
Un juez de Tlaxcala volvió a sentenciar a Keren Selsy Ordoñez Hernández a 50 años de prisión pese a que durante su detención, hace casi 9 años, fue víctima de tortura y obligada a declararse culpable de un secuestro en el que no participó.
Tanto su familia como la defensa legal lamentaron esta resolución ya que no hay una prueba en su contra, su detención tuvo múltiples irregularidades y su caso nunca fue juzgado con perspectiva de género.
Ahora, la defensa de la joven de 28 años apelará la sentencia y presentará un escrito de agravios donde expresará las irregularidades sobre la detención, aludiendo las violaciones a los derechos humanos de las que ha sido víctima y la indebida valoración de pruebas para que el caso sea analizado a profundidad.
En 2015, Keren fue detenida con su hija en brazos de forma arbitraria por elementos de la extinta Policía Federal y elementos ministeriales de Tlaxcala. El próximo 11 de diciembre cumplirá nueve años en la cárcel, sin justicia, alejada de su familia y de su hija.
En la audiencia de derecho del pasado 27 de septiembre, la Fiscalía de Tlaxcala insistió en solicitar la pena máxima de 90 años de cárcel por el delito de secuestro y asignarle a Keren el “grado máximo de temibilidad” a pesar de no tener ningún antecedente penal y pruebas en su contra.
El juez José Eduardo Morales Sánchez, titular del juzgado del Sistema Tradicional Penal y Especializado en Administración de Justicia para Adolescentes, en Apizaco, Tlaxcala, condenó a Keren como responsable de un secuestro cometido por su expareja y otro cinco hombres que se encuentran en libertad sin ser investigados.
De acuerdo con Neftalí Pérez, integrante del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) −que ha acompañado y ha dado asesoría legal a Keren− este juez participó en la terna para dirigir la Fiscalía de Tlaxcala, “por lo que es una persona cercana a la Fiscalía y eso puede comprometer su imparcialidad al momento de juzgar un caso como este, donde están señalados policías ministeriales de cometer tortura en contra de una mujer y amenazarla con desaparecer a su hija”.
“Esta cercanía de un juez debe ser analizada por los magistrados y las magistradas de la Sala Penal de una manera objetiva e independiente y este es el llamado al Tribunal Superior de Justicia, que no se vea el recurso de apelación como un mero trámite, que revoquen la sentencia y que en su lugar ordene la libertad de Keren de manera inmediata”, señaló el abogado Neftalí Pérez en conferencia de prensa afuera del Tribunal Superior de Tlaxcala.
Para la organización defensora de derechos humanos, el juez incumplió su deber de juzgar con perspectiva de género al utilizar pruebas ilícitas y estereotipos para reprochar a Keren el actuar indebido de su expareja, a pesar de contar con evidencia suficiente para probar que ella no participó en el delito y que se encontraba en una situación de especial vulnerabilidad al momento de su detención por la reciente cesárea, puerperio y lactancia.

El 11 de diciembre de 2015 cuando Keren tenía 19 años y estaba recuperándose de la cesárea de su primera hija, hombres armados vestidos de civil que llegaron en vehículos de la Procuraduría de Tlaxcala y de la extinta Policía Federal la detuvieron con su bebé de un mes de nacida a tan solo unas calles de su casa en Xalapa, Veracruz, sin tener ninguna orden de aprehensión en su contra.
Esa noche, ella salió para encontrarse con su expareja, quien la citó en su casa, según le dijo, para darle la manutención de la bebé; mientras esperaba afuera, sujetos armados llegaron a detener a su expareja y a otra persona. En el domicilio liberaron a una mujer que estaba secuestrada.
Los agentes le quitaron a la bebé de sus brazos y las subieron a la patrulla donde fue sometida a golpes, asfixia y la amenazaron con lastimar a su hija, e incluso desaparecerla si no firmaba una declaración fabricada en la que reconocía haber participado en el secuestro y afirmaba realizar labores de cuidado y limpieza en el lugar donde estaba la víctima, quien nunca ha testificado en contra de Keren.
