Récord histórico: más de 200 mil víctimas de homicidio doloso en el sexenio de AMLO
La violencia letal en México alcanzó su máximo sexenal en el periodo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, con un registro de 200 mil 075 víctimas de homicidio doloso a nivel nacional, el “más letal de la historia”, reveló la organización México Unido Contra la Delincuencia (MUCD).
De acuerdo con su informe Atlas de Homicidios, México 2024: siete años, miles de muertes, la cifra establece el récord en el periodo analizado (enero 2018-diciembre 2024), durante el cual se encontraron 241 mil 967 víctimas de este delito.
Aunque la organización reconoce que en estos siete años el promedio anual de víctimas diarias disminuyó, pasando de 100 en 2018 a 88 en 2024, destaca la persistencia de la crisis de violencia homicida en México y la necesidad urgente de una respuesta gubernamental más efectiva y focalizada.
Se trata de la séptima edición de esta publicación anual que estudia el fenómeno de la violencia letal en México y que, por primera vez, compila siete años completos de análisis de los datos de defunciones del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Concentración de homicidios en cinco estados; destaca el caso de Culiacán, Sinaloa
En su informe, presentado este martes 9 de diciembre, la organización también se centra en la “alarmante” concentración de la violencia en cinco estados: Guanajuato, Estado de México, Baja California, Chihuahua y Michoacán.
“Estos cinco estados concentraron el 43 % de todos los homicidios de 2018 a 2024 (103 mil 203 víctimas), mientras que Yucatán, Baja California Sur, Campeche, Aguascalientes y Durango fueron los estados con menor número de víctimas”, señaló.
A nivel municipal, la organización destacó los casos de Tijuana, Baja California, y Juárez, Chihuahua, que siempre se mantuvieron como los dos municipios más violentos en el periodo.
En contraste, destacaron el caso de crecimiento “desproporcionado” en municipios como Culiacán, Sinaloa, que, aunque no se encontró entre los cinco más violentos de 2018 a 2024, sí presentó un crecimiento marcado de los homicidios durante los dos últimos años, con +45 % en 2023 y +89 % en 2024.
“Estos dos años coinciden con el inicio de los enfrentamientos de las fuerzas armadas contra el Cártel de Sinaloa”, derivados del conflicto entre el grupo criminal conocido como “Los Chapitos”, de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán y “Los Mayos”, liderados por los hijos de Ismael “El Mayo” Zambada.
Accidentes superaron a homicidios como la principal causa de muerte violenta
Finalmente, la organización subrayó el hallazgo de que, por primera vez en el periodo analizado, los “accidentes” (43 %) superaron a los “homicidios” (41 %) como la principal causa de muerte desde 2022, resaltando las muertes por “intencionalidad no determinada” (5.8 %).
“Estas son aquellas muertes que fueron violentas, pero que no se logra determinar si fue un homicidio, si fue un suicidio, si fue un accidente o si fue una operación legal o de guerra”, explicó Daniela Osorio, autora del Atlas.
También destacaron el aumento notable en las muertes violentas por “operaciones legales o de guerra” (0.1 %), especialmente en Tamaulipas, lo que sugiere un cambio en la dinámica de la letalidad en el país, aunque su impacto sobre la violencia letal o los registros de homicidio doloso es menor.
“También las muertes violentas por ‘operaciones legales o de guerra’ tuvieron un crecimiento gigante en 2024, con un aumento del 184 % (de hecho, fue la categoría con el mayor crecimiento anual en 2024, con 29 víctimas en 2023 a 82 en 2024) y eso es preocupante porque en el registro no tenemos tanta información como para saber qué tipo de operación ‘legal’ se llevó a cabo.
Según la organización, de 2018 a 2024, el 74 % de estas muertes se concentró en Tamaulipas (259), entidad que encabezó esta clasificación cada año, lo que la ubica como la entidad con un caso extremo de letalidad estatal, así como Zacatecas (31) y Coahuila (16).
