Elección judicial: Norma González Jiménez busca un sistema inclusivo, con jueces y juezas indígenas
Carmen es una mujer indígena mixteca de 39 años de edad. En el año 2020 salió junto a su esposo de su rancho Tierra Colorada hacia la cabecera municipal de Santiago Amoltepec, Oaxaca, con el objetivo de llegar a la capital del estado para cobrar una orden de pago del programa “Producción para el Bienestar” del gobierno federal, de la cual ella era beneficiaria.
No tenía dinero y el banco más cercano a su comunidad no estaba en servicio, por lo que llegaron a Santiago Amoltepec y pidieron a una persona que pasaba en su vehículo, sa’acha’a n’kio, (un favor) para viajar a la ciudad. En el camino, elementos de la Guardia Nacional le marcaron el alto al conductor del vehículo, pero no se detuvo.
Unos 15 metros adelante, el chofer se levantó de su asiento, sacó de su cintura una pistola y la puso dentro de la blusa de Carmen diciéndole: “tú eres mujer, a ti no te van a revisar”, y huyó del lugar sin que pudiera detenerlo la Guardia Nacional. Carmen, su esposo y un par de hermanos que viajaban con ellos fueron detenidos.
En la entrevista, en lengua mixteca, Carmen dijo que tuvo miedo porque los policías la revisaron y a gritos le pedían que se sacara lo que tenía entre la blusa. La Guardia Nacional los acusó de pertenecer a una banda de asaltantes. El esposo de Carmen, en escaso castellano, les explicó que no eran asaltantes, que iban a Oaxaca para cobrar su apoyo para el campo, pero éstos les respondieron con insultos (“ya se chingaron”), se fueron al vehículo y rompieron los documentos, incluyendo la orden de cobro de Carmen.
En el informe policial asentaron que Carmen llevaba un revólver calibre 357´ Magnum, fajado en su cintura. Los cuatro detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Federación y se inició una carpeta de investigación por el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacional.
El caso llegó a manos de la abogada indígena mixteca, Norma González Jiménez, quien solicitó al Juez de Control abordarlo con perspectiva de género, ya que por los condicionamientos de género, culturales, económicos y sociales; es decir, por la situación de discriminación múltiple que tenía (mujer, indígena, pobre, monolingüe, sin instrucción escolar, ama de casa y campesina), aunado a la asimetría de poder que tenía con relación a quien conducía el vehículo (un político de la municipalidad), se debían revisar los hechos.
La intervención de González Jiménez como defensora pública e intérprete fue fundamental, pero esto no es lo común en los procesos legales del estado de Oaxaca.
“Lo que permea en la mayoría de juzgadores es una inflexibilidad y una dureza. Cuando hablas de los derechos indígenas automáticamente se portan hostiles con estas personas”, explica la abogada, originaria de Santa María Yucunicoco, Juxtlahuaca, Oaxaca.
“Todavía vivimos racismo”
González Jiménez es cofundadora de la primera organización en materia de derechos lingüísticos en el país, ha trabajado en colectivo la formación de intérpretes, junto a otras herramientas para facilitar el acceso a la justicia a las personas indígenas, trabajo que le llevó a obtener un reconocimiento por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación que recibió en 2024, por su labor a favor de los derechos de las personas y pueblos indígenas en México, contribuyendo a la construcción de un sistema de justicia más inclusivo.
La abogada sostiene que el Derecho Indígena es un asunto pendiente en la justicia federal mexicana, debido a una serie de obstáculos como la falta de intérpretes, peritos, abogados y jueces especializados. Y por ello, decidió competir por un cargo en la próxima elección judicial del 1º de junio.
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Recuerda dentro de un cúmulo de casos que ha llevado a lo largo de 16 años, el asunto de tres mixtecos de Michoacán, donde el juez les dijo “señores, ya les hice un esfuerzo de traerles a una defensora, les hice el esfuerzo de traerles a un intérprete, ya están aquí, pero no crean que ante mis ojos van a resultar inocentes sólo por eso”
Desde ahí ya anticipan una rudeza con ellos, sostiene González Jiménez.
“Entonces, en el tema de la autoadscripción –es decir que se reconozcan a sí mismos como personas indígenas, hablantes de lenguas indígenas y pertenecientes a una comunidad–, y todo el esfuerzo que se hace para que se reconozca, se viene abajo con esas mentalidades racistas de una gran parte de juzgadores”
“Ya no quieren (las personas detenidas), anímicamente se muestran derrotadas en el procedimiento”. La abogada sostiene que este tema de los derechos indígenas es muy bonito en los foros y en el Congreso, pero al momento de estar en el ámbito de la justicia no sólo son ignorados, son atacados de manera directa por los juzgadores.
“Es importante decirlo: vivimos todavía tiempos de racismo intensos, no sólo leves, totalmente intensos”, destaca la mixteca.
Norma González Jiménez además de tener estudios en antropología social, técnicas de litigación –fundamentales en el sistema acusatorio-, tiene también la Maestría en Sistema Acusatorio Adversarial en el que se desarrollan las audiencias y el juicio oral, así como una especialización en defensa penal federal.
Hoy busca ser magistrada del Tribunal Colegiado de Apelación del Décimo Tercer Circuito que se encuentra Oaxaca, uno de los 881 cargos del Poder Judicial federal que se renovarán en las elecciones.
“Estamos ante una gran oportunidad de que la justicia federal tenga jueces y juezas, así como magistradas indígenas para casos como estos sean cada vez menos”, señala.
La candidata a magistrada ve necesario conocer los tecnicismos del sistema de justicia, pero también las lenguas y las culturas de los pueblos indígenas para resolver.
“Si las personas sólo pueden exponer su versión de los hechos en su lengua indígena y a eso le agregamos obstáculos como la discriminación o el racismo, entonces la justicia se hace lejana y fría en contra de las personas indígenas.
El caso de Carmen revela desigualdades en el sistema judicial
En el caso de Carmen se argumentó que, aunque fue hallada con el arma, no tenía conocimiento de que el conductor la llevaba, que más bien ante una detención inminente, éste la sacó y valiéndose de que les había dado el aventón y por ser una persona que practica la política en el municipio de origen, le impuso a Carmen el arma esperando su obediencia al decirle: “tú eres mujer, a ti no te van a revisar”, lo cual advertía una asimetría de poder.
Por ausencia de dolo, debido a que no tenía conocimiento del arma, ni que debía considerarse que consintió de manera libre su portación, se solicitó que no la vincularan a proceso.
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Finalmente, se estableció que el conductor había sufrido un atentado por motivos políticos, que incluso tenía medidas cautelares por parte del órgano electoral local, motivos que, según la abogada, son suficientes para considerar que portaba un arma de fuego para evitar su detención y relevó de la responsabilidad del arma a Carmen, pues al tener intenciones políticas, no deseaba ser sentenciado por cometer un delito doloso, requisito importante para cargos de elección popular, y por ello huyó del lugar de la detención.
El caso revela las desigualdades de un sistema judicial sin voces indígenas en sus órganos.
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