Mercancía china, incluso vapeadores, desborda calles del Centro Histórico de CDMX tras decomisos y cierre de Izazaga 89
Hace tres semanas, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, presumió la incautación de más de 262 mil piezas de mercancía pirata con un valor estimado de 7.5 millones de pesos. En estas fiestas decembrinas, el Centro Histórico luce desbordado de todo tipo de mercancías de origen chino que se venden en puestos instalados en la calle.
Adornos navideños, ropa y calcetines con motivos de la época, lentes y bolsas de imitación, productos originales de marcas populares y todo tipo de regalos de última hora se extienden desde las inmediaciones de la Alameda, alrededor del Palacio de Bellas Artes y sobre Juárez, pasando por los costados y las espaldas de Palacio Nacional hasta las inmediaciones del metro Pino Suárez.
Además sobre Avenida Juárez, a unos pasos de la Secretaría de Relaciones Exteriores —que antes encabezó el ahora titular de Economía— se mantienen puestos que venden todo tipo de vapeadores, pese a la reciente aprobación de la reforma constitucional que establece la prohibición de estos y del fentanilo, que ignoró diversas advertencias en el sentido de que esa medida abrirá el control del mercado a grupos delincuenciales.
Con un mostrador de nueve repisas colocado sobre la banqueta, el vendedor dice que hay para cualquier gusto y necesidad; los costos varían entre 100 y 500 dependiendo del tamaño, sabor y número de fumadas. Las cajas de diferentes colores y tamaños no prueban un origen legítimo a simple vista.
Mientras, de Juárez a Zócalo se extiende el comercio informal de todo tipo de adornos, regalos navideños y productos cotidianos. La plaza Izazaga 89, que albergaba más de mil locales establecidos, permanece “cerrada temporalmente”, como lo anuncia una cartulina en la puerta. “Por indicación de los dueños”, precisa otra, aunque ya se han retirado los sellos de suspensión colocados por las autoridades el sábado 30 de noviembre.
No se necesita dar muchos pasos para observar que incluso ahí mismo, en la banqueta de afuera, se siguen ofertando productos sin empaquetado, etiquetado o referencia a marca alguna.
Alrededor del metro Pino Suárez la escena es la misma: todo tipo de mercancías con la leyenda Hecho en China o incluso con letras en este idioma impresas en empaques no sellados o con etiquetas poco nítidas, además de lentes y bolsas que imitan marcas populares.
Las calles de Moneda, Correo Mayor y Corregidora, que rodean a Palacio Nacional, se llenan de transeúntes que, de última hora, resuelven compras de pánico navideñas para festejar o regalar. Incluso queda poco espacio para caminar, ir y regresar entre los puestos. En particular, los calcetines y suéteres de la época no esconden el origen de su elaboración.
La “batalla” contra la mercancía china
De los comerciantes de Izazaga 89 no se supo más, pero las mujeres que protagonizaron un video en redes sociales para quejarse porque las dejaron sin su fuente de ingresos en plena época navideña ya habían adelantado que independientemente del origen de la mercancía, muchos habían logrado recuperarla y ahora estaban vendiéndola en otras plazas cercanas, en el mejor de los casos, o en la calle.
Desde entonces, su reclamo fue que el operativo solo contemplara un punto del Centro Histórico y se hubiera aplicado “parejo”, sin dar oportunidad de revisión a los comerciantes que conservaban ahí un local establecido con mercancía comprada de manera legítima. Las mujeres de la plaza sostuvieron entonces que los locales, salvo algunas excepciones, eran en su mayoría de familias mexicanas, muchas presididas por mujeres que incluso vendían sus propios productos.
Según datos del Servicio de Administración Tributaria (SAT) del primer semestre de 2024, de enero a junio se realizaron 181 revisiones, con un valor estimado de mercancía embargada de mil 600 millones de pesos en los sectores de embarcaciones, maquinaria, muebles, calzado, electrónicos, textiles y automotriz.
En julio, además, el SAT sumó el embargo precautorio de un millón 401 mil 491 piezas provenientes de China, entre ellas pantuflas, sandalias, ventiladores, mochilas y otros, con valor cercano a 418 millones de pesos.
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Tras el cierre de Izazaga 89, Ebrard justificó que solicitaría la extinción de dominio como parte de las acciones nacionales para combatir el contrabando y la piratería, de lo particular a lo general: cerrar la plaza, revisar después quién es el arrendador y posteriormente qué agencias aduanales usan para pasar, según sus declaraciones del 3 de diciembre.
“A lo mejor sí es de China, pero todo es chino, ¿qué mercancía no es china? Yo la compro, no es mercancía robada, nada es piratería”, reclamaba una de las comerciantes de Izazaga apenas la semana pasada. En estas fechas decembrinas, las calles del Centro Histórico no la desmienten.
