“Si me hubieran dado la atención psicológica, mi hermana seguiría aquí, viva, conmigo”.
Fernanda lo dice sin titubear, pero su voz fuerte parece quebrarse. Tiene la mirada helada.
Hace dos años su madre fue víctima de feminicidio. Fernanda y su hermana buscaron apoyo de las autoridades de la Ciudad de México, pero no obtuvieron una atención psicológica adecuada ni oportuna. Un año después, su hermana también fue asesinada por su pareja.
Fernanda, como miles de mujeres víctimas de violencia, se ha encontrado con un sistema de atención a la salud mental rebasado, que no brinda continuidad, tarda en dar citas y dificulta el acceso a tratamiento psicológico y psiquiátrico.
“En un principio, las autoridades no me apoyaron como tal. Ya después de los meses, que yo quedé muy mal, no me daban ayuda psicológica ni nada de eso”, comparte en entrevista con Animal Político. “Yo necesitaba en su momento atención psicológica y psiquiátrica”.
A raíz del feminicidio de su mamá, a Fernanda le empezó a dar miedo salir a la calle, encontrarse con hombres, y sentía que le era difícil conseguir o mantener un empleo por el temor que le provocaba estar en espacios públicos.
Al dar seguimiento al proceso penal de su mamá en la Fiscalía capitalina, a Fernanda le mencionaron que podía acudir a algunas psicólogas, pero en ese momento ella vivía en la alcaldía Magdalena Contreras y no podía trasladarse hacia la zona centro para asistir a las terapias.
Solicitó que se le brindara la atención de manera virtual, pero le dijeron que no contaban con ese servicio; entonces desistió y empezó a buscar ayuda por su cuenta.
Un año después de la muerte de su madre, Fernanda recibió la noticia de que su hermana, quien en ese momento vivía con su pareja, se había quitado la vida. Sin embargo, durante el curso de las investigaciones realizadas por la Fiscalía capitalina, Fernanda descubrió que no había sido un suicidio, sino que su hermana también había sido víctima de feminicidio, presuntamente a manos de su pareja.
Para Fernanda, contar con apoyo psicológico tanto para ella como para su hermana habría sido imprescindible para que ambas pudieran salir adelante después de la muerte de su madre.
“Si me hubieran dado la atención desde que falleció mi mamá, mi hermana ahorita estaría aquí conmigo”, dice.
“Yo como hermana mayor siento que tenía la responsabilidad de ayudar a mi hermana. Si yo hubiera recibido la ayuda, también yo hubiera ayudado a mi hermana”.
En la Ciudad de México existen instituciones públicas que brindan ayuda a víctimas de violencia de género, como atención psicológica, o bien que las canalizan a otros organismos como el Instituto Nacional de Psiquiatría “Ramón de la Fuente Muñiz”.
Un ejemplo son las Lunas. En la capital del país hay 27 unidades territoriales de la Secretaría de las Mujeres de la CDMX, mejor conocidas como Lunas, para atender a víctimas y prevenir la violencia de género. Las mujeres que acuden ahí pueden recibir asesoría y acompañamiento tanto psicológico como jurídico de manera gratuita, pero esta atención está limitada a 12 o 14 sesiones de terapia grupal y de contención.
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Alexandra Ugalde llegó a una Luna tras haber sido víctima de violencia psicológica y emocional por parte de un familiar que vivía en su misma casa. Ahí la orientaron para levantar una denuncia ante el Ministerio Público, y le brindaron atención psicológica inicial.
La Fiscalía de la Ciudad de México la citó para un peritaje psicológico hasta un año después del levantamiento de la denuncia y la remitió al Centro de Atención a Riesgos Victimales y Adicciones (CARIVA) para atender su salud mental. CARIVA es un centro que atiende a víctimas de violencia familiar y brinda servicios como atención y tratamiento psicológico, legal y médica.
“Cuando llegué, me hicieron mi entrevista y se dio cuenta [el entrevistador] de que tenía yo ideación suicida, porque yo pensaba, ‘Me va a matar mi sobrino’, y yo la verdad pensaba, ‘Mejor me quito yo la vida, rápido, antes que él lo haga’”, recuerda. En ese momento, también adelantaron su peritaje por parte de la Fiscalía.
El director del CARIVA la canalizó al Instituto Nacional de Psiquiatría “Ramón de la Fuente Muñiz”, donde empezó a recibir atención psiquiátrica.
