A cuatro años de haber sido privada de su libertad, acusada por el supuesto delito de robo con violencia, la defensora de mujeres, pueblos indígenas y territorios, Kenia Hernández permanece en prisión, pese a la promesa del expresidente Andrés Manuel López Obrador de revisar su caso. 

Ahora, desde el penal de Neza Sur, la cuarta prisión en la que Kenia ha estado durante los mil 460 días que lleva en la cárcel, la activista pide a la presidenta Claudia Sheinbaum voltear a ver no solo su caso, sino el de todas las mujeres que están injustamente en prisión, sobre todo los casos de las mujeres indígenas. 

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Y es que, aunque actualmente Kenia tiene dos sentencias condenatorias por más de 20 años de prisión por protestar en casetas de cobro del Estado de México, su defensa legal asegura que bastaría con la voluntad de Caminos y Puentes Federales (Capufe), que depende de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), para que, al menos en lo que respecta al ámbito federal, la defensora pueda recuperar su libertad. 

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¿Por qué detuvieron a Kenia Hernández?

Kenia Inés Hernández Montalván, que fundó el Colectivo Zapata Vive, organización que lucha en contra de la violencia contra las mujeres, y co-fundó el Movimiento por la Libertad de los Presos Políticos del Estado de Guerrero, es una mujer de 35 años que se identifica como indígena amezcua, abogada de profesión y feminista. 

Pese a lo anterior, Kenia Hernández se mantuvo en protesta sobre la libertad de presos políticos, derechos de los pueblos indígenas y sobre justicia para las mujeres, acompañando principalmente a madres de mujeres víctimas de feminicidios, exigencias que se tradujeron en protestas públicas en diversas carreteras federales del país. 

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Por este motivo, en agosto y octubre de 2020, Kenia Hernández fue víctima de una campaña mediática de desprestigio por la que la nombraron como “la reina de la toma de casetas”, lo que le provocó una primera detención en su contra acontecida el 6 de junio de 2020, junto con tres menores de edad, en la caseta “La Hortaliza”, Estado de México, por el supuesto delito de robo con violencia a dos particulares, pero debido a que el delito no ameritaba prisión automática pudo llevar su proceso en libertad. 

Sin embargo, el 18 de octubre de 2020 fue detenida por segunda vez en la caseta de Amozoc, Puebla, por alrededor de 22 elementos policiacos y con uso excesivo de la fuerza, quienes no le informaron la razón de su detención.  No hubo noticias de su paradero hasta la mañana del 19 de octubre de 2020, cuando se dio a conocer que estaba detenida en el penal de Almoloya de Juárez por el supuesto delito de robo con violencia contra la empresa Concesionarias Mexiquenses S.A. de C.V. 

Actualmente, Kenia Hernández tiene dos sentencias condenatorias en el Estado de México por el delito de robo agravado, aunque la defensa legal de la activista asegura que fueron delitos “totalmente fabricados”.

La primera sentencia dictada en su contra fue por supuestamente robar dinero en una caseta de Ecatepec, Estado de México, lugar en el que Kenia asegura que no estuvo. Esta situación, asegura, la comprobó ante las autoridades con la localización de su celular, testigos y fotografías que demostraban que ella estaba en Xochistlahuaca, Guerrero, que es su comunidad de origen, en el día y la hora de los supuestos hechos. 

“Y reté a la Fiscalía, reté a la caseta de las Américas a que presentaran los videos de ahí, de la caseta, y jamás los presentaron y (no) los presentarán nunca porque no existen, porque yo nunca estuve en el lugar de los hechos cometiendo ese robo como ellos acusan, que fue totalmente fabricado para reprimir la lucha social, para reprimir las manifestaciones que hacíamos”, señala.

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En la segunda sentencia dictada en su contra en Toluca, por 11 años de prisión, Kenia reconoce que sí estuvo junto con sus compañeros del Colectivo Zapata Vive en el lugar de los hechos, pero “dando paso libre” como forma de protesta. 

“Y se ve en los videos que estamos dando paso libre, que nunca se ve que ninguno de nosotros haya entrado a las oficinas de los cajeros, porque ellos dicen que entramos y que yo di la orden de que los jóvenes del Colectivo entraran a la oficina de los cajeros y se apoderaron del recurso, del dinero, 7 mil pesos”, señala. 

Sin embargo, asegura que curiosamente en el informe contable las autoridades señalaron que 7 mil 300 pesos fue la cantidad que dejaron de percibir mientras los protestantes daban el paso libre, contrario a la versión de que fue un robo directo. 

“¿Entonces fue lo que dejaron de percibir o fue lo que supuestamente se les quitó a la fuerza? Son dos cosas totalmente diferentes. En todo caso sería un procedimiento administrativo, pero no penal. Al final de cuentas sería un perjuicio, no un robo, no tendrían por qué haberme condenado a 11 años de prisión como lo hicieron y que lo confirmaron en apelación que ahorita estamos teniendo pendiente de amparo”. 

