario de esa nación.
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Las amenazas a México
Trump ha declarado que México es todo un desafió, en particular por el tema migratorio y por el negocio a los cárteles” de la droga. Prometió continuar el muro en la frontera sur con México y llevar a cabo la deportación más grande de la historia, e incluso dijo que está dispuesto a usar al Ejército para detener y deportar a los millones de migrantes sin documentos.
Recientemente planteó cambiar el nombre del Golfo de México por Golfo de América, tras declarar que México es un lugar muy peligroso que está “esencialmente dirigido por los cárteles”, a quienes pretende declarar como “organizaciones terroristas”.
Desfile inaugural
Una de las tradiciones más emblemáticas del Día de la Investidura es el desfile inaugural, que recorrerá la Avenida Pensilvania desde el Capitolio hasta la Casa Blanca.
El acto está programado para comenzar a las 14:30 horas y tendrá una duración aproximada de 60 a 90 minutos, según informó el Comité Inaugural.
Este desfile cuenta con la participación de bandas, representantes militares y organizaciones civiles, quienes rinden homenaje al nuevo presidente y celebran el inicio de su mandato.
Con información de AFP.
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La ley Laken Riley podría entrar en vigor antes de que comience su mandato Donald Trump, que ha prometido mano dura contra la inmigración ilegal.
Para los migrantes irregulares en Estados Unidos, una acusación de hurto o robo será motivo de arresto y probablemente deportación.
Lo recoge una nueva y polémica ley que podría entrar en vigor incluso antes de que el próximo lunes 20 de enero Donald Trump inicie su mandato como presidente del país norteamericano.
El aún proyecto de ley Laken Riley, que en este momento se encuentra en fase de debate en el Senado, es obra del Partido Republicano de Trump pero también cuenta con el apoyo de numerosos congresistas y senadores demócratas.
La ley también permitirá a los estados demandar al gobierno federal si libera a un indocumentado bajo custodia o no aplica ciertas leyes migratorias.
Sus defensores creen que aumentará la seguridad ciudadana, mientras las voces críticas aseguran que contradice los valores constitucionales y viola la presunción de inocencia de los migrantes.
Analizamos en qué consiste esta ley, cuáles serán sus repercusiones y por qué es tan polémica.
Así es la ley
El nombre de la ley, Laken Riley, es el de una estudiante de enfermería de 22 años brutalmente asesinada en febrero del año pasado en el estado de Georgia.
El venezolano de 26 años José Ibarra interceptó a Riley mientras hacía ejercicio en el campus de la Universidad de Georgia en Athens, intentó violarla y, como la víctima se resistía, la golpeó hasta la muerte, según lo revelado en el juicio.
Ibarra, quien fue condenado a cadena perpetua en noviembre, es un migrante indocumentado venezolano que tenía pendientes acusaciones previas de al menos dos delitos menores en Estados Unidos, uno de ellos el hurto de varios productos en un supermercado.
El caso generó conmoción en la sociedad estadounidense. Los conservadores argumentaron que, si el agresor hubiera sido detenido y expulsado por sus casos previos, Laken Riley todavía estaría viva.
Esto llevó al Partido Republicano a proponer, un mes después del suceso, una ley específica para evitar casos similares.
De hecho, bajo la ley Laken Riley el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) estará obligado a detener a extranjeros en situación migratoria irregular que hayan sido arrestados previamente por robo, hurto y similares.
La ley se alinea con las políticas de línea dura que Trump previsiblemente aplicará en su próximo mandato.
El republicano prometió llevar a cabo la mayor operación de deportación en la historia de Estados Unidos, enfocándose inicialmente en inmigrantes indocumentados con antecedentes penales.
La ley Laken Riley, según algunos expertos, facilitará la deportación de quienes estén acusados de cometer estos delitos menores, que se tramitará durante su arresto y sin necesidad de juicio.
Según la actual legislación, solo están sujetos a una posible deportación los migrantes a quienes un tribunal haya condenado en firme por al menos dos delitos menores.
Por otro lado, las autoridades de cada estado podrán demandar al gobierno federal si creen que no está aplicando correctamente las leyes sobre migración.
Los incumplimientos denunciables de Washington incluirían liberar a migrantes en custodia, no arrestar a personas con orden de expulsión, otorgar libertad condicional de forma inadecuada a irregulares o no aplicar restricciones de visados a los países que rechacen recibir a sus ciudadanos deportados desde EU.
