“Bernardo Bravo fue de las pocas voces, sino es que la única voz, que se atrevió a hablar de manera decidida sobre las extorsiones a los productores de limón en Apatzingán”. 

Con esta frase, un integrante del Observatorio de Seguridad Humana de la Región de Apatzingán –que pide no mencionar su nombre por motivos de seguridad–, resume el perfil de Bernardo Bravo Manríquez, el presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, Michoacán, que fue asesinado este 20 de octubre cuando iba a bordo de su vehículo en el camino que conduce a la comunidad Los Tepetates, en el municipio de Ocampo. 

El integrante del Observatorio expuso que Bravo, cuyo padre también fue asesinado hace una década en circunstancias similares, comenzó en 2024 a alzar la voz para denunciar a nivel nacional las extorsiones de los diferentes grupos del crimen organizado a los productores de limón, a quienes les exigen una cuota por cada kilo de cítrico vendido. 

En esa manifestación, Bravo desgranó tres exigencias clave a las autoridades: en primer lugar, el establecimiento de un precio de garantía para el limón, pues demandaba que en este momento el precio del kilo al mayoreo está en unos 4 pesos, muy por debajo de los costos de producción. En segundo lugar, pedía una mejor relación con la Conagua para lograr un acuerdo que beneficiara a los agricultores en cuanto al abasto de agua. Y en tercer lugar, planteaba una regularización de los días de corte de limón, para que fuera solo tres días a la semana. Con esta medida, el líder cítrico buscaba evitar la sobreproducción del limón y el desplome prolongado de los precios. 

“Le pedimos de manera enérgica, firme, pero también respetuosa a la presidenta de la República (Claudia Sheinbaum) que escuche que el campo está quebrado y en crisis. ¿Qué necesitamos? Pues dinero para poder seguir trabajando”, dijo Bernardo Bravo en la manifestación del pasado 14 de marzo. 

Además, Bravo participaba en otras causas sociales. El 11 de julio recibió a una delegación conformada por funcionarios de la Fiscalía General de la República, y también de la fiscalía estatal, para iniciar una ‘estrategia nacional anticorrupción’ en Apatzingán. Mientras que, a finales de julio, concertó otra reunión con mandos policiacos para abordar las quejas ciudadanas por presuntos abusos de autoridad de uniformados en Apatzingán. 

“Ahora, con su asesinato, estamos a la expectativa. No sabemos si eso generará que otros liderazgos locales desaparezcan por el temor. Estamos trabajando activamente en el Observatorio para que eso no suceda”. 

Bernardo Bravo estuvo incluido en el mecanismo de protección federal, con escolta y vehículo blindado, aunque la persona entrevistada del Observatorio precisó que desde septiembre ya no contaba con esa protección del Estado. Todavía no hay certeza de lo sucedido, pero los primeros reportes apuntan que el líder limonero se quedó solo en su vehículo particular cuando fue atacado a balazos. Al parecer, su vehículo personal no estaba blindado, aunque los primeros reportes apuntaban que sí. 

Los limoneros y el infierno de las minas antipersona

El reciente asesinato de Bravo no es, desde luego, un caso aislado en Apatzingán. Animal Político ha reportado en numerosas ocasiones la muerte de agricultores por pisar algunas de las muchas minas antipersona que hay regadas por los caminos de terracería de este municipio. 

El 20 de mayo, Juan, un campesino de apenas 29 años, se encontraba trabajando en un pedazo de huerta de limón en la comunidad de El Alcalde, una pequeña localidad rural ubicada a unos 40 minutos de la cabecera municipal de Apatzingán, cuando a unas dos horas para terminar su jornada pisó una mina que estaba oculta en la tierra. 

A diferencia de lo sucedido tan solo una semana antes, cuando otro grupo de agricultores de limón que viajaban a bordo de un vehículo salvaron la vida milagrosamente tras activar otra mina oculta en el paraje La Angostura, muy cerca de El Alcalde, o lo acaecido poco más de un mes antes, el pasado 16 de abril, cuando otro campesino de limón, también de 29 años, se salvó del ‘minazo’ porque iba a bordo de un tractor que lo protegió. Juan no tuvo suerte y falleció en el acto. 

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Apenas un mes y medio antes, el 2 de abril, otro agricultor de limón murió tras accionar otra mina antipersona mientras trabajaba en una parcela de la comunidad Puerta de Alambre, a escasos kilómetros de El Alcalde y El Guayabo, dos comunidades donde al menos 500 personas salieron huyendo el 15 de marzo luego de que dos cárteles si disputaran sendas localidades en un enfrentamiento que duró toda la noche, y para el que utilizaron armas de grueso calibre, así como minas explosivas y también drones que dejaban caer bombas artesanales sobre las casas que los delincuentes de ambos bandos utilizaban para ocultarse. Los dos pueblos quedaron prácticamente vacíos, fantasma, tal y como narró Animal Político en una crónica a partir de un recorrido por la zona el viernes 4 de abril. 

“El sector del limón está sufriendo mucho, aunque hay que decir que la violencia en Apatzingán está siendo generalizada. Las extorsiones abarcan prácticamente a todos los productos de la canasta básica o de consumo frecuente. Estamos pasando por una situación muy desesperante”, concluyó el activista integrante del Observatorio de Seguridad Humana.