
Irma Patricia Pérez Páez lleva 12 años gritando su dolor por la desaparición de su hijo Porfirio Adrián Galván Pérez. Lo volvió a hacer un año más —junto a otros cientos de madres buscadoras— este viernes 10 de mayo en las calles de la Ciudad de México.
Al grito de “el 10 de mayo no es de fiesta, es de lucha y de protesta”, las mamás de todo el país comenzaron a concentrarse en el Monumento a la Madre pasadas las 9 de la mañana, a donde ella también llegó para reclamar la inacción de las autoridades del Estado de México, tras la desaparición del joven en Ixtapaluca.
Leer: Desaparecer dos veces: estos son 10 mil nombres que el censo borró de lista oficial de desaparecidos
Desde ese momento, los grupos de madres les recordaron a todas las demás, en su día, que si su hijo desapareciera, también les dolería y también lo buscarían. La unificación nacional de colectivos y el reclamo a un presidente que —acusaron— se va sin cumplir fueron dos de los puntos centrales de su pronunciamiento en el Zócalo capitalino.
“Usted ya se va, y se va sin resolvernos, se va sin atendernos, se va sin escucharnos”, reprochó María Herrera, madre de cuatro hijos desaparecidos –dos en Guerrero y dos en Veracruz–, al presidente Andrés Manuel López Obrador frente a un Palacio Nacional que las recibió con vallas y elementos de seguridad desde su llegada.
“Usted prometió (@lopezobrador_) que las cosas serían diferentes y ahora quiere cambiar la cifras”, dice una madre buscadora frente a Palacio Nacional.
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Ahí en la plancha de la capital se concentraron todas las deudas de la administración actual, a unos meses de que termine, con las madres que buscan a sus hijos desaparecidos: un censo paralelo que redujo las cifras sin justificación, el nombramiento de Teresa Guadalupe Sahagún Reyes, sin experiencia, al frente de la Comisión Nacional de Búsqueda; la crisis forense, las fallas de las fiscalías, la indolencia de todo tipo de autoridades.

“Nosotras, sí que sí, le traemos otros datos. Esta es la realidad que vivimos las madres mexicanas. No tenemos este día, como las demás madres, para celebrar, nosotras no tenemos nada que celebrar, y usted reconozca que nos falló, no nos ha cumplido. Exigimos nos ayuden a buscar a nuestros hijos, quien quede en el gobierno, no nos interesa quién; lo que sí queremos es exigir nuestros derechos, y exigir los derechos de nuestros hijos”, agregó Herrera.
Irma Patricia forma parte de esos otros datos. Mientras esperaba la salida de la Marcha de la Dignidad Nacional Madres buscando a sus Hijas, Hijos, Verdad y Justicia en el Monumento a la Madre –que este año, por primera vez, se encaminó al Zócalo capitalino en lugar de al Ángel de la Independencia–, narró cómo al buscarlo recientemente en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, se dio cuenta que lo borraron, desapareciéndolo por segunda vez.
Las autoridades no la han ayudado, al MP lo cambian con frecuencia, las administraciones cambian y la búsqueda solo sigue desgastándola. “Más que nada yo quiero justicia y saber en dónde está mi hijo, qué pasó con él… Ahora con eso de que ya desaparecieron por segunda vez a mi hijo, cuándo lo voy a encontrar. Lo desaparecieron ahora que el presidente dijo la suma de desaparecidos”, añadió.

Irma Patricia se refiere al Programa nacional de búsqueda generalizada, conocida como “nuevo censo”, que instruyó López Obrador y con el que el Gobierno de México incumplió diversas disposiciones previstas en la ley, luego de que el 31 de julio del año pasado el presidente dijera que la cifra de desaparecidos en realidad era menor a la oficial y ordenara a los servidores de la nación realizar un censo “casa por casa”.
Pasadas las 10 de la mañana, los primeros contingentes salieron hacia Reforma y tras un breve titubeo por el cambio de ruta, tomaron la dirección hacia el centro con las consignas “La gente se pregunta, ¿y esas quiénes son? Somos buscadoras y buscamos por amor”; “Dónde están, dónde están, nuestros hijos dónde están”; “Hijo, escucha, tu madre está en la lucha” y “Únete, únete, que tu hijo puede ser”.
