No, el gobierno de México no cobrará a la población una “cuota energética” para rescatar a Pemex
Una publicación que circula en TikTok afirma que la población mexicana tendrá que pagar una “cuota energética” mensual para ayudar a Petróleos Mexicanos (Pemex), la cual supuestamente sería de entre 300 y 500 pesos, pero esta información es falsa.
El video que contiene dicha desinformación menciona que el cobro fue anunciado por el gobierno federal y forma parte de un “plan de rescate 2026”. Supuestamente la tarifa se cobrará como un pago extra en el recibo de luz.
El Sabueso contactó a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y a Petróleos Mexicanos (Pemex), quienes respondieron que es falso que se vaya a cobrar una cuota adicional por el servicio de luz o por algún concepto relacionado con la petrolera.
“El gobierno anunció que cada mexicano deberá aportar una ‘cuota energética’ mensual para sostener a Pemex”, es como inicia el video desinformante, el cual ya acumula más de 1,300 “me gusta”, rebasa las 68,000 reproducciones y exhibe comentarios de usuarios como “la presidenta no tiene derecho de tomar lo de los mexicanos”.
Ciudadanos no pagarán cuota extra para financiar a Pemex
Nos comunicamos primero con la CFE y nos indicó que es falso que se vaya a implementar un pago extra en los recibos de luz.
“No es verdad que se vaya a realizar ningún cobro adicional a los usuarios, lo único que se cobra es por la energía eléctrica que cada hogar consume”, destaca CFE.
Posteriormente contactamos a Pemex, paraestatal que también desmintió lo dicho en la secuencia y mencionó que no hay un “plan de rescate” que incluya que los ciudadanos tengan que hacer una aportación mensual.
Al realizar una búsqueda en Google sobre los más recientes comunicados del gobierno federal sobre algún plan de rescate para Pemex, encontramos que el 5 de agosto se presentó el “Plan Estratégico 2025-2035: Avanza rescate de Pemex, empresa del pueblo de México”, el cual consta de 13 acciones sustanciales. Sin embargo, en ninguna se menciona que los mexicanos deberán de pagar una cuota mensual extra en sus recibos de luz.
Durante la conferencia mañanera del 5 de agosto, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que este plan tiene el objetivo de disminuir la deuda de la petrolera. Una de las principales acciones es producir 1 millón 800,000 barriles diarios de petróleo, así como incrementar la producción petroquímica y de gas.
Las acciones que anunció la presidenta son:
- Consolidar la producción de crudo, exportar los excedentes y reponer reservas.
- Ampliar la producción de gas natural aprovechando recursos del sur y del norte del país.
- Aumentar la producción de gasolinas, diésel, turbosina y otros refinados.
- Ampliar la oferta de petroquímicos y fertilizantes.
- Ampliar la red de gasoductos con la construcción de tres nuevos que se conecten a algunos Polos de Bienestar.
- Servicios logísticos a terceros, aprovechando la flota menor de Pemex.
- Construir plantas de cogeneración en Tula, Salina Cruz, Cangrejera y Nuevo Pemex.
- Mejorar la comercialización de productos.
- Comercializar energéticos distintos a los hidrocarburos, como energía solar, eólica, geotermia e hidrógeno y biocombustibles.
- Producción de litio a partir de salmueras petroleras.
- Reducción de emisiones de gas de efecto invernadero en 14 % y brindar mayor ayuda a las comunidades.
- Reducción de gasto administrativo.
- Fortalecer la posición financiera.
Pemex acumula una deuda que, en el primer semestre de 2025, superó los 100,000 millones de dólares a causa de una baja producción y costos descontrolados en refinación, entre otros factores.
En conclusión, es falso que el gobierno federal haya anunciado que se cobrará una “cuota energética” mensual para rescatar a Pemex como extra en el recibo de luz.CFE y Pemex confirmaron que se trata de información falsa, en tanto, el gobierno anunció un “plan de rescate” de 13 acciones, pero ninguna incluye una aportación directa de los mexicanos.
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y entérate todos los días de la desinformación que circula en redes sociales, en el discurso político y en la vida cotidiana.
Relacionado
La sentencia contra la médica ha sido criticada por organismos como la CIDH, que la consideran una prueba de la intención de las autoridades de silenciar las voces críticas.
30 años de cárcel. La pena máxima de cárcel que la legislación venezolana reserva para delitos como homicidio, secuestro y violación le fue impuesta a Marggie Xiomara Orozco Tapias, una médica de 65 años.
