Las luchas que se hicieron ley y avanzaron en 2024 para buscar justicia y proteger derechos en México
En 2024 se aprobaron y avanzaron es varios estados leyes que tienen una historia detrás y un nombre propio. Están encaminadas a combatir la impunidad y a proteger los derechos de las mujeres y otras poblaciones vulnerables, como las infancias o las personas de la diversidad sexual.
Algunas leyes son en memoria de Paola Buenrostro, Cecilia Monzón y Montserrat Bendimes; otras, para resignificar la lucha de María Elena Ríos, Olimpia Coral y Diana Luz Vásquez Ruiz, mamá de Sabina, por nombrar a algunas.
De acuerdo con abogadas, activistas e impulsoras de las iniciativas, estas leyes con nombre propio son el inicio de acciones necesarias para verbalizar violencias, acceder a la justicia, proteger derechos y que los agresores sean sancionados ante un sistema que en la mayoría de los casos los deja impunes.
“Ahora las leyes se verbalizan con un nombre, que lástima que tuvieron que bautizarse con un nombre porque a una mujer le pasó algo”, dice una de las impulsoras.
Las activistas consideran que la implementación de las leyes es un gran logro; sin embargo, aún se enfrentan retos como mejorar los protocolos de investigación y la capacitación del personal de Ministerios Públicos para que no revictimicen a las denunciantes y su verdadera implementación.
A continuación, te presentamos algunas leyes con nombre propio que avanzaron en 2024 en los estados.
Ley Melanie
Aunque la Ley Melanie aún no está aprobada es una de las iniciativas presentadas a finales del año ante el Congreso de Tamaulipas que busca incluir la violencia en el noviazgo como un delito específico en el Código Penal estatal, con penas claras contra los agresores y que contemple protocolos de atención psicológica y legal para quienes hayan sufrido violencia de género en una relación.
La propuesta de esta iniciativa surgió a partir del caso de Melanie Barragán.
El pasado 31 de octubre, en medio de una fiesta de Halloween, Christian golpeó a Melanie provocándole fracturas en el rostro. Debido a la gravedad de las lesiones estuvo a punto de perder un ojo.
La propuesta del diputado de Morena, Francisco Cruz Martínez, señala que la violencia en el noviazgo debe recibir sanciones de uno a cinco años de prisión, entendiéndose este delito como un “acto abusivo de poder u omisión intencional, dirigido a dominar, someter, controlar o agredir a las mujeres de cualquier edad, mediante la realización de uno o varios tipos de violencia y/o maltrato, durante o después de una relación de noviazgo, afectiva, de hecho o sexual”.
Se espera que a inicios del 2025 la propuesta sea discutida.
Ley Paola Buenrostro
Tres años después de ser presentada en el Congreso de la Ciudad de México, en julio finalmente se aprobó la Ley Paola Buenrostro, que tipifica los transfeminicidios y castiga este delito con una pena de 35 a 70 años de cárcel.
Recibe su nombre en memoria de la trabajadora sexual que fue asesinada en septiembre de 2016; su aprobación es histórica ya que se trató del primero caso en CDMX que se investigó como transfeminicidio.
Tras el crimen, el presunto asesino de Paola fue detenido; sin embargo, 48 horas después quedó libre. Hasta la fecha sigue prófugo de la justicia.
La Ley Paola Buenrostro modifica el Código Civil, el Código Penal, la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia y la Ley de Víctimas de la capital.
Al Código Penal local agrega un capítulo en materia de transfeminicidio, donde se establezca que comete este delito quien prive de la vida a una mujer trans por razón de identidad o expresión de género.
Hace énfasis en la urgencia de que las autoridades e instituciones se capaciten en la atención bajo los principios de no discriminación y perspectiva de género.
Además, establece el concepto de familia social en el Código Civil. De esta manera, cuando la familia consanguínea de la víctima pretenda vulnerar su identidad de género en el acta de defunción, podrá ser su familia social quien la tramite a fin de respetar la forma en que se identificaba.
También señala que la Fiscalía de CDMX debe generar datos estadísticos trimestrales sobre delitos contra personas LGBTI+.
