
Para entender mejor
Los adeudos de Petróleos Mexicanos (Pemex) a proveedores, que ascienden a más de 100.3 mil millones de dólares, podrían ser pagados hasta dentro de ocho años, aseguró la paraestatal.
En el Informe 6-K que fue emitido en diciembre pasado y que es enviado a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) señaló que, mediante pagos trimestrales de capital e intereses, Pemex formuló los convenios y los modificó a manera de liquidar los saldos generados en 2025.
“Al 30 de septiembre de 2025, adeudábamos a nuestros proveedores $517.1 mil millones de pesos, un aumento del 2.2% en comparación con los $506 mil millones de pesos adeudados al 31 de diciembre de 2024”, indicó en el documento.

Explicó que, a pesar de esas obligaciones, consideró que los flujos netos de efectivo de las operaciones y actividades de financiamiento, el efectivo disponible de las líneas de crédito, las aportaciones de capital y el efectivo y equivalentes de efectivo serán suficientes para cubrir las necesidades de capital de trabajo, así como el servicio de la deuda e inversiones de capital para el resto de 2025.
“Nuestra capacidad para obtener efectivo de las actividades de financiamiento y de cualquier otra aportación del Gobierno Mexicano implica asuntos fuera del control de nuestra administración y no se puede garantizar el éxito de dichas gestiones”, señaló.
Precisó que en la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal prevé que incurran en un endeudamiento neto de hasta 245.4 mil millones mediante una combinación de ofertas en los mercados de capital nacionales e internacionales y préstamos de instituciones financieras nacionales e internacionales.
En ese sentido, reconoció que la deuda aumentó significativamente y, además, tiene un capital de trabajo negativo.
“Mantenemos una deuda sustancial, incluyendo deuda a corto plazo, que hemos incurrido principalmente para financiar nuestros gastos operativos y proyectos de inversión de capital. En los últimos años, el flujo de efectivo de nuestras operaciones no ha sido suficiente para financiar nuestras operaciones y programas de inversión de capital”, añadió en el reporte.
Aclaró que las rebajas de sus calificaciones crediticias son consecuencias adversas significativas en su capacidad para acceder a mercados financieros.
“A su vez, esto podría perjudicar significativamente nuestra capacidad para cumplir con nuestras obligaciones existentes, nuestra situación financiera y nuestros resultados operativos”, advirtió en el Informe 6-K.
El pasado 6 de diciembre, un juez federal de Houston en Estados Unidos, declaró culpable al empresario mexicano Alexandro Rovirosa, por participar en un plan para sobornar a funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) y se enfrenta a una posible sentencia de 15 años de prisión.
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De acuerdo con el fiscal general adjunto, Matthew R. Galeotti, de la División Penal del Departamento de Justicia, Rovirosa orquestó un plan para sobornar a funcionarios mexicanos en beneficio propio y de sus empresas.

“Alexandro Rovirosa violó las leyes estadounidenses mediante una red de corrupción y engaño. Rovirosa creía que su residencia en Houston lo protegía de las consecuencias de sobornar a funcionarios extranjeros. Sin embargo, como demuestra el veredicto de hoy, su plan no solo le costó un lujoso estilo de vida en Texas, sino también su libertad”.
El empresario está señalado por sobornar a funcionarios de Pemex y de Pemex Exploración y Producción (PEP), la subsidiaria de exploración y producción de la petrolera mexicana.

