“Firma o desaparecemos a tu hija”: Keren Ordoñez fue torturada para declararse culpable de secuestro y lleva 9 años sin justicia
Keren Selsy Ordoñez Hernández está por cumplir nueve años en prisión por un delito que no cometió. Durante su detención, los policías la sometieron a actos de tortura para que se declarara culpable de un secuestro en Tlaxcala y la amenazaron con lastimar e incluso desaparecer a su bebé de tan solo un mes.
En 2019, con los abogados de oficio que la representaban, recibió una sentenciada de 50 años de cárcel pese a que no hay una sola prueba en su contra, que su detención tuvo múltiples irregularidades, su caso nunca fue juzgado con perspectiva de género y tampoco se tomaron en cuenta los actos de tortura ni las violaciones a sus derechos humanos que enfrentó.
Su nueva defensa impugnó la sentencia y en 2021 se ordenó reponer su proceso, etapa que lleva tres años. A mediados de septiembre de este año se logró una audiencia de derecho en donde se solicitó tomar en consideración la evidencia para acreditar las violaciones en su caso, pero a un mes de ello, sigue sin dictarse una nueva sentencia a Keren, quien tiene la esperanza de reencontrarse con su hija, su familia, rehacer su vida y estudiar psicología.
Uno de los sueños de Keren es ser psicóloga para ayudar a otras personas con sus emociones ya que en prisión conoció lo que es una crisis de ansiedad, una depresión y otras sensaciones que antes no conocía ni pensó enfrentar.
“Tenemos mucha esperanza de que la sentencia sea absolutoria, no hay nada en mi contra, yo no cometí ningún delito, pero también sé que el sistema es muy injusto, estoy en un estado en donde la mayoría de sentencias son condenatorias aunque no haya apruebas, pero tengo esperanza, tengo una hija que me espera”, dice Keren a Animal Político.
La detención arbitraria de Keren
El 11 de diciembre de 2015 cuando Keren tenía 19 años y estaba recuperándose de la cesárea de su primera hija, hombres armados vestidos de civil que llegaron en vehículos de la Procuraduría de Tlaxcala y de la extinta Policía Federal la detuvieron con su bebé de un mes de nacida a tan solo unas calles de su casa en Xalapa, Veracruz, sin tener ninguna orden de aprehensión en su contra.
Esa noche, ella salió para encontrarse con su expareja, quien la citó en su casa, según le dijo, para darle la manutención de la bebé; mientras esperaba afuera, sujetos armados llegaron a detener a su expareja y a otra persona. En el domicilio liberaron a una mujer que estaba secuestrada.
Los agentes le quitaron a la bebé de sus brazos y las subieron a la patrulla donde fue sometida a golpes, asfixia y la amenazaron con lastimar a su hija, e incluso desaparecerla si no firmaba una declaración fabricada en la que reconocía haber participado en el secuestro y afirmaba realizar labores de cuidado y limpieza en el lugar donde estaba la víctima, quien nunca ha testificado en contra de Keren.
Más de 10 horas después de su detención, Keren y la bebé fueron llevadas a la Procuraduría General de Justicia de Tlaxcala donde continuaron las amenazas y la obligaron a firmar varias hojas que no le permitieron leer. Después fue trasladada al Centro de Reinserción Social Femenil de Apizaco, Tlaxcala, donde aún permanece, lejos de su familia que radica en Xalapa.
Durante las horas retenida, Keren sufría porque no podía amamantar a la bebé y los policías tardaban mucho tiempo en llevárla con ella para alimentarla, es decir, las mismas autoridades no tomaron en cuenta el interés superior de la niñez, impidiendo que se salvaguardara su integridad y salud.
Además, la bebé fue trasladada al DIF de Tlaxcala sin que nadie avisara a la familia de Keren. Su abuela Ciria Hernández la buscó durante 14 días y cuando dio con su paradero estaba a punto de ser dada en adopción, cuentan.
Fiscalía de Tlaxcala pide la pena máxima de 90 años; su expareja ya está libre
Ese mismo año que a ella le dictaron una sentencia de 50 años igual que a otro de los imputados, su expareja recuperó su libertad al haber sido juzgado como menor de edad y fue sentenciado a solo 5 años de prisión. Hoy está libre pese a que hay pruebas que lo implicaron en el secuestro de una mujer junto a cinco personas más.