El 25 de octubre de 2020, la Fiscalía General de la República (FGR) y la representante legal de Capufe determinaron que Kenia “se le considera una persona que pone en riesgo a la comunidad” porque se manifestaba mucho, por lo que solicitaron que fuera trasladada al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 16 de Morelos, el único penal de máxima seguridad construido exclusivamente para mujeres. 

“Lo digo de una manera más coloquial y cierro la idea: Kenia Hernández está en la cárcel porque es una mujer que se atrevió a protestar y desde las más altas esferas de la autoridad mexicana se dijo ‘esa mujer está loca, la vamos a castigar’”, asegura el abogado Antonio Lara, integrante del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, quien lleva la defensa legal de Kenia. 

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Kenia Hernández también tiene otras causas penales, carpetas de investigación a nivel federal abiertas por la presunta comisión del delito de “ataques a las vías de comunicación”, ilícito que no estaba tipificado como delito cuando la detuvieron, pero que a pesar de ello es la razón por la cual le impusieron la medida cautelar de prisión preventiva justificada en su contra en los asuntos judicializados.

“Entonces, por favor, que se pongan a revisar (mi caso) para que se conozca que soy una presa política por defender mis ideas, por defender la lucha, por defender el territorio, porque creemos que ni siquiera deberían de existir casetas de cobro y además era como una forma de presión”, señala. 

Para ejemplificar lo anterior Kenia recuerda que cuando desaparecieron a su compañero, el activista Arnulfo Cerón en el estado de Guerrero, en el ayuntamiento municipal de Tlapa de Comonfort gobernado por Morena, sus compañeros comenzaron a ejercer presión desde allá, “pero nada más no lograban nada y no encontraban el cuerpo del compañero”. 

“Por eso fuimos a la caseta de Tlalpan, dimos paso libre y entonces me llamaron de la oficina de Alejandro Encinas para decir ‘sentémonos’ y entonces pedimos ‘que aparezca con vida el compañero’. Lamentablemente estaba muerto el compañero, encontramos su cuerpo y ya los compañeros no tuvieron que seguirlo buscando. 

A mí me hubiera encantado que lo hubiéramos encontrado vivo a mi camarada Arnulfo, pero lamentablemente pues la misma autopsia reveló que sí lo habían matado desde un principio, pero gracias a esa presión nos dieron su cuerpo, nos lo entregaron, porque ni siquiera eso querían dar, respetar ese derecho para las familias, a la familia del compañero Arnulfo”, señala. 

Las posturas de AMLO sobre el caso Kenia Hernández

En la conferencia de prensa del 30 de diciembre del 2022, el periodista Ernesto Ledesma, de Rompeviento TV, llevó el caso de Kenia Hernández hasta Palacio Nacional con el fin de exponer que la activista indígena llevaba ya dos años de prisión, cuando todos los cargos en su contra eran susceptibles de acuerdo reparatorio y señaló que en los cargos federales se le acusa a Kenia de haber liberado las plumas de cuatro casetas de Acapulco, tres casetas de Guanajuato y una caseta de Morelos.

“El gobierno del Estado de México le ha hecho cargos por robo, por violencia, y presentaron dos testigos: uno que la señala de haberle robado 500 pesos y, otro, un celular. En esos dos casos, y señalada en las casetas las Américas, de Ecatepec, y la caseta La Hortaliza, de Almoloya, ha sido sentenciada por cada caseta a 11 años de prisión, es decir, 22 años de cárcel y está recluida en un penal de máxima seguridad”, señaló. 

Precisamente, aquella mañana en Palacio Nacional estaban presentes Alfredo del Mazo, gobernador del Estado de México; Jorge Nuño, entonces secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes; y Claudia Sheinbaum, en su calidad de jefa de Gobierno de la Ciudad de México. 

Ahí, frente a dos de las máximas autoridades responsables, el periodista expuso un documento en el que se podía leer lo siguiente: 

“Se hace de su conocimiento que no es voluntad de este organismo llegar a un mecanismo alternativo de solución de controversias”, documento firmado por José Manuel Campuzano Villegas, entonces director jurídico de Capufe.

En respuesta, el entonces presidente López Obrador señaló que el caso podría ser tratado por Rosa Icela Rodríguez, entonces secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), y Jorge Nuño, el secretario de la SICT, quien aseguró “estaría en condiciones de ayudar”. 

Sin embargo, el mandatario federal aseguró que el caso de Kenia Hernández estaba vinculado a la práctica que existía de tomar casetas, “un modus operandi lucrativo” que a su consideración se convirtió en “un negocio particular de grupos”. 

“Entonces, dijimos: No, porque sean carreteras de Capufe que tengan que ver con el gobierno y que sea presupuesto público, que es dinero del pueblo, o concesiones, de una u otra manera, no se puede permitir, esto es ilegal”. 