La decisión de la Corte representa un inusual freno al amplio uso de la autoridad ejecutiva por parte de Trump. Durante el último año, la mayoría de los jueces se han mostrado dispuestos a permitir que siga adelante con su agenda, en particular en materia de migración y reestructuración del gobierno federal.
Donald Trump llevaba meses advirtiendo que una decisión de la Corte Suprema como esta sería catastrófica.
Si la corte restringía su capacidad para imponer estos aranceles, había dicho, sería un “desastre económico y de seguridad nacional”.
La mayoría de seis jueces de la Corte Suprema, al fallar en contra del presidente el viernes, hizo caso omiso de sus preocupaciones.
El Congreso, no el presidente, tiene la facultad de imponer aranceles, dictaminaron los jueces. Y nada en la ley en la que el presidente basó sus aranceles, la Ley de Poderes Económicos de Emergencia de 1977, dio poderes tan amplios a Trump.
En una conferencia de prensa organizada apresuradamente el viernes por la tarde, Trump arremetió contra los jueces que fallaron en su contra. Dijo estar “avergonzado” de los tres conservadores que anularon sus aranceles y se refirió a los tres liberales de la corte como una “desgracia”.
Trump prometió entonces reimponer aranceles utilizando la autoridad presidencial disponible bajo otras leyes, incluyendo un nuevo arancel global temporal del 10%.
La decisión de la corte representa un inusual freno al amplio uso de la autoridad ejecutiva por parte de este presidente.
Durante el último año, la mayoría de los jueces se han mostrado dispuestos a permitir que Trump siga adelante con su agenda, en particular en materia de inmigración y la reestructuración del gobierno federal, incluso aunque los recursos legales van escalando en el sistema judicial.
Este caso, tramitado con urgencia, cierra la puerta a uno de esos usos expansivos de la autoridad presidencial.
Con varios otros casos importantes que involucran usos controvertidos del poder ejecutivo, como los intentos de eliminar la ciudadanía por nacimiento y destituir a un gobernador de la Reserva Federal por presuntas irregularidades, este podría no ser el único revés de Trump en los próximos meses.
Como mínimo, esta decisión debilita la posición de Trump al intentar obligar a otras naciones a hacer concesiones a Estados Unidos y empaña su fachada de invencibilidad.
La debilidad engendra debilidad, y los socios comerciales de EU podrían verse envalentonados a adoptar una línea más dura con EU ahora que se han restringido las facultades arancelarias del presidente.
También abre la posibilidad de que el gobierno de Trump tenga que devolver gran parte de los ingresos arancelarios que recaudó durante el último año.
Aunque los jueces dejaron que esta espinosa cuestión fuera decidida por un tribunal inferior, Brett Kavanaugh, en su opinión disidente, advirtió que el proceso probablemente será un “desastre”.
El gobierno de Trump tuvo tiempo de sobra para prepararse para la decisión del viernes.
El precedente de la Corte Suprema y la actitud de muchos jueces cuando el caso se presentó en los tribunales el pasado noviembre indicaban que era muy posible un resultado adverso para él.
Jamieson Greer, principal asesor comercial de Trump, declaró el mes pasado que la Casa Blanca tiene “muchas opciones diferentes” sobre cómo proceder si se eliminan los aranceles.
“La realidad”, afirmó, “el presidente va a tener aranceles como parte de su política comercial de ahora en adelante”.
Sin embargo, las otras opciones que Trump podría tener a su disposición son más limitadas.
Estas requieren que las agencias gubernamentales elaboren informes detallados para justificar la imposición de aranceles, y tienen límites en su alcance y duración.
Atrás quedaron los días en que el presidente podía amenazar o promulgar aranceles de tres dígitos con un simple gesto de la mano o un clic en una publicación en Truth Social.
Los nuevos aranceles requerirán un mayor plazo antes de que puedan imponerse.
Esto podría limitar el tipo de perturbación económica que se produjo cuando el presidente anunció sus expansivos aranceles del “Día de la Liberación” el año pasado y daría a otras naciones más tiempo para preparar sus respuestas.
Si Trump quiere recuperar su margen de maniobra para imponer nuevos aranceles, siempre podría solicitar al Congreso la autorización explícita que la Corte Suprema ha declarado necesaria.
Sin embargo, con las estrechas mayorías republicanas en la Cámara de Representantes y el Senado, y las elecciones de medio término a la vuelta de la esquina, el éxito de tal medida parece improbable.
De hecho, algunos de los aliados conservadores de Trump en el Congreso podrían estar más tranquilos con esta decisión.
Los aranceles del presidente, y los costos que han impuesto a los consumidores, han sido impopulares entre muchos estadounidenses. Los candidatos republicanos en estados clave y distritos electorales habrían estado expuestos a los ataques demócratas por apoyar las políticas de Trump.
Esa área de vulnerabilidad se ha reducido por ahora.
La decisión del viernes generará un momento incómodo el martes, cuando Trump pronuncie su discurso anual sobre el Estado de la Unión ante una sesión conjunta del Congreso. Tradicionalmente, muchos de los jueces de la Corte Suprema se sientan en la primera fila de la cámara.
El presidente, después de pasar meses emitiendo duras advertencias contra la corte, podría verse frente a frente con los jueces que erosionaron uno de los pilares clave de la agenda del segundo mandato de Trump.
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