A gritos, las madres también recordaban que “¡Jalisco es una fosa!, ¡Guerrero es una fosa!, ¡Tamaulipas es una fosa!”. Una de las pancartas lanzaba una agridulce felicitación: “Feliz 10 de mayo a todas las mamás que tienen a sus hijos completos porque a mi mamá le falta uno”.
De fondo, se escuchaba una interpretación de la canción La Llorona, entre música producida por diversos instrumentos de batucada. “Este dolor se canta, Llorona, cuando llorar no se puede”, era la estrofa que seguía al pase de lista que sostenía el contingente previo, que tras cada nombre, consignaba: “Presente, ahora y siempre”.

La honra era también para las madres que han sido asesinadas durante y por su labor de búsqueda, que desde el jueves por la noche fueron recordadas en el Monumento a la Madre: más de 20 desde 2010.
Rosa Laura Martínez Guerrero es una de las tantas mujeres que marcharon para que el eco de su voz se replique. Vino de Ciudad Valle, San Luis Potosí, y pertenece al colectivo de Voz y Dignidad por Nuestros Desaparecidos.
“Yo busco a mi esposo desaparecido el 17 de marzo del 2010; él viajaba en un autobús de la empresa Pirasol junto con 27 personas más y dos choferes. Ellos desaparecieron en Valadeces, Tamaulipas. Desde hace 14 años continuamos en la búsqueda”.
🗣️Rosa Laura Martínez Guerrero de San Luis Potosí, busca a su esposo desde el 17 de marzo de 2010. Él viajaba en un autobús junto con otras 27 personas.
“Ellos desaparecieron en Tamaulipas”. Martínez Guerrero comenta que hoy 10 de mayo marcha para denunciar que continúa la… pic.twitter.com/YtQL0uBgWY
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Al igual que las otras madres, Rosa Laura portó el rostro de su esposo en su playera. También cargaba una cartulina, la misma que la ha acompañado en estos años de búsqueda en campo y en las Fiscalías.
Ella acudió a marchar con el colectivo al que pertenece para mandar un mensaje a Palacio Nacional de que las madres buscadoras de diferentes estados están unidas, provienen de lugares donde ha aumentado la violencia y con ella, las desapariciones.
“Aparte, hay más de 52 mil cuerpos en los Semefos que no han sido identificados. Exigimos también que se reconozca que las cifras de desaparecidos existen y que no son las que el gobierno dice. Aquí está la prueba, somos miles de personas que seguimos en esta lucha porque no los hemos encontrado”.

Al llegar al Zócalo de la Ciudad de México, entre las madres que corrieron frente a las vallas que bordeaban el Palacio Nacional para colocar sus mantas, una reclamó al Presidente por cambiar las cifras de personas desaparecidas:
“Sólo queremos saber dónde están nuestros hijos. No venimos a hacer desastre. Señor presidente, nos abrió las puertas del Palacio y nos las cerró, jamás nos volvió a recibir y usted prometió que las cosas iban a ser diferentes y ahora quiere cambiar las cifras y desaparecer a los desaparecidos. Nos es justo, queremos saber dónde están nuestros hijos, nuestras hijas”, dijo una mamá.
A unos pasos estaba Ana Luisa Romo Díaz, quien busca a su hijo, Noé Antonio Méndez Romo, desaparecido el 27 de junio del 2010 en Torreón, Coahuila: “Les digo que este es nuestro 10 de mayo, peleando para que se hagan investigaciones para el regreso de nuestros hijos, buscando nuestro 10 de mayo con pala con pico entre piedras, en montes y pues aquí haciendo esta marcha del 10 de mayo como decimos 10 de mayo, no es de fiesta. Nosotros no tenemos un 10 de mayo que festejar; este es nuestro festejo, buscar a nuestros hijos desaparecidos”.
“Somos parte de una historia de largo aliento; solo hay ojos que no nos han querido ver”, recordaron las madres buscadoras en el Zócalo capitalino, después de enfrentarse a las puertas resguardadas de Palacio Nacional para reclamar “Dónde están, dónde están, nuestros hijos dónde están”.
Unos momentos antes, se habían enfrentado a un Zócalo que les cerraba el paso por las obras de peatonalización. Cuando ya venían por 5 de mayo, tuvieron que virar sobre Palma para después continuar por Venustiano Carranza y encontrar el mismo impedimento en 20 de noviembre. Pero para quienes buscan a sus hijos con sus propias manos, no hay obstáculos: retiraron las vallas y se limitaron a decir a los elementos de seguridad: “Vamos a entrar por aquí, con permiso”.
