TV Azteca entra a concurso mercantil voluntario para reordenar sus deudas
Para entender mejor
TV Azteca, propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego, informó este jueves que su asamblea de accionistas aprobó iniciar un proceso de reorganización corporativa, operativa y financiera mediante un concurso mercantil voluntario, al argumentar que enfrenta presiones financieras que hacen necesario reordenar sus deudas para garantizar la continuidad de sus operaciones.
La determinación fue comunicada por el corporativo Grupo Salinas, al que pertenece la televisora, mediante un mensaje difundido en redes sociales, en el que se señala que la decisión responde a los efectos acumulados que, en los últimos años, han presionado la estructura financiera de la compañía.
Función del concurso mercantil
El director general de la televisora, Rafael Rodríguez Sánchez, afirmó que el concurso mercantil permitirá ordenar las obligaciones financieras bajo supervisión judicial. “El concurso mercantil permite, con la supervisión de un juez, reordenar de manera estructurada y equitativa los pasivos de una empresa de acuerdo con su capacidad de pago (…) sin interrumpir su funcionamiento”.
El concurso mercantil es un proceso legal que se usa cuando una empresa o un comerciante ya no puede pagar sus deudas. Su objetivo es darles la oportunidad de reorganizar lo que deben y llegar a acuerdos con sus acreedores para evitar la quiebra. Este procedimiento tiene dos posibles etapas: primero, la conciliación, donde se busca un arreglo; y si no funciona, la quiebra, en la que se venden los bienes para cubrir las deudas.
Factores que afectaron a la televisora
La empresa señaló que la industria televisiva atraviesa “transformaciones profundas, como la evolución del mundo publicitario y la irrupción transversal del ecosistema digital”, a lo que se suman factores específicos que han afectado directamente sus resultados.
TV Azteca recordó que en 2018 efectuó un desembolso superior a 3 mil 800 millones de pesos por el pago de licencias, impacto que se combinó con la posterior caída de la inversión publicitaria durante la pandemia de Covid-19.
Además, mencionó que desde 2021 mantiene un proceso de reorganización de sus compromisos financieros, incluida la deuda denominada en moneda extranjera, en el que ha privilegiado la negociación con sus acreedores “para alcanzar un acuerdo justo, acorde con las circunstancias que atraviesa la empresa”.
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Adeudos fiscales y acuerdos de pago
A estos elementos, añadió el pago total de los impuestos al Servicio de Administración Tributaria (SAT) realizado en enero de este año, que implicó un nuevo impacto para su liquidez.
Grupo Salinas cubrirá 32 mil 132 millones de pesos por adeudos fiscales, con lo que el conglomerado busca cerrar dos décadas de controversias.
El SAT precisó que de los 32 mil 132 millones 897 mil 658 pesos, ya fueron depositados 10 mil 400 millones 630 mil 537 pesos en la Tesorería de la Federación, mientras que el resto será cubierto en 18 pagos.
Sobre este pago, el conglomerado sostuvo, a través de un comunicado, que “es momento de dar vuelta a la página, de poner fin a la persecución en nuestra contra y concentrarnos en lo que importa: seguir creando valor para México, nuestros millones de clientes y las más de 200 mil familias que dependen de nuestro grupo empresarial”.
Disputa legal y postura del gobierno
El litigio fiscal se extendió por años hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió en noviembre de 2025 la procedencia de los adeudos, tras desechar siete de los nueve amparos interpuestos por las empresas del conglomerado. Luego de esa resolución, el grupo reiteró que, “a pesar de estar en profundo desacuerdo, deberemos pagar aún más. No por convicción, ni porque aceptemos que sea lo justo, sino porque buscamos dar vuelta a esta página y poner fin a esta sistemática campaña en nuestra contra”.
Tras ello, Ricardo Salinas Pliego acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde afirmó que “Grupo Salinas y yo estamos viviendo un acoso sistemático por parte del gobierno de México: persecución fiscal, judicial y administrativa, coordinada para intimidar, desgastar y callar a quienes pensamos distinto y levantamos la voz”.
La presidenta Claudia Sheinbaum negó entonces que existiera cualquier persecución y sostuvo que “la resolución que prevalece es la obligación de cumplir con el pago de las contribuciones omitidas”.