De inmediato, Alexandra notó varias deficiencias en el servicio. Cambiaron al médico encargado de su terapia en varias ocasiones, por lo que no tuvo continuidad en el tratamiento y tuvo que contar numerosas veces sus vivencias, revictimizándola. Asimismo, le hicieron reportes de mejoría a pesar de que ella todavía tenía ideaciones suicidas.
En su primera valoración le recetaron antidepresivos y un medicamento para atender su insomnio, aunque ambos le provocaron efectos secundarios.
“La primera vez que lo tomé, sentí muchísima pesadez, me costó trabajo despertarme al día siguiente, sentía como si tuviera una piedra enorme sobre mi cuerpo y no podía moverme”, detalla. Sin embargo, como las citas psiquiátricas en el Instituto sólo se brindan cada seis meses, no pudo atenderlo hasta después.
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A Alexandra le cambiaron el medicamento, pero otra vez le provocó efectos adversos. Tenía pesadillas muy vívidas, y sentía que no podía diferenciar sus sueños de la realidad. Pasaron casi dos años antes de que pudiera obtener un tratamiento adecuado para tratar su depresión.
Además, le recomendaron que acudiera a terapia psicológica para acompañar su tratamiento psiquiátrico, pero el Instituto no le pudo brindar este servicio. Por ello, tuvo que recurrir a CARIVA nuevamente, donde pudo tomar seis sesiones, pero posteriormente sólo pudo acceder a sesiones grupales. Ahora, dice, sólo le queda la opción de buscar terapia en otras instituciones o bien en el sector privado.
“De verdad me hizo sentir huérfana de apoyo de parte de las autoridades, el que me dijeran que no me iban a dar la terapia psicológica, porque la estoy pidiendo y yo la necesito realmente para poder sanar, porque sigo en el mismo ambiente de violencia”, lamenta Alexandra.
La falta de atención a la salud mental de mujeres víctimas no se limita a quienes vivieron violencia de género. Carolina, quien ha buscado a su hermano Sergio desde hace un año, tampoco ha recibido el apoyo psicológico necesario.
Sergio fue desaparecido el 20 de octubre de 2023, en la zona de Las Águilas en la Alcaldía Álvaro Obregón.
Una vez que ella y su mamá fueron ingresadas al registro de víctimas, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas capitalina y la federal (CEAVI y CEAV, respectivamente) debió darles ayuda para que pudieran acceder a servicios de atención mental, incluyendo tratamiento psicológico y psiquiátrico.
“La realidad es que tardaron mucho, todo eso no se gestionó al instante, fue esperar meses para poder llegar a la valoración psicológica y a la valoración de riesgo”, relata Carolina.
Tras cinco meses de esperar un perfil psicológico, no fueron remitidas a ninguna institución para recibir atención. Incluso, en una junta para revisión de avances sobre el caso de Sergio, tuvieron que pedirle a una psicóloga que acudiera a dar contención de emergencia a Carolina.
“Tuvieron que suspender la junta porque sí me puse muy mal en esa ocasión, y ya la psicóloga nos dijo que sí necesitábamos atendernos de forma urgente”.
Entonces, la remitieron al Instituto Nacional de Psiquiatría “Ramón de la Fuente”. Al igual que Alexandra obtuvo una atención deficiente, ya que sólo se le recetó un medicamento sin que le ofrecieran a la par terapia psicológica.
Carolina ve un sistema de atención a víctimas que está rebasado en su capacidad para dar servicios psicológicos para quienes han vivido alguna violencia.
“Somos tantas víctimas de una situación de violencia, de un delito de violencia en Ciudad de México, que es razonable que las instituciones también estén rebasadas”, opina.
A pesar de que tanto la Ley General de Víctimas como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia contemplan que se debe de brindar atención psicológica a víctimas de violencia, la estructura con la que cuentan las instituciones no es suficiente para atender integralmente la salud mental de las mujeres que lo necesitan.
En tanto, en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) de 2025, la asignación de recursos para la atención de víctimas presenta recortes, de acuerdo con un análisis del presupuesto realizado por la organización Fundar.
