La regulación para sancionar la importación, distribución y venta de vapeadores no será discutida en el próximo periodo extraordinario del Congreso de la Unión. Así lo confirma el decreto publicado este 20 de junio en el Diario Oficial de la Federación, donde se enlistan los 16 temas que se abordarán entre el 25 y el 30 de junio de 2025, sin incluir la ley secundaria sobre dispositivos electrónicos de nicotina.
Esto ocurre a pesar de que, el pasado 29 de mayo, la presidenta Claudia Sheinbaum había anunciado que la regulación sería una prioridad legislativa en las semanas siguientes.
“Una de las leyes que esperamos se apruebe es la Ley de Salud. En esa ley ya vienen las especificaciones de las sanciones, porque falta esa parte regulatoria para todos aquellos que introduzcan o vendan vapeadores, porque además ni pagan impuestos. Sí, ya está prohibido por la Constitución; lo que falta es la regulación secundaria para ver qué sanciones tendrán, cuáles son los mecanismos y qué instituciones deberán supervisar que no se vendan”, afirmó entonces.
Sin embargo, el acuerdo de la Comisión Permanente del Congreso, que establece la agenda del periodo extraordinario, omite por completo este tema.
El artículo 78 de la Constitución establece que la Comisión Permanente puede convocar a periodos extraordinarios, pero debe especificar con claridad los temas a tratar. Y en estos casos, no se puede discutir ningún asunto que no esté expresamente contenido en la convocatoria.
Es decir, aunque los legisladores quisieran incluir de última hora la regulación de vapeadores, no podrían hacerlo sin una nueva convocatoria. Por tanto, si no se convoca a otro periodo extraordinario en julio, la legislación quedará en pausa hasta septiembre, cuando inicie el nuevo periodo ordinario de sesiones.
El Congreso de la Unión tiene un plazo de 180 días naturales a partir de la entrada en vigor de la reforma constitucional para emitir las leyes secundarias correspondientes. La reforma que prohíbe el uso, venta e importación de vapeadores fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de enero de 2025 y entró en vigor al día siguiente, lo que significa que el plazo vence el próximo 17 de julio.
De no aprobarse dicha legislación antes de esa fecha, la prohibición quedará sin herramientas legales para ser aplicada: no habrá sanciones, ni autoridad claramente facultada para vigilar su cumplimiento.
Diversos especialistas han señalado que la falta de regulación genera que los dispositivos de vapeo siguen vendiéndose sin control en tiendas, redes sociales, puestos callejeros y hasta en supermercados, en un mercado donde no se pagan impuestos y donde, incluso, se han documentado vínculos con redes de contrabando y crimen organizado.
Esto debido a que la reforma constitucional de enero prohibió el uso, venta, distribución e importación de vapeadores en todo el país. Pero sin leyes secundarias, esa prohibición carece de mecanismos de aplicación: no hay definiciones sobre las sanciones económicas o penales, no se sabe qué autoridad debe hacer las inspecciones ni cómo se perseguirá el contrabando de estos productos.
Animal Político también realizó un foro al respecto en el que convocó a especialistas del tema. Acá lo puedes ver completo.
Se estima que miles de soldados rusos regresan del frente en Ucrania con problemas de salud mental, pero los profesionales del sector creen que no hay un sistema eficaz para brindarles apoyo psicológico.
“La mayoría de los soldados no quieren ir a terapia”, asegura Tatyana (nombre ficticio), una psicóloga voluntaria del proyecto Hogar Familiar, financiado por el Estado ruso.
A menudo le dicen que no podría entender por lo que ellos han pasado porque no estuvo en el frente, o temen que no sea capaz de soportar sus relatos de la guerra, le explica al Servicio Ruso de la BBC.
Agrega que, en lugar de someterse a terapia, prefieren salir a beber con amigos.
Se estima que miles de soldados rusos están regresando del frente en Ucrania con problemas de salud mental, como el trastorno de estrés postraumático (TEPT).
