Las luchas que se hicieron ley y avanzaron en 2024 para buscar justicia y proteger derechos en México
En 2024 se aprobaron y avanzaron es varios estados leyes que tienen una historia detrás y un nombre propio. Están encaminadas a combatir la impunidad y a proteger los derechos de las mujeres y otras poblaciones vulnerables, como las infancias o las personas de la diversidad sexual.
Algunas leyes son en memoria de Paola Buenrostro, Cecilia Monzón y Montserrat Bendimes; otras, para resignificar la lucha de María Elena Ríos, Olimpia Coral y Diana Luz Vásquez Ruiz, mamá de Sabina, por nombrar a algunas.
De acuerdo con abogadas, activistas e impulsoras de las iniciativas, estas leyes con nombre propio son el inicio de acciones necesarias para verbalizar violencias, acceder a la justicia, proteger derechos y que los agresores sean sancionados ante un sistema que en la mayoría de los casos los deja impunes.
“Ahora las leyes se verbalizan con un nombre, que lástima que tuvieron que bautizarse con un nombre porque a una mujer le pasó algo”, dice una de las impulsoras.
Las activistas consideran que la implementación de las leyes es un gran logro; sin embargo, aún se enfrentan retos como mejorar los protocolos de investigación y la capacitación del personal de Ministerios Públicos para que no revictimicen a las denunciantes y su verdadera implementación.
A continuación, te presentamos algunas leyes con nombre propio que avanzaron en 2024 en los estados.
Ley Melanie
Aunque la Ley Melanie aún no está aprobada es una de las iniciativas presentadas a finales del año ante el Congreso de Tamaulipas que busca incluir la violencia en el noviazgo como un delito específico en el Código Penal estatal, con penas claras contra los agresores y que contemple protocolos de atención psicológica y legal para quienes hayan sufrido violencia de género en una relación.
La propuesta de esta iniciativa surgió a partir del caso de Melanie Barragán.
El pasado 31 de octubre, en medio de una fiesta de Halloween, Christian golpeó a Melanie provocándole fracturas en el rostro. Debido a la gravedad de las lesiones estuvo a punto de perder un ojo.
La propuesta del diputado de Morena, Francisco Cruz Martínez, señala que la violencia en el noviazgo debe recibir sanciones de uno a cinco años de prisión, entendiéndose este delito como un “acto abusivo de poder u omisión intencional, dirigido a dominar, someter, controlar o agredir a las mujeres de cualquier edad, mediante la realización de uno o varios tipos de violencia y/o maltrato, durante o después de una relación de noviazgo, afectiva, de hecho o sexual”.
Se espera que a inicios del 2025 la propuesta sea discutida.
Ley Paola Buenrostro
Tres años después de ser presentada en el Congreso de la Ciudad de México, en julio finalmente se aprobó la Ley Paola Buenrostro, que tipifica los transfeminicidios y castiga este delito con una pena de 35 a 70 años de cárcel.
Recibe su nombre en memoria de la trabajadora sexual que fue asesinada en septiembre de 2016; su aprobación es histórica ya que se trató del primero caso en CDMX que se investigó como transfeminicidio.
Tras el crimen, el presunto asesino de Paola fue detenido; sin embargo, 48 horas después quedó libre. Hasta la fecha sigue prófugo de la justicia.
La Ley Paola Buenrostro modifica el Código Civil, el Código Penal, la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia y la Ley de Víctimas de la capital.
Al Código Penal local agrega un capítulo en materia de transfeminicidio, donde se establezca que comete este delito quien prive de la vida a una mujer trans por razón de identidad o expresión de género.
Hace énfasis en la urgencia de que las autoridades e instituciones se capaciten en la atención bajo los principios de no discriminación y perspectiva de género.
Además, establece el concepto de familia social en el Código Civil. De esta manera, cuando la familia consanguínea de la víctima pretenda vulnerar su identidad de género en el acta de defunción, podrá ser su familia social quien la tramite a fin de respetar la forma en que se identificaba.