Luego de parar brevemente en el asta, se dirigieron a Palacio Nacional para intentar, otra vez, lo que les ha sido negado durante tantos años: un diálogo que quedó de nuevo sin respuesta. Pronto, las mantas con fichas de búsqueda comenzaron a llenar la plancha y las madres tomaron el micrófono para dejar salir la rabia y la indignación, pero también la lucha que no termina.
🗣️“Lamentablemente el Estado mexicano lejos de apostarle a fortalecer a las instituciones para la búsqueda de nuestros familiares, se ha empeñado en desmantelarlas. Vemos con tristeza cómo el gobierno cada día se niega a escuchar la voz de las familias y termina atropellando la… pic.twitter.com/LtAKqdhzsT
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Recordaron que el pasado 21 de marzo más de 300 familias de personas desaparecidas anunciaron el inicio de un proceso de unificación familiar, como respuesta a la profundización en el país, durante los últimos 17 años, de la problemática en materia de personas desaparecidas. “Les incomodamos y se dan cuenta que persistimos en nuestra búsqueda incansable por encontrar a nuestras hijas e hijos que fueron desaparecidos”, se escuchó en el micrófono.
“Hoy queremos recordar a todas las madres que desde la década de los 60 han luchado por la búsqueda y localización de sus hijos e hijas desaparecidos”, dijeron en memoria de quienes han sido asesinadas. Apenas en 2024, Lorenza Cano Flores, Angelita Almeras León y Noé Sandoval Adame.

Lamentaron ver con tristeza cómo el gobierno cada día se niega a escuchar la voz de las familias y termina atropellando la búsqueda. Sin embargo, advirtieron que, a pesar del Estado, seguirán en la búsqueda con sus propias manos, guiadas por sus corazones. Igualmente, reiteraron su llamado a las familias que aún no son parte del proceso de unificación y subrayaron que no hay una única persona que represente a todos los colectivos.
“Reiteramos a los partidos políticos, y a sus candidatas y candidatos: no somos un botín político. Les exigimos que respeten nuestros procesos y no los manchen con sus disputas electorales. A los gobiernos les exigimos que no quieran evadir sus responsabilidades con mentiras y politiquerías, pues están en el puesto por decisión propia, a diferencia de nosotras”, subrayaron luego de que ayer el Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos difundiera una carta abierta a los partidos políticos con un mensaje similar.
Abrazaron desde la plaza capitalina a las madres migrantes de Centroamérica que buscan a sus hijos en nuestro país, porque “este dolor atraviesa fronteras”, así como al campamento por la libertad de Palestina que sostienen estudiantes y académicos en Las Islas de Ciudad Universitaria. Al Estado mexicano le exigieron la búsqueda y localización inmediata de todas las personas desaparecidas y el cese de esa práctica. Los institutos de ciencias forenses, señalaron, podría mitigar el dolor de miles de familias.
Fue en ese momento cuando subrayaron algunas de las deudas: los obstáculos de la Fiscalía a la consolidación del Banco Nacional de Datos Forenses y no asumir con dignidad su responsabilidad de investigación, así como la imposición de la actual comisionada de búsqueda, Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, que ha desmantelado lo construido. Finalmente, exigieron la destitución del fiscal general, quien –dijeron—se ha convertido en un “procurador de impunidad”. A las fiscalías y comisiones de búsqueda estatales les exigieron mejorar sus procesos y empatía.
Yolanda Morán cerró sosteniendo desde su silla de ruedas las fichas de búsqueda de dos figuras públicas: el presidente Andrés Manuel López Obrador y el fiscal general Alejandro Gertz Manero. Del primero dijo: “No nos recibe, no nos atiende, no le gusta ver a las lloronas y nunca nos ha recibido cuando es su responsabilidad todo el país. Por eso lo ando buscando; si alguien lo ha visto, díganos, porque nunca nos ha querido recibir, se asusta al ver a las víctimas”.

Al señor fiscal, espetó, se le busca también, y “si alguna vez sale de su búnker, díganos para poder encontrarlo y hacerlo responsable por el sueldo que cobra por un trabajo que no hace. No investiga, no identifica, no hacen su trabajo; ambos también están desaparecidos, y desaparecen a nuestros hijos doblemente con su mentado censo, ofensivo para nosotras”.
