Juez reitera sentencia de 50 años a Keren Ordoñez, víctima de tortura y acusada de un secuestro que no cometió
Un juez de Tlaxcala volvió a sentenciar a Keren Selsy Ordoñez Hernández a 50 años de prisión pese a que durante su detención, hace casi 9 años, fue víctima de tortura y obligada a declararse culpable de un secuestro en el que no participó.
Tanto su familia como la defensa legal lamentaron esta resolución ya que no hay una prueba en su contra, su detención tuvo múltiples irregularidades y su caso nunca fue juzgado con perspectiva de género.
Ahora, la defensa de la joven de 28 años apelará la sentencia y presentará un escrito de agravios donde expresará las irregularidades sobre la detención, aludiendo las violaciones a los derechos humanos de las que ha sido víctima y la indebida valoración de pruebas para que el caso sea analizado a profundidad.
En 2015, Keren fue detenida con su hija en brazos de forma arbitraria por elementos de la extinta Policía Federal y elementos ministeriales de Tlaxcala. El próximo 11 de diciembre cumplirá nueve años en la cárcel, sin justicia, alejada de su familia y de su hija.
En la audiencia de derecho del pasado 27 de septiembre, la Fiscalía de Tlaxcala insistió en solicitar la pena máxima de 90 años de cárcel por el delito de secuestro y asignarle a Keren el “grado máximo de temibilidad” a pesar de no tener ningún antecedente penal y pruebas en su contra.
Juez a cargo del proceso de Keren es cercano a la Fiscalía de Tlaxcala, denuncian
El juez José Eduardo Morales Sánchez, titular del juzgado del Sistema Tradicional Penal y Especializado en Administración de Justicia para Adolescentes, en Apizaco, Tlaxcala, condenó a Keren como responsable de un secuestro cometido por su expareja y otro cinco hombres que se encuentran en libertad sin ser investigados.
De acuerdo con Neftalí Pérez, integrante del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) −que ha acompañado y ha dado asesoría legal a Keren− este juez participó en la terna para dirigir la Fiscalía de Tlaxcala, “por lo que es una persona cercana a la Fiscalía y eso puede comprometer su imparcialidad al momento de juzgar un caso como este, donde están señalados policías ministeriales de cometer tortura en contra de una mujer y amenazarla con desaparecer a su hija”.
“Esta cercanía de un juez debe ser analizada por los magistrados y las magistradas de la Sala Penal de una manera objetiva e independiente y este es el llamado al Tribunal Superior de Justicia, que no se vea el recurso de apelación como un mero trámite, que revoquen la sentencia y que en su lugar ordene la libertad de Keren de manera inmediata”, señaló el abogado Neftalí Pérez en conferencia de prensa afuera del Tribunal Superior de Tlaxcala.
Para la organización defensora de derechos humanos, el juez incumplió su deber de juzgar con perspectiva de género al utilizar pruebas ilícitas y estereotipos para reprochar a Keren el actuar indebido de su expareja, a pesar de contar con evidencia suficiente para probar que ella no participó en el delito y que se encontraba en una situación de especial vulnerabilidad al momento de su detención por la reciente cesárea, puerperio y lactancia.
El caso de Keren: torturada para declararse culpable de secuestro
El 11 de diciembre de 2015 cuando Keren tenía 19 años y estaba recuperándose de la cesárea de su primera hija, hombres armados vestidos de civil que llegaron en vehículos de la Procuraduría de Tlaxcala y de la extinta Policía Federal la detuvieron con su bebé de un mes de nacida a tan solo unas calles de su casa en Xalapa, Veracruz, sin tener ninguna orden de aprehensión en su contra.
Esa noche, ella salió para encontrarse con su expareja, quien la citó en su casa, según le dijo, para darle la manutención de la bebé; mientras esperaba afuera, sujetos armados llegaron a detener a su expareja y a otra persona. En el domicilio liberaron a una mujer que estaba secuestrada.
Los agentes le quitaron a la bebé de sus brazos y las subieron a la patrulla donde fue sometida a golpes, asfixia y la amenazaron con lastimar a su hija, e incluso desaparecerla si no firmaba una declaración fabricada en la que reconocía haber participado en el secuestro y afirmaba realizar labores de cuidado y limpieza en el lugar donde estaba la víctima, quien nunca ha testificado en contra de Keren.
Durante su detención, la bebé de Keren fue trasladada al DIF de Tlaxcala sin que nadie avisara a su familia. Su abuela Ciria Hernández la buscó durante 14 días y cuando dio con su paradero estaba a punto de ser dada en adopción.
De acuerdo con la abogada Melissa Zamora, del Centro Prodh, el caso de Keren es representativo del uso discriminatorio del sistema penal contra las mujeres, cuando este no se aplica con perspectiva de género, se ignoran las circunstancias de vulnerabilidad, violencia y desigualdad.