La tramitación
La ley Laken Riley fue aprobada por primera vez en la Cámara de Representantes en marzo de 2024, pero se estancó en el Senado controlado por los demócratas y regresó a la cámara baja.
El pasado 7 de enero los congresistas la volvieron a aprobar con 264 votos a favor, (entre ellos 48 demócratas) y avanzó de nuevo al Senado.
Allí corrió mejor suerte que en la primera ocasión, ya que todos los senadores republicanos y una mayoría de demócratas (en total 84 votos a favor y 9 en contra) aceptaron someter a debate el texto para su posible enmienda y aprobación.
Expertos señalan que la derrota en las elecciones de 2024, en las que la inmigración fue un tema central de campaña, ha llevado a muchos demócratas a respaldar propuestas más restrictivas en esta materia, e incluso el propio partido está cambiando su enfoque al respecto.
“Estoy a favor de dar a las autoridades las herramientas para prevenir tragedias como ésta mientras trabajamos en soluciones integrales para nuestro sistema roto”, afirmó recientemente John Fetterman, senador del Partido Demócrata por Pensilvania, uno de los “estados péndulo” que cambiaron su voto a republicano el pasado noviembre.
La fase de deliberación en la cámara alta podría prolongarse por unas pocas semanas o incluso días, y según analistas, existe la posibilidad de que la ley se apruebe antes de que Trump se instale el día 20 en la Casa Blanca.
En todo caso, está en fase de deliberaciones y existen discrepancias entre republicanos y demócratas sobre su contenido final.
Mientras los republicanos defienden aprobar el texto íntegro original, los demócratas han señalado su intención de enmendar aspectos controvertidos, como la posibilidad de detener y deportar, sin necesidad de pruebas ni juicio, a migrantes acusados de pequeños delitos.
Por qué es polémica
La aparente violación de la presunción de inocencia de los detenidos es el aspecto más polémico de esta nueva ley, que ha generado una oleada de críticas de quienes la consideran incompatible con los valores democráticos y constitucionales de Estados Unidos.
Sus defensores argumentan que, al privar de libertad o expulsar a presuntos delincuentes, se protegerá a las comunidades de delitos cometidos por personas en situación irregular.
También sostienen que la posibilidad de deportación por delitos menores disuadirá a los migrantes indocumentados de involucrarse en actividades ilegales.
Mientras, las voces críticas la consideran una amenaza a las protecciones constitucionales y un retroceso en los principios de justicia.
“Es esencialmente una autopista hacia la deportación masiva; se puede detener a cualquier cantidad de personas y meterlas en el sistema de justicia penal simplemente por haber sido acusadas, sin condena ni admisión de culpabilidad”, declaró este domingo en un programa televisivo Pramila Jayapal, una de los congresistas que han criticado el proyecto de ley en el dividido Partido Demócrata.
Los detractores de esta polémica legislación argumentan que la detención sin fianza de cualquier migrante acusado -aunque no necesariamente condenado- de delitos menores como el hurto eliminaría el derecho a audiencias individualizadas, algo garantizado incluso en casos de delitos graves en el sistema de justicia penal.
Esto plantea serias preocupaciones sobre la presunción de inocencia y el debido proceso, según el Centro Nacional de Leyes de Inmigración (NILC por sus siglas en inglés).
El NILC también advierte que obligar a las autoridades migratorias a detener a las personas antes de que puedan asistir a sus audiencias penales podría obstaculizar gravemente el trabajo de los fiscales, aumentar el caos en los tribunales y complicar la resolución de casos criminales.
Los detractores de la ley también creen que la avalancha de trabajo que caería sobre jueces y fiscales por delitos menores como hurtos o robos les restaría tiempo y recursos para abordar casos de delitos más graves.
La organización Voto Latino argumenta que la ley no mejorará la seguridad pública ya que no hay evidencia de una correlación entre el estatus migratorio y la criminalidad.
Esta ONG considera la ley Laken Riley una herramienta política para estigmatizar a los migrantes y acentuar las divisiones sociales.
Otro aspecto polémico es la capacidad que la ley otorga a los estados para demandar al gobierno federal sobre acciones relacionadas con políticas migratorias.
Según el NILC, esto podría convertir los tribunales en escenarios de interminables disputas entre los estados y Washington, obstaculizando la implementación efectiva de la ley.
Sus defensores, sin embargo, alegan que permitirá a las autoridades locales, que conocen más de cerca los problemas de sus comunidades, participar de forma más activa a la hora de aplicar y supervisar las leyes de inmigración.
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