Las luchas que se hicieron ley y avanzaron en 2024 para buscar justicia y proteger derechos en México
En 2024 se aprobaron y avanzaron es varios estados leyes que tienen una historia detrás y un nombre propio. Están encaminadas a combatir la impunidad y a proteger los derechos de las mujeres y otras poblaciones vulnerables, como las infancias o las personas de la diversidad sexual.
Algunas leyes son en memoria de Paola Buenrostro, Cecilia Monzón y Montserrat Bendimes; otras, para resignificar la lucha de María Elena Ríos, Olimpia Coral y Diana Luz Vásquez Ruiz, mamá de Sabina, por nombrar a algunas.
De acuerdo con abogadas, activistas e impulsoras de las iniciativas, estas leyes con nombre propio son el inicio de acciones necesarias para verbalizar violencias, acceder a la justicia, proteger derechos y que los agresores sean sancionados ante un sistema que en la mayoría de los casos los deja impunes.
“Ahora las leyes se verbalizan con un nombre, que lástima que tuvieron que bautizarse con un nombre porque a una mujer le pasó algo”, dice una de las impulsoras.
Las activistas consideran que la implementación de las leyes es un gran logro; sin embargo, aún se enfrentan retos como mejorar los protocolos de investigación y la capacitación del personal de Ministerios Públicos para que no revictimicen a las denunciantes y su verdadera implementación.
A continuación, te presentamos algunas leyes con nombre propio que avanzaron en 2024 en los estados.
Ley Melanie
Aunque la Ley Melanie aún no está aprobada es una de las iniciativas presentadas a finales del año ante el Congreso de Tamaulipas que busca incluir la violencia en el noviazgo como un delito específico en el Código Penal estatal, con penas claras contra los agresores y que contemple protocolos de atención psicológica y legal para quienes hayan sufrido violencia de género en una relación.
La propuesta de esta iniciativa surgió a partir del caso de Melanie Barragán.
El pasado 31 de octubre, en medio de una fiesta de Halloween, Christian golpeó a Melanie provocándole fracturas en el rostro. Debido a la gravedad de las lesiones estuvo a punto de perder un ojo.
La propuesta del diputado de Morena, Francisco Cruz Martínez, señala que la violencia en el noviazgo debe recibir sanciones de uno a cinco años de prisión, entendiéndose este delito como un “acto abusivo de poder u omisión intencional, dirigido a dominar, someter, controlar o agredir a las mujeres de cualquier edad, mediante la realización de uno o varios tipos de violencia y/o maltrato, durante o después de una relación de noviazgo, afectiva, de hecho o sexual”.
Se espera que a inicios del 2025 la propuesta sea discutida.
Ley Paola Buenrostro
Tres años después de ser presentada en el Congreso de la Ciudad de México, en julio finalmente se aprobó la Ley Paola Buenrostro, que tipifica los transfeminicidios y castiga este delito con una pena de 35 a 70 años de cárcel.
Recibe su nombre en memoria de la trabajadora sexual que fue asesinada en septiembre de 2016; su aprobación es histórica ya que se trató del primero caso en CDMX que se investigó como transfeminicidio.
Tras el crimen, el presunto asesino de Paola fue detenido; sin embargo, 48 horas después quedó libre. Hasta la fecha sigue prófugo de la justicia.
La Ley Paola Buenrostro modifica el Código Civil, el Código Penal, la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia y la Ley de Víctimas de la capital.
Al Código Penal local agrega un capítulo en materia de transfeminicidio, donde se establezca que comete este delito quien prive de la vida a una mujer trans por razón de identidad o expresión de género.
Hace énfasis en la urgencia de que las autoridades e instituciones se capaciten en la atención bajo los principios de no discriminación y perspectiva de género.
Además, establece el concepto de familia social en el Código Civil. De esta manera, cuando la familia consanguínea de la víctima pretenda vulnerar su identidad de género en el acta de defunción, podrá ser su familia social quien la tramite a fin de respetar la forma en que se identificaba.