Por ejemplo, el presupuesto previsto para la CEAV el siguiente año sufrirá un recorte de 3.6% en términos reales. Mientras que en 2025 el presupuesto asignado a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) y la actual Inmujeres, que serán fusionadas para crear la Secretaría de las Mujeres, será menor en 7% respecto a lo aprobado en 2024. Tras pasar los recursos del Inmujeres y la Conavim, la nueva Secretaría tendría un presupuesto de 2,072 millones de pesos.
Animal Político buscó a la Fiscalía capitalina, a la CEAV, al Instituto Nacional de Psiquiatría “Ramón de la Fuente” y a la Secretaría de Mujeres de la Ciudad de México para obtener información sobre sus capacidades de atención a la salud mental de víctimas, pero sólo obtuvo respuesta de esta última al momento de esta publicación.
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En el caso de las Lunas, detalla Claudia Benítez, directora ejecutiva para Una Vida Libre de Violencia, las mujeres tienen la posibilidad de recibir terapia grupal y de contención, aunque esto sólo hasta 12 o 14 sesiones, dependiendo del caso.
“Hay mucha necesidad de las mujeres de atención psicológica por la violencia [que han vivido]”, reconoce en entrevista.
Si bien son flexibles con casos que requieren más apoyo, dice, llega un momento en el que deben remitir a las mujeres a otras instituciones de salud pública como el IMSS o un Centro Comunitario de Salud Mental y Adicciones.
Entre enero y octubre de 2024, se dieron 49,183 sesiones de atención psicológica en todas las Lunas, un promedio de 4,900 mensuales.
Fernanda, Alexandra y Carolina coinciden que la atención a la salud mental es vital para reconstruirse y cuidarse después de haber vivido una situación de violencia.
Hoy, Fernanda es madre de una niña pequeña y quiere seguir atendiendo su salud mental para seguir con su vida, después de los feminicidios de su mamá y hermana.
“Tengo una nena, y realmente creo que tengo que darle un buen ejemplo y seguir trabajando en mí”, reitera. “No me gustaría que me pasara lo mismo que le pasó a mi mami y a mi hermana, y yo sola siento que no puedo con eso, que sí necesito la ayuda, también para poder darle un ejemplo a mi hija y a mis sobrinas”.
Carolina coincide en que la atención psicológica es importante para poder trabajar en su bienestar emocional y mejorar su estado anímico mientras continúa la búsqueda de su hermano. “Empiezas a perder mucho. Empiezas a dejar ir muchas cosas, porque toda tu atención, tu foco y tu esfuerzo, todo está en encontrar a tu familiar”, señala. “Si ese acompañamiento se pudiera dar desde el principio, esa asesoría y sensibilidad, sería lo ideal”.
En el caso de Alexandra, el acompañamiento psicológico le ayudaría a hacer frente a un proceso penal que sigue abierto y ha sido tardado. Las sesiones de terapia que tuvo le han permitido sentirse más segura de sí misma, saber poner límites y reconocer una situación de violencia.
“Sería esa ayuda que necesitamos las personas, (…) el que nos brinden esa ayuda psicológica desde el inicio, junto con el peritaje psicológico inmediato, nos va a ayudar a empezar a terminar con ese ciclo de violencia y trabajar por nuestro bienestar”, comparte.
Luigi Mangione fue arrestado este lunes en una ciudad de Pensilvania, y en su mochila se encontró un arma fantasma que podría ser importante en el caso en su contra. Te explicamos por qué.
Cuando este lunes las autoridades capturaron a Luigi Mangione, un joven de 26 años sospechoso de asesinar de un disparo en Nueva York a Brian Thompson, director ejecutivo de la aseguradora UnitedHealth, encontraron entre sus pertenecías lo que se conoce como un arma fantasma.
El artefacto, que las autoridades creen que habría sido utilizado por el acusado para cometer el crimen, podría convertirse en una pieza clave en el proceso legal en su contra.
Mangione, un experto en programación, fue detenido en un McDonald’s de la ciudad de Altoona, en Pensilvania, tras ser reconocido por alguien en el restaurante.
El lunes fue acusado de asesinato y de otros cargos relacionados con la posesión ilegal de armas de fuego.
Además del arma, el presunto asesino también tenía en su mochila “varias identificaciones falsas” y un manifiesto escrito a mano de tres páginas que incluía quejas contra el sistema de salud de EE.UU.
“Estaba en posesión de una pistola fantasma que tenía la capacidad de disparar una bala de 9 mm”, dijo el lunes Joe Kenny, jefe de detectives del Departamento de Policía de Nueva York.