Esta ley es producto de la búsqueda de justicia por parte de activistas como Kenya Cuevas, mejor amiga de Paola y directora de la Casa de las Muñecas Tiresias A. C, quien busca replicar la reforma a nivel federal.
Ley Montse
La Ley Monse fue propuesta en el 2022 y el primer estado en aprobarla fue Morelos; este 2024 tuvo luz verde en el Congreso de CDMX y Oaxaca.
Esta ley lleva ese nombre por el caso de Montserrat Bendimes Roldán, una joven veracruzana de 20 años, estudiante de ingeniería que fue asesinada a golpes por su pareja Marlon Botas, el 17 de abril de 2021. La joven tuvo un traumatismo craneoencefálico que le causó muerte.
Marlon escapó con ayuda de sus padres, quienes dejaron a la joven en la entrada de un hospital, pero no avisaron a su familia lo que ocurrió ni llamaron a una ambulancia o a las autoridades.
Los padres de Marlon fueron detenidos en mayo de 2021 en la Ciudad de México por el delito de encubrimiento, aunque posteriormente el juez determinó que no estuvieron relacionados con el feminicidio, por lo que solo se les consideró como responsables de “omisión de auxilio”.
La Ley Monse impulsó cambios legislativos para garantizar que las víctimas tengan acceso a la justicia y evitar que se repitan casos en los que la familia o amigos se conviertan en cómplices.
Con las reformas al Código Penal se eliminan las excusas absolutorias que permitían a familiares o amigos evadir responsabilidades penales por encubrir a delincuentes. En Morelos, las penas van de 26 a 40 años; en CDMX de 2 a 8 años, con multas que pueden llegar a los 200 mil pesos, y en Oaxaca cárcel hasta por dos años.
En Veracruz, estado de donde era Montse y ocurrió el feminicidio, la iniciativa de reforma no fue aprobada.
Ley Sabina
La Ley Sabina es una reforma que fue impulsada por la activista oaxaqueña Diana Luz Vásquez Ruiz, no lleva su nombre, pero sí el de su hija Sabina, por quien comenzó una lucha para que el padre de la pequeña afrontara sus responsabilidades y pagara una pensión alimenticia.
Diana pasó más de cuatro años en tribunales sin una respuesta a su favor, ante la impotencia, en 2021 decidió hacer público el rostro de su expareja y deudor alimentario.
Desde entonces, otras mujeres se han unido al reclamo y han recorrido el país llevando sus “tendederos de deudores” para exhibir la forma en la que actúan algunos padres para evadir su responsabilidad.
¿Qué hacen? Falsean la dirección de su residencia, cambian de trabajo, alteran sus ingresos, traspasan sus bienes para declararse insolventes y no van a las audiencias.
Bajo las premisas: “No es normal que deudores alimentarios sigan impunes y no sepamos quiénes son”, “No es normal revictimizar a las madres”, “No es normal que jueces encubran a los padres irresponsables”, su trabajo como activista abrió el camino para abrir un registro de deudores alimentarios público en el estado y se estableciera un certificado de no adeudo de pensión como requisito para acceder a contratos públicos o créditos financieros.
A raíz de ellos, Diana planteó crear la Ley Sabina, la cual obliga a los deudores alimentarios a que cumplan con sus obligaciones.
En marzo de 2023, el Congreso del país aprobó la creación del Registro Nacional de Deudores Alimentarios como parte de la iniciativa de la Ley Sabina, el cual documentará los nombres y apellidos de hombres que se niegan a pagar la pensión alimenticia a sus hijos. Se reformó el artículo 103 de la Ley General de las Niñas, Niños y Adolescentes para garantizar sus derechos.
Este registro evitará que los deudores puedan salir del país, tramitar documentos oficiales como licencias de manejo, comprar inmuebles, solicitar matrimonio y ocupar cargos populares.
De acuerdo con la reforma, el registro de un deudor moroso se llevará a cabo luego de que así lo solicite un juez o la autoridad responsable del fuero local.
Este 2024 los Congresos locales de Baja California, Puebla y de Ciudad de México aprobaron la Ley Sabina.
Previamente, el Estado de México, Hidalgo, Morelos, Michoacán, Chiapas y Guanajuato aprobaron reformas a sus código penales y civiles para sancionar con penas de seis meses a tres años de prisión a los deudores alimenticios, aunque no todos los estados contemplan un padrón de deudores.