También señala que la Fiscalía de CDMX debe generar datos estadísticos trimestrales sobre delitos contra personas LGBTI+.
Esta ley es producto de la búsqueda de justicia por parte de activistas como Kenya Cuevas, mejor amiga de Paola y directora de la Casa de las Muñecas Tiresias A. C, quien busca replicar la reforma a nivel federal.
Ley Montse
La Ley Monse fue propuesta en el 2022 y el primer estado en aprobarla fue Morelos; este 2024 tuvo luz verde en el Congreso de CDMX y Oaxaca.
Esta ley lleva ese nombre por el caso de Montserrat Bendimes Roldán, una joven veracruzana de 20 años, estudiante de ingeniería que fue asesinada a golpes por su pareja Marlon Botas, el 17 de abril de 2021. La joven tuvo un traumatismo craneoencefálico que le causó muerte.
Marlon escapó con ayuda de sus padres, quienes dejaron a la joven en la entrada de un hospital, pero no avisaron a su familia lo que ocurrió ni llamaron a una ambulancia o a las autoridades.
Los padres de Marlon fueron detenidos en mayo de 2021 en la Ciudad de México por el delito de encubrimiento, aunque posteriormente el juez determinó que no estuvieron relacionados con el feminicidio, por lo que solo se les consideró como responsables de “omisión de auxilio”.
La Ley Monse impulsó cambios legislativos para garantizar que las víctimas tengan acceso a la justicia y evitar que se repitan casos en los que la familia o amigos se conviertan en cómplices.
Con las reformas al Código Penal se eliminan las excusas absolutorias que permitían a familiares o amigos evadir responsabilidades penales por encubrir a delincuentes. En Morelos, las penas van de 26 a 40 años; en CDMX de 2 a 8 años, con multas que pueden llegar a los 200 mil pesos, y en Oaxaca cárcel hasta por dos años.
En Veracruz, estado de donde era Montse y ocurrió el feminicidio, la iniciativa de reforma no fue aprobada.
Ley Sabina
La Ley Sabina es una reforma que fue impulsada por la activista oaxaqueña Diana Luz Vásquez Ruiz, no lleva su nombre, pero sí el de su hija Sabina, por quien comenzó una lucha para que el padre de la pequeña afrontara sus responsabilidades y pagara una pensión alimenticia.
Diana pasó más de cuatro años en tribunales sin una respuesta a su favor, ante la impotencia, en 2021 decidió hacer público el rostro de su expareja y deudor alimentario.
Desde entonces, otras mujeres se han unido al reclamo y han recorrido el país llevando sus “tendederos de deudores” para exhibir la forma en la que actúan algunos padres para evadir su responsabilidad.
¿Qué hacen? Falsean la dirección de su residencia, cambian de trabajo, alteran sus ingresos, traspasan sus bienes para declararse insolventes y no van a las audiencias.
Bajo las premisas: “No es normal que deudores alimentarios sigan impunes y no sepamos quiénes son”, “No es normal revictimizar a las madres”, “No es normal que jueces encubran a los padres irresponsables”, su trabajo como activista abrió el camino para abrir un registro de deudores alimentarios público en el estado y se estableciera un certificado de no adeudo de pensión como requisito para acceder a contratos públicos o créditos financieros.
A raíz de ellos, Diana planteó crear la Ley Sabina, la cual obliga a los deudores alimentarios a que cumplan con sus obligaciones.
En marzo de 2023, el Congreso del país aprobó la creación del Registro Nacional de Deudores Alimentarios como parte de la iniciativa de la Ley Sabina, el cual documentará los nombres y apellidos de hombres que se niegan a pagar la pensión alimenticia a sus hijos. Se reformó el artículo 103 de la Ley General de las Niñas, Niños y Adolescentes para garantizar sus derechos.