También señala que la Fiscalía de CDMX debe generar datos estadísticos trimestrales sobre delitos contra personas LGBTI+.
Esta ley es producto de la búsqueda de justicia por parte de activistas como Kenya Cuevas, mejor amiga de Paola y directora de la Casa de las Muñecas Tiresias A. C, quien busca replicar la reforma a nivel federal.
Ley Montse
La Ley Monse fue propuesta en el 2022 y el primer estado en aprobarla fue Morelos; este 2024 tuvo luz verde en el Congreso de CDMX y Oaxaca.
Esta ley lleva ese nombre por el caso de Montserrat Bendimes Roldán, una joven veracruzana de 20 años, estudiante de ingeniería que fue asesinada a golpes por su pareja Marlon Botas, el 17 de abril de 2021. La joven tuvo un traumatismo craneoencefálico que le causó muerte.
Marlon escapó con ayuda de sus padres, quienes dejaron a la joven en la entrada de un hospital, pero no avisaron a su familia lo que ocurrió ni llamaron a una ambulancia o a las autoridades.
Los padres de Marlon fueron detenidos en mayo de 2021 en la Ciudad de México por el delito de encubrimiento, aunque posteriormente el juez determinó que no estuvieron relacionados con el feminicidio, por lo que solo se les consideró como responsables de “omisión de auxilio”.
La Ley Monse impulsó cambios legislativos para garantizar que las víctimas tengan acceso a la justicia y evitar que se repitan casos en los que la familia o amigos se conviertan en cómplices.
Con las reformas al Código Penal se eliminan las excusas absolutorias que permitían a familiares o amigos evadir responsabilidades penales por encubrir a delincuentes. En Morelos, las penas van de 26 a 40 años; en CDMX de 2 a 8 años, con multas que pueden llegar a los 200 mil pesos, y en Oaxaca cárcel hasta por dos años.
En Veracruz, estado de donde era Montse y ocurrió el feminicidio, la iniciativa de reforma no fue aprobada.
Ley Sabina
La Ley Sabina es una reforma que fue impulsada por la activista oaxaqueña Diana Luz Vásquez Ruiz, no lleva su nombre, pero sí el de su hija Sabina, por quien comenzó una lucha para que el padre de la pequeña afrontara sus responsabilidades y pagara una pensión alimenticia.
Diana pasó más de cuatro años en tribunales sin una respuesta a su favor, ante la impotencia, en 2021 decidió hacer público el rostro de su expareja y deudor alimentario.
Desde entonces, otras mujeres se han unido al reclamo y han recorrido el país llevando sus “tendederos de deudores” para exhibir la forma en la que actúan algunos padres para evadir su responsabilidad.
¿Qué hacen? Falsean la dirección de su residencia, cambian de trabajo, alteran sus ingresos, traspasan sus bienes para declararse insolventes y no van a las audiencias.
Bajo las premisas: “No es normal que deudores alimentarios sigan impunes y no sepamos quiénes son”, “No es normal revictimizar a las madres”, “No es normal que jueces encubran a los padres irresponsables”, su trabajo como activista abrió el camino para abrir un registro de deudores alimentarios público en el estado y se estableciera un certificado de no adeudo de pensión como requisito para acceder a contratos públicos o créditos financieros.
A raíz de ellos, Diana planteó crear la Ley Sabina, la cual obliga a los deudores alimentarios a que cumplan con sus obligaciones.
En marzo de 2023, el Congreso del país aprobó la creación del Registro Nacional de Deudores Alimentarios como parte de la iniciativa de la Ley Sabina, el cual documentará los nombres y apellidos de hombres que se niegan a pagar la pensión alimenticia a sus hijos. Se reformó el artículo 103 de la Ley General de las Niñas, Niños y Adolescentes para garantizar sus derechos.
Este registro evitará que los deudores puedan salir del país, tramitar documentos oficiales como licencias de manejo, comprar inmuebles, solicitar matrimonio y ocupar cargos populares.