Sin embargo, la profesional de la salud no mató ni secuestró a nadie. Su delito fue que, en medio del fragor de la campaña para las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, envió un mensaje de audio por WhatsApp a un grupo de vecinos de la localidad de San Juan de Colón, en el estado andino de Táchira (fronterizo con Colombia), en el que llamaba a votar en contra de Nicolás Maduro y lo responsabilizaba de la crisis económica que atraviesa el país.
Ocho días después de los comicios, que según el Consejo Nacional Electoral (CNE) ganó Maduro aunque hasta ahora no ha presentado pruebas que respalden dicha declaración, la policía arrestó a Orozco.
“Unos policías llegaron en la noche del 5 de agosto a la casa y le dijeron a mi mamá: ‘Acompáñenos’. Ella no quería ir, pero los policías le dijeron que no estaba detenida, sino que la querían entrevistar y por eso los acompañó. Pasamos tres días sin saber de ella”, le contó a BBC Mundo el hijo de la doctora, Paul Ruiz.
La grabación de la doctora llegó a manos de unos simpatizantes del gobierno, quienes la denunciaron ante la Fiscalía tras amenazarla con retirarle beneficios como la caja de alimentos o la bombona de gas para cocinar subsidiados.
El caso de Orozco es el último de una serie de procesos judiciales contra ciudadanos que ejercieron su derecho a la libertad de expresión a través de las redes sociales. Un derecho que las autoridades venezolanas advierten que “no es absoluto”.
La excusa para la invasión
“Esos llamamientos ponen en riesgo la paz de Venezuela y son la razón por la cual el gobierno de Estados Unidos nos quiere invadir”.
Esto habría dicho la jueza Luz Dary Moreno Acosta al condenar, el pasado 16 de noviembre, a Orozco por la comisión de los delitos de traición a la patria, conspiración e incitación al odio, relató el hijo de la médica.
¿Pero qué dijo la doctora para ser condenada a la pena máxima? “Ella le pidió a la comunidad que saliera a votar (contra Maduro) y (que los vecinos) dejaran la sinvergüenzura de apoyar al gobierno, mientras sus hijos están fuera trabajando y el país se está cayendo a pedazos”, narró Ruiz.
El hijo de la doctora admitió que el mensaje era “subido de tono” , pero negó que su madre cometiera un delito.
“Ella no salió a las calles a tirar piedras o quemar cauchos (neumáticos). Ni tampoco pidió una invasión extranjera”, aseguró.
En las últimas semanas, EE.UU. ha reunido en las aguas del Caribe una flota de naves de guerra -entre las que está su portaaviones más moderno y grande, el USS Gerald R. Ford-, con el propósito declarado de combatir el narcotráfico.
Sin embargo, desde Caracas sostienen que este despliegue militar en realidad persigue “un cambio de régimen” en Venezuela.
“Así como usted sufre, las personas que están en el Gobierno también sufren”, le dijo la jueza a Orozco, de acuerdo con el relato del hijo, quien dijo que obtuvo los detalles de unos abogados que estuvieron presentes cuando la titular del Tribunal 4 de Juicio de Táchira leyó su veredicto.
Aunque el fallo no ha sido publicado, desde la Fiscalía venezolana confirmaron a BBC Mundo que se produjo, pero rechazaron las peticiones para que hicieran comentarios sobre el mismo.
Ni siquiera el hecho de que Orozco sufriera un infarto durante el año que ha permanecido detenida sirvió de atenuante para la justicia.
En marzo pasado, la jueza Moreno rechazó permitirle a la doctora seguir el juicio en libertad condicional, por considerar que “existe peligro de fuga” y porque “pudiera influir en los testigos para que informen falsamente al tribunal, y ponga en peligro la verdad de los hechos y la realización de la justicia”.
El dictamen se produjo semanas después de que el ministro del Interior, Diosdado Cabello, advirtiera que “buscarían” a todo aquel que respaldara una invasión.
“Si alguien decide pedir invasiones contra nuestro país, inmediatamente está asumiendo que se autoexcluye de sus obligaciones como venezolano, y el Estado se reserva las acciones que tenga a bien ejercer”, alertó semanas atrás.
Cuidado con lo que dices
Otras personas que escucharon el audio de Orozco aseguraron a BBC Mundo que “era una grabación de 17 minutos bastante agresiva en algunas partes”. Esto, explicaría porque a la doctora le aplicaron el artículo 20 de la polémica Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, según los registros judiciales.