En efecto el 22 de febrero de 2022, el Gobierno Federal publicó un decreto mediante el cual tipificó la “obstrucción de vías de comunicación”; sin embargo, el periodista interrumpió al mandatario federal para explicarle que cuando se tomaron esas medidas y se endurecieron las leyes Kenia Hernández ya tenía año y medio de prisión, por lo que no aplicaban esas nuevas leyes con ella. 

“Vamos viéndolo, vamos viéndolo. Y te ofrecemos que se le va a dar un trato justo y lo va a atender Rosa Icela”, respondió el mandatario federal. 

Ahora, desde prisión, Kenia Hernández asegura saber que hoy en día ya está prohibido dar paso libre en las casetas, “por lo que, por supuesto que no voy a salir a hacer ninguna manifestación en alguna caseta, porque pareciera que ese es el miedo, el que ‘va salir y va volver a tomar las casetas de peaje’”, señala.

Casi dos años después, unos días antes de que el presidente López Obrador dejara la presidencia de la República, el 27 de septiembre de 2024, el periodista Ernesto Ledesma regresó a la conferencia de prensa matutina para explicarle al mandatario federal que Capufe volvió a enviar el mismo documento informando que no aceptaba el acuerdo reparatorio.

“Se hace de su conocimiento que no es voluntad de este Organismo llegar a un mecanismo alternativo de solución de controversias”, señala el documento firmado en esta ocasión por Daniel Enriquez Marín, subgerente Contencioso Penal y de Asuntos Agrarios de la Capufe, documento de la que este medio tiene una copia. 

Por ese motivo el presidente volvió a prometer revisar el caso: “A ver si con Rosa Icela se ve hoy. Y tenemos hoy y tenemos hasta el lunes, a ver si se puede lograr la libertad de esta persona”.

• ¿Ha habido algún acercamiento por parte del Gobierno Federal con ustedes para tratar el tema de Kenia?– se le pregunta al abogado Lara.
• Sí, hubo un acercamiento a través de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia del Gobierno de México, que pertenece a la Secretaría de Gobernación (Segob), actualmente encabezado por la secretaria Rosa Icela. Con ellos ‘actualizamos’ el tema, pero como es de advertirse no ha habido un avance significativo en los pasos hacia la libertad de Kenia-, responde. 

“Pero no dudamos que Aletica (antes OHL) siga haciendo las gestiones y la incidencia para que las altas autoridades insistan en mantenerla en la cárcel, porque insisto tienen la absurda creencia que sí Kenia está en la cárcel controlan la toma de casetas en este país y eso es una desproporción, es un acto no solo insensible, sino que ya raya en lo inhumano”, señala el abogado.

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Un llamado a Claudia Sheinbaum

El 1 de octubre de 2024, Claudia Sheinbuam tomó protesta como la primera mujer presidenta en la historia del país.  Por ese motivo, emitió un primer discurso en el Zócalo capitalino donde enumeró los 100 compromisos a cumplir durante su gobierno. 

En su compromiso número 4 la presidenta señaló que “se respetarán los derechos humanos y nunca usaremos la fuerza del Estado para reprimir al pueblo de México”, mientras que en el punto número 15 la presidenta aseguró que seguiría “construyendo igualdad para los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas”, así como “con los planes de justicia”. 

De igual forma en el punto número 49 la mandataria federal dijo que enviaría una propuesta de reforma al Congreso “para elevar a rango constitucional la igualdad sustantiva de las mujeres en todas sus formas y el derecho que tenemos a una vida libre de violencias”. 

Ahora, desde el penal de Neza Sur, Kenia Hernández enumera esas promesas para enviarle un mensaje a la presidenta: 

“Con base en esos puntos, en esos compromisos que hizo, yo le pido que justamente voltee a ver, no solamente mi caso, sino el caso de todas las mujeres que están injustamente presas, el caso de las mujeres indígenas, porque no soy la única mujer indígena que está injustamente presa. Por favor, que nos voltee a ver justamente haciendo caso de lo que ella misma ha ofrecido, de lo que ella misma prometió puntualmente. Que por favor se siente a revisar mi caso, donde podrá ver y comprobar que soy una persona totalmente inocente”.

Y aprovecha para recordarle que ella, al igual que la mandataria, también es madre de familia: 

“Tengo dos hijos. El mayor está entrando a la adolescencia y me necesita, el pequeño está en la edad en la que más necesita cariño de su madre, tiene 7 años, entonces lo dejé desde los tres años. Desde aquí trato de seguir con mi rol de madre, utilizó las llamadas para pasar (tiempo) con ellos para enseñarles valores, principios, pero no es justo que me sigan manteniendo aquí cuando lo único que hice fue defender la justicia, la libertad, el territorio, a los pueblos, a las comunidades indígenas, a las víctimas de feminicidio. Ese es el mensaje puntual que le quiero hacer llegar a la presidenta del país”.