De acuerdo con la reforma, el registro de un deudor moroso se llevará a cabo luego de que así lo solicite un juez o la autoridad responsable del fuero local.
Este 2024 los Congresos locales de Baja California, Puebla y de Ciudad de México aprobaron la Ley Sabina.
Previamente, el Estado de México, Hidalgo, Morelos, Michoacán, Chiapas y Guanajuato aprobaron reformas a sus código penales y civiles para sancionar con penas de seis meses a tres años de prisión a los deudores alimenticios, aunque no todos los estados contemplan un padrón de deudores.
Ley Malena
La llamada Ley Malena ha sido aprobada en 13 estados y se espera su próxima discusión en tres más para 2025. Esta ley se verbalizó por lo que le ocurrió a la saxofonista oaxaqueña María Elena Ríos, quien sufrió un intento de feminicidio cuando le arrojaron ácido en 2019.
El objetivo de esta ley es reformar la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y el Código Penal para considerar la violencia ácida como tentativa de feminicidio y mayores penas para los agresores, que van de los 25 a los 40 años de prisión.
Con estos cambios legislativos no sólo se contemplan los ataques con ácido, sino también otros agentes químicos como cloro, gasolina, aceite caliente, alcohol, fertilizantes y otras sustancias corrosivas o inflamables.
La ley también obliga a las autoridades de Salud a reportar ante el Ministerio Público estas agresiones y contar con un registro oficial sobre los ataques con ácidos u otras sustancias.
La falta de tipificación de los ataques con ácido impide que las mujeres sobrevivientes obtengan justicia y reparación del daño, y que los agresores sean sancionados.
Este año la Ley Malena se aprobó en CDMX, Nayarit, Veracruz, Quintana Roo, Guerrero, Baja California, Colima y Puebla. En 2023 lo hicieron Oaxaca, Campeche, Hidalgo, Nuevo León y Sinaloa.
En Morelos, Baja California Sur, Durango y Zacatecas se espera que a inicios del 2025 se discuta y vote la iniciativa de reforma.
Para Elena Ríos, que una ley en México lleve su nombre es a su vez, “un pedazo de justicia”, aunque también considera que ninguna ley de esta índole tendría que ser necesaria.
“Ahora las leyes se verbalizan con un nombre, que lástima que tuvieron que bautizarse con un nombre porque a una mujer le pasó un intento de feminicidio con ácido. Es una forma de socializar una violencia, de visibilizarla”, dice.
Ley Monzón
La Ley Monzón, que recibe su nombre por la activista y abogada, Cecilia Monzón Pérez, propone quitar la patria potestad de los hijos cuando el padre incurra en tentativa o feminicidio de la madre.
Además, contempla penas de hasta ocho años de cárcel a los funcionarios que sean omisos o entorpezcan la investigación, así como 10 años de inhabilitación.
Cecilia fue asesinada a balazos en Puebla en mayo de 2022; su expareja Javier López Zavala, expolítico del PRI, y padre de su hijo, fue identificado por la Fiscalía como el presunto autor intelectual del crimen.
Puebla se convirtió en el primer estado de la República en promulgar una ley de este tipo que suspende la patria potestad a posibles feminicidas y la retira si se confirma la condena.
En 2024 la Ley Monzón tuvo “luz verde” en Quintana Roo, Oaxaca, Tlaxcala, Tabasco, y Morelos
Un año antes se aprobó en Colima, Sinaloa, CDMX, Nayarit, Guerrero y Edomex.
Desde diciembre del año pasado, el pleno del Senado de la República aprobó un dictamen para urgir a los congresos locales a armonizar su legislación en materia de guarda, custodia y pérdida de la patria potestad en caso de feminicidio.
Concretamente, a las entidades a las que se les hizo el llamado y aún no aprueban la Ley Monzón son: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Chihuahua, Chiapas, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.
Ley Olimpia
Una de las leyes que cobró gran relevancia este año fue la Ley Olimpia, un conjunto de reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al Código Penal Federal que buscan reconocer la violencia digital y sancionar los delitos que violen la intimidad sexual de las personas a través de medios digitales, también conocida como ciberviolencia.
