Pobreza, discriminación y violencia mantienen a 23.2 millones de mujeres indígenas entre desigualdades y falta de oportunidades
Más de 23.2 millones de mujeres se identifican como indígenas en México, condición que las vuelve vulnerables a las desigualdades económicas y falta de oportunidades para mejorar su vida. De acuerdo con un informe elaborado por la asociación Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), esto se debe a que históricamente han vivido el despojo de sus territorios y de los bienes naturales de sus comunidades, incluso por parte de instituciones, sin que cuenten con los recursos para denunciar y exigir justicia.
Estas problemáticas fueron documentadas en el informe “Identidades entrelazadas: las capas de la violencia basada en género desde una mirada interseccional”, que señala que en las últimas décadas se han alcanzado cambios favorables para las mujeres en México y la región de América Latina y el Caribe, aunque “persisten retos; entre los más desafiantes se encuentran reducir las brechas de desigualdad y el acceso a los derechos”.
En el caso de las mujeres indígenas, el documento subraya que las principales problemáticas que declararon son la falta de empleo (17.8 %), falta de recursos económicos para comer o vestir (17.7 %), discriminación por su apariencia (13.4%), falta de apoyo del gobieno en programas sociales (11.8%) y falta de atención médica (12.8%), de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) aplicada por el INEGI en 2022.
Aunado a estas condiciones, otras problemáticas que fueron mencionadas en la ENADIS 2022 por estas mujeres son la falta de oportunidades para seguir estudiando, la discriminación por hablar una lengua indígena y la falta de respeto a sus costumbres o tradiciones, que ocurren a la par de la folklorización de los pueblos como espectáculos o mercancías.
Aunque se ha reducido el número de personas que reportan estas problemáticas, en comparación con los porcentajes que tuvieron en la aplicación de la ENADIS en 2017, el reporte subraya que estas situaciones han colocado históricamente a las mujeres indígenas “en una condición de empobrecimiento, sin acceso a servicios ni al cumplimiento de nuestros derechos fundamentales”.
Despojo, migración forzada y violencia agravan violencia contra mujeres indígenas
El informe también apuntó que fenómenos como el despojo territorial y la migración forzada intensifican la violencia basada en género que enfrentan las mujeres indígenas, situaciones que ocurren “mediante estrategias que van desde el cambio del uso de suelo en tierras comunales a uso privado, la presión y corrupción de inmobiliarias, hasta la violencia armada explícita”.
Este desplazamiento forzado –que según estimaciones de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos afectó a más de 28 mil personas indígenas en 2021–, “rompe nuestras redes de apoyo y protección, dejándonos más expuestas a la violencia basada en género. Nos vemos obligadas a migrar de nuestros territorios debido al empobrecimiento y la marginación a la que hemos sido sometidas, por la dinámica de despojo y también por la dificultad de vivir entre conflictos armados y la violencia provocada por el crimen organizado”.
Y es que, destaca CDD, “nuestro país vive una guerra de ‘baja intensidad’ que, desde 2006 a la fecha, ha cobrado la vida de más de 300 mil personas, ha dejado decenas de miles de desaparecidos”, con una respuesta por parte del Estado centrada en la militarización de las calles, “lo que ha resultado en un incremento de la violencia“.
“Sabemos que en las guerras y conflictos armados, las mujeres siempre somos un grupo altamente vulnerabilizado, ya que aumenta la violencia sexual contra nosotras, los feminicidios por arma de fuego y las desapariciones. Para nuestros pueblos, que están organizados en la defensa del territorio, este escenario de militarización se vive como una guerra en nuestra contra”, enfatiza el documento.
Además, denuncian que en las comunidades se ha atestiguado expansión territorial y de poder político del crimen organizado, con el aumento en el consumo de sustancias que provoca problemas de salud y violencia contra las mujeres, así como una creciente participación en las mismas en redes del narcoráfico, “ya sea porque han sido incorporadas por sus parejas o porque están buscando alguna forma de escapar de la precarización histórica a la que hemos sido sometidas”.
La asociación CDD destacó que pese a estas problemáticas, las mujeres pertenecientes a comunidades o pueblos originarios no denuncian las injusticias y violencias en su contra debido a lo costoso que es emprender un proceso judicial, que no cuentan con acceso a información sobre cómo y dónde denunciar y hay desconfianza hacia las instituciones debido a la revictimización y al racismo estructural.
Al respecto, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), señaló que desde el gobierno se impulsan distintas acciones con el objetivo de atender estas violencias, y que hay un compromiso de trabajar para luchar porque las mujeres puedan incidir cada vez más en las comunidades, en aras de impulsar más propuestas que beneficien a sus pares.