Este registro evitará que los deudores puedan salir del país, tramitar documentos oficiales como licencias de manejo, comprar inmuebles, solicitar matrimonio y ocupar cargos populares.
De acuerdo con la reforma, el registro de un deudor moroso se llevará a cabo luego de que así lo solicite un juez o la autoridad responsable del fuero local.
Este 2024 los Congresos locales de Baja California, Puebla y de Ciudad de México aprobaron la Ley Sabina.
Previamente, el Estado de México, Hidalgo, Morelos, Michoacán, Chiapas y Guanajuato aprobaron reformas a sus código penales y civiles para sancionar con penas de seis meses a tres años de prisión a los deudores alimenticios, aunque no todos los estados contemplan un padrón de deudores.
Ley Malena
La llamada Ley Malena ha sido aprobada en 13 estados y se espera su próxima discusión en tres más para 2025. Esta ley se verbalizó por lo que le ocurrió a la saxofonista oaxaqueña María Elena Ríos, quien sufrió un intento de feminicidio cuando le arrojaron ácido en 2019.
El objetivo de esta ley es reformar la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y el Código Penal para considerar la violencia ácida como tentativa de feminicidio y mayores penas para los agresores, que van de los 25 a los 40 años de prisión.
Con estos cambios legislativos no sólo se contemplan los ataques con ácido, sino también otros agentes químicos como cloro, gasolina, aceite caliente, alcohol, fertilizantes y otras sustancias corrosivas o inflamables.
La ley también obliga a las autoridades de Salud a reportar ante el Ministerio Público estas agresiones y contar con un registro oficial sobre los ataques con ácidos u otras sustancias.
La falta de tipificación de los ataques con ácido impide que las mujeres sobrevivientes obtengan justicia y reparación del daño, y que los agresores sean sancionados.
Este año la Ley Malena se aprobó en CDMX, Nayarit, Veracruz, Quintana Roo, Guerrero, Baja California, Colima y Puebla. En 2023 lo hicieron Oaxaca, Campeche, Hidalgo, Nuevo León y Sinaloa.
En Morelos, Baja California Sur, Durango y Zacatecas se espera que a inicios del 2025 se discuta y vote la iniciativa de reforma.
Para Elena Ríos, que una ley en México lleve su nombre es a su vez, “un pedazo de justicia”, aunque también considera que ninguna ley de esta índole tendría que ser necesaria.
“Ahora las leyes se verbalizan con un nombre, que lástima que tuvieron que bautizarse con un nombre porque a una mujer le pasó un intento de feminicidio con ácido. Es una forma de socializar una violencia, de visibilizarla”, dice.
Ley Monzón
La Ley Monzón, que recibe su nombre por la activista y abogada, Cecilia Monzón Pérez, propone quitar la patria potestad de los hijos cuando el padre incurra en tentativa o feminicidio de la madre.
Además, contempla penas de hasta ocho años de cárcel a los funcionarios que sean omisos o entorpezcan la investigación, así como 10 años de inhabilitación.
Cecilia fue asesinada a balazos en Puebla en mayo de 2022; su expareja Javier López Zavala, expolítico del PRI, y padre de su hijo, fue identificado por la Fiscalía como el presunto autor intelectual del crimen.
Puebla se convirtió en el primer estado de la República en promulgar una ley de este tipo que suspende la patria potestad a posibles feminicidas y la retira si se confirma la condena.
En 2024 la Ley Monzón tuvo “luz verde” en Quintana Roo, Oaxaca, Tlaxcala, Tabasco, y Morelos
Un año antes se aprobó en Colima, Sinaloa, CDMX, Nayarit, Guerrero y Edomex.
Desde diciembre del año pasado, el pleno del Senado de la República aprobó un dictamen para urgir a los congresos locales a armonizar su legislación en materia de guarda, custodia y pérdida de la patria potestad en caso de feminicidio.
