Al inicio de 2022, el abasto de medicinas cayó a su peor nivel en seis años; subió escasez en fármacos para salud mental
En el primer cuatrimestre de 2022, se reportó el nivel más bajo de surtimiento de medicamentos en el sector público en los últimos seis años, de acuerdo con los datos recabados por el colectivo Cero Desabasto, con base en la plataforma Indicas de la Secretaría de Salud.
Adicional a ello, en los primeros 10 meses de ese año, se negaron o surtieron incompletos más de 11 millones de recetas, de acuerdo con lo documentado por la red de organizaciones, lo cual representa una mejora respecto de 2021 —el peor año completo en términos de abastecimiento—, pero está muy por encima del millón y medio de recetas mal surtidas en 2017 y 2018.
Otro fenómeno, destaca Andrés Castañeda, coordinador de Cero Desabasto, es el viraje respecto de las enfermedades principalmente asociadas a la falta de medicamentos, de acuerdo con los reportes de desabasto que recibe el colectivo: mientras en años anteriores el cáncer se mantuvo como la principal, en 2022 se asociaron en mayor medida a la salud mental.
Además, sigue existiendo una diferencia importante entre el desabasto en zonas urbanas y rurales. Por ejemplo, de acuerdo con las estadísticas de Indicas, en sectores urbanos, los niveles más bajos de abastecimiento en el último cuatrimestre de 2022 —por debajo del 50%— se reportaron en Hidalgo, Coahuila, Chihuahua y Colima.
En sectores rurales, los más bajos se ubicaron en Aguascalientes y Chihuahua. Si bien en el IMSS hay más homogeneidad respecto de estados y regiones del país, en las unidades que dependen de la Secretaría de Salud existe un mayor contraste de desabasto por entidades.
“Por un lado, tenemos datos de los indicadores del Indicas, que son estos indicadores de la Secretaría de Salud donde se reporta el surtimiento completo de medicamentos en unidades de primer nivel tanto urbanas como rurales, y vemos que el primer cuatrimestre de 2022 reportaron el nivel más bajo de surtimiento de los últimos seis años; para el segundo cuatrimestre mejoró, pero para el último cuatrimestre volvió a bajar; entonces, no podríamos decir que este tema se está resolviendo”, señaló Castañeda.
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Además de los indicadores e información generada por el sector salud, Cero Desabasto cuenta con una plataforma para reportar casos individuales de manera directa. De acuerdo con las estadísticas que ahí se generan, en todas las instituciones el año donde más se denunció falta de medicamentos fue 2021, cuando sumaron 3 mil 706 reportes, seguido por 2020 con 2 mil 805 y 2022, cuando ascendieron a mil 460.
De esos reportes entre 2019 y 2022, la mayor parte estuvo principalmente asociada a cáncer, diabetes mellitus, hipertensión arterial y postrasplante. Castañeda detalló que las reumatológicas y neurológicas también han generado un número importante de reportes, aunque el cáncer sigue ocupando un lugar preponderante.
Sin embargo, durante 2022 los medicamentos asociados a la atención de la salud mental fueron los que mayor número de reportes generaron en la plataforma de Cero Desabasto y aún se mantienen este año. A esto se han sumado denuncias de falta de medicamentos por parte de personas que viven con trasplantes, sobre todo en Tlaxcala y Puebla.
En ese contexto, para la compra de medicamentos de este año, recordó Castañeda, aún quedaron claves desiertas, lo cual no quiere decir necesariamente que sean medicamentos que ya no se van a adquirir, pero sí representa un atraso en las licitaciones, pues se hicieron ya empezado el año, en lugar de preverlas con anterioridad, aunado a que no han sido 100% exitosas.
“Mucho se debe al tema de distribución y almacenamiento que hemos estado viendo también en años anteriores; hoy estas unidades tienen que pedir las medicinas, luego las tiene que comprar la Federación y luego las tienen que regresar y lograr distribuir; si hay falla en alguno de estos procesos, ese es el problema”, indicó.
Una batalla que se ha acentuado en los últimos dos años
Rubén Ortega padece diabetes desde hace casi 12 años. Durante ese tiempo, se ha atendido siempre en la clínica 169 del IMSS, en Ocotlán, Jalisco. Durante los primeros 10, casi no detectó retrasos importantes, sobre todo en la administración de insulina. En los últimos dos, sin embargo, ya han ocurrido varias veces.
