Trump no anunció una ‘coalición mundial’ contra Maduro en 2025; declaración es de 2019
Con la toma de protesta de Donald Trump como 47° presidente de Estados Unidos, usuarios en redes sociales compartieron contenidos de supuestas afirmaciones suyas contra el mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro. Sin embargo, están sacadas de contexto.
En particular, dos publicaciones en X —antes Twitter— tomaron información de 2019 y 2020 para afirmar que Trump advirtió sobre una “coalición mundial” contra Maduro y el futuro de Venezuela, como si esto hubiera ocurrido en enero de 2025.
Estos contenidos superaron hasta los 5 mil “me gusta” y las 430 mil reproducciones en X desde el pasado 19 de enero, un día antes de la investidura de Trump.
¿Una ‘coalición mundial’ contra Maduro en 2025?
Una de las publicaciones con desinformación, que alcanzó 4 mil 800 “me gusta” al 20 de enero de 2025, afirmó que recientemente Donald Trump anunció la creación de una “coalición mundial para enfrentar (Nicolás) Maduro”, presidente de Venezuela.
En su primer día de gobierno, Trump sí habló de Venezuela. Sin embargo, El Sabueso no identificó una afirmación similar en las transcripciones de los eventos previos y posteriores a la investidura presidencial, compartidos en Youtube entre el 19 y 20 de enero de 2025.
Pese a ello, una búsqueda de las palabras clave “Trump”, “coalición” y “Maduro” arrojó una nota de la BBC del 26 de septiembre de 2019. En ella citan una declaración del presidente de Estados Unidos en la que habla de una “coalición histórica” de 55 países que reconocían al opositor venezolano Juan Guaidó, y no a Nicolás Maduro, como presidente de Venezuela ese año.
En la fotografía que ilustra esta nota señalan que el discurso tuvo lugar en una reunión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) hace seis años.
Con esa información se realizó una nueva búsqueda de las palabras clave “trump”, “history coalition” “ONU” y “2019”. Así se encontró la versión estenográfica del discurso que dio Donald Trump en la 74° sesión de la Asamblea de las Naciones Unidas, el 24 de septiembre de 2019, en Nueva York.
“Desde mi última conversación en esta sala, Estados Unidos y nuestros socios han construido una coalición histórica de 55 países que reconocen al gobierno legítimo de Venezuela”, dijo el mandatario para referirse a Guaidó.
Durante los eventos de su regreso presidencial en 2025, Trump sí hizo declaraciones sobre Venezuela. Entre ellas, acusó a ese y otros países del mundo de “vaciar sus cárceles” para enviar a los criminales a Estados Unidos.
“La delincuencia en Venezuela bajó 74% porque se llevaron a los criminales y nos los mandaron para acá por la política de fronteras abiertas del gobierno anterior, por todo el mundo están vaciando sus cárceles en nuestro país”, señaló durante el desfile presidencial del pasado 20 de enero.
De acuerdo con la agencia EFE, ese mismo día, ante preguntas directas de periodistas sobre Maduro y Venezuela, Trump aseguró que mantiene el interés en Venezuela y que probablemente su gobierno dejará de comprar petróleo a ese país.
Sin embargo, no se encontró registro de una nueva alusión a la “coalición histórica” que mencionó en 2019.
Trump sí dijo que a ‘Venezuela le irá muy bien’, pero en 2020
En el segundo video desinformante, Donald Trump camina por un pasillo frente a la prensa y es cuestionado sobre los planes de Estados Unidos respecto a Venezuela. “Creo que a Venezuela le irá muy bien”, responde el mandatario.
Una búsqueda inversa de los fotogramas del video mostró una publicación de enero de 2020 que atribuía la pregunta a la periodista Carol Guerrero.
El Sabueso buscó el nombre de la comunicadora en Google y encontró su perfil de Instagram, donde se describe como presentadora de noticias y corresponsal del medio DW en Español.
Con esta información, una búsqueda avanzada en el perfil de X del medio mostró que este video fue publicado en internet hace cinco años.
