Hasta el 31 de enero, de acuerdo con el recuento que los mismos exempleados han hecho, más de 100 personas servidoras públicas de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas han sido despedidas, presionadas para renunciar o rechazada la posibilidad de renovar sus contratos.
Entre ellas, se cuentan 45 personas de la Dirección General de Búsqueda –hoy a cargo de Carlos Alberto Reyes Campos–, que se encargaban de diferentes tareas relacionadas con la búsqueda de poblaciones desaparecidas en contextos específicos como la Guerra Sucia, migrantes, asuntos internacionales, búsqueda generalizada e individualizada y análisis de contexto.
Este bloque incluye a personal forense, jurídico, o bien especializado en ciencias sociales y relaciones internacionales, con el que la CNB ha dejado de contar a partir del nombramiento de Teresa Guadalupe Reyes Sahagún como su titular.
Por otro lado, lo mismo ha pasado con 40 personas asignadas al Centro Nacional de Identificación Humana (CNIH), la mayoría de ellas con perfiles de especialización forense y que tenían la obligación de implementar el enfoque masivo de búsqueda previsto en la Ley General en materia de desaparición.
Entre ellas se encontraban profesionales con experiencia en antropología, arqueología, genética, medicina, dactiloscopia, ciencia forense, psicología y trabajo social.
A las anteriores se suman 11 empleadas de la Dirección General de Vinculación –que se dedicaban al tema de la distribución del subsidio federal que reciben anualmente las comisiones estatales de búsqueda– y ocho de la dirección de administración.
De acuerdo con las personas que han elaborado este conteo, con los despidos, rechazos de recontratación de personal especializado y presiones para renunciar, se han obstruido los procesos de enfoque masivo forense que habían dado resultados positivos, lo que podría implicar un rezago de hasta tres años, así como los de análisis de contexto que requerían de un equipo multidisciplinario.
Además de ello, la CNB había emprendido una búsqueda generalizada en libros de panteones, clasificada como “módulo de fosas comunes”. Este proceso contemplaba una base de datos de panteones que permitía la localización de personas mediante un análisis de trazabilidad.
En tanto, en el área destinada a personas migrantes desaparecidas –tal como lo denunció Ana Enamorado, madre de un joven hondureño desaparecido, este mismo miércoles 31– solo queda una persona encargada, lo que ha paralizado los procesos de colaboración con Centroamérica, Estados Unidos y otras mesas de diálogo en torno al tema.
En cuanto a los lineamientos para distribuir subsidios a las comisiones estatales de búsqueda, tras el recorte del personal, los de este año se elaboraron de manera muy general y está en riesgo la supervisión de su correcta aplicación frente a la época electoral.
Aunado a los procesos que se han obstaculizado, para el término de este mes a por lo menos 12 personas que se dedicaban a la búsqueda generalizada de campo –y tras las protestas en la Secretaría de Gobernación de familiares que acusaron desmantelamiento– les han ofrecido contratos trimestrales, todavía sin firmar, a partir de febrero, ya sin el pago de enero. Además, su contratación estará condicionada a que las comisiones locales de búsqueda les acepten.
Se suman a otros reclamos
El recuento de despidos, presiones y rechazo en la renovación de contratos que los exempleados reportan hasta el 31 de enero se suma a otras denuncias que ya se habían hecho públicas. Familiares que han protestado dos veces a las afueras de la Secretaría de Gobernación por los resultados del “nuevo censo” del presidente Andrés Manuel López Obrador acusaron en ambas ocasiones un desmantelamiento.
Ante esos cuestionamientos, Reyes Sahagún, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda desde octubre de 2023 –tras la renuncia de Karla Quintana en agosto de ese año– ha argumentado que no se trata de despidos, sino que 216 plazas de la dependencia eran de tipo eventual, por lo que están buscando los recursos para poder mantenerlas.
Sin embargo, en una de las reuniones sostenidas con familiares se negó a garantizar que se recontrate al mismo personal que ocupaba esas plazas eventuales, y que ya tenía experiencia. Esto después de que Javier Yankelevich, exdirector de Operaciones de Búsqueda en la CNB, hiciera público en una carta dirigida a las familias que este 31 de enero fue su último día en la comisión.
El ahora exfuncionario señaló a la nueva comisionada nacional de búsqueda como la responsable de una profunda reestructura en la dependencia, mediante la que resolvió prescindir de varios servidores públicos y conservar sólo una pequeña área especializada –con dos plazas– en la búsqueda de las víctimas de la contrainsurgencia.
“A estas se sumaría un investigador comisionado por el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt) desde noviembre de 2023. Es decir, el nivel de recursos humanos disponible para esta misión en 2024 no será muy distinto al que había en 2019, a pesar del decreto de 2021 por el que el Presidente de la República ordena un Plan Especial de Búsqueda”, reclamó entonces Yankelevich.
Antes de la entrada de Reyes Sahagún, a lo largo del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador la plantilla de la CNB había crecido en un 550%.