Se llama así por la lucha de la activista Olimpia Corral Melo quien, después de ser víctima de la difusión de un video íntimo sin su consentimiento, se ha dedicado a promover proyectos que regulen la violencia digital en los congresos estatales.
Ahora con el uso de la inteligencia artificial y tras la absolución de Diego N, acusado de alterar y comercializar sin consentimiento las fotografías de estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN), algunas diputadas han planteado una reforma que especifique el uso de la inteligencia artificial en el delito contra la intimidad sexual.
Actualmente el artículo 181 quintus establece que comete el delito contra la intimidad sexual quien videograbe, audiograbe, fotografíe, filme o elabore, imágenes, audios o videos reales o simulados de contenido sexual íntimo sin consentimiento o mediante engaño. Lo mismo para quien exponga, distribuya, difunda, exhiba, reproduzca, transmita, comercialice, oferte, intercambie y comparta estos contenidos, pero deja de lado el almacenamiento.
La iniciativa que se planea que se discuta en 2025 busca armonizarse con los avances logrados con la Ley Olimpia, aprobada en 28 estados, en donde no se aborda el uso de la inteligencia artificial.
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Un relator especial de la ONU dijo a la BBC que era “nada menos que increíble” que los militares siguieran “lanzando bombas cuando se intentaba rescatar gente”.
Tras un terremoto de magnitud que mató a más de 2.000 personas, según cifras oficiales, la junta militar de Myanmar continúa bombardeando partes del país devastado por la guerra.
La ONU calificó los ataques como “totalmente indignantes e inaceptables”.
El relator especial Tom Andrews dijo a la BBC que era “nada menos que increíble” que los militares siguieran “lanzando bombas cuando se intentaba rescatar gente” después del terremoto.
Exhortó al régimen militar, que tomó el poder en un golpe de Estado hace casi cuatro años, a detener todas las operaciones militares.
“Cualquiera que tenga influencia sobre los militares debe aumentar la presión y dejar muy claro que esto no es aceptable”, expresó.
“Hago un llamado a la junta para que simplemente detenga todas sus operaciones militares”, añadió.
El Servicio Birmano de la BBC confirmó que siete personas murieron en un ataque aéreo en Naungcho, en el norte del estado de Shan. Este ataque ocurrió alrededor de las 15:30 hora local del viernes, menos de tres horas después del terremoto.
El lunes, el ejército de Myanmar también llevó a cabo ataques terrestres en la región de Sagaing, afectada por el terremoto, aseguran los rebeldes.
Las denuncias de los rebeldes
Un portavoz de la Fuerza de Defensa Popular de Chaung U -un grupo insurgente- contó a la BBC que fueron objeto de un intenso fuego de mortero. Los rebeldes informaron de cinco convoyes militares en la zona.
Por su parte, el Gobierno de Unidad Nacional (NUG), que representa a la administración civil derrocada, indicó en un comunicado que sus fuerzas comenzarían una pausa de dos semanas en “operaciones militares ofensivas, a excepción de acciones defensivas” en las zonas afectadas por el terremoto a partir del domingo.
Esto ocurre en un momento en que los trabajadores de rescate y socorro a los afectados del terremoto en la región enfrentan una grave falta de recursos.
Los grupos rebeldes prodemocracia que combaten para destituir a los militares también informaron de bombardeos aéreos en el municipio de Chang-U, en la región noroccidental de Sagaing, durante el fin de semana, el epicentro del terremoto.
También hay informes de ataques aéreos en zonas cercanas a la frontera tailandesa.
Los militares también continuaron realizando ataques aéreos el lunes en otras partes del país en su intento de aplastar el levantamiento nacional que lucha por despojarlos del poder.
El terremoto de magnitud 7,7 que afectó a Sagaing, también se sintió en los países vecinos. Luego vinieron informes de destrucción en Mandalay, la segunda ciudad más grande de Myanmar, así como en la capital, Nay Pyi Taw, que está a más de 240 kilómetros de distancia.