Para atender este padecimiento, debe recibir mensualmente un esquema de tres medicamentos: insulina intermedia, linagliptina y metformina. La aplicación para controlar la enfermedad es diaria: 30 unidades en la mañana y 30 en la noche, por lo que —teóricamente— le tendrían que expedir y surtir efectivamente una receta para obtener la medicina suficiente para un mes.
La insulina fue el primer medicamento que se empezó a retrasar, recuerda. La última vez tardaron más en surtirle la receta, prácticamente mes y medio después de la fecha de expedición. En tanto, hasta ahora ha acumulado dos recetas de linagliptina que permanecen sin ser surtidas. Rubén ha perdido la cuenta de los retrasos de los últimos años, aunque han sido cuatro o cinco ocasiones cuando ha decidido quejarse formalmente.
En ese camino descubrió que no vale la pena hacerlo en la misma clínica, pues el director o el administrador reciben la queja y supuestamente escalan la información, pero la respuesta es siempre la misma: “Los de abasto no han surtido”. Incluso, en alguna ocasión, que fue mucho más enfático, le enviaron una fotografía para mostrarle que a nivel estatal no había abasto en anaqueles.
“La insulina me la entregaron hace escasos ocho o 10 días, me mandaron mensajes directos (después de reportarla en redes sociales), les di mis datos, les expliqué y siempre contestaba el robot automático ‘no nos podemos comunicar’; de ahí ya no salieron con el tema de la linagliptina, que la tengo que combinar con metformina”, explica.
Al principio, las dos últimas las entregaban combinadas en un solo medicamento. Después, bajo el argumento de que ya no tenían en existencia la linagliptina, se las empezaron a surtir separadas. Desde entonces, han pasado dos meses sin que la hayan vuelto a surtir.
En la clínica, dice, a veces ha percibido molestia por el reclamo ante el desabasto, pero insiste en que las quejas no están dirigidas a los empleados del lugar, sino al área encargada de la distribución de los medicamentos. “Los médicos siguen dando la receta, pero los de la farmacia no la van a entregar si no la tienen en físico, si no les han surtido”, señala Rubén.
“Cada vez que va uno —agrega—, te dicen ‘venga el martes o miércoles de la próxima semana para que la surtan a ver si llega’, y nos hacen ir una y otra y otra vez. Como quiera que sea, yo tengo 56 años, mi esposa 53, pero hay gente muy mayor que no tiene ni cómo moverse, y yo veo que estamos viviendo la misma situación, sobre todo con este tipo de medicamentos que son para enfermedades que sí somos vulnerables”.
Él ha percibido en los últimos dos años falta de sensibilidad e indolencia. Eso, incluso, llega a generar roces entre pacientes y empleados de la clínica, cuando los últimos no son realmente responsables. Además, el IMSS solo contestó y dio seguimiento en contadas ocasiones.
Alguna vez, recuerda, ellos mismos se pusieron en contacto y, como a los 22 días, le entregaron la insulina y la combinación de linagliptina con metformina. Cuando no le surten la receta, Rubén ha tenido que comprar el medicamento por su cuenta, igual que tuvo que hacerlo con los retrasos de insulina, que llega a alcanzar un precio de entre 500 y 800 pesos.
“No son muy baratas que digamos, sobre todo la insulina intermedia, pero no me voy a privar de ponerme mi medicina cuando pueda, ahorita que todavía soy algo productivo y la alcanzo a comprar, pero pensemos en la gente que no”, lamenta.
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El Congreso en México está cambiando la ley para reducir la jornada laboral semanal a 40 horas. Pero el cambio no garantiza a los trabajadores tener dos días de descanso.
Trabajar de lunes a sábado ha sido para varias generaciones de mexicanos lo habitual.
Las leyes laborales que rigen en el país tienen más de un siglo, ya que fueron elaboradas tras la Revolución Mexicana para garantizar a los obreros algunos beneficios, como las jornadas de 8 horas y el descanso dominical.
Pero mientras en muchos países del mundo se redujo la semana laboral a 40 horas (o menos), en México -y otros países de América Latina y el mundo- ese beneficio no fue implementado.