Por primera vez desde el Zócalo en un 10 de mayo, las voces indignadas de las madres buscadoras volvieron a llenar el vacío de justicia –como lo llamaron durante la velada de la noche anterior— con los motivos que las mantienen persistiendo en su lucha: “¿Por qué les buscamos? Porque les amamos. ¿Hasta cuándo? Hasta encontrarles”.

Hasta 7 naciones o territorios en el Caribe están dando apoyo logístico al ejército estadounidense en su despliegue militar.
La creciente campaña de presión militar del presidente estadounidense Donald Trump sobre Nicolás Maduro en Venezuela cuenta con la oposición de muchos líderes latinoamericanos, pero el apoyo logístico de varias naciones en el Caribe.
En el arco geográfico que va de República Dominicana a Trinidad y Tobago han surgido distintos aliados a la “Operación Lanza del Sur” de Estados Unidos con roles disímiles.
El enorme despliegue de fuerzas militares de la primera potencia del mundo necesita todo tipo de asistencia: pistas de aterrizaje, puntos de abastecimiento, radares en puestos avanzados, maniobras o campamentos para sus soldados. También misiones de reconocimiento o espacio para almacenar equipos.
En agosto de este año, Trump ordenó el envío de tres buques de guerra de la Armada al Caribe Sur para interceptar embarcaciones sospechosas de transportar drogas que salían de Venezuela. Hasta la fecha Estados Unidos realizó más de 20 ataques contra estos botes en aguas internacionales, que causaron la muerte de más de 80 personas.
Desde entonces, el despliegue acumula en aguas de la región al menos 12 buques de guerra, un submarino nuclear, aviones, helicópteros y drones, además dos portaviones: el USS Gerald R. Ford y el Iwo Jima. Se cree que el número de efectivos militares supera ya los 15.000.
“En general, es probable que los aliados en el Caribe proporcionen vigilancia, logística o apoyo de contingencia, siendo la República Dominicana la nación que más explícitamente lo está haciendo”, le dice a BBC Mundo Evan Ellis, profesor e investigador de estudios latinoamericanos en el Instituto de Estudios Estratégicos de la Escuela de Guerra del Ejército de Estados Unidos.
“Pero todos evitarán ser puntos de lanzamiento de ataques ofensivos, a menos que las circunstancias cambien”, añade.
Washington asegura que su objetivo es frenar el tráfico de drogas hacia EE.UU., pero tanto Caracas como numerosos observadores creen que lo que se pretende es forzar un cambio de gobierno en Venezuela.
De hecho, la mayor parte del tráfico de drogas que los carteles latinoamericanos envían al norte el pasa por el Océano Pacífico oriental -el 74% de los envíos según la DEA- y no es ahí donde se concentran ahora mismo las operaciones militares.
“El hecho de que la administración Trump presente las operaciones antidroga como un acto de autodefensa nacional marca un giro profundo en la política exterior estadounidense”, afirma Björn Beam, responsable de Investigación Tecnológica y analista geopolítico senior de la firma Arcano Research.
Beam explica que al declarar un “conflicto armado” contra actores no estatales que operan desde territorio venezolano, Washington ha difuminado la frontera entre la lucha contra el terrorismo y el cambio de régimen.
“El resultado es una operación jurídicamente flexible, que podría evolucionar desde ataques limitados en el mar hasta acciones selectivas en tierra, todo ello sin necesidad de contar con la aprobación del Congreso”, añade.
Hasta el momento, además de Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses, República Dominicana y Trinidad y Tobago le han dado acceso a EE.UU. a sus infraestructuras, pero hay más.
Estas son hasta la fecha las islas y territorios que están dando cobertura al ejército estadounidense:
Aruba, Curazao y Bonaire están a 80 kilómetros de Venezuela. Son territorios de ultramar que pertenecen a los Países Bajos y aunque poseen un estatus especial y de autogobierno, su uso para cualquier ataque requeriría, en teoría, autorización del país europeo.
Estados Unidos tiene una base de operaciones avanzada en Curazao y una más pequeña en Aruba. Su misión, según fuentes oficiales, es la detección y monitoreo aéreo de presuntas actividades de narcotráfico aéreo y marítimo.