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La fiscal Sandra Gutiérrez informó que el expresidente y dos personas más son acusadas de “trata de personas”, por lo que se ha requerido su detención.
Una fiscal departamental de Bolivia informó este lunes que el expresidente Evo Morales y otras dos personas fueron imputados por el delito de “trata de personas agravado” y confirmó que existe una orden de detención vigente en su contra.
La fiscal Sandra Gutiérrez, del departamento de Tarija, señaló que Morales fue imputado junto con los padres de la presunta víctima, Idelsa Pozo Saavedra y Emeterio Vargas Mamani.
Según la agencia AFP, el caso habría ocurrido en 2015, cuando Morales cumplía su tercer mandato como presidente. La fiscal dijo que el exmandatario presuntamente tuvo una hija con una menor de edad.
“Ha sido esta imputación presentada el día de hoy. Estamos a la espera de que el juez cautelar señale la fecha y hora para que se lleve a cabo la audiencia de medidas cautelares”, dijo la fiscal Gutiérrez en conferencia de prensa.
“Acá no hay nada político. Nosotros estamos resguardando los derechos de una persona que, lamentablemente, ha sido vejada. Y esto con el visto bueno de sus padres, lamentablemente, por ello uno de ellos se encuentra con prisión preventiva”, señaló Gutiérrez en referencia a Emeterio Vargas Mamani, quien está detenido.
La decisión de la fiscalía se debe a que Morales no acudió a declarar y, transcurridos 10 días desde que fue notificado, “corresponde presentar una imputación formal” y emitir una orden de detención, dijo Gutiérrez.
El expresidente Morales no ofreció declaraciones de forma inmediata. Desde hace meses ha denunciado que es víctima de persecución política por parte del presidente Luis Arce y sus colaboradores en el partido Movimiento Al Socialismo para evitar que se presente a las próximas elecciones presidenciales.
El caso contra Morales
Las autoridades de Bolivia informaron en octubre pasado del caso que se sigue en contra del expresidente Morales por la presunta trata de una menor de edad.
Gutiérrez explicó que la investigación se inició a finales de septiembre pasado, cuando recibió una denuncia.
Los padres de la menor tenían “el único propósito de escalar políticamente y obtener beneficios… a cambio de su hija menor de edad”, dijo Gutiérrez.
Según AFP, Morales había desestimado previamente estas acusaciones, ya que la investigación se había centrado en cargos de estupro, pero desde entonces los fiscales han ajustado su enfoque hacia la presunta trata de personas.
En octubre pasado, Morales fue citado a declarar, pero no compareció ni ofreció un justificante, expuso la fiscal. Al no hacerlo, la orden de detención contra Morales e Idelsa Pozo fue emitida el 16 de ese mes.
“Es un caso bastante complejo. Por eso es que nosotros hemos manejado esta investigación con mucha cautela, porque acá no solo estaban de por medio una menor, que al momento que empezó esta investigación el 2 de octubre… en esa fecha desaparece la víctima, conjuntamente (con) su pequeña hija menor”, dijo la fiscal.
Según la funcionaria, hasta ahora el expresidente no ha podido ser detenido por diversas causas, como que nunca estuvo en el domicilio señalado como propio en el departamento de Cochabamba.
También dijo que policías fueron agredidos por manifestantes “afines a Evo Morales”. Además, la fiscal aseguró que el expresidente ha sido visto portando un arma.
La fiscal afirmó también que se solicitó la alerta migratoria para Morales y Pozo.
Rivalidad con Arce
El caso contra Morales llega en medio de las crecientes tensiones en Bolivia entre los partidarios de Morales y los del actual presidente, Luis Arce.
Arce fue ministro de Economía de Morales entre 2006 y 2019. En 2020, Arce llegó a la presidencia con apoyo de Morales. Sin embargo, la alianza terminó en 2021. El motivo del quiebre fue el nuevo intento de Morales de aspirar a la presidencia en los comicios de 2025.
En junio, un intento de golpe de Estado de una parte de miembros del ejército, en el que un grupo de soldados y vehículos militares intentaron tomar el control de la Plaza Murillo, elevó aún más el enfrentamiento entre Arce y Morales.
Arce ha acusado a Morales de planear un “golpe de Estado” al convocar manifestaciones en su contra. Los que se manifiestan a favor de Evo culpan a Arce de los problemas económicos del país y de la escasez de dólares y combustible.
Morales quiere volver a la presidencia por cuarta vez, a pesar de que la Constitución del país habilita solo dos mandatos. Arce, por su parte, intentará pelear por su segundo mandato.
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