De acuerdo con la abogada Melissa Zamora, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) −organización que acompaña el caso y que logró que se repusiera su proceso−, el caso de Keren es representativo del uso discriminatorio del sistema penal contra las mujeres, cuando este no se aplica con perspectiva de género, se ignoran las circunstancias de vulnerabilidad, violencia y desigualdad.
En la audiencia de derecho del pasado 27 de septiembre, la Fiscalía de Tlaxcala insistió en solicitar la pena máxima de 90 años de cárcel por el delito de secuestro y asignarle el “grado máximo de temibilidad” a pesar de no tener ningún antecedente penal y pruebas en su contra.
Melissa Zamora señala que la víctima de secuestro no ha querido participar en los careos y en los casi 9 años que ha durado el proceso nunca ha señalado a Keren y tampoco ha ratificado la declaración inicial en donde supuestamente la menciona.
“La Fiscalía de Tlaxcala es la que insiste en la acusación. Definitivamente es una Fiscalía que continúa con las prácticas corruptas de administraciones pasadas y el hecho de que sostenga esa acusación en esos términos demuestra que es una institución que reproduce las mismas prácticas y que no tiene un compromiso real con las mujeres víctimas (…) Por un lado Keren es una víctima de violaciones graves a derechos humanos y por otro lado a la víctima del secuestro no se le ha hecho justicia, no han dado con los verdaderos responsables del secuestro, pues la denuncia habla de la participación de al menos cinco hombres”, sostiene la abogada en entrevista.
La defensa enfatiza que Keren es víctima de un sistema de justicia que la criminalizó con un claro sesgo de género ya que el juzgado ha pasado por alto las condiciones en las que se encontraba al momento de ser detenida: convalecía por su cesárea, no había pasado la cuarentena, estaba en periodo de lactancia y durante su embarazo sufrió de preeclampsia (presión arterial alta) que la llevó a estar en un estado de salud delicado.
Aunque hay reportes médicos que documentan todo y testimonios, “si no se advierten todas estas condiciones de género va a ser una sentencia injusta”, dice Melissa Zamora.
Su caso también refleja el trato desigual del Poder Judicial porque a pesar de que toda la evidencia en la investigación habla de que el secuestro fue realizado por un grupo de hombres, la máxima culpabilidad recae sobre una mujer.
De acuerdo con datos de la última Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) del Inegi, el 64.4 % de mujeres encarceladas dijo haber sufrido algún acto de violencia al ser detenida y antes de llegar al Ministerio Público. El 47.8 % señaló haber sido incomunicada o aislada después de su detención, el 39.1% fue amenazada con levantarle cargos falsos, y el 29.9% fue amenazada con hacerle daño a su familia.
El 29 % de las mujeres que rindieron o firmaron su declaración señalaron que se declararon culpable porque recibió presiones o amenazas.
Asimismo, la encuesta señala que Tlaxcala es la entidad federativa con mayor porcentaje de la población privada de la libertad que sufrió algún acto de violencia psicológica por la policía después de su detención (81.1 %), seguido del Estado de México (76.7 %), Guerrero (74.2 %), Yucatán (70.4 %), Puebla (70 %) y Zacatecas (67.8 %).
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“Me mantiene la esperanza de salir”
Dentro de prisión, Keren, quien actualmente tiene 28 años, aprendió a coser y desde hace siete años trabaja en un taller de costura, actividad que le ayuda a solventar sus gastos y a que el tiempo se vaya más rápido y no piense tanto en el encierro.
En entrevista, recuerda que sus primeros años fueron muy dolorosos y complicados, sobre todo por estar alejada de su bebé. Poco a poco, con el apoyo de su familia, atención psicológica, el acompañamiento de otras reclusas y las llamadas con su hija le han dado la fuerza para seguir.
“Me he fortalecido, estoy enfrentado la situación con valentía, me mantiene la esperanza de salir y ver a mis papás, a mi hija, y sé que me voy a ir. Aquí con otras mujeres compartimos historias, de cada una aprendemos y nos fortalecemos”, cuenta.