Durante su detención, la bebé de Keren fue trasladada al DIF de Tlaxcala sin que nadie avisara a su familia. Su abuela Ciria Hernández la buscó durante 14 días y cuando dio con su paradero estaba a punto de ser dada en adopción.

De acuerdo con la abogada Melissa Zamora, del Centro Prodh, el caso de Keren es representativo del uso discriminatorio del sistema penal contra las mujeres, cuando este no se aplica con perspectiva de género, se ignoran las circunstancias de vulnerabilidad, violencia y desigualdad.
La defensa señaló que Keren es víctima de un sistema de justicia que la criminalizó con un claro sesgo de género ya que el juzgado ha pasado por alto las condiciones en las que se encontraba al momento de ser detenida: convalecía por su cesárea, no había pasado la cuarentena, estaba en periodo de lactancia y durante su embarazo sufrió de preeclampsia (presión arterial alta) que la llevó a estar en un estado de salud delicado.
Su caso también refleja el trato desigual del Poder Judicial porque a pesar de que toda la evidencia en la investigación habla de que el secuestro fue realizado por un grupo de hombres, la máxima culpabilidad recae sobre una mujer.
El padre de su hija también fue detenido y procesado junto con Keren por el mismo secuestro, pero él recuperó su libertad en 2019, tras cumplir una condena de cinco años de prisión.

En conferencia de prensa, Ciria Hernández, mamá de Keren, cuestionó dónde está la justicia si no hay ninguna prueba en contra de su hija y, por el contrario, sí hay violaciones a sus derechos y múltiples irregularidades.
La señora Ciria hizo referencia al mensaje que desde su campaña la presidenta Claudia Sheinbaum ha hecho de que es “tiempo de cero corrupción” y “es tiempo de mujeres”.
“Si es tiempo de mujeres por qué no se juzga con perspectiva de genero (…) Yo me siento muy decepcionada. Con que pruebas sentencian a mi hija otra vez a 50 años, ¿por qué? Yo quisiera tener esa respuesta, ¿por qué?”.
“Yo lo que digo es que ya es tiempo de demostrar que la ley existe, que la justicia existe. O más bien es que si no tenemos dinero no tenemos justicia”, sostuvo.

El líder de la operación asegura que su organización está construyendo infraestructura en Venezuela para extraer a personas del país en caso de que comience una guerra con Estados Unidos.
La operación de rescate para sacar de Venezuela a la líder opositora y premio Nobel María Corina Machado incluyó disfraces, dos barcos en mares agitados y un vuelo, según ha contado a la BBC el hombre que dice haberla dirigido.
Bautizada como “Operación Dinamita Dorada”, el peligroso viaje fue frío, húmedo y largo, pero la “formidable” Machado no se quejó ni una sola vez, según Bryan Stern, fundador de la Grey Bull Rescue Foundation.
“El mar está muy agitado. Está completamente oscuro. Usamos linternas para comunicarnos. Da mucho miedo, pueden salir mal muchas cosas”.
A pesar de los riesgos, todo salió bien. Machado llegó sana y salva a Oslo, Noruega, para recoger su Premio Nobel de la Paz justo antes de la medianoche del miércoles.
Tras haber vivido escondida en su propio país desde las controvertidas elecciones del año pasado en Venezuela, Machado no había aparecido en público desde enero. Sus hijos adultos, a quienes no había visto en dos años, estaban en Oslo para recibirla.
Grey Bull se especializa en misiones de rescate y evacuaciones, especialmente en zonas de conflicto y desastre. Un representante del equipo de Machado confirmó a CBS News, socio mediático de la BBC en Estados Unidos, que la organización estaba detrás de su operación de rescate.
Stern explicó que Grey Bull llevaba meses consolidando su presencia en el Caribe, incluida Venezuela y la vecina isla de Aruba, para prepararse para posibles operaciones en Venezuela.
“Hemos estado construyendo infraestructura sobre el terreno en Venezuela diseñada para sacar a estadounidenses, aliados, británicos y otras personas en caso de que comience la guerra en Venezuela”, declaró a la BBC.