“Las ‘operaciones legales o de guerra’ es una categoría de registro de estas estadísticas que, si bien no tiene muchos casos, porque no es el mayor porcentaje de los 32 mil homicidios ocurridos o de más del medio millón de muertes violentas, sí vemos que de pronto en algunos estados se está utilizando más y que incluso dentro de esa categoría de pronto vemos ‘ejecuciones legales’, algo que no existe en el marco jurídico mexicano”, agregó Lisa Sánchez, directora de MUCD.
¿Qué hacer?
Durante la presentación del Atlas también participó la especialista Elena Azaola, quien destacó las implicaciones humanas de este tipo de investigaciones y la existencia de un “subregistro” de estas muertes violentas.
“Porque implica que no solamente han perdido la vida de manera violenta personas, cuando nunca debieron de haberla perdido, sino la existencia de esa vida que fue y de la muerte”, agregó.
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Ante este escenario, MUCD concluyó que existe la necesidad de políticas públicas indispensables, focalizadas, con perspectiva interseccional y estrategia de control de armas para una prevención y atención integral de la violencia en el país.
“En un México en el que la crisis de homicidios persiste, es imprescindible crear políticas más precisas, humanas y efectivas que respondan a las realidades diversas del país, así como a reducir las violencias desde sus causas estructurales”, señalaron.
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Desde la caída de Nicolás Maduro, Estados Unidos se ha hecho cargo de la comercialización del petróleo de Venezuela, así como de la transferencia y administración de los recursos procedentes de estas ventas. BBC Mundo te cuenta cómo funciona este proceso y qué dudas genera.
Sorpresa, confusión, preocupación, alivio, optimismo, mucha incertidumbre…
Esas fueron algunas de las muchas emociones y sentimientos que experimentaron los venezolanos el pasado 3 de enero cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que a partir de ahora su país asumiría las riendas de la industria petrolera venezolana.
“El negocio petrolero en Venezuela ha sido un fracaso”, dijo el mandatario estadounidense. “Vamos a hacer que nuestras grandes compañías petroleras de Estados Unidos, las más grandes del mundo, entren, gasten miles de millones de dólares, arreglen la infraestructura petrolera gravemente dañada y empiecen a generar dinero para el país”, afirmó Trump pocas horas después de que el entonces presidente venezolano, Nicolás Maduro, hubiera sido capturado en una operación de las fuerzas militares estadounidenses.
Sus palabras generaron sentimientos encontrados entre los venezolanos que son conscientes del deterioro en el que ha caído la industria petrolera de su país en el último cuarto de siglo debido a problemas como la desinversión, la corrupción, las malas políticas y las sanciones internacionales, pero que, al mismo tiempo, tienen un fuerte vínculo de identidad con el petróleo, al que perciben no solamente como una fuente de la riqueza nacional sino como un recurso que les pertenece a todos.
Esta semana, el secretario de Energía de EE.UU., Chris Wright, se convirtió en el funcionario estadounidense de mayor rango en visitar Venezuela en más de dos décadas.
Wright se reunió Rodríguez y aseguró que Trump está comprometido en transformar la relación con Caracas, para “llevar comercio, paz, prosperidad, empleos y oportunidades al pueblo de Venezuela en asociación con Estados Unidos”.
Pero ¿qué significa exactamente que EE.UU. se vaya a hacer cargo de la industria petrolera venezolana?
Se trata de una pregunta que sigue sin tener una respuesta precisa, pero que en las semanas que han transcurrido desde la detención de Maduro ha ido tomando forma.
Cómo EE.UU. está vendiendo el petróleo de Venezuela
El 6 de enero, apenas tres días después de la detención de Maduro, Trump publicó un mensaje en Truth Social anunciando que el gobierno de la presidenta temporal de Venezuela, Delcy Rodríguez, le iba a entregar a EE.UU. entre 30 millones y 50 millones de barriles de petróleo (equivalentes a entre uno y dos meses de producción venezolana a los niveles actuales)
El mandatario señaló que el crudo se vendería a precios de mercado y que él iba a controlar el fruto de esa venta para asegurarse “de que sea usada en beneficio del pueblo de Venezuela y de EE.UU.”.