Concretamente, a las entidades a las que se les hizo el llamado y aún no aprueban la Ley Monzón son: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Chihuahua, Chiapas, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.
Ley Olimpia
Una de las leyes que cobró gran relevancia este año fue la Ley Olimpia, un conjunto de reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al Código Penal Federal que buscan reconocer la violencia digital y sancionar los delitos que violen la intimidad sexual de las personas a través de medios digitales, también conocida como ciberviolencia.
Se llama así por la lucha de la activista Olimpia Corral Melo quien, después de ser víctima de la difusión de un video íntimo sin su consentimiento, se ha dedicado a promover proyectos que regulen la violencia digital en los congresos estatales.
Ahora con el uso de la inteligencia artificial y tras la absolución de Diego N, acusado de alterar y comercializar sin consentimiento las fotografías de estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN), algunas diputadas han planteado una reforma que especifique el uso de la inteligencia artificial en el delito contra la intimidad sexual.
Actualmente el artículo 181 quintus establece que comete el delito contra la intimidad sexual quien videograbe, audiograbe, fotografíe, filme o elabore, imágenes, audios o videos reales o simulados de contenido sexual íntimo sin consentimiento o mediante engaño. Lo mismo para quien exponga, distribuya, difunda, exhiba, reproduzca, transmita, comercialice, oferte, intercambie y comparta estos contenidos, pero deja de lado el almacenamiento.
La iniciativa que se planea que se discuta en 2025 busca armonizarse con los avances logrados con la Ley Olimpia, aprobada en 28 estados, en donde no se aborda el uso de la inteligencia artificial.
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En el Caribe colombiano hay un pueblo atravesado por la migración que, lejos de sumirse en una crisis, capitaliza el fenómeno.
Los migrantes lo llaman “el paquete” porque por US$350 pagan alojamiento, comida, transporte en lancha y un guía hasta las puertas del Tapón del Darién, la difícil selva que atravesarán a pie camino de Estados Unidos.
El venezolano José Gutiérrez lo compró y parece satisfecho.
“Todo está muy bien organizado. El guía nos recogió en la terminal de buses, nos buscó dónde dormir, comer y abastecernos”, dice este migrante joven y vigoroso, listo para emprender la travesía.
Gutiérrez aguarda sobre las 10 de la mañana junto a uno de los dos muelles de Necoclí, un remoto pueblo del norte de Colombia ubicado a pocos kilómetros del Darién, uno de los pasos migratorios más peligrosos del mundo.
Hoy el mar está bravo, así que aún no sabe si zarpará la lancha que lo llevará al otro lado del Golfo de Urabá para adentrarse en la tupida selva entre Colombia y Panamá, en la que cada año mueren decenas de personas.
Solo en 2024 murieron al menos 55, según estiman autoridades panameñas. Se teme que muchos otros desaparecen en el intento.
Por ubicación, servicios e infraestructuras, Necoclí se ha convertido en un paradero donde cada año cientos de miles de migrantes recuperan fuerzas y fondos antes de reemprender su odisea.
Uno podría pensar que este fenómeno mantiene en crisis a esta población de alrededor de 70.000 habitantes.
Pero desde que en 2019 aumentó el flujo de personas hacia el Darién, el poblado prosperó, no sin retos, con la industria de la migración.
Se disparó la oferta hotelera y de restaurantes, aparecieron decenas de tiendas que surten al migrante, se ampliaron y construyeron nuevas casas, se multiplicaron las motos y los viajes en bote. La economía se dinamizó.
“Aquí en Necoclí hay absolutamente de todo”, me explica Gutiérrez.
Cuando el mar se calma, se acaba la incertidumbre para el venezolano. Más migrantes se le unen hasta superar la veintena.
Un guía da las últimas indicaciones y los abraza uno por uno. Les desea suerte. Un oficial de migración pasa lista. Los pasajeros toman asiento, poniendo a sus pies las pertenencias. El timonel enciende el motor.