Las especulaciones sobre una posible acción militar de Estados Unidos contra Venezuela han ido en aumento después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, pidiera al presidente Maduro que abandonara el cargo, acusándolo de enviar narcóticos y asesinos a Estados Unidos.
Según Stern, el reto en este caso consistía en sacar del país a alguien tan conocido como María Corina Machado, un nombre muy popular en Venezuela para la oposición.
Ninguna de las infraestructuras que su empresa había construido en el país, dijo, estaba “diseñada para la segunda persona más popular del maldito país con una diana en la espalda”.
Cuando entró en contacto por primera vez con el equipo de Machado, al principio no le revelaron su identidad, pero afirmó que fue capaz de adivinarla.
Se pusieron en contacto con él a principios de diciembre, a través de un contacto que conocía al equipo de Machado, y este era al parecer el segundo intento de sacarla de Venezuela, después de que el plan inicial “no saliera bien”, según dijo.
La operación se denominó “Dinamita Dorada” porque “(Alfred) Nobel inventó la dinamita” y Machado intentaba llegar a Oslo para recoger el Premio Nobel de la Paz.
Las cosas se movieron rápidamente. Stern dijo que habló con el equipo el viernes, que se desplegaron el domingo y que el martes ya habían completado su misión.
Su equipo había explorado varias posibilidades para sacar a Machado del país y se decidió por un plan que implicaba un tumultuoso viaje por mar.
Para proteger su futuro trabajo en Venezuela, Stern solo puede revelar algunos detalles del viaje.
Por tierra, trasladaron a Machado desde la casa donde se escondía hasta el punto de recogida de una pequeña embarcación, que la llevó frente a la costa hasta un barco un poco más grande, donde se reunió con él.
El viaje se realizó en “mares muy agitados”, con olas de hasta 3 metros de altura, en “una oscuridad total”, según contó.
“El viaje no fue agradable. Hacía frío, llovía mucho, estábamos empapados, las olas eran muy fuertes, y eso lo aprovechamos. La llevamos a tierra firme, hasta donde estaba su avión, y ella voló a Noruega”.
A lo largo del viaje, se tomaron varias medidas para ocultar y disimular su rostro y su perfil “digital”, ya que se trata de una política muy conocida.
“La amenaza biométrica es muy real”, señaló, y añadió que se tomaron medidas para asegurarse de que no pudiera ser localizada a través de su teléfono.
Stern dijo que María Corina Machado se comportó de manera “impresionante” a pesar de las dificultades durante el viaje, aceptando un jersey para abrigarse cuando él se lo ofreció, pero sin pedir nada más.
“Estaba empapada y helada, pero no se quejó ni una sola vez”, dijo riendo, reconociendo que la operación era muy peligrosa porque el agua “no perdona”.
“Si conduzco un barco y se me avería el motor, tendré que nadar hasta Venezuela”.
Cuando se le preguntó cómo podía garantizar la seguridad de los venezolanos que ayudaron en la operación, Stern respondió que mantuvieron sus identidades en secreto y que “nosotros [Grey Bull] realizamos muchas operaciones encubiertas”.
Muchos de los que ayudaron ni siquiera se dieron cuenta de que estaban trabajando para él, dijo Stern, mientras que otros creen que “conocen toda la historia”, pero en realidad no es así.
“Hay personas que hicieron cosas que eran benignas desde su perspectiva, pero que desde la nuestra eran fundamentales para la misión”.
Afirmó que la operación fue financiada por donantes, y no por el gobierno de Estados Unidos: “Nunca hemos recibido una nota de agradecimiento del gobierno de Estados Unidos, y mucho menos un dólar”.
Stern aseguró que se coordinó con algunos Estados nacionales y con los servicios de inteligencia y diplomáticos de varios países. Esto incluyó alertar a Estados Unidos de manera “informal”.
Machado ha dicho que tiene la intención de regresar a Venezuela, pero el Stern afirma que le aconsejó que no lo hiciera.
“Le dije: ‘No vuelvas. Eres madre. Te necesitamos’. Ella hará lo que tenga que hacer… Entiendo por qué quiere volver, porque es una heroína para su pueblo.
“Ojalá no volviera, pero tengo la sensación de que lo hará”.
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