Aunque brevemente, todos los días habla por teléfono con su hija Ashley y hace dos videollamadas a la semana, eso la motiva, platican de la escuela, de sus amigas y de cómo se siente.
“Me he ganado su confianza a la distancia, es una niña que ha tenido que madurar muy rápido, que ha tenido problemas por no tener cerca a la figura materna ni paterna, pero dentro de lo que cabe sé que es una niña feliz”.
Ashley está a punto de cumplir 9 años, va en tercero de primaria y hace dos años se enteró de lo que le pasó a su mamá, pues cuando era más pequeña le decían que no estaba cerca de ella por motivos de trabajo, pero ahora incluso participa activamente en las manifestaciones para exigir justicia, reparte volantes con la foto de su mamá y su historia.
“Ella va creciendo y se da cuenta de muchas cosas, del actuar de las autoridades, de las injusticias, y me hace muchas preguntas que no sé qué contestar: ´si mi mamá es inocente, ¿por qué no la han liberado? ¿por qué la policía trató así a mi mamá? ¿es por dinero que no sale?”, cuenta Ciria Hernández.
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No estar cerca de Keren ha sido un proceso complicado para todos: Ciria, quien cuida a su madre de avanzada edad, también ha tenido que asumir los cuidados y la educación de su nieta. Ella actualmente tiene 63 años y antes se dedicaba a vender tamales o hacer aseo en casas; su esposo, de ahora 79, trabajaba en la construcción. Ahora, todos viven de los apoyos gubernamentales, se dedican a darle la mejor vida que pueden a su nieta y a luchar porque a su hija se le haga justicia.
Ante la falta de recursos y la lejanía, la visitas a Keren son muy pocas, ha pasado incluso un año sin ver a su familia.
“Nosotros vamos al día, somos humildes pero honestos. Me duele mucho todo lo que nos ha pasado, me duele el alma, pero andamos con nuestra cara en alto, vamos a seguir peleando con uñas y dientes hasta que se esclarezca la verdad, no bajamos la guardia, mi hija es inocente”, asegura Ciria.
Hace unos días, diversas organizaciones de la sociedad civil, defensores de derechos humanos y familiares acudieron al Tribunal Superior de Justicia de Tlaxcala para entregar más de 15 mil firmas recolectadas en la plataforma change.org para exigir la libertad de la joven veracruzana e insistir en el llamado para que su caso se juzgue con perspectiva de género.
Cuando salga, comenta su mamá, la recibirá con los tamales, las empanadas, enfrijoladas y las gorditas que tanto le gustan.
“Siempre contará con mi apoyo, quiero que estemos juntas, que regrese a estudiar, que trabaje, cumpla sus sueños y vea crecer a su niña”, comenta.
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El presidente Noboa nombró a Sariha Moya como vicepresidenta encargada de Ecuador tras la suspensión de Abad por 150 días.
A solo tres meses de las elecciones en las que el presidente de Ecuador buscará renovar su mandato, el gobierno de Daniel Noboa desplazó a la vicepresidenta, Verónica Abad, de su cargo.
La decisión llega después de que el Ministerio de Trabajo suspendiera de manera temporal a Abad, que además es embajadora de la paz de Ecuador ante Israel, por haberse demorado en un trámite diplomático.
Para los abogados constitucionalistas consultados, la decisión es “absoluta y abiertamente inconstitucional” debido a la legitimidad de origen del cargo de vicepresidente que es el voto directo de una mayoría de ecuatorianos.
“Es llamativo que, a través de un sumario administrativo, una funcionaria designada por el presidente –que es la ministra de Trabajo– sancione a otra funcionaria que fue elegida a través del voto popular”, le dice a BBC Mundo Sebastián López, doctor en Derecho por la Universidad Andina Simón Bolívar, Quito.
La cartera de Trabajo anunció el sábado que suspendía a la vicepresidenta por 150 días por “abandono de trabajo” al no haberse presentado en la embajada de Ecuador en Turquía el 1 de septiembre como estaba dispuesto, sino el 9 de ese mes.