Ley Malena
La llamada Ley Malena ha sido aprobada en 13 estados y se espera su próxima discusión en tres más para 2025. Esta ley se verbalizó por lo que le ocurrió a la saxofonista oaxaqueña María Elena Ríos, quien sufrió un intento de feminicidio cuando le arrojaron ácido en 2019.
El objetivo de esta ley es reformar la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y el Código Penal para considerar la violencia ácida como tentativa de feminicidio y mayores penas para los agresores, que van de los 25 a los 40 años de prisión.
Con estos cambios legislativos no sólo se contemplan los ataques con ácido, sino también otros agentes químicos como cloro, gasolina, aceite caliente, alcohol, fertilizantes y otras sustancias corrosivas o inflamables.
La ley también obliga a las autoridades de Salud a reportar ante el Ministerio Público estas agresiones y contar con un registro oficial sobre los ataques con ácidos u otras sustancias.
La falta de tipificación de los ataques con ácido impide que las mujeres sobrevivientes obtengan justicia y reparación del daño, y que los agresores sean sancionados.
Este año la Ley Malena se aprobó en CDMX, Nayarit, Veracruz, Quintana Roo, Guerrero, Baja California, Colima y Puebla. En 2023 lo hicieron Oaxaca, Campeche, Hidalgo, Nuevo León y Sinaloa.
En Morelos, Baja California Sur, Durango y Zacatecas se espera que a inicios del 2025 se discuta y vote la iniciativa de reforma.
Para Elena Ríos, que una ley en México lleve su nombre es a su vez, “un pedazo de justicia”, aunque también considera que ninguna ley de esta índole tendría que ser necesaria.
“Ahora las leyes se verbalizan con un nombre, que lástima que tuvieron que bautizarse con un nombre porque a una mujer le pasó un intento de feminicidio con ácido. Es una forma de socializar una violencia, de visibilizarla”, dice.
Ley Monzón
La Ley Monzón, que recibe su nombre por la activista y abogada, Cecilia Monzón Pérez, propone quitar la patria potestad de los hijos cuando el padre incurra en tentativa o feminicidio de la madre.
Además, contempla penas de hasta ocho años de cárcel a los funcionarios que sean omisos o entorpezcan la investigación, así como 10 años de inhabilitación.
Cecilia fue asesinada a balazos en Puebla en mayo de 2022; su expareja Javier López Zavala, expolítico del PRI, y padre de su hijo, fue identificado por la Fiscalía como el presunto autor intelectual del crimen.
Puebla se convirtió en el primer estado de la República en promulgar una ley de este tipo que suspende la patria potestad a posibles feminicidas y la retira si se confirma la condena.
En 2024 la Ley Monzón tuvo “luz verde” en Quintana Roo, Oaxaca, Tlaxcala, Tabasco, y Morelos
Un año antes se aprobó en Colima, Sinaloa, CDMX, Nayarit, Guerrero y Edomex.
Desde diciembre del año pasado, el pleno del Senado de la República aprobó un dictamen para urgir a los congresos locales a armonizar su legislación en materia de guarda, custodia y pérdida de la patria potestad en caso de feminicidio.
Concretamente, a las entidades a las que se les hizo el llamado y aún no aprueban la Ley Monzón son: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Chihuahua, Chiapas, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.
Ley Olimpia
Una de las leyes que cobró gran relevancia este año fue la Ley Olimpia, un conjunto de reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al Código Penal Federal que buscan reconocer la violencia digital y sancionar los delitos que violen la intimidad sexual de las personas a través de medios digitales, también conocida como ciberviolencia.
Se llama así por la lucha de la activista Olimpia Corral Melo quien, después de ser víctima de la difusión de un video íntimo sin su consentimiento, se ha dedicado a promover proyectos que regulen la violencia digital en los congresos estatales.
Ahora con el uso de la inteligencia artificial y tras la absolución de Diego N, acusado de alterar y comercializar sin consentimiento las fotografías de estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN), algunas diputadas han planteado una reforma que especifique el uso de la inteligencia artificial en el delito contra la intimidad sexual.
