
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que ejerció la facultad de atracción del caso de Ernestina Ascencio Rosario, mujer indígena náhuatl monolingüe de 73 años que fue víctima de violación, tortura sexual y muerte a manos del Ejército en 2007, en Veracruz.
De acuerdo con la institución, esta medida se adopta en cumplimiento de lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), la cual declaró al Estado mexicano responsable, y con apego a estándares internacionales en materia de derechos humanos y procuración de justicia.
La FGR detalló que el caso estará bajo la conducción del Ministerio Público Federal adscrito a la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres, Grupos en Situación de Vulnerabilidad y Trata de Personas (FEVIMTRA), instancia que deberá llevar a cabo las diligencias necesarias conforme a lo establecido en la resolución.

De acuerdo con el comunicado oficial, Ernestina Ascencio Rosario, habitante de la comunidad de Tetlatzinga, en la Sierra de Zongolica, en el estado de Veracruz, fue agredida sexualmente en febrero de 2007 y falleció al día siguiente, antes de recibir atención médica.
En su sentencia de septiembre de 2025, la Corte IDH determinó la responsabilidad del Estado mexicano por la vulneración de los derechos a la integridad personal, a la vida y al acceso a la justicia, entre otros. Respecto a este último, el tribunal concluyó que la investigación realizada por la fiscalía local no se desarrolló conforme a los estándares internacionales aplicables.
El caso se remonta a febrero de 2007, en el contexto de la llamada guerra contra el narcotráfico durante el gobierno de Felipe Calderón, cuando Ernestina Ascencio Rosario, mujer nahua de 73 años, fue atacada en la Sierra de Zongolica por elementos del Ejército. De acuerdo con la resolución de la Corte IDH, se acreditó que fue víctima de violación sexual y que falleció posteriormente a causa de las agresiones sufridas.
La sentencia estableció que el Estado incurrió en diversas omisiones durante la investigación inicial, lo que derivó en la falta de esclarecimiento de los hechos y en la ausencia de sanción a los responsables. El tribunal también señaló deficiencias en la atención institucional brindada a la víctima y su familia.

Entre las medidas ordenadas por la Corte se encuentra la obligación de llevar a cabo una investigación exhaustiva, con debida diligencia reforzada y enfoque interseccional, considerando la condición de mujer indígena y persona mayor de la víctima, así como garantizar el acceso efectivo a la justicia.
Con la atracción del caso por parte de la FGR, se abre una nueva etapa procesal encaminada a cumplir con la sentencia internacional y a revisar integralmente las actuaciones institucionales previas.

La investigación de la policía debió haber explorado más de lo que se ha hecho público en el caso Epstein para decidir detener al expríncipe Andrés.
El arresto del expríncipe británico Andrés Mountbatten-Windsor alrededor de las 08:00 horas (GMT) de este jueves no tuvo nada que ver con Virginia Giuffre, la mujer que lo acusó de abuso sexual.
Lo que llevó a su arresto -por el que estuvo retenido durante casi 12 horas antes de su puesta en libertad por la noche- comenzó con la información que salió a la luz en la publicación masiva de los archivos de Epstein en enero, en torno a las actividades que realizó mientras era un enviado comercial del gobierno británico. Pero no se detuvo ahí.
Fueron los correos electrónicos de esos archivos, que parecen ser entre Andrés y el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein, los que llevaron a la policía de Thames Valley a involucrarse.
Un correo electrónico en particular llamó la atención. En noviembre de 2010, después de que el entonces príncipe regresara de un viaje a Asia financiado por el gobierno británico, le enviaron una serie de informes sobre los países relacionados con su viaje.
A los cinco minutos de recibirlos, parece que los reenvió a Epstein, que en ese momento ya había sido condenado y pasado tiempo en prisión por delitos sexuales.
Los archivos revelaron más correos electrónicos.
Un mes más tarde, en la Nochebuena de 2010, Andrés parece haber enviado a Epstein un informe confidencial sobre las oportunidades de inversión en la reconstrucción de la provincia de Helmand, en Afganistán, la cual era supervisada en ese momento por las fuerzas armadas británicas y financiada con fondos del gobierno británico.
En otro correo electrónico fechado el 9 de febrero de 2011, el hermano del rey Carlos III parece sugerir a Epstein que invierta en una empresa de capital privado que había visitado una semana antes.
Esto habrá sido el comienzo de lo que hoy se ha convertido en una investigación completa por parte de la policía de Thames Valley. Pero los detectives no se habrán basado únicamente en los correos electrónicos que hemos visto.
Para construir el caso, los investigadores debieron haber acudido al gobierno británico y al Palacio de Buckingham para solicitar los correos electrónicos que pudieran explicar lo que estaba sucediendo.
Buckingham declaró el lunes pasado que “apoyaría” a la policía de Thames Valley.
Los detectives también tuvieron que haber revisado los tres millones de documentos de los archivos de Epstein y haber solicitado copias sin censurar al FBI o al Departamento de Justicia de Estados Unidos.
La Agencia Nacional contra el Crimen británica está ayudando a las fuerzas policiales de Reino Unido con esas solicitudes.
Hasta ahora solo se ha visto la punta del iceberg, pero es posible que los detectives hayan visto más de lo que hay bajo la superficie.
Es muy poco probable que la policía haya arrestado al expríncipe el jueves basándose solo en un par de correos electrónicos que la gente ha visto en los archivos de Epstein.
En este momento, Andrés solo ha sido arrestado. No se le han presentado cargos. Siempre ha negado cualquier delito derivado de su relación con Epstein y no ha respondido a las preguntas específicas de la BBC sobre los archivos publicados en enero.
Y recordemos que este arresto no tiene nada que ver con las acusaciones que Andrés enfrentó anteriormente por parte de Giuffre, quien dijo que la obligaron a tener relaciones sexuales con él en varias ocasiones a principios de la década de 2000.
En 2022, Andrés y Giuffre llegaron a un acuerdo económico extrajudicial, en el que no se admitía ninguna irregularidad por parte del expríncipe.
La policía dijo que fue puesto en libertad bajo investigación.
Era poco probable que la policía lo mantuviera detenido durante la noche, ya que, por lo general, en las detenciones relacionadas con delitos de cuello blanco las personas son retenidas durante unas horas para permitir los registros y el interrogatorio inicial.
En estos casos, a la persona arrestada se le suele conceder la libertad bajo fianza policial y se le da una fecha para volver a la comisaría para un posible interrogatorio adicional.
Una vez que los detectives hayan realizado sus registros e interrogado a Andrés, tendrán que tomar una decisión importante. Esto podría llevar semanas.
Los agentes de policía, que portan una corona en sus insignias, se reunirán con los abogados de la Fiscalía de la Corona y decidirán si hay pruebas suficientes para acusar al hermano del rey.
Si deciden llevar el caso a los tribunales, se llamará R v. Mountbatten-Windsor, o en términos sencillos, el rey contra el hermano del rey.
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