De acuerdo con la publicación, la escena se grabó en Davos, Suiza, donde en 2020 se llevó a cabo la Reunión Anual del Foro Económico Mundial, a la que fue invitado Donald Trump durante su primer mandato.
En conclusión: Donald Trump no anunció ‘una coalición mundial’ contra Nicolás Maduro ni hizo declaraciones sobre el futuro de Venezuela en 2025, las afirmaciones datan del 2019 y 2020.
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La ley Laken Riley podría entrar en vigor antes de que comience su mandato Donald Trump, que ha prometido mano dura contra la inmigración ilegal.
Para los migrantes irregulares en Estados Unidos, una acusación de hurto o robo será motivo de arresto y probablemente deportación.
Lo recoge una nueva y polémica ley que podría entrar en vigor incluso antes de que el próximo lunes 20 de enero Donald Trump inicie su mandato como presidente del país norteamericano.
El aún proyecto de ley Laken Riley, que en este momento se encuentra en fase de debate en el Senado, es obra del Partido Republicano de Trump pero también cuenta con el apoyo de numerosos congresistas y senadores demócratas.
La ley también permitirá a los estados demandar al gobierno federal si libera a un indocumentado bajo custodia o no aplica ciertas leyes migratorias.
Sus defensores creen que aumentará la seguridad ciudadana, mientras las voces críticas aseguran que contradice los valores constitucionales y viola la presunción de inocencia de los migrantes.
Analizamos en qué consiste esta ley, cuáles serán sus repercusiones y por qué es tan polémica.
Así es la ley
El nombre de la ley, Laken Riley, es el de una estudiante de enfermería de 22 años brutalmente asesinada en febrero del año pasado en el estado de Georgia.
El venezolano de 26 años José Ibarra interceptó a Riley mientras hacía ejercicio en el campus de la Universidad de Georgia en Athens, intentó violarla y, como la víctima se resistía, la golpeó hasta la muerte, según lo revelado en el juicio.
Ibarra, quien fue condenado a cadena perpetua en noviembre, es un migrante indocumentado venezolano que tenía pendientes acusaciones previas de al menos dos delitos menores en Estados Unidos, uno de ellos el hurto de varios productos en un supermercado.
El caso generó conmoción en la sociedad estadounidense. Los conservadores argumentaron que, si el agresor hubiera sido detenido y expulsado por sus casos previos, Laken Riley todavía estaría viva.
Esto llevó al Partido Republicano a proponer, un mes después del suceso, una ley específica para evitar casos similares.
De hecho, bajo la ley Laken Riley el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) estará obligado a detener a extranjeros en situación migratoria irregular que hayan sido arrestados previamente por robo, hurto y similares.
La ley se alinea con las políticas de línea dura que Trump previsiblemente aplicará en su próximo mandato.
El republicano prometió llevar a cabo la mayor operación de deportación en la historia de Estados Unidos, enfocándose inicialmente en inmigrantes indocumentados con antecedentes penales.
La ley Laken Riley, según algunos expertos, facilitará la deportación de quienes estén acusados de cometer estos delitos menores, que se tramitará durante su arresto y sin necesidad de juicio.
Según la actual legislación, solo están sujetos a una posible deportación los migrantes a quienes un tribunal haya condenado en firme por al menos dos delitos menores.
Por otro lado, las autoridades de cada estado podrán demandar al gobierno federal si creen que no está aplicando correctamente las leyes sobre migración.
Los incumplimientos denunciables de Washington incluirían liberar a migrantes en custodia, no arrestar a personas con orden de expulsión, otorgar libertad condicional de forma inadecuada a irregulares o no aplicar restricciones de visados a los países que rechacen recibir a sus ciudadanos deportados desde EU.
La tramitación
La ley Laken Riley fue aprobada por primera vez en la Cámara de Representantes en marzo de 2024, pero se estancó en el Senado controlado por los demócratas y regresó a la cámara baja.
El pasado 7 de enero los congresistas la volvieron a aprobar con 264 votos a favor, (entre ellos 48 demócratas) y avanzó de nuevo al Senado.