La lancha zarpa, sortea las olas de la orilla y se mete mar adentro. Todo está coordinado.
La de los botes es una de las áreas que más lucro genera, de acuerdo a la secretaría de Turismo.
En Necoclí operan dos y cobran 170.000 pesos (US$38) por trayecto de ida y vuelta.
El migrante, aunque solo realice el viaje de ida, paga lo mismo.
De pueblo remoto a epicentro migratorio
Dicen en Necoclí que hasta 2019 o 2020 no llegaron migrantes en masa. Los necoclicenses vivían de cultivar banano o coco, de la pesca, del ganado y, sobre todo, de un turismo atraído por sus casi 100 kilómetros de playa.
Aparte de eso no era un municipio muy diferente a otros remotos colombianos, marcados históricamente por falta de recursos, difícil acceso, debilidad institucional y la presencia de grupos armados.
En este caso, del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), una organización paramilitar que en los últimos tiempos rechaza el nombre con el que más se le conoce, el Clan del Golfo, al que gobierno y expertos vinculan con economías ilícitas como el tráfico de drogas, la minería ilegal y el tránsito migratorio.
Todo cambió tras explotar la crisis migratoria en 2021.
“El mar entre Necoclí y el otro lado del Golfo es más tranquilo y aquí, por el turismo, ya había hoteles, restaurantes y transportadoras marítimas que nos convirtieron en un punto expedito para la migración”, me explica el secretario de Turismo del municipio, Carlos Rojas.
Algo más de 60 kilómetros de agua, alrededor de dos horas de navegación, separan Necoclí de Capurganá y Acandí, los últimos municipios colombianos antes del Darién.
Estos también, me cuentan locales, consiguen sacar rédito del flujo migratorio, aunque no de una forma tan establecida como la de Necoclí.
Se calcula que en 2019 cruzaron la selva alrededor de 22.000 personas. En 2020, con la pandemia, el número se desplomó a menos de 10.000. Un año después, superó los 130.000.
Según el gobierno panameño, un récord de más de 500.000 personas la atravesaron en 2023.
En 2024, si bien se redujo a casi la mitad, entre otros motivos por el mayor control de fronteras impuesto por el gobierno panameño, se cree que al menos 300.000 personas cruzaron el paso.
Y de acuerdo a una evaluación del secretario de Gobierno de Necoclí, Johan Wachter Espitia, la mayoría pasó antes por allí.
Cuando los flujos se dispararon, el pueblo apenas dio abasto. Colapsó.
Decenas de miles de migrantes quedaron varados. Muchos acamparon en las playas. Algunos se quedaron años.
Según se apaciguó la crisis, en Necoclí hicieron números.
“Aprendimos que, si bien la migración es un fenómeno que no estábamos preparados para asumir, se podía recibir con cierta positividad: generó buenas divisas e ingresos para muchas familias y comercios del municipio”, cuenta Rojas, quien además de su cargo institucional también es empresario turístico.
Boom hotelero
Los martillazos y soldaduras son constantes en Necoclí.
Son decenas las nuevas construcciones y renovaciones que uno se encuentra por las calles.
Muchas de estas obras, me cuentan locales, serán nuevos hoteles y hostales para atender la demanda de migrantes y turistas.
Miriam Valdelamar me abre las puertas de su casa, convertida en hostal.
“En 2020, debido a la cantidad de personas que tuvimos en Necoclí, desocupé esta casa de cuatro habitaciones. Pusimos tres a rentar y toda la familia nos metimos aquí, en la pieza grande”, cuenta mientras me enseña las instalaciones, que cobra a 35.000 pesos la noche (US$8).
La hostalera defiende que su hostal, a menor precio que la media, se enfoca en albergar a los migrantes con más necesidades económicas, como las mujeres con niños y las personas con discapacidades.