Al día siguiente, el Departamento de Energía de EE.UU. (DOE, por sus siglas en inglés) informó en un comunicado que ese país había empezado a comercializar el petróleo de Venezuela con el volumen de barriles mencionado antes e indicó que aplicarán este mecanismo de forma indefinida.
La petrolera estatal venezolana, Pdvsa, confirmó las negociaciones sobre un acuerdo de este tipo con EE.UU., pero no mencionó que fuera a aplicarse de forma indefinida y lo equiparó al que rige con la petrolera estadounidense Chevron. “Está basado en una transacción estrictamente comercial, con criterios de legalidad, transparencia y beneficio para ambas partes”, apuntó.
En su comunicado, el DOE dijo que EE.UU.había contactado a las “principales empresas comercializadoras de materias primas del mundo y a bancos clave” para ejecutar y dar apoyo financiero a estas ventas de crudo.
Posteriormente se sabría que eran Vitol y Trafigura, dos de las compañías más grandes del mundo dedicadas a la comercialización de materias primas. Entre ambas manejan diariamente un volumen de petróleo suficiente para satisfacer el consumo combinado de México, Alemania, India y Japón, según Bloomberg.
Gran parte del crudo que estas empresas recibieron fue inicialmente almacenado a la espera de ser vendido. Bloomberg informó que estas compañías adquirieron ese petróleo a un precio de US$15 por debajo del costo del barril de crudo Brent y lo estuvieron ofrecieron a refinerías en la Costa del Golfo de EE.UU. a entre US$8 y US$9 menos que el Brent.
Históricamente, el petróleo venezolano se ha vendido en un rango aproximado entre US$5 y US$15 por debajo del Brent dependiendo de la calidad del crudo, de las condiciones de la venta y de la situación del mercado (cuando el precio del petróleo en el mundo subía, el diferencial se reducía, pero cuando el precio bajaba, tendía a ampliarse).
Según la prensa estadounidense, Trafigura y Vitol fueron escogidas para estas primeras transacciones por ser compañías que tenían la capacidad para hacerse cargo del crudo venezolano y colocarlo rápidamente en el mercado.
Mecanismo de corto plazo
Según explicó el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, la venta de este crudo era importante porque Venezuela se estaba quedando sin capacidad para almacenar el petróleo – debido al bloqueo marítimo impuesto por Trump desde diciembre- y además al gobierno de Delcy Rodríguez se le iba agotando el dinero para hacer frente a gastos esenciales.
“Venezuela se estaba quedando sin capacidad de almacenamiento. Estaban produciendo petróleo, estaban perforando, pero no tenían dónde guardarlo ni cómo moverlo. Y estaban enfrentando una presión fiscal. Necesitaban dinero y lo necesitaban de inmediato para pagar a los policías, a los trabajadores de la salud y las operaciones diarias del gobierno”, dijo en una comparecencia ante el Senado.
Rubio afirmó que este crudo venezolano se está vendiendo a precios de mercado, superiores a los que estaba recibiendo el país antes de la detención de Maduro.
“China estaba recibiendo este petróleo con un enorme descuento de unos US$20 por barril, y ni siquiera lo estaban pagando con dinero. Se estaba usando para amortizar la deuda que Venezuela les debía. Este es el petróleo del pueblo venezolano y se estaba entregando a los chinos como trueque”, dijo.
El diplomático aseguró que estas primeras ventas se hicieron a través de un mecanismo de corto plazo que no será definitivo.
“Estamos usando ese mecanismo de corto plazo tanto para estabilizar el país como para asegurarnos de que los ingresos petroleros que se generan vayan en beneficio del pueblo venezolano y no a financiar el sistema que existía en el pasado”, dijo.
“Esperamos pasar a un mecanismo que permita que ese petróleo se venda de manera normal, en una industria petrolera normal, no una dominada por compinches, ni por el soborno y la corrupción”, agregó.