La defensa señaló que Keren es víctima de un sistema de justicia que la criminalizó con un claro sesgo de género ya que el juzgado ha pasado por alto las condiciones en las que se encontraba al momento de ser detenida: convalecía por su cesárea, no había pasado la cuarentena, estaba en periodo de lactancia y durante su embarazo sufrió de preeclampsia (presión arterial alta) que la llevó a estar en un estado de salud delicado.
Su caso también refleja el trato desigual del Poder Judicial porque a pesar de que toda la evidencia en la investigación habla de que el secuestro fue realizado por un grupo de hombres, la máxima culpabilidad recae sobre una mujer.
El padre de su hija también fue detenido y procesado junto con Keren por el mismo secuestro, pero él recuperó su libertad en 2019, tras cumplir una condena de cinco años de prisión.
Dónde está la justicia, cuestiona la mamá de Keren
En conferencia de prensa, Ciria Hernández, mamá de Keren, cuestionó dónde está la justicia si no hay ninguna prueba en contra de su hija y, por el contrario, sí hay violaciones a sus derechos y múltiples irregularidades.
La señora Ciria hizo referencia al mensaje que desde su campaña la presidenta Claudia Sheinbaum ha hecho de que es “tiempo de cero corrupción” y “es tiempo de mujeres”.
“Si es tiempo de mujeres por qué no se juzga con perspectiva de genero (…) Yo me siento muy decepcionada. Con que pruebas sentencian a mi hija otra vez a 50 años, ¿por qué? Yo quisiera tener esa respuesta, ¿por qué?”.
“Yo lo que digo es que ya es tiempo de demostrar que la ley existe, que la justicia existe. O más bien es que si no tenemos dinero no tenemos justicia”, sostuvo.
Relacionado
Un hotel de lujo en la capital panameña se transformó en un sitio de “custodia temporal” para 299 migrantes deportados desde EE.UU. Muchos piden auxilio por las ventanas, incluidos niños.
“Por favor, ayúdennos”, dice el mensaje escrito en un trozo de papel que dos niñas muestran a través de la ventana de una habitación del lujoso hotel Decápolis, en Ciudad de Panamá.
Un hotel que ofrece a sus clientes habitaciones con vistas al mar, dos exclusivos restaurantes, piscina, spa, transporte privado, pero que de pronto se transformó en un centro de “custodia temporal” que alberga a 299 migrantes deportados desde EE.UU., según informó el martes el gobierno de Panamá.
Algunos migrantes levantan los brazos y los cruzan a la altura de las muñecas como tratando de decir que se encuentran privados de libertad. Otros cuelgan pequeños carteles con mensajes como “no estamos seguros en nuestro país”.
En un día normal, los turistas podrían entrar y salir del hotel sin ningún inconveniente, pero bajo las actuales circunstancias, con miembros del Servicio Nacional Aeronaval de Panamá fuertemente armados custodiando el exterior y estrictas medidas de seguridad en el interior, el edificio parece más un improvisado búnker que un centro vacacional.
Desde la calle, se ven perchas con ropa lavada colgadas en la ventana. Una de las prendas es una camiseta amarilla de basketball con el número 24 de los Lakers, la que vestía el legendario jugador Kobe Bryant.
En otra, un grupo de adultos y tres niños levantan un brazo con el dedo pulgar metido en la palma, haciendo un gesto de auxilio internacional utilizado por quienes se sienten amenazados. En el vidrio está escrito con letras rojas la frase help us (“ayúdennos”).
Y un poco más allá, dos menores de edad con el rostro cubierto sostienen contra el vidrio unas hojas con el mensaje: “Por favor, salva a las niñas afganas”.
Estos migrantes, enviados por el gobierno de Donald Trump como parte de su política de deportación de personas indocumentadas, llegaron a Panamá en tres vuelos la semana pasada, luego de que el gobierno del presidente José Raúl Mulino aceptara convertirse en un país “puente” para los deportados en tránsito hacia otros países.
Sin embargo, de los 299 migrantes -entre los cuales hay ciudadanos provenientes de India, China, Uzbekistán, Irán, Vietnam, Turquía, Nepal, Pakistán, Afganistán y Sri Lanka que viajaron en el primero de los tres vuelos-, solo 171 aceptaron regresar a sus naciones.
Los otros 128 migrantes que no desean ser enviados de regreso a su país de origen enfrentan, al menos hasta ahora, un destino incierto.
Según informaron las autoridades panameñas, este grupo será trasladado a un campamento en la provincia del Darién, que ha servido hasta el momento para recibir temporalmente a los migrantes irregulares que cruzaban la selva con destino a EE.UU.
“Estamos aterrados”
Una mujer iraní que vive en Panamá hace años le dijo a BBC Mundo que estuvo en contacto con uno de los migrantes dentro del hotel Decápolis y describió que están “aterrados” por la posibilidad de que los lleven a Irán.