Pero ahora las cosas en México podrían cambiar: el Congreso está discutiendo una reforma de la ley laboral para reducir a 40 horas la semana de trabajo.
La iniciativa impulsada por el gobierno quiere darles a los trabajadores más tiempo libre, lo que podría aumentar su productividad.
Pero algunos legisladores y organizaciones de trabajadores y sindicatos consideran que lo que está proponiendo el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum es engañoso.
Señalan que no haya una especificación directa en la ley de que el trabajador pueda descansar dos días a la semana y que eso puede hacer que la semana laboral de 40 horas se siga distribuyendo en seis días, eliminando la esperanza de tener libres 48 horas completas.
También aseguran que algunos de los derechos de los trabajadores vigentes, como los pagos por horas extra, están en juego con la reforma de la ley.
“No agregar el segundo día de descanso obligatorio es un punto de por sí mismo muy problemático”, dice Rodolfo Gómez, portavoz de la organización Frente Nacional por las 40 Horas.
“Sería un gran retroceso de los derechos laborales. Agregaría más precarización al trabajador de la que tiene. Y dejaría claro de qué lado está el gobierno, con los patrones”, señala a BBC Mundo.
México, entre los que más horas trabajan
En México, desde la promulgación de la Constitución de 1917, que fue producto de la lucha revolucionaria, se establecieron jornadas de 8 horas con un día de descanso. Es decir, 48 horas a la semana.
Los mexicanos se han quedado desde entonces entre los trabajadores del mundo con menos horas libres.
Entre los 40 Estados que forman parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), los de América Latina -México, Colombia. Costa Rica y Chile- han aparecido en la última década entre los que tienen un promedio de horas a la semana más elevado, con entre 42 y 45.
Los trabajadores de Países Bajos son los que menos horas de trabajo a la semana tienen, con 30,1 horas. El promedio de todos los países de la OCDE es de 37 horas.
En el caso de Colombia y Chile, sus legisladores han reformado las leyes recientemente para reducir gradualmente la jornada semanal hasta las 40 horas, algo que no ha sucedido ni en México ni Costa Rica, que hasta ahora permiten las 48 horas a lo largo de seis días (o turnos más largos con más días de descanso).
En México, hasta 2024 la ley solo garantizaba seis días de vacaciones al año, uno de los niveles más bajos del mundo (ahora son un mínimo de 12), lo que también se traducía en más horas trabajadas al año. Y, según datos oficiales, casi el 15% de los trabajadores activos en México trabaja más de 48 horas a la semana.
Además, el país tiene a más del 50% de su población en edad laboral trabajando en la economía informal, lo que les resta derechos y protección social.
La realidad es que trabajar más horas no se traduce en una mayor productividad. De hecho, México se encuentra entre los países que menos productividad por horas trabajadas tiene entre los países de la OCDE.
¿Qué ha pasado en otros países?
La experiencia de otros países demuestra que un trabajador con un descanso apropiado, jornadas distribuidas más equitativamente y mejores incentivos salariales y capacitación llega a tener una mayor productividad.
Stefano Scarpetta, director de Empleo, Trabajo y Asuntos Sociales de la OCDE, dice que avanzar gradualmente hacia una semana laboral de 40 horas puede ser una medida acertada para México, “siempre que se aplique con cautela y se acompañe de medidas complementarias”.
“México es actualmente uno de los países de la OCDE con más horas de trabajo, pero los niveles de productividad siguen siendo comparativamente bajos. Esto sugiere que el simple hecho de trabajar más horas no se traduce necesariamente en un mejor rendimiento económico”, señala a BBC Mundo.
El experto indica que hay lecciones de reformas pasadas.
Una es la necesidad de una aplicación gradual, que permita la adaptación de la reducción de horas de trabajo a lo largo de varios años para facilitar la adaptación de los empleadores. En el caso de México, la reforma plantea reducir dos horas por año a partir de 2027 y hasta 2030.
En la implementación, por otra parte, debe garantizarse que haya un “seguimiento adecuado” de las horas trabajadas para evitar que el beneficio quede “en el papel”. Que los trabajadores tengan un control electrónico del tiempo trabajado ayuda a que haya un registro adecuado de sus 40 horas trabajadas.