“Puede haber sido fabricada en una impresora 3D”, agregó.
El arma estaba cargada con seis balas de nueve milímetros. Además, la policía también encontró un silenciador, que de igual manera habría sido producido en una impresora 3D.
Para las autoridades podría ser un reto investigar el origen de la pistola.
Este tipo de armamento se conoce como armas fantasma precisamente porque, en su mayoría, son fabricadas por individuos que ensamblan las piezas en casa, por lo que pueden quedar fuera de los registros oficiales.
De acuerdo con el Buró de Alcohol, Tabaco, Armas y Explosivos de EE.UU. (ATF, por sus siglas en inglés), las armas fantasma o armas de fabricación privada son completadas, ensambladas o producidas por cualquier persona que no sea un fabricante con licencia.
Son difíciles de rastrear porque hasta agosto de 2023 no era obligatorio colocarles un número de serie que permita seguir su rastro ni tampoco realizar una verificación de antecedentes al comprador.
En EE.UU., generalmente, los fabricantes e importadores de armamento colocan un número de serie y marcas en las armas de fuego, que identifican al fabricante o importador, marca, modelo y calibre, según explican reportes del Centro Ley Giffords para la Prevención de la Violencia con Armas.
“La investigación de delitos que involucran armas de fuego de fabricación privada no serializadas puede generar dificultades para rastrear el origen de las armas de fuego y vincularlas con delitos relacionados”, dice la página web de ATF.
Las autoridades las categorizan en diez tipos: pistola, revolver, rifle, escopeta, armazón o cajón de mecanismos, dispositivo de conversión de ametralladora, dispositivo destructivo, ametralladora, silenciador de arma de fuego y cualquier otra arma.
Elaborar un arma fantasma en EE.UU. es tan sencillo como comprar por internet un kit con las diferentes partes y herramientas.
Se han conocido incidentes en los que menores poseen este tipo de artefactos, así como personas con trastornos mentales.
Las partes con las que se fabrican no están técnicamente terminadas y requieren algunos pasos adicionales en el hogar, como perforar algunos agujeros, antes de que puedan usarse para hacer una pistola funcional.
Más de una decena de estados, incluyendo Nueva York, han establecido leyes para regularizar las armas sin número de serie, pero es difícil prevenir que se utilicen, pues sus partes pueden ser enviadas de forma individual a casi cualquier lugar.
El asesinato de Thompson renovó el escrutinio de las armas fantasma, que el gobierno de Biden trata de reglamentar para que sean consideradas de la misma manera que las armas de fuego disponibles comercialmente.
Los fabricantes de kits de armas fantasma ahora deben incluir números de serie en sus productos y realizar verificaciones de antecedentes a los compradores.
En octubre, la Corte Suprema evaluó los argumentos de este estatuto que fue retado en los tribunales, y pareció que una mayoría se inclinaba a apoyarlo.
Un fallo a favor marcaría un cambio para el grupo de nueve jueces de una supermayoría conservadora que ha sido en gran medida escéptica con las regulaciones de armas.
En cuanto a las armas en general, el presidente electo de EE.UU., Donald Trump, se ha posicionado como un firme defensor de la Segunda Enmienda, que otorga el derecho a portarlas.
A principios de este año, le dijo a la Asociación Nacional del Rifle (NRA) que era el mejor amigo del grupo.
Los expertos han calificado las armas fantasma como el problema de seguridad de armas de más rápido crecimiento en el país. Se han utilizado cada vez más en tiroteos de alto perfil.
Según cifras de la ATF, las fuerzas del orden encontraron 20.000 armas fantasma sospechosas en investigaciones criminales en 2022, un número diez veces mayor que en 2016.
Las autoridades dicen que sin números de serie en sus armazones, es prácticamente imposible rastrear a los comerciantes que venden estas armas ilegalmente a menores o a personas sin licencia.
Una exfuncionaria del gobierno estadounidense duda de que la gente cambie de opinión con el asesinato de Thompson.
“Las armas fantasma son un factor nuevo en un país muy complicado y violento”, le dijo Juliette Kayyem al programa Today de BBC Radio 4.
A EE.UU. le resulta “muy difícil” restringir las armas de fuego, añadió Kayyem, exsecretaria adjunta de política del Departamento de Seguridad Nacional.
Más de 48.000 personas murieron por armas de fuego en Estados Unidos en 2022, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).
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