En su lugar, el presidente designó este lunes a Sariha Moya como vicepresidenta encargada de Ecuador. Moya, que en campaña había sido pensada para ocupar el cargo de ministra de Economía y Finanzas, estaba al frente de la secretaría de Planificación.
Para los analistas, la decisión del presidente de nombrar a una nueva “vicepresidenta encargada” para reemplazar a Abad debe ser leída en clave electoral.
Esto sería, dicen, porque Noboa, que buscará renovar su mandato en febrero, no quiere que Abad asuma en su lugar cuando él tenga que dimitir para empezar su campaña.
Abad asegura que en el último año Noboa no ha hecho otra cosa que inhabilitarla por varias vías para que no asuma la presidencia durante la campaña, tal como dispone la Constitución de Ecuador.
“Denuncio que [el presidente Noboa] ha vuelto a ejecutar una grosera violación a la Constitución y a las leyes ecuatorianas con un sumario administrativo no aplicable a funcionarios electos en urnas”, expresó Abad en un video difundido en sus redes oficiales este domingo.
Los motivos de la suspensión
Si bien el gobierno argumentó que esta decisión responde al cumplimiento del artículo 150 de la Constitución, que establece las normas para la renuncia del presidente o vicepresidente, los motivos parecen más políticos que institucionales.
La desconfianza de Noboa hacia Abad quedó expuesta a finales de 2023, cuando el presidente la nombró embajadora por la paz en Israel en un intento de mantenerla fuera del país y limitar su influencia en Ecuador.
“Es cuestionable que a través de un sumario administrativo se pretenda minar la legitimidad de una autoridad electa a través del voto popular directo”, dice el especialista en derecho Sebastián López.
En aquel momento, Abad señaló que su nombramiento como diplomática al mismo tiempo que debía ejercer el puesto de vicepresidenta no era más que una estrategia de Noboa para “alejarla” del poder.
Abad ha declarado que Noboa la ha presionado en más de una oportunidad para que renuncie a su cargo, mientras que desde el entorno de Noboa aseguran que no confían en ella para la posible sucesión temporal de la presidencia durante la campaña electoral.
Abad debía presentarse ante la embajada de su país en Turquía, país al que fue trasladada por razones de seguridad en medio del incremento de las tensiones por el conflicto de Israel en Gaza en Medio Oriente.
En ese contexto es que el Ministerio de Trabajo la sanciona por no presentarse en la fecha requerida.
“El presidente Noboa y sus ministros han preparado organizadamente la ruptura del orden constitucional y el evidente golpe de Estado que se prepara para el 6 de enero de 2025”, declaró Abad en un video que difundió en redes sociales.
Abad indicó en más de una oportunidad que se sentía perseguida y que había recibido presiones para renunciar, por eso pidió a la Asamblea que revise la resolución del Ministerio de Trabajo.
“La reciente suspensión de mi cargo como vicepresidenta es un claro reflejo de un gobierno que se ha desviado de su propósito, que ha optado por el camino de la represión y el miedo, en lugar de la transparencia y el respeto a la voluntad popular”, señaló.
Qué caminos abre la decisión
Para los especialistas en derecho, la decisión del gobierno abre un camino incierto en la política ecuatoriana que podría definirse en los próximos días.
Entre las posibilidades la vicepresidenta tiene la opción de cuestionar constitucionalmente, a través de una “acción de protección”, la decisión adoptada por el Ministerio de Trabajo.
“Pero me parece que los tiempos no le van a ser suficientes, a pesar de que tiene un mecanismo de impugnación”, dice el doctor en Derecho por la Universidad Andina Simón Bolívar.
Para el especialista, el recurso puede ser inefectivo porque hasta que finalmente se concrete la medida habrán pasado los 150 días de sanción y deberán presentarse a una nueva elección.
La vicepresidenta desplazada apunta a responsabilizar al Estado en el plano internacional. Es decir, un cuestionamiento ante el sistema interamericano de protección de los derechos humanos, algo que ya tiene antecedentes.
“Ecuador tendrá una responsabilidad y una condena internacional, pero muy poco de esto le importa al presidente actual”, opina el especialista.
“Lo que más me preocupa como profesor de Derecho Constitucional es cómo se ha trastocado el sentido constitucional y cómo se ha abusado de la institucionalidad”.
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