Pero los profesionales de esta rama señalan que, en los tres años y medio transcurridos desde que el Kremlin lanzó su invasión a gran escala, las autoridades no han logrado establecer un sistema eficaz de apoyo psicológico para los veteranos.
Como explica Tatyana, la transición de regreso a la relativa calma de la vida civil puede desencadenar una agresividad incontrolable en algunos excombatientes.
“Mi colega tuvo un paciente que entró en una cafetería y empezó a golpear a los clientes porque estaban allí sentados relajándose”, relata.
Y puntualiza que “existe ese conflicto interno: ‘aquí soy una buena persona, amable, y allí estaba matando gente'”.
También recuerda haber trabajado con un comandante que obligaba a sus subordinados a permanecer durante días en un hoyo sin comida ni agua, un método que consideraba necesario para imponer disciplina.
“Cuando volvió a casa con su familia, se preguntaba: ‘Dios mío, ¿cómo pude tratar así a estos chicos?'”, relata.
En el transcurso de todo un año, indica Tatyana, solo ocho soldados acudieron a ella en busca de apoyo psicológico, y varios de ellos acabaron desistiendo y recurriendo al alcohol.
Moscú no ha revelado cuántos soldados participan actualmente en los combates.
Sin embargo, en diciembre de 2023, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, declaró que había 617.000 soldados en el frente. Otros 490.000 fueron desplegados el año siguiente.
Según el Centro de Psiquiatría Bekhterev de Rusia, entre el 3% y el 11% de los soldados que pasan por el frente podrían sufrir trastorno de estrés postraumático (TEPT).
En el caso de una herida grave, la probabilidad de desarrollar un trastorno aumenta al 14-17%, según el mismo organismo.
Desde el inicio de la invasión a gran escala de Ucrania, el Ministerio de Salud ruso ha establecido unas 2.700 oficinas de orientación médico-psicológica en todo el país para proteger la salud mental de los veteranos y sus familias.
También existe un programa financiado por el Estado que ofrece apoyo, además de algunas redes de voluntarios.
Pero todos estos esfuerzos son insuficientes y los centros que prestan asistencia psicológica son demasiado pequeños o carecen de personal, señala Yana (nombre ficticio), psicóloga que trabaja en una de estas oficinas de apoyo.
Yana se opone a la invasión de Ucrania y al principio pensó que sería difícil trabajar con hombres que habían participado en los combates; pero al final sintió que su ayuda podía marcar la diferencia.
“Son personas peligrosas y yo puedo hacer que sean menos peligrosas”, le cuenta al Servicio Ruso de la BBC.
Pero hay otro reto, asegura: operar en un entorno cada vez más represivo en el que cualquier crítica a lo que el Kremlin llama “operación militar especial” es ilegal.
Tanto los terapeutas como los pacientes suelen tener miedo de hablar con franqueza.
“A todos nos da miedo hablar”, afirma Yana. “Si hablas con alguien que no comparte tus ideas, puede haber consecuencias. Alguien podría delatarte y ya tu vida se arruinó”, sentencia.
Recuerda cómo algunos pacientes la ponían a prueba durante las sesiones, haciendo comentarios casuales sobre la guerra mientras observaban cuidadosamente su reacción.
Muy pocos de sus pacientes civiles apoyan abiertamente la guerra, asegura. La mayoría simplemente quiere que termine.
Cuando Rusia lanzó su invasión a gran escala de Ucrania en 2022, no solo envió soldados profesionales al frente; entre sus filas también había criminales convictos que aceptaron combatir a cambio de reducciones de condena.
Muchos fueron reclutados por el mercenario Grupo Wagner, fundado por el fallecido Yevgeny Prigozhin. A los presos se les prometía clemencia y un indulto total a cambio de seis meses de servicio en combate. Según dijo el propio Prigozhin, se alistaron alrededor de 50.000 reclusos.