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Instituto de Pueblos Indígenas y acciones hacia mujeres indígenes en México
Luego de la publicación del informe, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) indicó que, pese a los retos que persisten en materia de violencia contra las mujeres, en México se ha avanzado en el reconocimiento de las comunidades indígenas como sujetos de derecho con personal jurídica y patrimonio propio, a partir de la reforma al artículo 2 de la Constitución, aprobada en 2024.
Yanet Sofía Herrera, directora de Derechos de las Mujeres Indígenas y Afromexicanas del INPI, comentó en entrevista que aunque aún falta la reglamentación secundaria, “esta reforma es el parteaguas para cobijar todos los derechos de las mujeres indígenas y afroamericanas, ya que antes se reconocía a estas poblaciones y comunidades como sujetos de interés, es decir, no tenían derecho a decidir como ahora que se les nombra sujetos de derecho”.
De acuerdo con la funcionaria, quien es una mujer indígena originaria de la región mixteca de Oaxaca, este reconocimiento “es todo un cambio a nivel nacional en términos de autonomía, porque ahora hay un compromiso de materializar cómo implementar esta reforma y a partir de eso que las comunidades reciban un presupuesto que, a través de sus asambleas, puedan definir en qué acción específica se va a ejecutar”.
También subrayó que con esto se busca fortalecer la participación de las mujeres indígenas en el ámbito de la política y que se garantice el acceso efectivo a derechos como la salud, la educación y a la propiedad con una perspectiva intercultural, lo que en suma con las acciones que la presidenta Claudia Sheinbaum ha anunciado a favor de las mujeres en general, así como los programas Bienestar para Pueblos Indígenas y Educación de la Niñez ayudarán a mejorar sus condiciones.
Herrera Ambrosio añadió que desde el INPI se han apoyado 718 proyectos desde 2019, lo que implica apoyos directos, y habló sobre las más de 30 casas de la mujer indígena y afromexicana, que están en fase de consolidación, pero que atenderán diversas acciones como la prevención de violencia contra esta población, el acceso a derechos sexuales y reproductivos, temas de tierra y territorio, entre otros.
“En las reuniones que se han tenido con nuestras hermanas mujeres indígenas y afroamericanas, el hecho de que al frente del país haya una mujer representa un respaldo, un cobijo, porque está colocando en la agenda pública temas y acciones que antes no se veían, y a partir de eso hay un gran reto para que las políticas públicas que se que se deben de implementar tengan perspectiva de género transversal, tomando en cuenta la interseccionalidad de las mujeres indígenas y afromexicanas“, planteó.
“Las diferentes voces que hemos escuchado y este informe de identidades entrelazadas son un inicio para poder construir y fortalecer las acciones que estamos haciendo, cada quien es sus competencias y ámbitos, desde las compañeras que hicieron este informe, hasta el INPI. Finalmente todo nos lleva a un mismo objetivo: que nuestras hermanas mujeres indígenas y afromexicanas tengan una vida libre de violencia y de discriminación“, afirmó.
Exigen visibilizar brechas que afectan a mujeres indígenas
Pese a que el informe reconoce el avance en las condiciones de las mujeres indígenas, CDD recomendó al Estado desarrollar políticas públicas para prevenir la violencia basada en género que enfrentan, con perspectiva intercultural y feminista; promover la representación positiva y realista de las mismas en medios de comunicación; crear un sistema de educación pluricultural; fomentar su participación activa en la toma de decisiones a nivel local y nacional, así como impulsar procesos para reconocerles la tenencia de la tierra como un derecho colectivo.
También pidió establecer mecanismos de diálogo con organizaciones de mujeres indígenas para monitorear y evaluar las políticas públicas; capacitar a servidores públicos en interculturalidad y género, principalmente en los sectores de salud, seguridad y justicia; garantizar servicios de salud sexual y reproductiva de calidad y sin estereotipos de género; fortalecer mecanismos para denunciar discriminación y acatar las recomendaciones internacionales en la materia.
A la sociedad en general, recomendó la construcción de una convivencia libre de violencia y discriminación, donde se reconozcan las diversidades del movimiento amplio por los derechos de las mujeres, con diálogos libres de racismo; apoyo a las mujeres indígenas en la toma de decisiones políticas que afecten sus vidas y comunidades; y que las instituciones religiosas promuevan la igualdad y condenen los discursos y comportamientos racistas, sexistas y juicios morales que perpetúan la violencia y discriminación.
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Casi siete años después de la imposición de sanciones por parte de EU la exportación petrolera de Venezuela parece haberse recuperado de forma significativa gracias a la contribución de la llamada flota fantasma. BBC Mundo te cuenta de qué se trata.