Actualmente el artículo 181 quintus establece que comete el delito contra la intimidad sexual quien videograbe, audiograbe, fotografíe, filme o elabore, imágenes, audios o videos reales o simulados de contenido sexual íntimo sin consentimiento o mediante engaño. Lo mismo para quien exponga, distribuya, difunda, exhiba, reproduzca, transmita, comercialice, oferte, intercambie y comparta estos contenidos, pero deja de lado el almacenamiento.
La iniciativa que se planea que se discuta en 2025 busca armonizarse con los avances logrados con la Ley Olimpia, aprobada en 28 estados, en donde no se aborda el uso de la inteligencia artificial.
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Continúa la investigación sobre la desaparición de cuatro niños de entre 11 y 15 años, mientras existen dificultades para identificar los cuerpos encontrados en un río junto a una base militar.
Los familiares de los cuatro menores desaparecidos el 8 de diciembre en el sur de Guayaquil están a la espera de que se identifiquen los cuatro cuerpos que aparecieron en un río cercano a la base aérea de Taura.
“Los cuerpos estaban incinerados, irreconocibles”, le dijo a BBC Mundo Fernando Bastías, abogado del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH).
Eso hizo que el procedimiento de identificación de los cadáveres sea más complejo. “Estaban en un estado de descomposición”, explicó.
Las familias acudieron el miércoles a la morgue de Guayaquil, pero tuvieron que regresar a sus casas con más preguntas que respuestas.
No había manera de hacer un reconocimiento visual de los restos, ni de tomar las huellas dactilares para compararlas con las de los menores.
Ahora los médicos forenses intentan avanzar en una segunda etapa del procedimiento que les permita hacer un reconocimiento antropológico, cuyos resultados serán entregados a las familias el próximo lunes.
Si no es posible identificar los restos, un escenario altamente probable en este caso, solo quedaría esperar a los resultados de las pruebas de ADN que pueden demorar hasta 40 días.
Serán días de agonía para los padres de Steven Medina, de 11 años, Saúl Arboleda de 15, y los hermanos Ismael y Josué Arroyo, de 15 y 14 años.
Los cuatro salieron a jugar fútbol y nunca más regresaron a sus hogares. En la actualidad hay 16 militares detenidos por su presunta participación en la desaparición de los menores, ocurrida el 8 de diciembre.
La última señal de vida que se conoce de los niños forma parte del testimonio del padre de los hermanos Arroyo, quien dice haber recibido la llamada telefónica de un desconocido la noche que desaparecieron, advirtiéndole que fuese a buscar a los menores al camino que conduce a la Base Aérea de Taura.
Inesperadamente, relató Luis Arroyo, el hombre puso a uno de sus hijos al teléfono y éste le dijo: “Los militares nos cogieron, nos metieron palo, nos están acusando de un robo, nos dejaron botados. Papá por favor ven, sálvame”.
Poco después, tras alertar a las autoridades, recibió una segunda llamada anónima avisándole que los menores se habían ido. “La mafia se los llevó”.
¿Qué se sabe?
En una declaración inicial, el ministro de Defensa de Ecuador, Gian Carlo Loffredo, adjudicó la desaparición de los menores a “grupos delincuenciales”.
Pero el lunes, Loffredo cambió la versión y reconoció que los menores fueron detenidos por una patrulla de 16 militares que se movilizaban en dos vehículos.
Los militares “observan a ocho personas que estaban presuntamente robándole a una mujer”, explicó.
“Se bajan los miembros de la patrulla, neutralizan y aprehenden a tres personas y una cuarta es entregada por la ciudadanía que lo había cogido”, señaló el ministro en declaraciones a la radio City.
Loffredo confirmó que la patrulla militar involucrada en el hecho tiene su base en Taura, una zona ubicada a unos 30 kilómetros de la ciudad.
“Debe ser que, camino a la base, toman la decisión de dejar libres a estos niños”, agregó Loffredo.
“No puedo más”
¿Qué pasó realmente esa noche durante el operativo militar?, ¿por qué habrían abandonado a los menores en la calle?, ¿los llevaron a otro sitio?, ¿participaron otras personas?, ¿cuál fue el motivo de la desaparición?
“Siento que ya no puedo más. Quiero que mis hijos vengan y me digan mami, ¿ya está la comida?‘”, dijo llorando en un video Katy Bustos, la madre de Ismael y Josué.