En sus conversaciones con diplomáticos y altos rangos del ejército, Ellis nota nerviosismo.
“Creo que parte de su preocupación radica en que si Venezuela percibe que apoyan militarmente a Estados Unidos, podría dirigir operaciones contra ellos. Aunque probablemente Maduro no sería tan insensato, hay inquietud ante un posible escenario como este”, dice el experto militar.
Hace tan solo unas semanas, el portal de monitoreo aéreo Flightradar24 documentó la presencia de bombarderos estadounidenses sobrevolando el espacio aéreo entre Aruba y Curazao.
A 11 kilómetros de la costa este venezolana, estas islas son las más cercanas a Venezuela y por lo tanto las más expuestas. Durante mucho tiempo han sido uno de los países más perjudicados por el flujo de migrantes venezolanos y las actividades de diferentes grupos criminales.
El gobierno de Kamala Prisad-Bisisier -que asumió en mayo- ha mostrado posiciones muy proestadounidenses desde el principio. En sus primeros meses al frente del país, se reunió con el jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, para estrechar lazos y favorecer el intercambio de datos de inteligencia militar.
Recientemente el gobierno de Trinidad y Tobago recibió buques de guerra estadounidenses y facilitó entrenamiento de fuerzas especiales de Estados Unidos. Prisad-Bisisier confirmó que infantes de marina estadounidenses operan en el aeropuerto de Tobago, trabajando en una pista, en una carretera y que están instalando y modernizando un radar. Además, varios aviones militares han usado la isla para reabastecerse de combustible.
El gobierno justifica el proyecto como parte de la seguridad nacional y la lucha contra el narcotráfico en sus aguas.
“Han apoyado mucho la operación de las fuerzas estadounidenses y ven con buenos ojos la presencia de infantes de marina en el territorio, pero han dejado muy claro que, a menos que Venezuela los ataque, no se lanzarán operaciones ofensivas estadounidenses desde su territorio. Esa es la línea trazada”, explica Ellis.
Es otro de los países que se ha visto gravemente afectado por el flujo de drogas, el crimen organizado y la migración en la región y es el que más abiertamente ofreció apoyo logístico a la “Operación Lanza del Sur”.
Desde la primera administración de Trump, el gobierno de Luis Abinader siempre ha estado muy alineado con Washington. República Dominicana se beneficia enormemente del turismo que llega desde Estados Unidos y del acceso al mercado estadounidense a través del Tratado de Libre Comercio CAFTA-DR.
“Esta lucha contra el narcotráfico constituye una prioridad para su administración [la de Trump], por tratarse de una amenaza que afecta la estabilidad nacional y regional”, afirmó Abinader.
“Esta lucha es esencial para proteger a nuestras familias y para preservar la estabilidad. Ningún país puede ni debe enfrentarla sin aliados”, añadió.
En medio de la escalada con Venezuela, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, visitó República Dominicana y firmó una serie de acuerdos, que incluían el uso militar de zonas restringidas de la Base Aérea de San Isidro y del Aeropuerto Internacional de Las Américas.
Además, República Dominicana permite el reabastecimiento de combustible a naves estadounidenses, traslado de equipos y de personal técnico a través de su territorio.
“A Abinader le interesa la cooperación de Trump para contener el problema de Haití, pero la estrategia de las autoridades de República Dominicana de posicionarse como un aliado clave de Washington responde a la ambición de tener un papel más importante en los asuntos regionales”, estima el profesor de la Escuela de Guerra del Ejército de Estados Unidos.
“Por ejemplo, recientemente, el país solicitó integrarse como miembro asociado de Caricom, un espacio clave para el comercio y la cooperación de las naciones del Caribe, lo que aumentaría considerablemente su cooperación en temas como el intercambio de información de inteligencia contra el crimen organizado”, dice Ellis.
El apoyo a las operaciones de Estados Unidos se presenta como temporal, técnico y limitado, enfocado en reforzar vigilancia aérea y marítima contra el crimen organizado transnacional.
La distancia entre la isla de Granada y Venezuela es de aproximadamente 145 km en línea recta a través del mar Caribe.
EE.UU. solicitó instalar equipos de radar y personal técnico de forma temporal en el Aeropuerto Internacional Maurice Bishop. Ellis señala que esta solicitud se remonta al mandato de Biden o incluso antes, pero al parecer está siendo efectiva ahora.
