Organizaciones advierten que 7 cárteles disputan contrabando de tabaco que deja hasta 20 mdp al año
Para entender mejor
Organizaciones civiles advirtieron que siete cárteles mexicanos controlan el contrabando de tabaco y vapeadores, pues deja ganancias estimadas en 20 millones de pesos al año.
En el informe “Humo, Vapeo y Poder” de Defensorxs, asegura que el crimen organizado antes se dedicaba exclusivamente al tráfico de droga, armas y migrantes indocumentados, pero ahora concentra recursos y energía en mercados ilícitos como el contrabando de tabaco, tráfico de vapeadores y cobro de derecho de piso por la venta de cigarrillos apócrifos.
“El Cártel Jalisco Nueva Generación ensaya la incorporación de tecnología para su aprovechamiento; las principales facciones del Cártel de Sinaloa lo usan para ir más allá del noroeste en el mapa mexicano; La Nueva Familia Michoacana lo utiliza para afianzar el control social ya ganado con la extorsión a minas, aguacates y limones. El Cártel del Golfo lo sustituye por fentanilo en la narcoexportación hacia Estados Unidos, mientras el Cártel del Noreste lo aprovecha para reconfigurar su estructura tras años de fractura interna. Los Cárteles Unidos usan el contrabando como recaudación paralela al Estado y La Unión Tepito le saca provecho consolidando sus tratos con mafias chinas”, señala el documento.
La organización revela que cada año, entre el 10 y el 12 % de los cigarros que se fuman en el mundo son ilegales y unos 400 a 460 mil millones de piezas que cambian de manos sin pagar impuestos ni cumplir normas sanitarias. Pero en México, el problema es todavía más grave.
“Aquí, dos de cada diez cigarros que se consumen provienen del mercado negro. Cada cigarro ilícito encendido es una chispa más en un negocio que financia estructuras enteras del crimen organizado”, señala el documento.
Cárteles tienen rutas establecidas
El documento añade que las rutas del tabaco de contrabando ya no son simples líneas secundarias, pues “se han vuelto arterias que alimentan al cuerpo del crimen organizado”.
“Dos rutas por el Pacífico (Sinaloa-Nogales y Jalisco-Laredo), dos por el Golfo de México (Veracruz-Brownsville y Nuevo León-Laredo) y una por el centro del país (Guanajuato-El Paso) que se usaban exclusivamente para drogas, armas y migración indocumentada ahora se usan para mover tabaco clandestino, consolidando esos derroteros como rutas millonarias que los grupos criminales rentan a franquicias delictivas o mafias extranjeras”.
De acuerdo con el documento, los grupos criminales reparten cajetillas robadas y “cigarros artesanales” en mercados, fiestas y paquetes a damnificados como una red de clientelismo. “Quien recibe, debe algo —no siempre en dinero, sino en protección, silencio o halconeo”, indicó.
“El cigarro de contrabando se transforma en pequeño contrato social que crea obligaciones y normaliza la presencia criminal hasta volverla indistinguible”, aseguró el documento.
Debido a la política prohibicionista, en lugar de regular, el vapeador se ha convertido en un producto más del crimen organizado.
“Con su comercialización, grupos criminales obtienen una “caja chica” que les financia armas, municiones, vehículos y equipos de telecomunicación que son usados para cometer delitos en México —secuestro, extorsión, sicariato— y en el extranjero, como el tráfico de drogas hacia Estados Unidos y otros países”, precisó.
Mapa criminal y fiscalías
El documento señala que policías y fiscalías carecen de herramientas técnicas y capacidades institucionales para realizar un conteo exhaustivo y homogéneo de estos tres delitos: cuántos robos hay contra camiones de carga con tabaco o cajetillas, cuántos vapeadores entran ilegalmente a México desde Estados Unidos o Asia, cuántos microempresarios son víctimas de extorsión para pagar una cuota por cada cajetilla apócrifa vendida o para tener el permiso del crimen organizado de vender cigarrillos de imitación con marcas que pertenecen a los cárteles.
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“Hay una pelea política por espacios de poder que suele desincentivar la transparencia en el registro de estos delitos, afectando la calidad y cantidad real de los datos oficiales. En México, las organizaciones criminales más poderosas recurren con frecuencia a la violencia y las amenazas para que estos delitos se mantengan ocultos”, comentó.
Recordó que frente a los casi 70 homicidios dolosos al día y un promedio de 30 víctimas conocidas de extorsión cada día, las autoridades tienen argumentos para no atender lo que desde lejos parece un mercado negro aparentemente inofensivo, como la venta de cajetillas apócrifas, vapeadores piratas y reventa de tabaco robado.
“Este informe comprueba que la violencia ejercida por quienes protegen estos delitos es tan real como una caja chica cuyas ganancias financian crímenes como desapariciones forzadas, magnicidios y secuestros”.
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El acuerdo regula cómo ambas naciones deben repartirse el agua de los ríos Bravo y Colorado, que forman parte del límite territorial entre ambas.
La disputa sobre la implementación de un tratado firmado en 1944 que regula cómo Estados Unidos y México deben repartirse el agua de los ríos Bravo y Colorado, vuelve a intensificarse.
El presidente Donald Trump anunció este lunes que dio luz verde a la documentación para imponer un arancel del 5% a los productos procedentes de México si el país vecino “continúa incumpliendo” el tratado.
