
Este miércoles, el Frente Nacional por el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) y la Asociación Nacional Transportista (ANTAC) anunciaron que realizarán movilizaciones que coincidirán con las fechas de la Copa Mundial de Fútbol 2026 en México, con el objetivo, afirmaron, de visibilizar ante el mundo la situación crítica que atraviesan el campo y el sector transportista.
A través de un comunicado dirigido al presidente de FIFA, Gianni Infantino, y al presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, Mikel Arriola Peñaloza, las agrupaciones informaron que la inauguración del torneo, prevista para celebrarse en Ciudad de México, se cruzará con las manifestaciones que mantienen desde hace meses por lo que describen como una crisis productiva, de seguridad y de abandono institucional.

“Es nuestro deber y responsabilidad informarles que el calendario de eventos de tan importante encuentro deportivo se cruzará con las manifestaciones de productores agropecuarios, transportistas y ciudadanos que, reconocidos en el Frente Nacional por el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) y la Asociación Nacional Transportista ANTAC, libramos una lucha en defensa de nuestra actividad productiva, de la soberanía alimentaria y la seguridad de los caminos en México”, señalaron.
Las organizaciones explicaron que, para las fechas de los partidos en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, habrá concluido la cosecha de maíz, trigo, sorgo y otros cultivos, que se sumará a la producción del ciclo anterior, sin encontrar condiciones de mercado debido a la importación que, según acusan, es impulsada por el propio gobierno mexicano.
En el comunicado expusieron que existen “millones de toneladas de granos que carecen de mercado, porque el gobierno sostiene una importación indiscriminada de estos bienes, favoreciendo a los grandes importadores y a reconocidos corporativos agro-financieros”.
Además, denunciaron que la inseguridad en carreteras ha agravado la crisis del sector transportista, al grado de, dijeron, convertir el trabajo cotidiano en una actividad de alto riesgo.
“Para quienes somos transportistas, recorrer los caminos se convirtió en una actividad de alto riesgo en donde han perdido la vida hombres y mujeres que salen a trabajar de forma honesta, pues todos los días se registran decenas de robos de mercancías, tractocamiones y cobros por parte de grupos del crimen organizado”, afirmaron.
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La ANTAC y el FNRCM advirtieron que durante los meses del torneo se vivirá un escenario difícil: “Serán momentos de mucha convulsión: por un lado, habrá una producción expuesta y sin precios; por otro, un escenario de inseguridad, en donde la ausencia del Estado ha dejado segmentos del territorio y las carreteras nacionales a merced del crimen organizado, afectando a todos los mexicanos”.
Indicaron que lamentan que el país reciba la Copa Mundial en estas circunstancias, pero insistieron en que deben comunicarlo internacionalmente: “No podemos ocultar nuestra desesperación, ni dejar de decirle al mundo que la inseguridad y las políticas económicas que se han impuesto a la sombra del TLCAN-T-MEC, han impedido nuestro progreso, profundizan la dependencia alimentaria y están desplazando a los productores nacionales”.
Las movilizaciones anunciadas para este año ocurren tras los bloqueos registrados en noviembre de 2025, cuando un paro nacional convocado por productores agrícolas y transportistas derivó en afectaciones en al menos 17 entidades.
Los inconformes realizaron cierres para exigir seguridad en las carreteras y un aumento a los precios de garantía para productos como el maíz.
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En aquel momento, la Secretaría de Gobernación insistió en que no había motivos para las acciones, pues aseguraba mantener abiertos los canales de diálogo con los sectores agrícola y transportista.
Además, señaló que, en semanas previas, se habían realizado más de 200 reuniones entre autoridades federales y productores, además de mesas de trabajo permanentes con la Guardia Nacional y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para atender la seguridad en carreteras.
La titular de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, afirmó que detrás de las protestas había “intereses partidistas y políticos” y señaló que varios líderes mantenían carpetas de investigación por tomas anteriores de carreteras y casetas.

El exmandatario alega ser inocente, mientras a las afueras de la Corte se congregaron manifestantes a su favor y una fuerte presencia policial.
Prisión de por vida.
Esa es la sentencia que un tribunal dictó contra el expresidente Yoon Suk-yeol, quien fue declarado culpable de abuso de poder y de planificar una insurrección en Corea del Sur.
En diciembre de 2024, el exmandatario declaró la ley marcial e intentó usar a las fuerzas armadas para ejercer control en el país.
Su intento de golpe duró sólo seis horas, pero puso a prueba la democracia y causó una crisis política, con su partido siendo derrotado en las elecciones siguientes.
En enero, los fiscales dijeron que “la ley marcial de emergencia, inconstitucional e ilegal de Yoon, socavó el funcionamiento de la Asamblea Nacional y la Comisión Electoral… destruyendo de hecho el orden constitucional liberal democrático”.
La pena máxima por organizar una insurrección en Corea del Sur es la condena a muerte o cadena perpetua. El Ministerio Público había solicitado la primera.
Durante la audiencia hubo una enorme presencia policial, así como manifestaciones en apoyo al político, en una muestra de lo polarizada que está la sociedad surcoreana en torno a este caso legal.
La ley marcial que declaró Yoon suspendía el Parlamento, los partidos políticos y los sindicatos, e imponía la censura a los medios de comunicación.
Él niega los cargos en su contra.
En el juicio, según la agencia de noticias Reuters, el también exfiscal argumentó que tenía autoridad presidencial para declarar la ley marcial y que su acción tenía como objetivo dar la voz de alarma sobre la obstrucción del gobierno por parte de los partidos contrarios a su administración.
Yoon ya está cumpliendo condena por otra sentencia relacionada con la ley marcial. Aún enfrenta dos juicios más relacionados con ella.
Nacido en Seúl en 1960, Yoon ganó notoriedad en el país gracias a una larga carrera de fiscal en la que se ocupó de algunos casos destacados de corrupción, como el que salpicó en 2016 a la entonces presidenta Park Geun-hye.
Presentándose como un azote contra los delitos contra el patrimonio público y un “antifeminista” en un momento en el que la sociedad surcoreana parecía muy dividida en torno a cuestiones de género, Yoon desembarcó en la política y fue el candidato del conservador Partido del Poder Popular en las elecciones de 2022.
En los comicios, el político derrotó por un margen inferior al 1% a su rival Lee Jae-myung, del izquierdista Partido Democrático.
Yoon se benefició del rechazo generalizado a la gestión anterior de Mon Jae-in, del Partido Democrático, y alcanzó la presidencia tras una campaña centrada en sus promesas de combatir la corrupción.
El voto de los jóvenes varones atraídos por sus promesas de frenar lo que Yoon considera excesos feministas fue otra de las claves de su victoria electoral.
Según le dijo a la BBC Don S. Lee, profesor de Administración Pública de la Universidad Sungkyunkwan, en Seúl, había “grandes esperanzas” entre sus votantes de que el nuevo gobierno liderado por Yoon “perseguiría valores como la ética, la transparencia y la eficiencia”.
Pero esas expectativas se vieron en gran medida defraudadas por los escándalos en los que se vio envuelto el gobernante y sus allegados.
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