“Quien públicamente o mediante cualquier medio apto para su difusión pública fomente, promueva o incite al odio, la discriminación o la violencia contra una persona o conjunto de personas, en razón de su pertenencia real o presunta a determinado grupo social, étnico, religioso, político, de orientación sexual, de identidad de género, de expresión de género o cualquier otro motivo discriminatorio será sancionado con prisión de diez a veinte años, sin perjuicio de la responsabilidad civil y disciplinaria por los daños causados”, establece la norma.
La vaguedad y amplitud de la disposición le ha valido la crítica de organismos internacionales de derechos humanos, los cuales sostienen que puede ser empleado para silenciar a las voces críticas.
Entre 2021 y 2023, al menos 22 venezolanos fueron detenidos por ejercer la libertad de expresión. Varias de las aprehensiones están vinculadas a contenidos difundidos en plataformas digitales, reportó la organización Espacio Público.
Antes de que se conociera la condena contra Orozco se produjeron otros dos fallos similares. El primero fue el de Marcos Palma, de 50 años, quien fue sentenciado a 15 años de cárcel por un audio que envió a un grupo de WhatsApp en el que se quejaba porque no le entregaron la bombona de gas que pagó e invitaba a sus vecinos a una protesta.
Semanas después, Randal Telles, una estudiante de enfermería de 22 años del llanero estado Barinas, fue condenada también a 15 años de prisión por un video de TikTok en el que criticaba a Maduro y a Cabello. No obstante, su familia sostiene que la grabación no fue hecha por Telles sino que es un montaje realizado con inteligencia artificial.
Estos casos explican porque muchos en el país han optado por evitar discutir sobre determinados temas a través de plataformas digitales o constantemente borran los historiales de sus teléfonos.
En 2017, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, admitió que la polémica legislación contra el odio tenía “un carácter preventivo educativo y disuasivo”.
“La libertad de expresión no es un derecho absoluto, tiene límites. Y en Venezuela hay una legislación que lo regula”, advirtió un funcionario judicial en ejercicio bajo condición del anonimato.
Sin sustento
La condena contra la médica ha sido criticada tanto dentro como fuera del país.
“Este caso evidencia que la falta de independencia del sistema de justicia venezolano está profundamente arraigada y que continúa funcionando como parte del aparato represivo del Estado”, denunció a BBC Mundo la relatora para Venezuela de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Gloria De Mees.
Tras afirmar que la Ley contra el Odio “restringe severamente el derecho a la libertad de expresión en Venezuela y genera un fuerte efecto inhibidor, incompatible con una sociedad democrática”, De Mees aseguró a BBC Mundo que “la aplicación de esta ley en casos como el descrito confirma el clima de miedo y autocensura” reinante en el país y “desalienta cualquier forma de disidencia, incluso más allá de las fronteras de Venezuela”.
Por su parte, juristas venezolanos han puesto en duda el fundamento jurídico de la sentencia contra la doctora Orozco.
“Para que se dé el delito de incitación al odio el mensaje ha debido provocar una expresión de odio por parte de un individuo contra otro. ¿A quién incitó ella? La doctora lo que hizo fue expresar su propio sufrimiento”, explicó a BBC Mundo el penalista Zair Mundaray.
Tampoco consideró correcto la aplicación de los delitos de traición y conspiración.
“La conspiración implica intentar modificar la forma republicana, pero ¿qué acción concreta llevó a cabo la doctora para acabar con la democracia y las instituciones? Y el delito de traición habla de unirse con naciones o enemigos extranjeros, pero aquí no se ha informado que ella se haya aliado con nadie”, agregó.
“Con este tipo de sentencias el gobierno quiere quitarnos el derecho a pataleo (protesta), afirmó el hijo de la condenada, quien reiteró que su mamá jamás ha participado en actividades políticas de ninguna naturaleza.
Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.
Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.
Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.
- “Sin duda, Trump quiere derrocar nuestro gobierno”: Tarek William Saab en entrevista con la BBC
- “Desde que lo detuvieron mi hermano ha perdido unos 60 kilos”: las denuncias de los familiares de los arrestados en Venezuela tras las elecciones de hace 3 meses
- Buques de guerra, aviones de combate y la CIA: ¿cuál es el objetivo final de Trump en Venezuela?