“Como parte de la lucha contra el narcotráfico, Granada necesita un radar para su aeropuerto que le dé visibilidad sobre vuelos con posibles cargamentos. El ejército estadounidense estaba de visita, pero no ha trascendido públicamente si era para la instalación o se llevaron a cabo conversaciones técnicas que ayuden a instalarlo”, afirma Ellis.
Washington es uno de los principales socios comerciales de Granada. El país se beneficia de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe (ICC), que otorga entrada libre de aranceles a muchos de sus productos.
Granada y Estados Unidos han firmado varios tratados para facilitar la cooperación policial y el intercambio de información y el ejército de EE.UU. ha proporcionado capacitación y equipo a las fuerzas de seguridad granadinas.
Los dos territorios estadounidenses, que se encuentran aproximadamente a 800 kilómetros de Venezuela, se están utilizando para albergar personal militar y brindar apoyo logístico a las operaciones.
Según una investigación gráfica realizada por la agencia Reuters, la estación naval estadounidense Roosevelt Road -una antigua base de la Guerra Fría clausurada en 2004- se encuentra en proceso de modernización, con la repavimentación y la ampliación de las pistas, en las que ya están operando aeronaves de gran tamaño, como el gigantesco Boeing C-17 Globemaster, usado por las fuerzas estadounidenses para el transporte rápido de tropas y de suministros.
Además, la Administración Federal de Aviación (FAA) anunció una zona de vuelo restringida que afectará el espacio aéreo frente a la costa sureste de Puerto Rico desde el 1 de noviembre de 2025 hasta el 31 de marzo de 2026.
Esto facilitaría las operaciones militares de alta intensidad cerca del Aeropuerto José Aponte de la Torre. Allí han sido desplegados los cazas F-35 de última generación movilizados por el Pentágono y se han visto operaciones de aviones de combate y transporte.
En estas instalaciones se queda la mayor parte del personal terrestre.
También hay registro de aviones militares en el Aeropuerto Henry E. Rohlsen de Islas Vírgenes, que funciona como plataforma operativa y logística para despliegues regionales.
En Saint Croix, la mayor de las Islas Vírgenes estadounidenses, se aloja personal militar adicional en el “Man Camp” de Port Hamilton Refining and Transportation (PHRT).
Y el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) reportó que la Base Naval que Estados Unidos tiene en la Bahía de Guantánamo (Cuba) ha aumentado el número del personal militar estacionado permanentemente.
Todo este progresivo aumento de fuerzas lleva a una pregunta. Si hay una operación de Estados Unidos, ¿cuál es el punto en el que se lanzararía?
“Cualquier operación se lanzaría desde múltiples puntos. Personalmente, creo que podríamos ver ataques terrestres limitados antes de una operación de derribo importante”, cree Ellis.
“Si hubiera ataques terrestres limitados, probablemente provendrían de misiles estadounidenses, tal vez los misiles Tomahawk. Porque Venezuela aún tiene algunas defensas aéreas bajo su control. No son las mejores, pero los sistemas rusos S-300, por ejemplo, representan una amenaza para las aeronaves de Estados Unidos”, añade.
Por eso, cree el experto, no se lanzarían los F-18 de los portaaviones mientras esas defensas aéreas siguieran funcionando.
“Quizás podríamos ver el despliegue militar de algunas Fuerzas de Operaciones Especiales en el terreno, pero si tuviera que adivinar, diría que los ataques iniciales serían con misiles, simplemente porque es la forma más segura de hacerlo”.
“También se podrían lanzar misiles desde submarinos, ya que con un submarino se puede llegar relativamente cerca. Pero si se realizara una operación mayor, probablemente se necesitarían múltiples bases”.
Según el CSIS, las fuerzas estadounidenses comprometidas actualmente son insuficientes para un desembarco anfibio o una invasión terrestre. Esto requeriría al menos 50.000 soldados. “Sin embargo, los recursos aéreos y navales acumulados en los últimos tres meses han proporcionado suficiente potencia de fuego al Caribe para lanzar ataques aéreos y con misiles contra Venezuela”, explican los expertos del think tank.
Mapas por Caroline Souza y diseño de imagen por Daniel Arce, del Equipo de periodismo visual de BBC Mundo
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