Tras siete años de incumplimiento, la Fiscalía General de la República (FGR) finalmente publicó el Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Tortura, luego de que a principios de febrero un Tribunal Colegiado de la Ciudad de México le ordenara expedirlo.
En junio de 2017 se promulgó la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura, en la que se ordenó a la FGR emitir dicho programa y que fuera de observancia obligatoria para todas sus investigaciones.
La FGR tenía solo 180 días para publicar dicho programa, pero pasaron cuatro años sin hacerlo; por ello, organizaciones civiles que acompañan a familiares y víctimas de tortura como Documenta, Fundar y el Centro Prodh iniciaron un juicio de amparo que dio pie a la resolución del Tribunal.
El documento, publicado en una edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF), definen las políticas públicas específicas para combatir este tipo de delitos, así como para la protección.
Entre sus objetivos está el implementar campañas de capacitación y sensibilización dirigidas a servidores públicos de los tres poderes y órdenes de gobierno, así como organismos autónomos.
El programa incluye, entre otros aspectos, los reactivos a un diagnóstico de la incidencia, modalidades, causas y consecuencias de los delitos en materia de la Ley a para Prevenir y Sancionar la Tortura.
También incluye la protección, asistencia, ayuda, atención y reparación integral de las víctimas; líneas de acción, indicadores y bases para la creación de instrumentos de seguimiento y evaluación.
De acuerdo con el Centro Prodh, entre los aspectos positivos destaca el reconocimiento de que la tortura sigue siendo un problema en México a nivel nacional, cuando esa realidad se ha negado desde el Ejecutivo.
Otro mecanismo útil que destaca es el mecanismo de seguimiento como el informe anual, aunque sin indicadores como lo establece la ley, y que se refiere específicamente a la persistencia de la tortura sexual.
“Entre los aspectos negativos llama la atención que se prevea promover la sanción administrativa de jueces que incumplan sus obligaciones frente a la tortura, sin prever nada similar respecto de ministerios públicos y policías ministeriales”, destaca el Centro Prodh.
De acuerdo con los datos del Observatorio contra la Tortura, en 2023 se tuvo un registro de al menos 4 mil 592 investigaciones iniciadas por tortura a nivel nacional, de las cuales, solo 18 fueron judicializadas.
Estos datos contrastan con los mensajes de autoridades federales y de organismos públicos de derechos humanos respecto a que en México ya no se violan derechos humanos y no se comete tortura, por lo que la decisión del Tribunal destaca la urgente necesidad de contar con políticas públicas de prevención y erradicación de esta práctica generalizada en el país.
Mujeres sobrevivientes de tortura como Keren Selsy Ordoñez y Éricka Guadalupe Acosta Corona siguen presas y en estados como Veracruz y Jalisco se siguen documentando casos recientes de tortura.
Beijing informa que a partir del lunes impondrá sus propios aranceles de 15% a las importaciones de carbón y 10% al petróleo y camionetas provenientes de Estados Unidos.
China anunció una serie de aranceles a productos estadounidenses, en represalia por las tarifas a bienes chinos impuestas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Los aranceles chinos, que entrarán en vigor el lunes próximo, incluyen un impuesto del 15% al carbón y al gas natural licuado, además del 10% al petróleo, maquinaria agrícola, camionetas y algunos autos de lujo.
Este martes en la madrugada comenzaron a aplicarse aranceles del 10% a todas las importaciones de China a EE.UU.
El presidente Trump alega que la medida contra los productos chinos son en respuesta al déficit comercial que existe con la nación asiática y son una manera para forzar a China a que frene el flujo de fentanilo a EE.UU.
Por su parte, el gobierno de Beijing acusó al de Washington de violar las reglas del comercio internacional.
“La imposición unilateral de aranceles por parte de EE.UU. es una seria violación de las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC). No sólo no ayuda a resolver sus propios problemas, sino que además socava la cooperación y comercio normales entre China y EE.UU.”, dice el comunicado que anunciaba las tarifas de represalia.
Además califica la acción de “flagrante” y que “representa un ejemplo típico de unilateralidad y proteccionismo comercial”.
El Ministerio de Comercio de China anunció que presentará una queja ante la OMC para que intervenga en aras de “salvaguardar sus derechos e intereses legítimos”.
En una medida adicional, el ente de vigilancia de competencia en China afirma haber iniciado una investigación de la empresa Google.
La Administración Estatal de Regulación del Mercado dice sospechar que el gigante informático viola las leyes antimonopolio.
Con los anuncios, Beijing dejó claro que no rehuirá de un enfrentamiento comercial contra Washington.
No es la primera vez que esto sucede entre las dos principales potencias económicas del mundo, que ya se habían enfrascado en una guerra arancelaria durante el primer mandato de Trump en 2018.
En ese momento, Trump implementaba su agenda conocida como “EE.UU. primero”, imponiendo serie tras serie de aranceles a los productos extranjeros. Cientos de miles de millones de dólares en productos chinos enfrentaron nuevos impuestos o tarifas más altas, lo que motivó una represalia por parte de Beijing.
Durante el gobierno de Joe Biden, Washington mantuvo los aranceles y hasta incrementó algunos de ellos. Biden adoptó una estrategia más enfocada en el sector de alta tecnología con más tarifas y restricciones a los productos como semiconductores y vehículos eléctricos.
A pesar de las tensiones, estas dos grandes economías están profundamente entrelazadas, comenta João da Silva, analista económico de la BBC.
Ambos países son importantes socios comerciales. Las importaciones de China a EE.UU. alcanzaron US$401.000 millones en los primeros 11 meses del año pasado, mientras que China importó de EE.UU. el equivalente a US$131.000 millones.
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