Pese a alza en suicidios, gobierno de Sheinbaum recortó presupuesto para atender salud mental y adicciones
La salud mental en México enfrenta un panorama crítico, pero el gobierno mexicano recortó en 13 % el gasto para la institución encargada de atenderla.
Para 2025, las autoridades destinaron 2 mil 114.14 millones de pesos al presupuesto de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (Conasama), frente a los 2 mil 467.6 millones asignados en 2024 (con el ajuste de la inflación).
La reducción en el dinero para combatir las adicciones y cuidar la salud mental ocurre mientras una de cada cuatro personas presenta algún trastorno en México, de acuerdo con datos oficiales, y el porcentaje puede crecer a una tercera parte de la población.
Un reflejo de la necesidad de atender la salud mental entre la población mexicana es el crecimiento exponencial de suicidios en la última década. De 2013 a 2023, las muertes provocadas por autolesiones pasaron de 5 mil 909 a 9 mil 72, de acuerdo con los datos públicos más recientes.
Siete años sin cifras sobre adicciones
La desatención a las adicciones se suma a la inexistencia de una encuesta nacional sobre consumo de drogas desde 2017, delegada al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conahcyt) el sexenio pasado, sin que haya alguna noticia sobre su desarrollo.
Desde su creación, en mayo de 2023, la Conasama es la unidad descentralizada que conduce la política mexicana para atender la salud mental y prevenir las adicciones y el suicidio. Es resultado de la fusión del Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud Mental (Consame), los Servicios de Atención Psiquiátrica (SAP) y la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic).
La reducción al presupuesto de este organismo se da pese a que las autoridades han asegurado que la atención a la salud mental sería una prioridad para el gobierno mexicano, con la implementación del Plan Sectorial de Salud Mental y Adicciones 2023–2024, presentado en julio de 2023.
En ese documento, las autoridades mexicanas reconocieron que entre los pendientes que enfrenta la atención a la salud mental en el país están la debilidad y división en los servicios y el acceso insuficiente de la población a éstos, además de insuficiencia de recursos humanos especializados y carencia en investigación e información sobre el área.
Organizaciones especializadas como Cero desabasto han documentado que la falta de atención a la salud mental deriva también en una mayor escasez de medicamentos para atender los padecimientos relacionados con ella. Derivado en buena parte de la decisión de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) de suspender las actividades de una empresa proveedora, por irregularidades halladas en la fabricación de medicamentos controlados.
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Brad Sigmon fue ejecutado frente a un escuadrón en Carolina del Sur luego de estar varios años en el corredor de la muerte por un doble asesinato.
Un prisionero en el estado de Carolina del Sur fue ejecutado en la tarde de este viernes con un pelotón de fusilamiento.
Brad Sigmon estaba en el corredor de la muerte por el asesinato en 2001 de los padres de su exnovia con un bate de béisbol.
Su ejecución ocurrió poco después de la hora programada, las 18:08 local (23:08 GMT), con un pelotón conformado por tres voluntarios situados detrás de una cortina que dispararon simultáneamente rifles contra su pecho con balas especiales.
Para este tipo de ejecución se exige que los condenados a muerte sean atados a una silla al entrar en la cámara de ejecución. A continuación, al prisionero se le coloca una diana en el corazón y una bolsa sobre la cabeza.
Este tipo de ejecución no se había aplicado en Estados Unidos desde hacía 15 años.
Antes de morir, Sigmon dijo: “Quiero que mi declaración final sea de amor y disculpa”.
Citó la Biblia para denunciar la pena de muerte y añadió: “Ya no vivimos bajo la ley del Antiguo Testamento, ahora vivimos bajo el Nuevo Testamento”.
Tres miembros de la familia Larke estuvieron en el lugar para presenciar su muerte. Un médico realizó un examen que duró unos 90 segundos, antes de declararlo muerto.
Ante la posibilidad de morir en la silla eléctrica o por inyección letal, los abogados de Sigmon, de 67 años, anunciaron que había elegido el proceso más violento porque le preocupaba la eficacia de los otros dos métodos.
Esta es la primera persona ejecutada por fusilamiento en Estados Unidos desde 2010 y apenas la cuarta desde que el país reintrodujo la pena de muerte en 1976.
El doble asesinato
Sigmon fue acusado de asesinato en 2001 después de que los investigadores probaron que había matado a los padres de su exnovia en su casa del condado de Greenville. Los había golpeado con un bate.
El hombre confesó que también planeaba atacar a su exnovia, pero la mujer pudo escapar. “No podía tenerla. No iba a dejar que nadie más la tuviera”, declaró.
La Corte Suprema de Carolina del Sur rechazó esta semana una petición de intervención de los abogados de Sigmon.
La defensa quería más tiempo para informarse sobre el fármaco que Carolina del Sur utiliza en las inyecciones letales y cuestionaban si la representación legal de su cliente en 2002 había sido adecuada.
El estado del sur de EE.UU. aprobó una ley en 2023 que obliga a mantener en secreto la identidad de los miembros del escuadrón de ejecución.
También prohíbe la publicación de información relativa a la adquisición de fármacos para la inyección letal, ya que cada vez son más las empresas farmacéuticas que han declinado suministrarlos para las ejecuciones en el estado.
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) presentó en enero una demanda contra la ley estatal.
Cómo funciona esta ejecución
La ejecución por fusilamiento es compleja.
Los condenados como Sigmon deben ser atados a una silla con una palangana debajo para recoger su sangre. Se le coloca una diana en el pecho y una bolsa en la cabeza.
Tres voluntarios ocultos tras una cortina dispararán desde 4,6 m de distancia.
Las balas utilizadas están diseñadas para romperse en el impacto y causar el máximo daño, algo que ha generado debate entre expertos médicos sobre el grado de dolor que causa su uso.
Tras los disparos, un médico debe confirmar la muerte del condenado.
El estado permite que los testigos observen la muerte desde detrás de un cristal blindado, pero los verdugos deben permanecer ocultos para proteger sus identidades.
La mayoría de los prisioneros condenados a muerte en Carolina del Sur son electrocutados, pero las tres ejecuciones más recientes se llevaron a cabo mediante inyecciones que incluían pentobarbital. Los tres hombres fueron declarados muertos 20 minutos después de recibir la inyección, aunque parecían haber dejado de respirar al cabo de unos minutos.
La falta de información sobre estas ejecuciones por la prohibición que establece la legislación local ha suscitado críticas por su falta de transparencia.
“Esta prohibición no solo se aparta aún más del historial del estado de hacer pública la información relacionada con las ejecuciones, sino que criminaliza la divulgación de esta información por parte de cualquier persona y por cualquier motivo”, argumentó la ACLU en su demanda legal.
“Silencia así a los científicos, médicos, periodistas, antiguos funcionarios de prisiones, abogados y ciudadanos que han analizado la seguridad, eficacia, moralidad y legalidad del uso de la inyección letal en Carolina del Sur”.
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