Sin embargo, en enero de 2024 el papel de Wagner en el reclutamiento había disminuido, y el Ministerio de Defensa ruso asumió el control.
Las condiciones cambiaron significativamente: los presos que se ofrecían como voluntarios ahora debían servir durante todo lo que se prolongara la guerra.
De hecho, estén condenados o no, la mayoría de los soldados ahora están sujetos a contratos sin fecha de finalización.
Desde que se declaró la movilización masiva en septiembre de 2022, el servicio militar se ha vuelto, en la práctica, indefinido. La baja solo se concede en casos de heridas graves, vejez o nuevas condenas penales.
Y estas condenas son cada vez más frecuentes.
Según una investigación del medio independiente Verstka, al menos 242 personas han muerto y otras 227 han resultado heridas en crímenes cometidos por veteranos de guerra entre febrero de 2022 y agosto de 2024 en Rusia. Los casos van desde asesinatos hasta agresiones sexuales y palizas.
A principios de 2025, el Instituto Jurídico de los Urales -dependiente del Ministerio del Interior- publicó un estudio sobre el “impacto de la operación militar especial en el crimen en Rusia”.
Concluyó que, desde que comenzó la guerra, los delitos graves y violentos han aumentado de forma significativa en todo el país.
Matvey (nombre ficticio), psicólogo en una clínica de tratamiento de adicciones en una región rusa, cuenta que él y sus compañeros esperaban un aumento de casos de abuso de alcohol relacionado con el TEPT entre los soldados que regresaban.
Según las directrices clínicas del Centro Bekhterev, las personas expuestas a traumas extremos -como el combate- tienen un alto riesgo de desarrollar problemas de adicción.
En 2024, el personal militar representaba el 10 % de todos los casos tratados por adicción en el Centro Serbsky, el principal hospital psiquiátrico de Rusia.
A pesar del claro vínculo entre trauma y adicción, las opciones de tratamiento eficaces siguen siendo escasas.
Matvey explica que los pacientes suelen permanecer en su centro como mucho dos semanas, un período de “cuidados paliativos” más que de tratamiento efectivo.
Métodos como la terapia de procesamiento cognitivo, que requiere al menos 12 sesiones, son prácticamente inexistentes.
“Para la mayoría, la terapia resulta demasiado dolorosa o demasiado abstracta como para comprometerse con ella”, afirma Matvey.
“Nuestros pacientes pueden darse cuenta de que algo no está bien, pero el problema es tan terrible, tan traumático y doloroso, que no quieren tocarlo”, indica.
Y agrega: “Creo que el tratamiento del TEPT debería ser más o menos obligatorio”.
El presidente Putin planteó a principios de 2024 la idea de hacer obligatoria la terapia para los soldados que regresan, pero hasta ahora no se ha implementado ninguna política en ese sentido.
Incluso si existiera voluntad política, el país enfrenta una grave escasez de especialistas calificados.
Las estimaciones sobre el número de psicólogos en ejercicio en Rusia varían ampliamente, entre 57.000 y más de 100.000.
Según la Organización Mundial de la Salud, eso equivale a apenas entre 4 y 5 psicólogos por cada 100.000 habitantes, muy por debajo de los estándares internacionales.
A pesar de todos los obstáculos sistémicos, algunos psicólogos aseguran que su trabajo no ha sido en vano.
Yana continúa atendiendo a civiles, refugiados y familiares de soldados, de los cuales bastantes lidian con TEPT y ansiedad aguda.
En apenas 10 a 12 sesiones, afirma, muchos pacientes comienzan a sentirse seguros nuevamente.
“Es algo positivo, porque la mayoría no podría permitirse ayuda psicológica de otro modo”, señala.
Tatyana considera que se necesita hacer mucho más para ayudar a los veteranos de combate.
“No tenemos una organización unificada en todo el país”, afirma.
Y sentencia: “La gente se queda sola, buscando voluntarios o tratando de arreglárselas por su cuenta si quiere trabajar con un psicólogo”.
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