
Edgar “N”, alias “Limones”, señalado como presunto operador financiero y jefe de plaza de la organización criminal conocida como Los Cabrera, fue ingresado al Centro Federal de Reinserción Social (CEFERESO) Número 1 “El Altiplano”.
El “Limones” presuntamente se dedicaba a la extorsión de comerciantes y ganaderos, así como a actividades de fraude y lavado de dinero.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que Edgar “N” fue ingresado al penal del Altiplano junto con otras cinco personas más, quienes fueron detenidas en cateos realizados en Coahuila y Durango por estar presuntamente involucradas en la misma red criminal.
Los cateos se realizaron el pasado 10 de noviembre y, además de realizarse las capturas, fueron aseguradas “cinco armas largas, un arma corta y equipo táctico”, según el reporte oficial.

La captura se realizó en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, como parte de una operación conjunta de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN), la Fiscalía General de la República (FGR) y su Agencia de Investigación Criminal (AIC), con información del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
Un día después de su detención, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) reportó que bloqueó cuentas bancarias de diversas personas cercanas a Edgar “N”, así como las de varias empresas.
Los negocios cuyas cuentas fueron bloqueadas se dedicaban a giros inmobiliarios, servicios integrales e ingeniería. Estas compañías presentaban patrones financieros irregulares y presuntos recursos de procedencia ilícita, además de características propias de empresas fachada.

Las autoridades indicaron que las empresas habrían sido usadas para simular pagos de nómina, realizar operaciones de compraventa de vehículos de lujo, efectuar pagos en efectivo y llevar a cabo transferencias fraccionadas. Ninguna de las empresas mostraba actividad económica real identificada.
El organismo explicó que las medidas tienen como objetivo proteger a víctimas de extorsión y fraude, así como reforzar la seguridad y el blindaje del sistema bancario nacional ante operaciones vinculadas con estructuras criminales.
Actualmente, las investigaciones continúan para identificar otros posibles vínculos financieros y operativos relacionados con las actividades atribuidas a Edgar “N” y su entorno.

La medida de paralización de los procesos migratorios afecta a las personas provenientes de 19 países no europeos.
El gobierno de Donald Trump anunció este martes la suspensión de las solicitudes de inmigración presentadas por ciudadanos de Venezuela, Cuba, Haití y otros 16 países no europeos, a los que les había restringido la posibilidad de viajar a Estados Unidos a principios de este año.
La decisión paraliza las solicitudes de residencia y ciudadanía pendientes de las personas procedentes de ese grupo de países y exige que todos los inmigrantes procedentes de esos estados “se sometan a un proceso de revisión exhaustiva”.
Además de los países latinoamericanos mencionados, la lista afecta a los ciudadanos de Afganistán, Burundi, Chad, Eritrea, Guinea Ecuatorial, Irán, Laos, Libia, Myanmar, República del Congo, Somalia, Sudán, Yemen, Sierra Leona, Togo y Turkmenistán.
La medida fue formalizada a través de un memorando del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos en el que se anuncia un proceso exhaustivo de reevaluación, para analizar a fondo “las amenazas a la seguridad nacional y pública, así como cualquier otro motivo de inadmisibilidad o inelegibilidad”.
El texto oficial que detalla la nueva política hace referencia al ataque armado ocurrido la semana pasada en Washington D.C. contra dos miembros de la Guardia Nacional, uno de los cuales falleció.
Por ese ataque fue detenido como sospechoso Rahmanullah Lakanwal, un hombre afgano que había colaborado con las fuerzas estadounidenses en Kabul y que entró a EE.UU. en 2021, beneficiado por un programa que otorgó protección especial a los migrantes de ese país, tras la retirada de los militares de EE.UU. de ese país.
La oleada de restricciones ocurridas tras el ataque a los miembros de la Guardia Nacional sugiere un enfoque creciente del gobierno de Trump sobre la inmigración legal, enmarcado en la protección de la seguridad nacional.
Desde que volvió a la presidencia en enero, Trump firmó una orden ejecutiva en la que busca “proteger a los ciudadanos estadounidenses de extranjeros que puedan intentar cometer actos terroristas, representar amenazas a la seguridad nacional, promover ideologías de odio o explotar las leyes de inmigración con fines maliciosos”.
En ese contexto, Trump ha ordenado enviar a decenas de agentes federales a las principales ciudades de Estados Unidos para detener migrantes indocumentados y concretar deportaciones.
Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.
Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.
Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.