Mientras la Fiscalía investiga el caso como una desaparición forzada, decenas de ecuatorianos han protestado en las calles exigiendo justicia.
Claman porque se identifiquen lo antes posible los cadáveres hallados cerca de la base aérea donde estaban destinados los 16 militares involucrados en la detención irregular de los menores.
Los militares se encuentran bajo custodia militar, a la espera de la audiencia de formalización de cargos, y las indagaciones están a cargo de la Unidad Especializada en la Investigación del Uso Ilegítimo de la Fuerza en Quito.
La agencia Associated Press (AP) tuvo acceso a las imágenes de cámaras de seguridad que muestran el momento en que dos de los menores son capturados por los militares y subidos a una camioneta.
Ambos son puestos boca abajo y a uno de ellos, un militar le da un puñetazo en la cabeza, informó la agencia.
Estas imágenes, agregó AP, están en poder de la Fiscalía, la Unidad Antisecuestros de la Policía y la Asamblea Nacional.
En una audiencia de habeas corpus celebrada el martes, la jueza Tanya Maricela Loor Zambrano dijo que “se comprueba la vulneración de los derechos de la vida, integridad personal, interés superior del niño, a la supervivencia, al desarrollo y pertenecer a grupos de atención prioritaria de los niños”, por lo cual dictó medidas cautelares a favor de familias.
La jueza ordenó que el Estado ecuatoriano, a través del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas, y las instituciones de seguridad nacional realicen los actos investigativos pertinentes en todo el territorio nacional para dar con el paradero de los cuatro menores.
Al final de la audiencia, los familiares dijeron: “Queremos a nuestros hijos con vida”.
“No es un caso aislado”
Ecuador vive en un estado permanente de militarización, luego que a comienzos de 2024, en medio de una oleada de violencia de los grupos dedicados al narcotráfico y con una de las mayores crisis carcelarias que ha enfrentado el país, el gobierno de Daniel Noboa sacara a los militares a las calles para luchar contra el crimen organizado.
En aquel momento, el mandatario dijo que las Fuerzas Armadas tendrían la misión de apoyar las labores policiales para mantener el orden y la seguridad, y elevó la lucha contra el crimen organizado a la categoría de “conflicto armado interno”, con lo que pasó a catalogar a las bandas como grupos “terroristas”.
Así, desde prinicpios de año el país ha vivido en estado de excepción y los militares custodian permanentemente las calles con amplias facultades para realizar operativos de seguridad.
“La fuerza pública se supone que debería garantizar la seguridad ciudadana”, dijo Fernando Bastías, abogado del CDH, en diálogo con BBC Mundo.
El caso ha generado manifestaciones en las calles y ha tomado un carácter emblemático, entre otras razones, porque involucra la desaparición de niños y porque “no es un hecho aislado”.
“Todo el mundo conoce casos de abuso policial y militar, por ende esta fue la gota que rebalsó el vaso”, agregó Bastías.
“Han habido desapariciones sistemáticas a lo largo de este año con la militarización de la seguridad ciudadana”.
“Nosotros estamos ahora acompañando 10 casos, pero hay muchos otros”.
Sobre los menores desaparecidos, Bastías dijo que es una práctica muy común que existan operativos militares al margen de la ley que, “en las mejores circunstancias terminan en tortura, pero en las peores, bajo indicios de desaparición forzada”.
La desaparición de los niños ocurre cuando el presidente Daniel Noboa buscará la reelección en los comicios del 9 de febrero para gobernar el país por un período completo (2025-2029) tras haber ganado los comicios extraordinarios de 2023, después de la salida anticipada del expresidente Guillermo Lasso.
El país ya ha entrado en período de campaña electoral y en ese contexto, el caso de los cuatro menores desaparecidos podría convertirse en una piedra en el camino para las aspiraciones del mandatario, especialmente cuando las encuestas difundidas hasta ahora, arrojan que la contienda apunta a un nuevo cara a cara entre el actual presidente y la candidata presidencial del correísmo, Luisa González.
Como el tema de la seguridad es fundamental para los votantes, tanto el gobierno como la oposición han expresado públicamente su respaldo para que los hechos se esclarezcan cuanto antes.
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