La junta afirma que 2.056 personas han muerto, más de 3.900 han resultado heridas y 270 siguen desaparecidas.
La BBC no puede verificar estas cifras de forma independiente, pero ha escuchado que un fuerte olor a cadáveres bajo los escombros está impregnando las calles mientras las temperaturas alcanzan los 40 °C en Mandalay.
El Servicio Geológico de Estados Unidos declaró el viernes que “una cifra de muertos superior a 10.000 es una gran posibilidad” basándose en la ubicación y magnitud del terremoto.
Años de guerra
El sismo se produce después de cuatro años de guerra civil en Myanmar, tras un golpe militar en 2021. El golpe provocó enormes protestas, con miles de personas saliendo a las calles diariamente para exigir la restauración del gobierno civil.
Lo que inicialmente comenzó como una campaña de desobediencia civil pronto evolucionó hacia una insurgencia generalizada que involucró a grupos rebeldes étnicos y prodemocráticos, desencadenando finalmente una guerra civil total.
Cuatro años después, continúan los feroces combates entre los militares, por un lado, y los grupos de resistencia armada, por el otro.
La junta militar, que ha sufrido continuas derrotas humillantes y ha perdido amplias áreas de territorio, recurre cada vez más a los ataques aéreos para aplastar la resistencia a su régimen.
Grandes partes de la región de Sagaing, epicentro del terremoto, están ahora bajo el control de grupos rebeldes.
Una investigación de la BBC reveló que, casi cuatro años después de tomar el poder en un golpe de estado, los militares ahora controlan menos de una cuarta parte del país.
La investigación mostró que los ejércitos étnicos y una mezcla de grupos de resistencia controlan ahora el 42% del territorio, mientras que gran parte del área restante sigue en disputa.
Es en el combate aéreo donde el régimen militar tiene la ventaja. Los grupos de resistencia no tienen la capacidad de contraatacar en el aire.
El ejército tiene antecedentes de realizar bombardeos aéreos indiscriminados que han destruido escuelas, monasterios, iglesias y hospitales. En uno de los ataques aéreos más letales, murieron más de 170 personas, incluidas muchas mujeres y niños.
El organismo de la ONU que investiga las violaciones de derechos humanos en el país ha advertido que la junta militar está cometiendo crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad contra su propio pueblo.
La guerra aérea militar se sostiene gracias al apoyo continuo de Rusia y China. A pesar de los llamados de la ONU a un embargo de armas en respuesta al golpe, tanto China como Rusia han vendido a la junta sofisticados aviones de ataque y le han brindado entrenamiento sobre cómo utilizarlos.
Rusia y China también han enviado equipos de ayuda y rescate a Myanmar. Pero la activista de derechos humanos birmana radicada en el Reino Unido, Julie Khine, expresó: “Es difícil confiar en la compasión ahora cuando también son los mismos países que suministran a la junta militar armas letales utilizadas para matar a nuestros civiles inocentes”.
También hay una preocupación generalizada de que los militares utilicen la ayuda como arma en la guerra civil.
El ejército de Myanmar tiene una práctica de larga data de negar ayuda a las zonas donde hay grupos de resistencia activos.
Tom Andrews, de la ONU, resaltó a la BBC que durante las labores de socorro anteriores, los militares habían bloqueado la ayuda y arrestado a los trabajadores humanitarios.
“Lo que sabemos de desastres humanitarios y naturales anteriores es que la junta no dice la verdad. Además, tiene la costumbre de impedir que la ayuda humanitaria llegue a donde más se necesita”, afirmó.
“Utilizan esta ayuda como arma. La envían a las zonas que controlan y la niegan a las que no controlan”.
“Así que hay zonas donde existen las necesidades más apremiantes y literalmente la ayuda está intentando entrar, hay camiones bloqueando el paso, la gente atrapada; ese ha sido el patrón de su respuesta a desastres naturales en el pasado”.
“Me temo que supongo completamente que ese sea el caso con este desastre”.
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