También reducir las horas sin implementar otras medidas complementarias podría dificultar el cambio, según Scarpetta: “Tiende a funcionar mejor cuando las empresas invierten en capacitación, digitalización y cambios organizativos”.
Y abrir los cambios al diálogo entre patrones y empleados es algo necesario, pues “tiende a facilitar los ajustes”.
“Existen pruebas sólidas en todos los países de la OCDE de que, a partir de cierto punto, trabajar más horas reduce la productividad en lugar de aumentarla. Cuando las personas trabajan muchas horas, se acumula el cansancio, aumentan los índices de error y se resiente la innovación. El riesgo de accidentes, incluidos los mortales, aumenta”, explica Scarpetta.
“Sin embargo, la productividad no aumenta automáticamente por el simple hecho de trabajar menos. La productividad proviene de las capacidades, la tecnología y la organización eficiente del trabajo, no simplemente del tiempo dedicado al trabajo. Los trabajadores que descansan lo suficiente y tienen un equilibrio adecuado tienden a estar más sanos, más concentrados y más comprometidos”, continúa.
“La cuestión no es trabajar menos por trabajar menos, sino trabajar de forma más inteligente, garantizando que las horas sean razonables, se respeten y se combinen con las inversiones adecuadas para impulsar la eficiencia”.
El complicado camino a las 40 horas
La presidenta Claudia Sheinbaum, al asumir el gobierno en 2024, puso entre sus 100 objetivos de gobierno la reducción “paulatina” de la jornada semanal laboral.
Como cuando se incrementaron los salarios mínimos de manera pronunciada a partir de 2018, los sectores patronales han argumentado que los cambios deberían hacerse gradualmente para proteger a las empresas, principalmente las micro, pequeñas y medianas (micropymes).
Organismos como la Confederación Patronal de la República Mexicana han advertido que las empresas tendrán que absorber los costes de sostener los salarios al tiempo que ven reducida la disponibilidad de tiempo de los empleados.
“Lo único que queda es la productividad y eficiencia, ya sea con automatización o capacitación para que las horas que queden de la semana sean más eficientes para poder tener la misma productividad en la semana”, dijo el presidente del organismo, José Enrique Carrasco Encinas.
La patronal ha dicho que no se opondrá a los cambios y ha pedido incentivos al gobierno para conseguir la aplicación gradual hasta 2030.
Pero tanto activistas como algunos legisladores de oposición han advertido que la redacción de la nueva ley, que no garantiza dos días de descanso, sino solamente un límite semanal de 40 horas, puede hacer que los empleadores solo las redistribuyan en los seis días. Los turnos de lunes a sábado, entonces, se mantendrían sin violar la ley.
“Si para completar su semana, [el empleado] tiene que trabajar, por ejemplo, solo seis horas, es muy complicado asegurarse que el patrón va a respetarle solo ese tiempo y no le va a hacer trabajar de más”, advierte Rodolfo Gómez, del Frente por las 40 horas.
Si no existe una contabilidad precisa de horas de trabajo, como recomienda la OCDE, quedará a discreción de los empleadores la repartición de las cargas de trabajo.
La reforma también modifica los esquemas de tiempo extra y sus remuneraciones. Hasta ahora, los empleados podían trabajar tres horas extra al día, tres veces a la semana, a cambio de un 200% de sueldo adicional. A partir de la décima hora, el beneficio es de 300% hasta un máximo de 12 horas al día.
Pero la nueva ley solo señala que el límite de horas extra será de 12, lo cual elimina el pago triple al alcanzar ese máximo. Esto, según Gómez y otros críticos de la reforma, favorece al empleador y perjudica los ingresos de los trabajadores que son empleados más allá de las 8 horas al día.
“Es un engaño, es una falacia y es un retroceso en los derechos laborales hasta este momento. Es una traición totalmente a la clase trabajadora. Es una grosería lo que están haciendo”, dice Gómez.
En la discusión de la reforma en el Senado, los legisladores aprobaron por unanimidad la reforma, a pesar de que algunos senadores advirtieron que había problemáticas con las redefiniciones a la ley.
El proyecto fue enviado a la Cámara de Diputados para su ratificación.
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