A través de un celular escondido, dado que no les permiten tener ningún contacto con el exterior del hotel, el migrante le contó a la mujer que hay “varios menores atrapados” allí, que les han negado tener un abogado y que no les dejan salir del cuarto ni siquiera para comer.
La mujer fue hasta el hotel para ofrecer su ayuda como traductora de farsi a español, pero le dijeron que ya tenían uno, algo que según su conversación con el migrante dentro del hotel no era cierto.
BBC Mundo se puso en contacto con el hotel Decápolis para indagar sobre las condiciones en las que se encuentran los migrantes, pero no accedieron a responder preguntas.
Después de que la historia de los deportados fuera dada a conocer el martes en la prensa, se extremaron las medidas de seguridad bajo las que permanecen los migrantes y les cortaron el acceso a internet, dijo la mujer iraní.
Un video que circula en redes sociales desde el fin de semana muestra a una de las migrantes relatando en farsi que fueron detenidos luego de cruzar la frontera hacia Estados Unidos y que les informaron que serían trasladados a Texas, pero terminaron en Panamá.
La mujer en el video insistía que sus vidas corren peligro en caso de regresar a Irán por las posibles represalias que podría tomar el gobierno de ese país.
Su intención, dice, es pedir asilo político.
Un asilo político difícil de obtener sin acceso a un abogado. Más difícil aún cuando el gobierno panameño anunció que no ha ofrecido ni ofrecerá esa protección a los deportados.
“Custodia temporal”
El ministro de Seguridad Pública de Panamá, Frank Ábrego, informó este martes que los migrantes están de manera transitoria en ese país. El funcionario rechazó que los extranjeros estén en condición de detención y añadió que están bajo protección de las autoridades panameñas.
“Lo que acordamos con el gobierno de EE.UU. es que ellos quedan y están bajo la custodia temporal nuestra para su protección”.
Preguntado sobre la imposibilidad de salir del hotel, Ábrego respondió que se trata de una medida de prevención y añadió que su gobierno debe garantizar la seguridad y la paz de los panameños.
Y advirtió que aquellos migrantes que no desean regresar a su nación de origen, deberán elegir un tercer país.
En ese caso, relató, la Organización Internacional de Migraciones (OIM) y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) serán los responsables de su repatriación.
Panamá, dijo Ábrego, “recibió a estos señores migrantes, les dimos la acogida en un hotel de la localidad, en el hotel Decápolis, pues es el que tiene en este momento la capacidad de recibirlos”.
El jefe de la Seguridad Pública también informó que “no se espera la llegada de más migrantes” porque no se han acordado más vuelos de este tipo.
Panamá aceptó ser un país “puente” para las deportaciones después de la visita del secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, al país centroamericano en medio de las tensiones por las amenazas de Trump para “recuperar” la soberanía del Canal de Panamá.
Según han informado las autoridades panameñas, parte del acuerdo consiste en que Panamá facilitará la pista de aterrizaje y los albergues de las zonas urbanas de la provincia de Darién, donde está la peligrosa selva que atraviesan los migrantes rumbo a EE.UU., para que los migrantes deportados transiten hacia su destino final.
Un portavoz de la OIM le dijo a BBC Mundo que la organización está encargada de “brindar apoyo esencial” a las personas deportadas desde EE.UU.
“Estamos trabajando con funcionarios locales para ayudar a los afectados, apoyando el retorno voluntario de quienes lo solicitan e identificando alternativas seguras para otros”, apuntó.
“Si bien no tenemos una participación directa en la detención o restricción de movimiento de personas, estamos comprometidos a garantizar que todos los migrantes sean tratados con dignidad y de acuerdo con las normas internacionales”.
Muzaffar Chishti, investigador principal del centro de estudios Instituto de Política Migratoria en Estados Unidos, comentó que muchos de los deportados provienen de naciones conocidas como países “recalcitrantes”; es decir, países que no colaboran o no están abiertos a aceptar el regreso de nacionales deportados de EE.UU.
“Eso implica constantes negociaciones diplomáticas con esos gobiernos”, dijo en diálogo con BBC Mundo.
“Al enviarlos a Panamá, Estados Unidos sale de la foto”, agregó. “Es un dolor de cabeza para Panamá hacerse cargo de esas negociaciones y ver cómo hacer para que esos países acepten recibirlos de nuevo”.
Una de las grandes preguntas en este momento se refiere a cuál será el futuro de los 128 migrantes que no desean volver a su país de origen porque temen represalias.
Esta semana se espera que llegue un vuelo con deportados desde EE.UU. a Costa Rica, otro país centroamericano que ha hecho un acuerdo con la Casa Blanca para convertirse en “puente” en el camino de los migrantes hacia un destino incierto.
Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.
Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.
Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.