Allí corrió mejor suerte que en la primera ocasión, ya que todos los senadores republicanos y una mayoría de demócratas (en total 84 votos a favor y 9 en contra) aceptaron someter a debate el texto para su posible enmienda y aprobación.
Expertos señalan que la derrota en las elecciones de 2024, en las que la inmigración fue un tema central de campaña, ha llevado a muchos demócratas a respaldar propuestas más restrictivas en esta materia, e incluso el propio partido está cambiando su enfoque al respecto.
“Estoy a favor de dar a las autoridades las herramientas para prevenir tragedias como ésta mientras trabajamos en soluciones integrales para nuestro sistema roto”, afirmó recientemente John Fetterman, senador del Partido Demócrata por Pensilvania, uno de los “estados péndulo” que cambiaron su voto a republicano el pasado noviembre.
La fase de deliberación en la cámara alta podría prolongarse por unas pocas semanas o incluso días, y según analistas, existe la posibilidad de que la ley se apruebe antes de que Trump se instale el día 20 en la Casa Blanca.
En todo caso, está en fase de deliberaciones y existen discrepancias entre republicanos y demócratas sobre su contenido final.
Mientras los republicanos defienden aprobar el texto íntegro original, los demócratas han señalado su intención de enmendar aspectos controvertidos, como la posibilidad de detener y deportar, sin necesidad de pruebas ni juicio, a migrantes acusados de pequeños delitos.
Por qué es polémica
La aparente violación de la presunción de inocencia de los detenidos es el aspecto más polémico de esta nueva ley, que ha generado una oleada de críticas de quienes la consideran incompatible con los valores democráticos y constitucionales de Estados Unidos.
Sus defensores argumentan que, al privar de libertad o expulsar a presuntos delincuentes, se protegerá a las comunidades de delitos cometidos por personas en situación irregular.
También sostienen que la posibilidad de deportación por delitos menores disuadirá a los migrantes indocumentados de involucrarse en actividades ilegales.
Mientras, las voces críticas la consideran una amenaza a las protecciones constitucionales y un retroceso en los principios de justicia.
“Es esencialmente una autopista hacia la deportación masiva; se puede detener a cualquier cantidad de personas y meterlas en el sistema de justicia penal simplemente por haber sido acusadas, sin condena ni admisión de culpabilidad”, declaró este domingo en un programa televisivo Pramila Jayapal, una de los congresistas que han criticado el proyecto de ley en el dividido Partido Demócrata.
Los detractores de esta polémica legislación argumentan que la detención sin fianza de cualquier migrante acusado -aunque no necesariamente condenado- de delitos menores como el hurto eliminaría el derecho a audiencias individualizadas, algo garantizado incluso en casos de delitos graves en el sistema de justicia penal.
Esto plantea serias preocupaciones sobre la presunción de inocencia y el debido proceso, según el Centro Nacional de Leyes de Inmigración (NILC por sus siglas en inglés).
El NILC también advierte que obligar a las autoridades migratorias a detener a las personas antes de que puedan asistir a sus audiencias penales podría obstaculizar gravemente el trabajo de los fiscales, aumentar el caos en los tribunales y complicar la resolución de casos criminales.
Los detractores de la ley también creen que la avalancha de trabajo que caería sobre jueces y fiscales por delitos menores como hurtos o robos les restaría tiempo y recursos para abordar casos de delitos más graves.
La organización Voto Latino argumenta que la ley no mejorará la seguridad pública ya que no hay evidencia de una correlación entre el estatus migratorio y la criminalidad.
Esta ONG considera la ley Laken Riley una herramienta política para estigmatizar a los migrantes y acentuar las divisiones sociales.
Otro aspecto polémico es la capacidad que la ley otorga a los estados para demandar al gobierno federal sobre acciones relacionadas con políticas migratorias.
Según el NILC, esto podría convertir los tribunales en escenarios de interminables disputas entre los estados y Washington, obstaculizando la implementación efectiva de la ley.
Sus defensores, sin embargo, alegan que permitirá a las autoridades locales, que conocen más de cerca los problemas de sus comunidades, participar de forma más activa a la hora de aplicar y supervisar las leyes de inmigración.
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