Cuando en 2019 el presidente de EE.UU., Donald Trump, impuso sanciones a la industria petrolera de Venezuela para presionar al gobierno de Nicolás Maduro, las exportaciones de crudo venezolano cayeron hasta unos 495.000 barriles diarios. Seis años más tarde, las sanciones siguen en pie, pero las exportaciones petroleras de Venezuela han vuelto a crecer hasta ubicarse en torno al millón de barriles diarios.
Aunque se trata de una cantidad pequeña para un país que en 1998 -antes de la llegada al poder de Hugo Chávez- producía tres millones de barriles diarios, esta recuperación de parte de la exportación de crudo es un indicativo de que las sanciones contra Venezuela no están funcionando como EE.UU. esperaba.
Y es que el gobierno de Maduro ha ido encontrando la manera de ir reactivando la producción y de crear nuevas vías para vender el crudo venezolano esquivando las sanciones.
En esa tarea de comercialización ha jugado un rol central la llamada “flota fantasma”: una serie de tanqueros petroleros que por medio de distintas estratagemas logran ocultar su labor como barcos de transporte de petróleo sancionado por las autoridades estadounidenses.
Una de estas embarcaciones fue interceptada e incautada este miércoles por las fuerzas militares de EE.UU. cuando se encontraba en aguas frente a las costas de Venezuela.
“Acabamos de incautar un petrolero frente a la costa de Venezuela, un petrolero grande, muy grande; de hecho, el más grande que se haya incautado jamás”, dijo Trump al anunciar la operación ante la prensa en la Casa Blanca.
El gobierno de Maduro reaccionó calificando la incautación como “un robo descarado y un acto de piratería” y dijo que acudirá ante instancias internacionales existentes para denunciar lo ocurrido.
Esta acción estadounidense aumenta las tensiones con Caracas que se han ido intensificando desde que en agosto de este año el gobierno de Trump inició un gran despliegue militar en aguas del Caribe con el objetivo oficial de combatir el narcotráfico, pero que muchos analistas creen que tiene como objetivo final forzar un cambio de régimen en Venezuela.
Más allá de su posible objetivo político, la medida tiene un impacto económico pues dificulta aún más las exportaciones petroleras venezolanas al meter presión sobre la flota fantasma.
Pero, ¿qué sabemos sobre cómo operan estas embarcaciones?
Un fenómeno en auge
La utilización de flotas fantasmas es un fenómeno en aumento que ocurre no solamente en el caso venezolano, sino también de otros dos países petroleros sometidos a sanciones por parte de EE.UU. y de potencias occidentales: Rusia e Irán.
La empresa de inteligencia financiera S&P Global estima que uno de cada cinco petroleros en el mundo son usados para vender de contrabando petróleo procedente de países bajo sanciones.
De estos, el 10% transportarían solamente crudo venezolano, un 20% haría lo mismo con el iraní, mientras que 50% se dedica en exclusiva al petróleo ruso. El 20% restante no estaría atado a ningún país en particular y puede transportar petróleo de más de uno de estos países.
Según estimaciones de la firma de análisis marítimo Windward, la flota clandestina cuenta con unas 1.300 embarcaciones.
Las sanciones petroleras buscan desincentivar a países o empresas a adquirir o involucrarse en cualquier operación relacionada con crudo procedente de los países castigados.
Ante ello, los países sancionados optan por ofrecer su petróleo con grandes descuentos para que haya operadores, empresas o países que estén dispuestos a correr el riesgo de comprarlo, aplicando -eso sí- algunos trucos para disimular su origen.
Barcos que engañan
Una de las estrategias más frecuentes que aplican estos tanqueros para evadir las sanciones es cambiar con frecuencia -a veces varias veces en un mes- de nombre o de bandera.
En el caso, por ejemplo, del petrolero incautado este miércoles, se trata de un barco llamado The Skipper, según informó CBS News, socia en EE.UU. de la BBC.
Esa misma cadena dijo que se trata de un barco sancionado por el departamento del Tesoro de EE.UU. desde 2022 debido a su supuesto rol en una red de contrabando de petróleo que ayuda a financiar a la Guardia Revolucionaria de Irán, así como a la milicia chiita libanesa Hezbolá.
CBS indicó que al momento de ser sancionado el petrolero tenía por nombre Adisa (inicialmente se llamaba The Tokyo) y era una de las embarcaciones vinculadas con el magnate petrolero ruso Viktor Artemov, quien también se encuentra bajo sanciones.
Al referirse a ese tanquero este miércoles, la fiscal general de EE.UU., Pam Bondi, dijo en la red social X que esa nave era usada para transportar petróleo procedente de Venezuela e Irán, dos países bajo sanciones.