¿Qué pasa con el dinero?
El 14 de enero, las autoridades estadounidenses anunciaron que ya se había realizado la primera venta de crudo venezolano por un monto de US$500 millones.
Ese dinero, sin embargo, no está bajo el control de las autoridades venezolanas sino de las estadounidenses.
Asdrúbal Oliveros, economista y consultor empresarial venezolano, dijo a BBC Mundo que el dinero se está depositando en una cuenta que mantiene el Banco Central de Venezuela en el banco estadounidense JP Morgan, desde donde es transferido a una cuenta en Qatar, que funciona como una suerte de fideicomiso entre EE.UU. y el gobierno de Venezuela.
“Desde allí, el dinero se distribuye a bancos venezolanos para la venta de dólares en el mercado cambiario o para cubrir las necesidades que tenga el país, previa aprobación de Estados Unidos y del fideicomiso”, señaló.
En su comparecencia ante el Senado, Marco Rubio dijo que el dinero está en una cuenta que pertenece a Venezuela, pero cuyo uso está bloqueado por las sanciones estadounidenses. Explicó que se decidió enviarlo a Qatar para solventar una dificultad jurídica derivada del hecho de que EE.UU. no reconoce al gobierno venezolano como legítimo y para evitar que los acreedores de la deuda venezolana intenten hacerse con el control de esos fondos para cobrar lo que se les debe.
“Si algo de ese dinero tocara un banco estadounidense, incluso si estuviera en una cuenta a nombre de los venezolanos, sería inmediatamente embargado por varios acreedores a los que eventualmente habrá que atender. Pero, a corto plazo, eso impediría que las autoridades venezolanas recibieran los fondos que necesitan para operar”, explicó.
¿Y cómo está llegando este dinero a la economía venezolana?
Cómo se gasta el dinero
Hasta ahora, los fondos están siendo adjudicados a través de subastas que realiza el Banco Central de Venezuela (BCV) y a las que empresas y personas naturales pueden acceder a través de cuatro bancos venezolanos.
Estos interesados deben presentar la documentación requerida, indicando además cuántos dólares requieren y a qué precio están dispuestos a comprarlos, según confirmaron fuentes de la banca venezolana a BBC Mundo.
Estas ofertas son informadas al BCV, que es quien finalmente decide a quién se le asignan las divisas, en qué cantidad y a qué precio.
¿Cuál es el criterio para estas asignaciones? Según señaló en un mensaje en X el economista Alejandro Grisanti, director de la consultora Ecoanalítica, para el 30 de enero los fondos se habían asignado de esta forma: un 80% para sectores prioritarios como alimentos y medicinas, un 15% a otros sectores productivos y un 5% a personas naturales.
Esas asignaciones, en teoría, deben estar en línea con lo que se acuerde con EE.UU., según explicó Rubio en el Senado.
“Hemos creado un mecanismo temporal mediante el cual se pueden atender las necesidades del pueblo venezolano a través de un proceso que hemos creado en el que ellos [el gobierno de Delcy Rodríguez] presentarán cada mes un presupuesto: ‘Esto es lo que necesitamos que se financie’. Y nosotros les indicaremos desde el principio en qué no se puede usar ese dinero. Ellos han sido muy cooperativos en este sentido. De hecho, se han comprometido a usar una parte considerable de esos fondos para comprar medicinas y equipos directamente de EE.UU.”, contó.
“Estamos usando ese mecanismo temporal tanto para estabilizar el país como para asegurarnos de que los ingresos petroleros que se están generando actualmente beneficien al pueblo venezolano y no financien el sistema que existía en el pasado”, agregó.
Rubio agregó que están diseñando un mecanismo de auditoría posterior -pagado con los propios recursos venezolanos- para verificar cómo se está gastando el dinero.
Más dinero, no tanta transparencia
La falta de transparencia es una de las mayores preocupaciones existentes en torno a todo este proceso puesto en marcha entre el gobierno de Trump y el de Delcy Rodríguez.
