Un juez de Tlaxcala volvió a sentenciar a Keren Selsy Ordoñez Hernández a 50 años de prisión pese a que durante su detención, hace casi 9 años, fue víctima de tortura y obligada a declararse culpable de un secuestro en el que no participó.

Tanto su familia como la defensa legal lamentaron esta resolución ya que no hay una prueba en su contra, su detención tuvo múltiples irregularidades y su caso nunca fue juzgado con perspectiva de género.

En 2015, Keren fue detenida con su hija en brazos de forma arbitraria por elementos de la extinta Policía Federal y elementos ministeriales de Tlaxcala. El próximo 11 de diciembre cumplirá nueve años en la cárcel, sin justicia, alejada de su familia y de su hija.

En la audiencia de derecho del pasado 27 de septiembre, la Fiscalía de Tlaxcala insistió en solicitar la pena máxima de 90 años de cárcel por el delito de secuestro y asignarle a Keren el “grado máximo de temibilidad” a pesar de no tener ningún antecedente penal y pruebas en su contra.

El juez José Eduardo Morales Sánchez, titular del juzgado del Sistema Tradicional Penal y Especializado en Administración de Justicia para Adolescentes, en Apizaco, Tlaxcala, condenó a Keren como responsable de un secuestro cometido por su expareja y otro cinco hombres que se encuentran en libertad sin ser investigados.

De acuerdo con Neftalí Pérez, integrante del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) −que ha acompañado y ha dado asesoría legal a Keren− este juez participó en la terna para dirigir la Fiscalía de Tlaxcala, “por lo que es una persona cercana a la Fiscalía y eso puede comprometer su imparcialidad al momento de juzgar un caso como este, donde están señalados policías ministeriales de cometer tortura en contra de una mujer y amenazarla con desaparecer a su hija”.

“Esta cercanía de un juez debe ser analizada por los magistrados y las magistradas de la Sala Penal de una manera objetiva e independiente y este es el llamado al Tribunal Superior de Justicia, que no se vea el recurso de apelación como un mero trámite, que revoquen la sentencia y que en su lugar ordene la libertad de Keren de manera inmediata”, señaló el abogado Neftalí Pérez en conferencia de prensa afuera del Tribunal Superior de Tlaxcala.

Para la organización defensora de derechos humanos, el juez incumplió su deber de juzgar con perspectiva de género al utilizar pruebas ilícitas y estereotipos para reprochar a Keren el actuar indebido de su expareja, a pesar de contar con evidencia suficiente para probar que ella no participó en el delito y que se encontraba en una situación de especial vulnerabilidad al momento de su detención por la reciente cesárea, puerperio y lactancia.

El caso de Keren: torturada para declararse culpable de secuestro

El 11 de diciembre de 2015 cuando Keren tenía 19 años y estaba recuperándose de la cesárea de su primera hija, hombres armados vestidos de civil que llegaron en vehículos de la Procuraduría de Tlaxcala y de la extinta Policía Federal la detuvieron con su bebé de un mes de nacida a tan solo unas calles de su casa en Xalapa, Veracruz, sin tener ninguna orden de aprehensión en su contra.

Esa noche, ella salió para encontrarse con su expareja, quien la citó en su casa, según le dijo, para darle la manutención de la bebé; mientras esperaba afuera, sujetos armados llegaron a detener a su expareja y a otra persona. En el domicilio liberaron a una mujer que estaba secuestrada.

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Los agentes le quitaron a la bebé de sus brazos y las subieron a la patrulla donde fue sometida a golpes, asfixia y la amenazaron con lastimar a su hija, e incluso desaparecerla si no firmaba una declaración fabricada en la que reconocía haber participado en el secuestro y afirmaba realizar labores de cuidado y limpieza en el lugar donde estaba la víctima, quien nunca ha testificado en contra de Keren.

Durante su detención, la bebé de Keren fue trasladada al DIF de Tlaxcala sin que nadie avisara a su familia. Su abuela Ciria Hernández la buscó durante 14 días y cuando dio con su paradero estaba a punto de ser dada en adopción.

De acuerdo con la abogada Melissa Zamora, del Centro Prodh, el caso de Keren es representativo del uso discriminatorio del sistema penal contra las mujeres, cuando este no se aplica con perspectiva de género, se ignoran las circunstancias de vulnerabilidad, violencia y desigualdad.

La defensa señaló que Keren es víctima de un sistema de justicia que la criminalizó con un claro sesgo de género ya que el juzgado ha pasado por alto las condiciones en las que se encontraba al momento de ser detenida: convalecía por su cesárea, no había pasado la cuarentena, estaba en periodo de lactancia y durante su embarazo sufrió de preeclampsia (presión arterial alta) que la llevó a estar en un estado de salud delicado.

Su caso también refleja el trato desigual del Poder Judicial porque a pesar de que toda la evidencia en la investigación habla de que el secuestro fue realizado por un grupo de hombres, la máxima culpabilidad recae sobre una mujer.

El padre de su hija también fue detenido y procesado junto con Keren por el mismo secuestro, pero él recuperó su libertad en 2019, tras cumplir una condena de cinco años de prisión.

Dónde está la justicia, cuestiona la mamá de Keren

En conferencia de prensa, Ciria Hernández, mamá de Keren, cuestionó dónde está la justicia si no hay ninguna prueba en contra de su hija y, por el contrario, sí hay violaciones a sus derechos y múltiples irregularidades.

La señora Ciria hizo referencia al mensaje que desde su campaña la presidenta Claudia Sheinbaum ha hecho de que es “tiempo de cero corrupción” y “es tiempo de mujeres”.

“Si es tiempo de mujeres por qué no se juzga con perspectiva de genero (…) Yo me siento muy decepcionada. Con que pruebas sentencian a mi hija otra vez a 50 años, ¿por qué? Yo quisiera tener esa respuesta, ¿por qué?”.

“Yo lo que digo es que ya es tiempo de demostrar que la ley existe, que la justicia existe. O más bien es que si no tenemos dinero no tenemos justicia”, sostuvo.