Un elemento interesante sobre The Skipper es que es un barco con 20 años de antigüedad y ese es otro elemento usual entre los tanqueros de las flotas fantasma: muchos son barcos viejos, pues las grandes navieras suelen deshacerse de estos barcos cuando tienen 15 años de servicio y luego de 25 años suelen ser enviados al desguace.
Justamente otro truco aplicado por estos barcos es usurpar la identidad de alguno de esos barcos enviados a desguace, emitiendo los números de registro únicos que la Organización Marítima Internacional le otorgó a esas embarcaciones. Así se convierten en lo que se conoce como barcos zombis, pues lo que hacen es similar a alguien que usa la identidad de una persona muerta.
Un caso de este tipo relacionado con Venezuela ocurrió en abril pasado cuando un barco llamado Varada llegó a aguas de Malasia, tras un viaje que había iniciado dos meses antes en Venezuela.
La embarcación juntaba dos elementos sospechosos: tenía 32 años y la bandera de las Comoras, popular entre barcos que no quieren ser detectados.
Una investigación de la agencia Bloomberg descubrió que se trataba de un barco zombi, pues el verdadero Varada había sido desguazado en 2017 en Bangladesh.
Otras formas habituales de operar de los barcos de flotas fantasmas consiste en “disfrazar” el origen del crudo transfiriéndolo en aguas internacionales a petroleros sin problemas legales con otras banderas, que son los que se encargan de llevar el crudo hasta su destino, presentándolo como procedente de un país no sancionado.
Ese fenómeno se produjo, por ejemplo, en el caso de las exportaciones petroleras venezolanas hacia China durante el primer gobierno de Trump. Según expertos consultados por BBC Mundo hubo un momento en el que en las estadísticas oficiales de comercio de China aparecía como si ese país no estaba adquiriendo crudo venezolano cuando, en realidad, sí lo estaba haciendo.
Esto era posible porque ciertas refinerías compraban el petróleo a estos barcos que habían adquirido la carga en aguas internacionales y que la presentaban como procedente de países no sancionados.
Un último truco usual entre este tipo de tanqueros consiste de desactivar el sistema de identificación automática, a través del cual se transmiten datos como el nombre, la bandera, la posición, la velocidad o el rumbo de la embarcación. La manipulación de estos datos permite ocultar la identidad, ubicación y rumbo de las naves.
Una flota fantasma en aparente crecimiento
La investigación de Bloomberg en abril detectó el caso de cuatro barcos zombis que transportaban crudo venezolano.
La agencia de noticias recurrió al análisis de imágenes satelitales y las comparó con fotos históricas de los cuatro barcos cuyos nombres y números de identificación estaban usando.
Más recientemente, la ONG Transparencia Venezuela emitió un informe basado en la observación de lo que ocurrió en los puertos petroleros de ese país en octubre de este año.
Según ese reporte, hubo 71 tanqueros extranjeros en modo visible en los puertos de la petrolera venezolana Pdvsa, de los cuales 15 están bajo sanciones y nueve se relacionan con flotas fantasmas.
Transparencia encontró que en promedio hubo 24 petroleros que estaban ubicados cerca de tres puertos en el occidente y oriente de Venezuela y que estaban operando en modo furtivo, pues no tenían activas sus señales reglamentarias de posicionamiento.
De igual modo, Transparencia afirma haber detectado seis operaciones de transferencia de carga de un buque a otro, cerca de la bahía de Amuay, en el occidente del país.
De igual modo, hubo una mayoría de barcos con banderas de países considerados como paraísos regulatorios, por tener normas de supervisión laxas, lo que termina facilitando las operaciones de este tipo de embarcaciones.
Así, de los 71 barcos, 29 tenían la bandera de Panamá, seis de las islas Comoras y cinco de Malta.
En su informe, Transparencia indica que 38 de estos petroleros pasaron más de 20 días sin tocar puerto, algo que contrasta con los barcos de la petrolera estadounidense Chevron (autorizada por Washington para operar en Venezuela) que al llegar toman su carga y se marchan en un plazo máximo de seis días.
“La permanencia extendida en las áreas portuarias del país, sin llegar directamente a las terminales petroleras, arroja serias dudas sobre el tipo de operaciones que esos buques realizan”, señaló Transparencia en relación con los barcos que tardaban muchos días sin tocar puerto.
En todo caso, dado que la operación de intercepción e incautación realizada este miércoles se originó en el portaviones Gerald Ford -el más grande del mundo-, que ahora forma parte del masivo despliegue de fuerzas realizado por EE.UU. en aguas del Caribe frente a Venezuela, es probable que la posibilidad del gobierno de Maduro de recurrir a la flota fantasma se vea limitada de una forma importante.
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