En un mensaje publicado en su red Truth Social, el mandatario subrayó que México debe más de 986 millones de metros cúbicos de agua a EE.UU. y estableció el 31 de diciembre como el plazo para que México entregue más de 246 millones de metros cúbicos de agua.
“Cuanto más tarde México en liberar el agua, más perjudicados resultarán nuestros agricultores”, advirtió Trump, instando al gobierno de Claudia Sheinbaum a “solucionar ya” la cuestión.
La implementación del tratado ha generado en el pasado fuertes protestas de agricultores mexicanos, según los cuales la extracción de agua para EE.U. en tiempos de sequía amenaza seriamente su medio de vida.
En abril, Trump ya había amenazado a México con aranceles e incluso sanciones por el tema del agua.
“México está incumpliendo su obligación. Esto …perjudica gravemente a los agricultores del sur de Texas”, escribió entonces Trump en su plataforma Truth Social.
“El mes pasado detuve los envíos de agua a Tijuana hasta que México cumpla con el Tratado de Aguas de 1944… y seguiremos intensificando las consecuencias, incluyendo aranceles y, quizás, incluso sanciones, hasta que México cumpla con el tratado y le dé a Texas el agua que le corresponde”, agregó.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió en ese momento a Trump con un mensaje en su cuenta oficial de X.
“El día de ayer fue enviada al subsecretario del Departamento de Estado de Estados Unidos una propuesta integral para atender el envío de agua a Texas dentro del tratado de 1944, que incluye acciones de muy corto plazo. Han sido tres años de sequía y, en la medida de la disponibilidad de agua, México ha estado cumpliendo”.
“He instruido a los secretarios de Agricultura y Desarrollo Rural y Relaciones Exteriores, así como a la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales que de inmediato hagan contacto con la Secretaría de Agricultura y el Departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos. Estoy segura que, como en otros temas, se llegará a un acuerdo”, dijo la mandataria en abril.
¿Qué dice el tratado?
De alguna manera, se podría decir que el llamado Tratado de la Distribución de las Aguas Internacionales firmado por México y EE.UU. en 1944 tiene su origen en otro acuerdo alcanzado casi un siglo antes de esa fecha.
El Tratado de Paz, Amistad, Límites y Arreglo Definitivo (más conocido como Tratado de Guadalupe Hidalgo), firmado en 1848 al final de la guerra entre ambos países iniciada por la disputa de Texas, fue el que estableció que México cedería a EE.UU. más de la mitad de su territorio en aquel entonces.
Pero además, también fijó la frontera entre ambos países en el río Bravo -conocido como río Grande por los estadounidenses- y cuyas aguas han sido centro de conflicto en Chihuahua.
La ubicación estratégica del río hacía necesario un plan de distribución entre ambos actores. Tras años de negociación y varias propuestas fallidas, México y EE.UU. firmaron en Washington el tratado vigente en la actualidad.
Según el acuerdo, México se queda con dos tercios de la corriente principal del Bravo y cede a su vecino el resto, que no podrá ser menor de unos 432 millones de metros cúbicos (Mm3) anuales.
Como contraparte, EE.UU. cede a México cada año 1.850 Mm3 del río Colorado, que en su mayoría se encuentra en suelo estadounidense pero que también pasa por la frontera entre ambos países hasta desembocar en el golfo de California, entre los estados mexicanos de Baja California y Sonora.
El acuerdo también establece que la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), un organismo binacional, es el encargado de resolver las posibles diferencias en materia de límites.
El pacto estipula que EE.UU. cumplirá con su entrega de agua cada año, mientras que México podrá hacerlo en períodos de cinco años.
“Es de los mejores acuerdos que se han logrado en la historia con relación a EE.UU.”, afirmó en 2020 el expresidente Andrés Manuel López Obrador.
¿Debería reformarse el tratado?
Reformar o actualizar las condiciones de un tratado que fue firmado hace 76 años podría ser una de las opciones para tratar de solucionar conflictos.
Pero algunos analistas consideran que tanto los litros de agua acordados como la posibilidad de entregar su parte cada cinco años en lugar de anualmente son ventajas que México no debería perder.
Para los agricultores del lado mexicano de la frontera, lo que está en juego en tiempos de sequía agravada por el cambio climático, es algo mucho más inmediato que los vaivenes diplomáticos entre ambos países.
Los enfrentamientos de 2020 entre agricultores y la Guardia Nacional en Chihuahua tuvieron lugar tras la decisión del gobierno de extraer agua de la presa de la Boquilla para cumplir el tratado con EE.UU.
En ese entonces, el vocero de los agricultores, Salvador Alcantar, presidente de la Asociación de Usuarios de Riego de Chihuahua (Aurech), señaló que estaba en riesgo el futuro de unas 20.000 familias que viven del campo en la región.
Alcantar compartió con BBC Mundo uno de sus mayores temores:
“En 1995 no se abrieron las presas para sembrar y hubo una migración masiva desde nuestros municipios. Los hombres en edad productiva se marcharon para dar sustento a la familia, fue una desintegración familiar fuerte que aún estamos sufriendo”, recuerda.
“Y ese es el problema social que podemos volver a ver si no sembramos el año próximo”.
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