“No sabemos con claridad quién aprueba la distribución de los fondos, qué criterios se utilizan para asegurarse de que el dinero realmente se destine a la compra de alimentos, combustible o al pago de salarios, y cuánta supervisión o rendición de cuentas existe para garantizar que los fondos se estén desembolsando como corresponde”, señala a BBc Mundo David L. Goldwyn, presidente de la consultora Goldwyn Global Strategies y presidente del Grupo Asesor de Energía del Atlantic Council.
Asdrúbal Oliveros considera que hace falta mejorar el sistema de subastas para que sea más transparente e incluya reglas más claras de participación, sobre cómo se fija el tipo de cambio y cómo se refleja esa tasa de cambio.
“El BCV pública una tasa de cambio todos los días que debería reflejar los resultados de esa subasta. Hasta ahora eso no ha ocurrido del todo. Creo que el sistema es susceptible de mejoras muy importantes que no solamente dependen de las sanciones, sino también de gestión interna del BCV”, señala.
En todo caso, hasta la fecha, el BCV ha puesto a subasta unos US$800 millones a través de la banca siguiendo un ritmo que, de mantenerse, podría llegar en el primer trimestre de 2026 hasta US$1.400 millones. De ser así, se ubicaría en niveles similares a los del último trimestre de 2025, cuando por ser época de Navidad suele haber más demanda de divisas, según comentó en X Alejandro Grisanti. Una buena señala para la economía.
“Que el programa esté colocando volúmenes comparables en un trimestre de baja estacionalidad fortalece el anclaje del mercado y reduce el riesgo de episodios cambiarios abruptos, siempre que la ejecución mantenga consistencia”, escribió el economista.
Y es probable que siga fluyendo mucho más dinero a través de este mecanismo temporal de venta de crudo pues, según Rubio, probablemente se gestionarán a través del mismo unos US$2.500 millones o US$3.000 millones.
Aunque le preocupa tanto la falta de celeridad de todo el proceso como la insuficiente transparencia, Asdrúbal Oliveros cree que estos mecanismos constituyen un avance en comparación con el escenario previo que vivía Venezuela: una situación en la que había dificultades para vender el crudo debido a las sanciones y el gobierno cobraba de forma poco transparente, a través de intermediarios y recurriendo muchas veces a criptomonedas.
“La perspectiva ahora es que haya más estabilidad cambiaria, una reducción de la inflación que es bastante preocupante en este en este momento. Y, por supuesto, también impacta en la dinámica de crecimiento. Esto ayudaría a tener un poco más de estabilidad, a que el sector privado pueda operar en mejores condiciones. Si ese dinero también se traduce en mejoras en servicios clave como electricidad e infraestructura, potenciará el crecimiento. Entonces, la perspectiva en el mediano plazo es positiva”, apunta.
David L. Goldwyn señala que el proceso hasta ahora ha sido favorable en términos de sus efectos anticorrupción, al imponer controles sobre la forma en la que el gobierno venezolano dispone de los recursos y, en términos económicos, al haber aumentado la disponibilidad de divisas en la economía, lo que parece haber detenido la devaluación del bolívar.
Sin embargo, advierte que el camino no está exento de retos.
Destaca que estas primeras ventas se han hecho con petróleo almacenado en buques y en cantidades relativamente pequeñas, en comparación con el tamaño de la economía venezolana.
“Una pregunta importante es qué tan eficiente será este proceso cuando se amplíe y cuando se trate de volúmenes mayores: qué tan rápido podrán tomarse decisiones y qué tan efectivas serán”, dice.
“Es demasiado pronto para saber si este es un sistema eficaz para estabilizar la economía. En la medida en que el dinero realmente se destine a alimentos, combustible, energía, salarios e incluso inversión en la rehabilitación de infraestructura crítica, eso será positivo para la economía venezolana, pero necesitan ingresos. Necesitan muchos más ingresos para lograr la estabilización”, advierte Goldwyn.
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