Rojas, el secretario de Turismo, también tiene un hotel donde renta habitaciones a migrantes cuando se disparan los flujos.
Estos son intermitentes. Dependen de coyunturas como las crisis que en los últimos años se vive en países como Ecuador, Venezuela, Cuba o Haití, provocando un éxodo de sus nacionales que no para.
Pero cada vez más también llegan desde Asia y África.
“Antes del fenómeno migratorio, teníamos unos 86 alojamientos. Hoy hay más de 240 documentados. Si contamos los informales, tenemos una oferta de entre 300 y 320 alojamientos”, le dice Rojas a BBC Mundo.
Hay hospedajes para todo bolsillo: tipo boutique de 350.000 pesos (US$68,40) por noche, 3 o 4 estrellas de 150.000 pesos (US$34), ecohoteles y hostales por menos de 80.000 pesos (US$18).
Eso también muestra cómo el pueblo consigue hacer convivir sus rentas principales: migración y turismo.
Por lo general, los asiáticos, provenientes de países como China, Vietnam, Bangladesh o India, pagan por los alojamientos más equipados.
Haitianos o venezolanos, con menos recursos, se hospedan en los más humildes.
Si no les alcanza, acampan en la playa, como la venezolana Marisela Bellorín, que duerme en una tienda con su esposo e hijos desde hace semanas.
“Los precios de Necoclí no son para todos”, me dice mientras actualiza a su familia en Venezuela por videollamada sobre cómo transcurre la travesía.
En su caso, espera continuar su camino lo antes posible.
No todos lo logran. BBC Mundo conoció a un venezolano que lleva más de un año en Necoclí intentando reunir el dinero necesario para la siguiente fase.
Valdelamar me explica que con lo que ganó en su hostal, ahorró e invirtió en nuevas habitaciones en su patio trasero, en las que puede alojar hasta a 20 personas.
Si tiene las camas llenas, gana US$160 en una sola noche- en Colombia el salario mínimo equivale a US$390 mensuales en febrero de 2025.
Ahora está haciéndole un segundo piso a la casa.
Quiere más cuartos, pero le preocupa no recuperar lo invertido con la ralentización migratoria.
“Estamos preocupados porque ya no hay tantos como hace un año, pero confiamos en que por otro lado aumente el turismo”.
Turismo vs migración
Aunque la migración dinamiza la economía municipal, la secretaría de Gobernación de Necoclí asegura que la masiva llegada de migrantes dañó el turismo, la fuente de ingresos tradicional de los necoclicenses.
“Si bien lo que consume el migrante contribuye a que se mueva la economía, el hecho de que haya algunos quedándose en la playa porque no tienen recursos suficientes afecta de alguna forma al turista”, le dice a BBC Mundo Wachter Espitia, el secretario de Gobernación.
Es común que aquellos en el pueblo que no han capitalizado el fenómeno migratorio se quejen de que los medios han alimentado una “mala fama” para la llegada de turistas.
“Entendiendo la migración como un derecho y algo que nos acompañará los próximos 30 o 40 años, debemos tener la capacidad de hacer coincidir migración y turismo”, opina Wachter Espitia.
Para muchos negocios locales los límites entre turismo y migración son cada vez más borrosos. Paradójicamente, demandan casi los mismos servicios.
Pero los que sacan buenas rentas de la migración defienden que es ese, y no el turismo, el verdadero negocio.
“El turista de aquí es el migrante. Yo no distingo”, dice el cubano Léster Vidal, quien llegó hace unos años con su esposa para cruzar el Darién, pero se quedó sin recursos.
También los peligros de la selva los hicieron cambiar de plan.
“Decidimos entonces quedarnos, trabajar y reunir dinero para intentar ir por una vía más segura, quizás a España en vez de a Estados Unidos”, le cuenta a BBC Mundo.
Vidal tiene un pequeño carrito ambulante que aparca junto a uno de los muelles desde donde parten migrantes y turistas hacia el otro lado del Golfo.
Vende medicamentos, fosforeras, mascarillas, repelentes: pequeños objetos que pueden ser útiles para la travesía por la jungla.
Junto a los embarcaderos hay decenas de puestos como el suyo y en el centro del pueblo me encuentro con establecimientos que venden tiendas de campaña, botas de caucho, machetes, ollas y fogones portátiles.
“Antes del flujo migratorio uno podía ganarse un millón o millón y medio de pesos (US$336) vendiendo al turista y ya con la migración se puede ganar unos cuatro o cuatro millones y medio de pesos al mes (US$1.000)”, me cuenta Fredy Ruiz, propietario de una de esos locales.
La convivencia entre turismo y migración alcanza límites insospechados en estos bazares.
Justo al lado del de Ruiz, la trabajadora de otro comercio me dice que por el suyo recientemente pasaron unos turistas colombianos a comprar todo lo que se lleva el migrante para “vivir la experiencia de cruzar el Darién en forma de tour”.
Ruiz señala que con lo ganado dio “para mejorar la casa y comprarse una motico”. También multiplicó a sus empleados.
La desgracia y la felicidad
El contexto en que se generan sus ganancias no es ajeno a los necoclicenses.
No se le escapa que muchos de sus clientes huyen de la violencia y la precariedad, dejando vidas y familias atrás.
También saben que decenas de personas mueren cada año en la selva.
Le pregunto a varios comerciantes cómo manejan el hecho de que su negocio dependa de un drama que sufren cientos de miles.
Muestran simpatía, pero también pragmatismo. Al final, dicen, no es algo que puedan controlar.
“La felicidad de uno es la desgracia del otro. Ellos buscan su sueño americano y a nosotros nos hacen mucho por la economía”, indica Ruiz desde el mostrador de su tienda.
Los migrantes con los que pude conversar no se sienten utilizados.
Aunque algunos reclaman precios más bajos, en general agradecen que en medio de tan larga y dura ruta exista un pueblo enfocado en brindarles todos estos servicios.
Nadie habla mucho del supuesto papel del “Clan de Golfo” en la economía de la zona.
Un reporte de la Fundación Ideas para la Paz de Colombia afirma que por su “control hegemónico”, el grupo interactúa con redes nacionales y transnacionales de tráfico de migrantes.
Según el estudio, el Clan realiza una tributación forzada en actividades vinculadas con la migración, contiene la violencia contra los migrantes y autoriza y restringe el uso de rutas marítimas y terrestres.
Pero ninguno de los comerciantes que entrevisté admite que eso suceda. Y el secretario de gobernación, Wachter Espitia, dice que se trata de especulaciones.
“Nosotros nos relacionamos y conversamos con las empresas, los actores regulados, y no los secundarios. Si hay rentas irregulares, eso le corresponde tratarlo a las autoridades competentes”, indica el secretario.
Los migrantes que transitan por Necoclí permanecen ajenos a estas dinámicas.
Quienes duermen en la playa por semanas o meses esperando reunir dinero parecen casi instalados en la cotidianidad.
La familia de la venezolana Marisela Bellorín aguarda cerca de una fogata donde otros migrantes cocinan.
Sus niños se recuestan sobre un bote, adormecidos, mientras bares junto a la playa recogen las sillas donde se sentaron los turistas, permitiendo que decenas de familias monten las carpas donde dormirán por un número de noches aún indeterminado.
Los necoclicenses desconocen si los migrantes a los que acogen, alimentan, abastecen y transportan cruzarán con éxito la peligrosa selva y llegarán a su destino.
Pero mientras, su paso por Necoclí engorda los bolsillos locales.
Como me dice una emprendora a pie de playa, “en Necoclí sale el sol para todos”.
Incluso para los migrantes de la playa, que desde el alba salen a ganar fondos en el pueblo que prospera bajo la peor crisis migratoria de América Latina en décadas.
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